Filipinas: La irrelevancia de la Cha-Cha 'económica'

Sonny Melencio

13/02/2021

'En lugar de perseguir inversiones extranjeras ofreciendo nuestras tierras y recursos, deberíamos hacer que la oligarquía pague por la monopolización centenaria de la riqueza en el país'

En enero, los representantes de la Cámara Baja del Congreso abrieron deliberaciones sobre la reforma de la Constitución (“Cha-Cha”, Charter change en la jerga política filipina) a través de una resolución (Resolución de Ambas Cámaras No. 2) presentada por el Presidente Lord Allan Velasco para convocar al Congreso como Asamblea Constituyente (“Con- Ass”) y reformar las disposiciones económicas “restrictivas” de la Constitución.

Los proponentes de la Cha-Cha se han comprometido a no incluir en sus debates otras enmiendas, especialmente los referentes a la extensión de los mandatos. El presidente Rodrigo Duterte también ha pedido al Congreso reformar el sistema de listas de partidos a fin de "proteger [al Congreso] de los grupos que exigen la caída del gobierno". Parece que la Cha-Cha va a ser una estrategia para matar dos pájaros de un tiro (la ordenación económica proteccionista y el sistema de listas de los partidos).

La Cha-Cha 'económica'

La Cha-cha “económica”, iniciada con la RBH No. 2, simplemente agrega la frase “a menos que la ley disponga lo contrario” a 8 secciones “económicas” de la Constitución, que se refieren a los recursos naturales del país, tierras agrícolas, tierras privadas, áreas de inversiones, operación de servicios públicos, propiedad de instituciones educativas, medios de comunicación e industrias publicitarias. Todas estas áreas están reservadas al estado, ciudadanos filipinos o corporaciones con un 60% de propiedad filipina, salvo la propiedad de la tierra, que es estrictamente para filipinos.

Hasta ahora, el único disenso proveniente de la oposición, básicamente del Partido Liberal, es que la Cha-Cha no es un tema prioritario, y solo abrirá otros temas, como la duración de los mandato, que serían favorables a la coalición gobernante.

No parece haber diferencias faccionales entre los partidos que apoyan al gobierno y la llamada "oposición amarilla" sobre la necesidad de la liberalización económica y la apertura del país a la "globalización".

De hecho, las administraciones anteriores han tratado de cambiar las disposiciones económicas proteccionistas a favor de una completa liberalización desde la época de Fidel V. Ramos, Joseph Estrada y Gloria Macapagal-Arroyo. La propia Cory Aquino promulgó la Orden Ejecutiva 226 cinco meses después de la ratificación de la “Constitución de Cory” en febrero de 1987. El hijo de Cory, Benigno “Noynoy” III, no jugó con la Constitución, pero siguió aplicando políticas neoliberales que socavaban las cláusulas proteccionistas de la Constitución.

Los representantes de la élite en el gobierno realmente no necesitan cambiar las disposiciones económicas "restrictivas" de la Constitución, ya que hay formas de eludirlas. La habitual es infringir la regla de propiedad 60-40, por ejemplo, a través de hombres de paja interpuestos.

Enmienda tras enmienda

Existen medios legislativos para modificar las cláusulas “restrictivas”. La regla 60-40 y la propiedad de la tierra de extranjeros se han modificado varias veces mediante el Código Ómnibus de Inversiones de 1987, las Leyes de Inversiones Extranjeras de 1991, la Ley de Arrendamiento de Inversores de 1993 y la Ley de Zonas Económicas Especiales de 1995.

El Código Ómnibus de Inversiones, en virtud de la Orden Ejecutiva 226 promulgada por Cory Aquino, permite a las corporaciones eludir el requisito de un 60% de propiedad filipina si son "empresas pioneras" cuyas actividades de manufactura o servicios no existen en el país, son totalmente nuevas en Filipinas, esenciales para programa nacional de autosuficiencia, o producen combustibles no convencionales.

A esto le siguió la Ley de Inversiones Extranjeras (FIA) de 1991, también bajo la administración de Cory, que eliminó la restricción del 40% y permitió una participación de capital extranjero del 100% en la mayoría de las empresas. Su único limite es la Lista Negativa de la Sección 8, que consiste en áreas de inversiones reservadas para ciudadanos filipinos (Lista A), y están relacionadas con la defensa o tienen implicaciones en la salud pública y la moral (Lista B). La Lista Negativa se modifica con frecuencia y las enmiendas se publican casi cada dos años.

La FIA fue modificada por la Ley de la República No. 8179 durante el mandato de Fidel V. Ramos. A partir de ahí, las administraciones sucesivas actualizaron la Lista Negativa de la Ley de Inversiones Extranjeras para abrir aún más la economía a la participación extranjera.

El presidente Duterte emitió la lista negativa undécima de inversiones ordinarias mediante Orden Ejecutiva No. 65, que amplió las áreas de inversiones con un 40 por ciento de capital extranjero, en la explotación de recursos naturales, propiedad de tierras, operación de servicios públicos, educación. instituciones, y otros.

La Ley de Arrendamiento de Inversores y la Ley de Ecozona

La Ley de Arrendamiento de Inversionistas de 1993 (RA No. 7652), aprobada bajo la administración de Ramos, permite a los inversionistas extranjeros arrendar terrenos para uso comercial e industrial por 50 años y son renovables por 25 años. ¡Es decir, un total de 75 años, que es casi como ser dueño de la tierra!

Le siguió la Ley de Ecozonas de 1995 que permitió la designación de “ecozonas” o “centros agroindustriales, industriales, turísticos / recreativos, comerciales, bancarios, de inversión y financieros” que eximen a los inversores extranjeros del pago de impuestos locales y nacionales.

Posición ideológica de las clases dominantes

La liberalización económica se ha convertido en el mantra de las clases dominantes. Es la posición ideológica adoptada por las clases dominantes en Filipinas sobre cómo quieren impulsar una vía de crecimiento y desarrollo que sirva a sus intereses. No se trata del país, ni de la clase trabajadora ni de las masas filipinas.

La élite tradicional es, de hecho, cómplice de un crecimiento dominado por corporaciones extranjeras y multinacionales. No quieren competir con ellas porque son incapaces de hacerlo y quieren empresas mixtas para reforzar sus propios beneficios.

Las industrias en las que participan las 50 personas / familias más ricas de Filipinas se encuentran principalmente en las industrias comerciales, distribución y servicios. Muchos se han diversificado hacia el sector inmobiliario. Otros se han dedicado a la minería y otras industrias extractivas buscando capital extranjero o estableciendo empresas mixtas. Hay algunos que se dedican a pequeñas empresas manufactureras, como en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas. Estas industrias, incluidas las pequeñas empresas manufactureras, no constituyen el núcleo de una economía industrializada.

Las industrias más intensivas en capital en Filipinas han sido absorvidas por corporaciones extranjeras que pueden operar fuera de la Lista Negativa de industrias, como la minería (una de las compañías más grandes es Oceana Gold, propiedad de capital australiano). Las inversiones extranjeras que atrae hoy el país son en su mayoría de industrias extractivas que dañan el medio ambiente y las pequeñas empresas extranjeras en las ecozonas que explotan nuestra mano de obra barata y no sindicalizada.

Hacia una Cha-Cha del Pueblo

En lugar de perseguir inversiones extranjeras ofreciendo nuestras tierras y recursos, deberíamos hacer que la oligarquía pague por la monopolización centenaria de la riqueza en el país. Es necesario redistribuir la riqueza nacionalizando sus negocios, comenzando por los servicios públicos y socializándolos en beneficio de la mayoría de la población. Podemos comenzar por gravar fuertemente su riqueza y activos para brindar bienestar a la gran mayoría de la población, lo que debería ser el punto de partida de cualquier modelo de desarrollo.

Sin embargo, el estado no protege los intereses del pueblo, sino los intereses de los capitalistas, incluida la élite tradicional y los clanes dinásticos. Lo más seguro para nosotros es no tocar la Constitución hasta que la actual generación de trapos (“caciques”), la oligarquía y el gobierno capitalista-terrateniente sea depuesto por un poder popular auténtico. Solo entonces podremos cambiar la Constitución para que se convierta en la Constitución del Pueblo.

es presidente del Partido Lakas ng Masa (PLM) de Filipinas, y autor del libro semi-biográfico titulado Full Quarter Storms: Memoirs and Writings on the Philippine Left .
Fuente:
https://www.rappler.com/voices/thought-leaders/analysis-irrelevance-economic-charter-change
Traducción:
G. Buster

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