¿Fin de la austeridad? Reino Unido y la política presupuestaria de los laboristas. Dossier

El crecimiento como apuesta
Grace Blakeley

El primer presupuesto de Rachel Reeves como ministra de Hacienda ha puesto fin al debate acerca de si el gobierno de Starmer intentará volver a la austeridad. Reeves fue categórica al afirmar que su presupuesto significaba el fin de la austeridad, y con un endeudamiento público que aumentará en más de 50.000 millones de libras este año fiscal, es difícil rebatir esa afirmación. La austeridad, recordémoslo, significa recortes netos del gasto público.

Pero el presupuesto de Reeves no marca una ruptura limpia con los años de austeridad, y desde luego no prepara a la economía británica para los retos que se avecinan, del colapso climático al envejecimiento demográfico. Nos dirigimos hacia una enorme tormenta en un barco cubierto de agujeros, y Reeves ha anunciado que no va a hacerle ninguno más.

Los titulares se han centrado en el «masivo» aumento de impuestos de Reeves de 40.000 millones de libras, algo que resulta ciertamente significativo.

El tipo inferior del impuesto sobre plusvalías (CGT) subirá del 10 al 18 % y el tipo superior del 20 al 24 %. Pero no ha igualado los tipos impositivos del CGT con los del impuesto sobre la renta, lo que significa que muchos de los que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la riqueza pagarán un tipo impositivo efectivo más bajo que los que realmente trabajan para ganarse la vida.

El aumento más significativo -y el que se espera que recaude más ingresos, con diferencia- es el de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. Aumentarán 1,5 puntos porcentuales, hasta el 15 %, por lo que muchas pequeñas y medianas empresas tendrán que hacer frente a una factura enorme. No se sabe cuál será el impacto de este cambio en los salarios y el empleo.

A esto hay que añadir los cambios en el gasto, que aumentará un 1,5 % anual en términos reales. Tanto la educación como el Servicio Nacional de Salud (NHS) experimentarán aumentos significativos del gasto corriente, incluidos 2.000 millones de libras para apoyar la contratación de nuevos profesores y un aumento de 22.000 millones de libras en el presupuesto diario de sanidad. El gasto en defensa también aumentará en casi 3.000 millones de libras y las administraciones locales recibirán 1.300 millones más.

Pero los aumentos en sanidad y administraciones locales, en particular, no llegan ni de lejos a compensar el impacto de catorce años de austeridad. Y una vez eliminados de la ecuación los departamentos protegidos, el gasto real en otros departamentos caerá algo más del 1 % anual.

¿Recomponer los cimientos?

La gran apuesta de Reeves, sin embargo, es la inversión. Tiene previsto aumentar en 100.000 millones de libras el gasto de capital en los próximos cinco años. Y está cambiando la forma en que se calcula el endeudamiento público para facilitar mayores tasas de inversión pública.

Para entender este movimiento, hay que comprender la diferencia entre inversión y gasto corriente. La inversión es el gasto que crea o mejora un activo: por ejemplo, la construcción de un nuevo hospital o la modernización de uno ya existente. El punto clave es que el gasto da lugar a la existencia de un activo cuyo valor es mensurable y que, por tanto, puede incluirse en el balance del Estado.

La idea que subyace a los cambios contables de Reeves es que el cálculo de la deuda pública debe tener en cuenta el valor de los activos creados por la inversión pública. Algo así como cuando uno pide una hipoteca, no sólo tiene en cuenta el hecho de que ha tenido que pedir prestadas 400.000 libras, sino también el hecho de que ha adquirido un activo que probablemente aumentará de valor con el tiempo.

En cambio, el gasto corriente no crea activos que puedan incluirse en un balance. Por ejemplo, mientras que la construcción de un hospital cuenta como inversión, la contratación de más médicos y enfermeras no.

Los médicos y las enfermeras son, por supuesto, un activo. Se pueden construir tantos hospitales como se quiera, pero sin médicos y enfermeras no funcionarán. Pero el valor creado por la inversión en médicos y enfermeras no se puede medir fácilmente, y tampoco se puede vender. El valor de esta «infraestructura social» no se capta fácilmente con las herramientas contables existentes (este es un punto sobre el que volveré en otro artículo).

La inversión inteligente sienta las bases del crecimiento económico. Cuando se construyen las carreteras, puentes y edificios necesarios, se crean puestos de trabajo hoy y se amplía la capacidad de la economía mañana. No es casualidad que las dos palabras de moda de Reeves sean «crecimiento» e «inversión». Cree que una engendra la otra.

Y este impulso al crecimiento es la apuesta de Reeves. Porque los cambios anunciados en este presupuesto no van a mejorar mucho el nivel de vida de los ciudadanos.

Claro que sus impuestos no aumentan, pero tampoco es probable que vean una mejora inmediata y significativa de los servicios públicos. Los aumentos de gasto pueden empezar a aliviar algunas de las tensiones en el NHS, pero no van a resolver el problema impulsado por décadas de austeridad, privatización y aumento de la demanda.

Tampoco hay políticas dirigidas a cambiar el equilibrio de poder en la economía para garantizar que los trabajadores reciban una mayor parte de la renta nacional que los empresarios. El aumento del salario mínimo es bienvenido, pero podría haber ido mucho más lejos en materia de derechos de los trabajadores. Lo ideal habría sido el anuncio de impuestos sobre el patrimonio y un Nuevo Pacto Verde.

Apostarlo todo al crecimiento

Sin alterar fundamentalmente el equilibrio de la fiscalidad y el gasto, y sin intentar cambiar el equilibrio de la riqueza y el poder entre trabajadores y empresarios, lo único que queda por hacer es intentar aumentar el tamaño del pastel para todos. Reeves cree que la mejor manera de hacerlo es desbloquear el crecimiento económico mediante la inversión de capital.

Pero esta estrategia plantea dos problemas. En primer lugar, el crecimiento del Reino Unido depende de lo que ocurra en la economía mundial. Y el panorama macroeconómico mundial no parece muy halagüeño en estos momentos. Los conflictos geopolíticos y el colapso climático también representan amenazas reales e inminentes para la estabilidad mundial.

En segundo lugar, no promete suficientes inversiones para que el crecimiento económico cambie realmente a corto plazo.

Aquí es donde empezamos a ver la verdadera naturaleza de la apuesta de Reeves. No sólo quiere impulsar el crecimiento a través de la inversión pública. Quiere hacerlo a través de la «asociación» con el sector privado.

Estoy casi segura de que Reeves ha estado trabajando entre bastidores en un intento de movilizar capital privado para la inversión. Habrá estado hablando con personas que gestionan grandes fondos de dinero -fondos de pensiones, aseguradoras, gestores de patrimonios- para convencerles de que se adhieran a su iniciativa de inversión.

La idea es que el Gobierno anuncie nuevos proyectos y el sector privado se sume a ellos porque el Gobierno ha asumido todo el riesgo. Pero no hay garantía de que ese dinero vaya a aparecer, sobre todo si el pesimismo sigue nublando las perspectivas de la economía británica.

Y como escribí en un artículo reciente para Tribune, la historia de la inversión público-privada no es bonita. La cooperación entre el Estado y las instituciones financieras privadas crea numerosas oportunidades para la ineficacia y, a veces, para la corrupción.

Una estrategia así no elevará necesariamente el nivel de vida, pero tampoco puede calificarse de austeridad. En cambio, la filosofía de Reeves puede describirse mejor como una especie de desarrollismo neoliberal: asociaciones público-privadas en pos del crecimiento económico. O, en términos más sencillos, socialismo para los ricos y competencia despiadada para todos los demás.

Si la apuesta de Reeves no sale bien, algo que todas las probabilidades sugieren que puede suceder, los trabajadores se enfrentan a otro Parlamento en el que descienda el nivel de vida. No hace falta ser politólogo para darse cuenta de que la decepción con el Partido Laborista sólo beneficiará a la extrema derecha.

Tribune, 2 de noviembre de 2024

La oportunidad perdida de los laboristas

Rae Deer

El telón de fondo del presupuesto presentado ayer por Rachel Reeves es un país desgarrado por la enorme y creciente desigualdad, el aumento de la pobreza y la caída de los ingresos para la mayoría. Según un reciente informe de Oxfam, el 1 % de Gran Bretaña posee más riqueza que el 70 %. La brecha de riqueza en el Reino Unido, una medida de la diferencia entre los más pobres y los más ricos del país, ha aumentado en un 50 % en la última década.

No es casualidad que el aumento de la desigualdad en el Reino Unido haya coincidido con la especulación desenfrenada de las grandes empresas, que reparten estos mayores beneficios entre sus accionistas a través de dividendos o recompras. Un informe del FMI estima que los beneficios empresariales representaron casi la mitad de la inflación en Europa entre 2021 y 2023. Mientras que los beneficios de las grandes empresas aumentaron por encima de la tasa de inflación, los salarios quedaron rezagados. Los mayores beneficios de las grandes corporaciones y la opulencia de los multimillonarios (como puede verse en el auge del mercado de artículos de lujo) han coincidido con una pobreza infantil en el Reino Unido que alcanza el 30% (4.3 millones). Los modelos de la Fundación Joseph Rowntree muestran que los ingresos reales de la familia media podrían caer aún más, hasta 770 libras de aquí a 2029.

A pesar de todas las políticas gestuales para disfrazar este presupuesto de que «soporten quienes tienen las espaldas más anchas la carga más pesada», la realidad es que los ultrarricos y las grandes empresas han salido indemnes. El IVA aplicado a los colegios privados, la subida del impuesto sobre los pasajeros de aviones privados y los modestos aumentos de los tipos de las plusvalías y del impuesto de sucesiones no son más que una fachada. No se ha incrementado el impuesto de sociedades, y el aumento de gran parte del coste de las cotizaciones empresariales a la seguridad social (NIC) repercutirá en los trabajadores en forma de salarios más bajos y precios más altos. La conclusión es que, aunque los laboristas hayan aprobado un presupuesto con el gasto justo para evitar la austeridad, gran parte de los impuestos adicionales necesarios para pagarlo provienen de los «trabajadores», a pesar de la promesa del Partido.

Uno de los anuncios clave del discurso del Canciller es que los laboristas mantendrán la congelación del umbral del impuesto sobre la renta, introducida por el Gobierno anterior, hasta 2028. Conocido como «lastre fiscal», la congelación del umbral libre de impuestos, que se supone debe aumentar en función de la inflación, hará que muchas más personas se sitúen en tramos impositivos más altos de lo que les correspondería. Si el umbral hubiera aumentado con la tasa de inflación del 7,3% del año pasado, todos los que ganan más de 13.441 libras (el umbral ajustado a la inflación) estarían recibiendo 871,50 libras de su salario neto anual, y los que ganan por debajo de esa cantidad no pagarían ningún impuesto sobre la renta. En cambio, la congelación del umbral les costará a los trabajadores medios unas 500 libras más al año cuando finalice en 2028. Los ingresos previstos de esta política ascienden a 42.900 millones de libras hasta 2027-28 (unos 14.300 millones anuales).

El impuesto sobre plusvalías (CGT) es uno de los impuestos más distorsionadores, ineficaces e injustos de la legislación británica. El CGT es el impuesto que se paga sobre el valor del incremento de un activo una vez vendido. Las plusvalías suelen calificarse de «ingresos no salariales», ya que se obtienen por la propiedad de un activo y no por el trabajo. El impuesto sólo lo paga realmente el 1% de la población más rica, porque posee la mayoría de los activos que generan ingresos, pero los tipos del impuesto sobre las plusvalías siguen siendo mucho más bajos que los del impuesto sobre la renta. Esto no sólo es moralmente cuestionable, sino que abre la puerta a lagunas jurídicas gracias a las cuales los más ricos pueden disfrazar las rentas del trabajo como ganancias de capital para pagar un tipo impositivo más bajo. Rachel Reeves ha aumentado el tipo básico del 10% al 18% y el tipo superior del 20% al 24%, el cual sigue siendo el más bajo del G7. Esto sigue siendo muy inferior al tipo superior del impuesto sobre la renta, lo que significa que los ricos siguen obteniendo un importante «descuento fiscal» sobre sus ingresos no procedentes del trabajo. Por consiguiente, el impuesto sólo recaudará 1.500 millones de libras adicionales el próximo año.

Si la Canciller hubiera igualado el tipo de las plusvalías con el del impuesto sobre la renta (destruyendo esa laguna en ese proceso), podría haber recaudado 14.000 millones de libras al año. También se han introducido cambios en el impuesto de sucesiones para las tierras agrícolas, que afectan a un pequeño número de agricultores ricos, así como un impuesto más elevado de transmisión de fincas para las segundas residencias, dirigido a los propietarios. Estos modestos impuestos sobre los más ricos suman como mucho unos pocos miles de millones anuales, una fracción de lo que pagan de más los trabajadores. En contraste con estas medidas ligeras, un verdadero impuesto sobre la riqueza, dirigido a las 20.000 personas más ricas, que gravara sólo con el 2% los activos de más de 10 millones de libras, podría recaudar 24.000 millones de libras. En comparación con los trabajadores, los ricos han salido bien parados, a pesar de ser los que más se han beneficiado de los precios inflados de los activos y del aumento de los beneficios en los últimos años.

Con mucho, el mayor contribuyente a los 40.000 millones de libras adicionales en impuestos recaudados en el presupuesto para el año que viene es el aumento del tipo de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social y la reducción de su umbral de 9.100 a 5.000 libras. Este cambio supondrá unos ingresos adicionales de 25.000 millones de libras anuales, que se destinarán a cubrir las necesidades urgentes de gasto del Sistema Nacional de Salud (NHS), las escuelas y una pequeña cantidad para vivienda. A primera vista, parece un impuesto progresivo, dirigido a las empresas que se lucran, más que a sus empleados en apuros. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) ha advertido de que el aumento del impuesto sobre sociedades se traducirá en salarios más bajos o precios más altos, y los trabajadores soportarán hasta el 70% del incremento a largo plazo.

El tipo del impuesto de sociedades se mantiene sólo en el 25%, el más bajo del G7 y aún por debajo de su nivel de 2008. Cada aumento del 1 % en el impuesto de sociedades le proporcionaría al Tesoro 3.500 millones de libras de ingresos adicionales, y vale la pena destacar que la recaudación del impuesto de sociedades se encuentra en un máximo histórico como proporción de la recaudación tributaria total, debido a que los beneficios han aumentado mucho, por lo que esto sería fruta madura. Los laboristas han evitado subir el impuesto de sociedades porque no quieren desalentar la «inversión privada» o el crecimiento. Y a pesar de que el Reino Unido tiene uno de los tipos más bajos del impuesto de sociedades y generosos incentivos crediticios (de los que se abusa mucho) para la investigación y el desarrollo, la inversión empresarial británica ha seguido siendo débil. Décadas de debilitamiento de los derechos de los trabajadores han hecho que las empresas británicas dependan demasiado de una mano de obra más barata como para molestarse en invertir en tecnología que mejore la productividad.

Las empresas no utilizan los mayores beneficios para no invertir, sino que, por el contrario, se dedican a recomprar acciones o a repartir dividendos. Para tratar de atraer a las empresas a fin de que inviertan, los laboristas han dedicado una parte substancial del presupuesto de capital, financiado mediante préstamos, en lugar de impuestos, a «atraer» al sector privado en determinadas industrias clave. Aunque el gobierno tiene el mandato de obtener un rendimiento financiero de esas inversiones, su efecto es subvencionar el coste de la inversión para el sector privado, en lugar de desarrollar sus propias industrias de propiedad estatal, lo que la economista Daniela Gabor llama derisking [“reducción de riesgos”].

¿Fin de la austeridad?

Para liberar préstamos para la inversión, la Canciller ha realizado algunos trucos contables, poniendo de relieve la naturaleza arbitraria de sus propias normas fiscales autoimpuestas. La adopción de un nuevo método para calcular la deuda pública ha eliminado instantáneamente en torno al 20% de la deuda del Reino Unido como porcentaje de su PIB. La anterior medida de la deuda pública sólo tenía en cuenta el pasivo de su balance, no sus activos. Al reclasificar la deuda del sector público como «Pasivos Financieros Netos del Sector Público», el gobierno puede reducir sus «pasivos netos» teniendo en cuenta los activos financieros del gobierno, como los préstamos a estudiantes, los fondos de pensiones del sector público y los bancos de propiedad parcialmente pública como NatWest.

Esta medida libera 57.000 millones de libras de empréstito público para inversiones destinadas a estimular el crecimiento en sectores clave, como la ingeniería, la biotecnología y los servicios médicos, así como una pequeña parte destinada a gastos en proyectos de infraestructuras, como la electrificación de la red ferroviaria o equipos como los aparatos de resonancia magnética para el Servicio Nacional de Salud. Tras el anuncio del presupuesto, los mercados de bonos subieron a su nivel más alto en cinco meses, pero nada que ver con la respuesta al presupuesto fatalmente desastroso de Liz Truss de hace dos años. Que los mercados financieros hayan reaccionado tan plácidamente al endeudamiento adicional se debe en parte a que es relativamente poco ambicioso y, por consiguiente, es poco probable que estimule mucho el crecimiento, lo cual no es motivo de celebración.

No se trata de un presupuesto de austeridad, pero sigue siendo completamente insuficiente para hacer frente a más de una década de recortes o para afrontar los retos a los que se enfrenta el país. En su discurso, la Canciller se lamentó de la falta de viviendas asequibles en Gran Bretaña, pero sólo se comprometió a invertir en 5.000 viviendas sociales y asequibles más, una ínfima parte del millón y medio que se necesitan. Los laboristas tampoco han abordado la crisis de la pobreza infantil y, a pesar del coste relativamente bajo de suprimir el tope de dos prestaciones por hijo (entre 2.000 y 3.000 millones de libras), que sacaría a millones de niños de la pobreza de la noche a la mañana, la Canciller ha optado por mantenerlo.

En general, supone un impulso muy necesario en el gasto para el NHS, que obtendrá un aumento de 22.600 millones de libras en el presupuesto diario de salud, así como un aumento de 3.100 millones de libras en el presupuesto de capital durante este año y el próximo, el mayor aumento en el gasto que ha recibido desde 2010. Sin embargo, muchos departamentos gubernamentales se enfrentan a recortes y ya se están haciendo preguntas sobre la sostenibilidad del gasto en el futuro. Gran parte del gasto se ha asignado a los dos primeros años, y la inversión se reducirá hasta 2027/28. Los laboristas esperan que este gasto inicial sea suficiente para lograr un mayor crecimiento y, por tanto, aumentar los ingresos globales en los próximos años. Esto parece poco probable, ya que la previsión de la OBR en respuesta al presupuesto apenas ha cambiado respecto a las previsiones previas al presupuesto, mostrando una caída del 2 % en 2025 a alrededor del 1,5 % de crecimiento anual en 2029.

Las reformas laboristas de los derechos de los trabajadores, el aumento del salario mínimo, el gasto en educación (2.400 millones de libras) y las modestas asignaciones a la estrategia industrial a través de nuevas instituciones como GB Energy y el Fondo Nacional de la Riqueza podrían ayudar a la mediocre inversión y productividad del sector privado británico, pero, siendo realistas, las cantidades son demasiado pequeñas para tener un impacto tangible en el crecimiento. Además, las tendencias mundiales van en contra de las ambiciones de crecimiento del Gobierno. No menos importantes son las fracturas geopolíticas que generan volatilidad energética y las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático, que reducen el rendimiento de las cosechas, aumentan el precio de los alimentos y propagan enfermedades. Tarde o temprano, en el escenario probable de que el crecimiento prometido no se materialice, los laboristas tendrán que tomar serias medidas para gravar la riqueza con el fin de mantener en funcionamiento servicios públicos como el NHS, o seguir el camino más ominoso y trillado de la austeridad y la privatización. Por ahora, el Gobierno trata de no hundirse y los ricos se van de rositas.

Tribune, 1 de noviembre de 2024

¿Es este el presupuesto que necesita Gran Bretaña? Responden nuestros expertos

Frances Ryan: Olvidemos la campaña electoral: los impuestos ya no son una palabra malsonante para los laboristas

Es una antigua verdad que el propósito de un gobierno laborista consiste en arreglar el desaguisado dejado por los conservadores. Para el primer presupuesto del Partido en casi quince, la canciller, Rachel Reeves, tenía dos dilemas: ¿cómo van a reconstruir los laboristas Gran Bretaña y quién lo va a pagar?

Olvidémonos de la hermética campaña electoral, los impuestos ya no son una palabra malsonante. Aumentarán el salario mínimo, ayudarán al maltrecho sistema de necesidades educativas especiales y discapacidades (Send) y pagarán los clubes de desayuno para niños. El Servicio Nacional de Salud (NHS), en declive, recibirá 22.000 millones de libras.

Reeves se dirigió a los que tienen las espaldas más anchas a través de cambios en los impuestos de plusvalías y sucesiones, al tiempo que levantó la congelación para las rentas medias. Pero perdió la oportunidad de recaudar dinero con un impuesto sobre el patrimonio. Según una encuesta realizada por YouGov antes del presupuesto, ocho de cada diez británicos son partidarios de aumentar el impuesto sobre la renta de los más ricos.

La inversión a gran escala en infraestructuras será un salvavidas para un país que se desmorona. Pero las escasas subidas del 1,5% para los departamentos gubernamentales ponen de manifiesto un doble rasero en el gasto: es prudente arreglar una carretera, pero un despilfarro aliviar la pobreza infantil.

La reducción de los reembolsos de la deuda del crédito universal será bienvenida, pero saber que se van a producir cambios en la evaluación de la capacidad laboral significa una espera angustiosa para muchas personas discapacitadas.

Gran parte de la opinión pública se centrará hoy en si Reeves ha incumplido la promesa fiscal del manifiesto laborista. Pero eso es una distracción. La verdadera cuestión no es la semántica de quién es o no una «persona trabajadora». Es la manera justa de reconstruir un espacio público destrozado.

Ahora que están hechas las cuentas, los laboristas tendrán que vender el relato con el que deberían haber empezado en las elecciones: los impuestos no son una carga, son el precio del fracaso tory.

Sahil Dutta: Una pregunta crucial: ¿quién tendrá la propiedad de esta nueva infraestructura?

 A pesar de los avances en inversión pública, el presupuesto laborista sigue reflejando un statu quo fallido. El aumento de 40.000 millones de libras en impuestos es necesario, pero recae más en las empresas que proporcionan empleo a la gente que a los ricos que acaparan recursos económicos.

Al rechazar preguntas más amplias sobre cómo se hace el dinero en la economía y quién lo hace, los laboristas tratan en cambio la inversión en infraestructuras -especialmente en vivienda, transporte y energía- como último problema que resolver. Después de tres décadas en las que Gran Bretaña ha invertido menos que sus socios del G7, hace bien en abordar esta cuestión. Pero cómo se invierte es tan importante como cuánto.

En este sentido, los laboristas han dado pocas muestras de cambiar el modelo actual, en el que las infraestructuras críticas las proporcionan las empresas privadas. Muchas de estas empresas han evitado la inversión durante las últimas tres décadas, mientras aumentaban los dividendos, las recompras y los salarios de los ejecutivos. En lugar de enfrentarse al por qué, la prioridad de los laboristas parece ser dorarle la píldora a los inversores y promotores con más dinero disponible en mejores condiciones.

Esto es lo que impulsa la nueva «regla de inversión» de Rachel Reeves. Que un ajuste contable pueda liberar de repente 50.000 millones de libras para la inversión pública demuestra hasta qué punto las «realidades económicas» son realmente políticas, pero el marco actualizado sigue restringiendo la capacidad fiscal adicional a la subvención de proyectos de capital.

Al excluir el gasto «cotidiano», los laboristas han infravalorado nuestra infraestructura social. El trabajo en sectores como la sanidad, la atención a la infancia, la educación y la asistencia social a los adultos es tan vital para el funcionamiento de la economía como las nuevas líneas de tren y las centrales energéticas. ¿De qué sirven los nuevos aparatos del NHS cuando los hospitales están llenos de pacientes ancianos que necesitan atención comunitaria? Aunque estos servicios esenciales salgan hoy ganando, sus previsiones presupuestarias son muy ajustadas.

Resulta revelador que muchos de estos servicios esenciales -cuyo personal constituye la clase trabajadora británica del siglo XXI- se queden sin ayudas, mientras que las grandes empresas proveedoras de proyectos de infraestructuras de capital pueden esperar más subvenciones. Si el presupuesto es una ventana para saber dónde está el poder en el país, esto demuestra lo lejos que tienen que llegar los laboristas.

Es decepcionante que los laboristas no hayan adoptado nuestra propuesta de impuesto sobre el patrimonio

Sharon Graham

Hay algunos anuncios positivos, sin duda. Por ejemplo, el aumento del gasto público, un incremento decente del salario mínimo y una flexibilización de las normas fiscales -una medida que he venido reclamando en los últimos meses- para que podamos pedir prestado para invertir. Pero para que los ciudadanos sientan el cambio, será necesario un calendario mucho más claro de medidas concretas.

He aquí el verdadero reto al que se enfrenta este Gobierno. ¿Cómo conseguir una estrategia industrial seria que cree empleo y apoye a las comunidades? En cuanto a la inversión, la canciller sigue sin responder a la pregunta fundamental. ¿Dónde están los 650.000 empleos verdes? Hay demasiadas incógnitas.

La inversión no puede acabar siendo una limosna para bancos y empresas multinacionales, sin garantías de empleo. Eso no funciona. No está funcionando en el caso de la refinería de petróleo de PetroChina e Ineos en Grangemouth.

Esa es la fría y dura verdad sobre el mundo en el que vivimos ahora. Un mundo en el que los multimillonarios y los mercados globales tienen la sartén por el mango. Las infraestructuras británicas, nuestros puestos de trabajo y nuestras comunidades les importan un bledo.

Pero los gobiernos deberían y podrían hacer más. Pueden utilizar los recursos de que disponen para tomar las riendas e impulsar la inversión, para liderar el mercado en lugar de limitarse a seguirlo.

En cuanto a los servicios públicos, este presupuesto marca el inicio de un largo camino hacia la renovación. Hay que acoger con satisfacción la inversión substancial en educación y en nuestro Servicio Nacional de Salud (NHS). Pero debemos asegurarnos de que se invierte en las personas y no sólo en tecnología. No sirven de nada los escáneres sin personal.

 El Gobierno ha optado por no dar el paso y adoptar nuestra propuesta de un impuesto sobre el patrimonio. En lugar de aumentar el impuesto de sociedades al 28%, como habíamos propuesto (y como propone Kamala Harris para los Estados Unidos), el Gobierno ha optado por la opción encubierta de un aumento del impuesto de sociedades, sabiendo que muchos empresarios lo repercutirán a sus trabajadores.

Lo que los trabajadores esperan de un gobierno laborista es que utilice todo el poder que tiene para luchar por ellos y ser verdaderamente su voz. Esa es la prueba a la que se enfrentan los laboristas en este presupuesto, y esa es la prueba a la que se enfrentarán en los próximos cinco años. Puede que solo tengan una oportunidad. Y tienen que hacer que cuente.

The Guardian, 30 de octubre de 2024