Euskadi se moviliza una vez más. Dossier

Este dossier está formado por los siguientes artículos:

1. Jaume Asens y Gerardo Pisarello: Los enemigos de la paz y el derecho a decidir

2. Hasier Arraiz: 11 de enero: abriendo camino al futuro

3. Paco Roda: ETA, el pecado necesario

Los enemigos de la paz y el derecho a decidir

La manifestación del domingo en Bilbao fue una de las más multitudinarias de los últimos años. Decenas de miles de personas marcharon juntas bajo una misma pancarta: "Derechos Humanos, Acuerdo y Paz". La consigna unió, después de mucho tiempo, a gentes del PNV y de Bildu. La razón no es un misterio: la ceguera de un Gobierno y de un sector del Poder Judicial incapaces de aceptar la irreversibilidad del proceso de paz abierto en el País Vasco tras la decisión de ETA de 2011 de abandonar las armas.

No es una novedad que la derecha utilice la cuestión vasca (y la catalana) para ocultar su responsabilidad en la crisis y para fomentar un nacionalismo español autoritario y anti-democrático. Sin embargo, es dudoso que la operación pueda repetirse ad nauseam. Hace unas semanas, el colectivo de expresos de ETA reconoció el daño que había causado y rechazó el uso de la violencia para lograr sus objetivos políticos. Para algunos, comenzando por las víctimas de esa violencia, puede resultar insuficiente. Pero es mucho más de lo que ha hecho el Gobierno, empeñado en volver inviable el proceso de paz, a fuerza de convertirlo en una suerte de imposición arrogante de los vencedores sobre los vencidos, incluidas sus familias.

Los participantes en la declaración no eran aprovechados que hablaran amparándose en la impunidad. Eran personas que habían pagado sus delitos con prisión de entre 20 y 30 años (a veces más). Todo ello en un país donde supuestamente las penas no pueden utilizarse como una forma de venganza o de castigo sin límites. La declaración podrá no complacer las demandas de algunos. Pero asumía la legalidad penitenciaria y, lejos de la antigua reclamación de amnistía, se mostraba abierta a la reinserción individual de los presos. Esta era una de las exigencias principales de grupos pacifistas vascos como Lokarri y de varias organizaciones internacionales de resolución de conflictos. También formaba parte de la llamada Vía Nanclares, puesta en marcha por el Gobierno de Zapatero tras el fracaso del proceso de diálogo de 2006. Se trataba, pues, de un paso previo al proceso unilateral de disolución de la banda y de una apuesta decisiva para consolidar el anuncio del cese definitivo.

A pesar de todo ello, el Gobierno del PP y sus aliados judiciales reaccionaron de la manera más cerril posible. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió prohibir la marcha en favor de un cambio de política penitenciaria convocada por el colectivo "Tantaz Tanta" (Gota a Gota). Velasco no es un juez cualquiera. Fue miembro del Gobierno del PP en Valencia y sus actuaciones en esta cuestión están signadas por un revanchismo incompatible con un mínimo de independencia. El magistrado que examinó antes que él la legalidad de la manifestación, Pablo Ruz, consideró que no existían indicios de que con ella se buscara "enaltecer el terrorismo". Sin embargo, Velasco sostuvo que la organización convocante era una tapadera de otra suspendida judicialmente por formar parte del "entramado de ETA". Las pruebas, en su opinión, eran concluyentes: el objetivo de la movilización coincidía con otros similares defendidos por la organización suspendida; ergo, se trataba de una estrategia al servicio del terrorismo.

También el ministro Fernández Díaz reaccionó a las peticiones de los colectivos de presos con una contraofensiva represiva. Ordenó un registro irregular del despacho del abogado y senador por Bildu, Iñaki Goioaga, así como la detención de tres letrados acusados de hacer de puente entre los presos y el mundo exterior. El Colegio de abogados de Bizkaia calificó la operación policial de despropósito e incluso desde El País se sugirió que el objetivo de estas medidas era torpedear el proceso de paz.

Ciertamente, ni el Partido Popular ni sus aliados en el poder judicial han actuado siempre así. Cuando el ex presidente Aznar carecía de mayoría absoluta, autorizó contactos con lo que el mismo llamaba "Movimiento de Liberación Nacional Vasco". Asimismo, acercó a 200 presos a las cárceles vascas en plena actividad frenética de la banda. El propio lehendakari Iñigo Urkullu recordó con perplejidad que este tipo de marchas llevaba años realizándose, incluso cuando ETA seguía asesinando.

Con la insistencia en su línea más dura, sin duda, el Gobierno pretende remontar en las encuestas, contentar a sus sectores más extremistas y paralizar a quienes discrepan. Lo mismo en el País Vasco que en Cataluña, contra los recortes o contra la criminalización del aborto. Puede que se salga con la suya. Pero semejante siembra puede traer consigo más de una tempestad. La obsesión por dinamitar todos los puentes hacia la paz, identificándolos con una estrategia al servicio de ETA, ha emponzoñado la vida en el País Vasco y fuera de él hasta límites indecentes. Ha servido para cerrar periódicos, ilegalizar formaciones políticas, prohibir manifestaciones, imputar a personas de acreditadas convicciones pacifistas o simplemente impedir reuniones, manifestaciones o debates públicos. Sin embargo, se trata de un camino que comienza resultar intolerable incluso para gente que no pertenece al mundo abertzale.

Tras el éxito de la manifestación del domingo en Bilbao, un grupo de organizaciones ha anunciado, para los próximos meses, una cadena humana de Durango a Pamplona a favor del "derecho a decidir". Ya no solo es Cataluña. Es también el País Vasco. Y son, en realidad, muchos otros rincones del Estado en los que el derecho a manifestarse, a protestar, a recuperar los espacios de decisión ilegítimamente expropiados, comienza a ser visto como algo irrenunciable. Contra el miedo, contra la violencia de un Gobierno cínico y arbitrario, y en defensa de la democracia. Habrá que ver qué ocurre.

Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Ambos son miembros del Observatorio DESC.

Público, 14 de enero de 2014

11 de enero: abriendo camino al futuro

Nuestro deseo es que el sábado sea el inicio de una nueva etapa de colaboración y entendimiento entre quienes llevábamos demasiado tiempo dándonos la espalda. Y no hay intención alguna de crear frentes en el camino de la paz y la normalización. Todo lo contrario.

Durante décadas, la actualidad política vasca se ha comparado en numerosas ocasiones con una montaña rusa porque en ella predominaban las espirales acción-reacción. En este comienzo de 2014, ni siquiera los portavoces vascos del Partido Popular se atreven a negar que, afortunadamente, vivimos un nuevo tiempo político. No obstante, su gobierno en Madrid, con el ministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza, se resiste a acabar con las políticas del viejo tiempo.

En un breve espacio de dos semanas, hemos asistido a una declaración histórica por parte del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), cuyo valor político ha sido subrayado por todos los partidos políticos del espectro vasco a excepción del propio PP, y a una comparecencia pública en la que personas que recientemente han abandonado la prisión y que han sumado a sus espaldas miles de años de condena de cárcel se reafirman en la apuesta por una paz justa y duradera para este país.

En ese mismo espacio de tiempo, se ha detenido y encarcelado a ocho personas con una participación pública en esas dos iniciativas y desde la Audiencia Nacional llegó la prohibición de una manifestación por los derechos de las personas presas y en contra de la dispersión, que se preveía multitudinaria.

Sin lugar a dudas esa incomprensible situación generada por las decisiones del gobierno del Partido Popular obligó a responsables políticos y sindicales de este país no solo a dar una respuesta, sino a tratar de ofrecer bases sólidas para la esperanza a una sociedad vasca, la cual ya ha decidido que no volverá al viejo tiempo político en el que algunos se han quedado anclados y al que pretenden arrastrarnos.

Quiero, en primer lugar, agradecer la actitud de todos los responsables políticos y sindicales con quien tuve oportunidad de cambiar impresiones y de llegar a acuerdos en la intensa tarde del viernes 10 de enero. Creo que todos dimos muestra de la generosidad y responsabilidad política que requería el momento. En especial, quisiera agradecer la actitud del presidente del EBB de EAJ/PNV, Andoni Ortuzar, por su altura de miras. Creo que es de justicia valorar la decisión que EAJ/PNV tomó aquella tarde y así lo hacemos.

Quisiera agradecer la actitud del presidente del EBB de EAJ/PNV, Andoni Ortuzar, por su altura de miras. Creo que es de justicia valorar la decisión que EAJ/PNV tomó aquella tarde y así lo hacemos.

No obstante, aquello que nacía como respuesta excepcional a una situación excepcional se transformó en poco tiempo en una respuesta extraordinaria a una situación de excepción. Y no fuimos quienes protagonizamos la comparecencia del hotel Carlton en Bilbao los responsables de ello, sino los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas vascas que desde un primer momento acogieron, primero con expectación y después con grandes dosis de ilusión, esta improvisada iniciativa.

Camino del hotel Carlton y qué decir tiene que también en las veinticuatro horas posteriores hasta el inicio de la manifestación, pudimos comprobar en nuestra piel -y en nuestros teléfonos- que habíamos tocado una tecla que mucha gente en este país esperaba volver a oír, o una imagen que deseaba volver a ver, pero que no hablaba de nostalgia, ni de pasado, sino que hablaba de futuro y de país.

En nombre de Sortu hice unas declaraciones al comienzo de la manifestación, en las que expresé nuestro sincero deseo de que dicha movilización no fuera un final, sino el principio de una nueva etapa por recorrer. Una nueva etapa para la colaboración y el entendimiento entre fuerzas políticas que llevábamos demasiado tiempo dándonos la espalda. Una nueva etapa para profundizar en el nuevo tiempo político abierto en nuestro país y en la que mediante el trabajo conjunto debemos abordar y solucionar todas aquellas cuestiones que nos dejó el viejo tiempo político y que todavía dificultan que vislumbremos toda la potencialidad de este nuevo ciclo para nuestro país.

No estoy hablando de política de frentes. El lenguaje de frentes solo lo utiliza quien no quiere ver ni el más pequeño espacio de colaboración entre fuerzas políticas aber-tzales. Estoy hablando de colaboración y entendimiento entre las fuerzas políticas y sociales que están comprometidas con un proceso de construcción de la paz y la normalización política. Y ese compromiso se plasmó la tarde del sábado 11 de enero en las calles de Bilbao -pienso que tanto el lema como la razón de la convocatoria permitía que el Partido Socialista también fuera partícipe de la misma- pero ese mismo compromiso se puede plasmar tanto en el Foro Social auspiciado por Lokarri, como en la misma Ponencia de Paz del Parlamento Vasco. Quiero recordar que quienes el sábado estuvimos en Bilbao somos quienes también estamos a día de hoy tanto en el Foro Social como en la Ponencia del Parlamento.

No hay, por tanto, intención alguna de crear frentes en el camino de la paz y la normalización democrática. Todo lo contrario. También en Sortu y en EH Bildu quisiéramos los acuerdos más incluyentes y más amplios en contenidos en esta materia. Pero no olvidemos que algunos -Partido Popular y Partido Socialista- no se autoexcluyen de los posibles acuerdos entre las cuatro grandes culturas políticas, sino que se autoexcluyen del propio diálogo, porque a día de hoy su actitud es huir de la mesa en la que permanecemos sentados EAJ/PNV y EH Bildu.

Me atrevo a decir que en la tarde del viernes 10 de enero fuimos capaces de crear una ilusión que hace tiempo que este viejo país no sentía. No dejemos que parezca un espejismo y con responsabilidad y tenacidad alimentemos la esperanza de un país que aun sueña con la paz, la democracia y la libertad.

Hasier Arraiz es Presidente de Sortu

http://www.deia.com/2014/01/15/opinion/tribuna-abierta/11-de-enero-abrie...

ETA, el pecado necesario

Todo empezó por una foto. La de los presos excarcelados de ETA en Durango. Pero tal vez, antes de esa foto, estaba el negativo de la realidad por un lado y el positivo de la ficción por otro. Si bien ETA ha muerto, o está a punto de hacerlo, quienes formaron parte de ella han vuelto para integrarse entre los vivos. Pese a que haya quien piense que siempre debieron quedarse entre los muertos. Pero han cumplido con la ley, con la ley que los condenó y no con otra. Y eso les autoriza ética y jurídicamente para estar presentes. Aun a costa del dolor infligido. Porque el espacio privado del dolor sufrido no debe mezclarse con el espacio público y político. Una cosa es cómo se viven los duelos privados y otra como se gestionan las consecuencias del sufrimiento  en el escenario político.  

Personalmente creo que cumplir la condena impuesta –y ellos y ellas lo han hecho- lleva implícita la redención y el perdón de los pecados. Porque el fin de la pena es restablecer el daño causado. Más aún, el delito ya penado supone devolver a la sociedad el orden social sustraído  y retribuir a la víctima –en este caso a sus familiares- el mal generado. Aunque la pérdida sufrida no obtenga compensación ni reparación alguna. Del arrepentimiento mejor no hablar. A no ser que sólo nos interese pedir tal certificado en función de la nómina que nos sustenta.

Un amigo de Oiartzun (Gipuzkoa)  -inmaculado abertzale-,  me decía el otro día que hace dos meses era impensable prever el paso que han  dado la izquierda abertzale y los presos de ETA. Creo que para la gran mayoría de la población vasca también. Y más. No hay partido político, mínimamente sensato, que no se haya sorprendido ante las actuales posiciones de los presos, la izquierda abertzale y la propia ETA. Nadie apostaba hace un año por imaginar un escenario como el que hoy vivimos. Me refiero a los pasos dados, a las aceptaciones, a las renuncias y a los compromisos políticos y sociales en el seno de ETA y su entorno. Actores, fuerzas, ideas y dinámicas se mueven. Por precepto, convicción, por escenificación, por volver a estar vivos o  por regresar a  la política. El hecho es que la realidad muestra esos signos, emite esos ecos. Otra cosa es que el gobierno y el PP no se quieran enterar o que hagan como que no ven, no oyen   o no  escuchen.

En la  manifestación que tuvo lugar el pasado día 11 de enero en Bilbao, impulsada tras acuerdo entre el PNV, Sortu y otras fuerzas políticas y apoyos  como el de Geroa Bai, se puso de manifiesto la capacidad de convocatoria de las formaciones en torno a un lema común y consensuado vinculado a la paz, la necesidad de acuerdo  y los derechos humanos. Un lema ajustado a la corrección política en toda regla. Ello tuvo lugar tras un decretazo del juez Velasco ilegalizando una anterior convocatoria  de apoyo a los presos de ETA.  Quizás la respuesta de la ciudadanía, unas 130.000 personas,  no respondió solo al lema, sino también al tema. Y el tema de fondo es la creciente criminalización de la vida social y política en el reino de España y sus periferias nacionalistas. La gente, y el caso de los sucesos de Burgos es un ejemplo, está cansada ante la desproporcionada cantidad de corrupción, mentiras y manipulación que es capaz de gestionar  el gobierno del PP sin pudor alguno. Quienes participaron en la manifestación de Bilbao estaban allí, tal vez por muchas cosas más. Sin que  ello merme  valor alguno al principal motivo de la misma.

Y es que la  sociedad vasca es consciente del enorme esfuerzo que va a suponer normalizar la situación política y social del País Vasco. Hacer duelos, renunciar a la venganza, normalizar los discursos, convivir con víctimas y verdugos, cerrar páginas, abrir procesos, dimitir de convicciones, vivir de renuncias, encarar el futuro al fin. Esto es lo que nos espera. Más no esperemos que sea fácil. Ni para la izquierda abertzale, ni para el aparato jurídico-policial español. No va a ser fácil para nadie. Pero el PP se empeña en enrocarse en un permanente conflicto. Sumergirse y regodearse en la perpetuación del mismo. Pese a que lo nieguen. Rajoy y su gobierno no aspiran a gestionar este tiempo. Rajoy es un mediocre gobernante que ni ve ni quiere ser visto. Y todo para evitar ser testigo de la historia. El PP está anclado en el pasado, en el olor de la sangre derramada. Porque ello le resulta rentable. Porque el PP, sus medios de presión mediática  y la gran derecha unionista no pueden vivir sin él. ETA, como símbolo vinculador de estrategias políticas, fue y es su sustento; como una adicción perversa. Porque ante la falta de violencia física de ETA, el PP necesita reactivar sus cenizas, reinventar sus sombras, revivir sus fantasmas. Volver al viejo lema: Todo es ETA. Y si falta ETA necesitamos reinventarla. Y si no hay terroristas que detener, los inventaremos. Resucitaremos a ETA con nuevos discursos, simbolismos, imágenes distorsionadas o ideas-fuerza que rentabilicen el crédito pasado. Porque   todo lo que huela a abertzalismo, es sinónimo de ETA. Y si no lo es, será. Por ordeno y mando de un discurso manipulador y una gestión de la justicia contaminada de venganza revanchista. Y en este sentido la AVT –un auténtico lobby de presión ética y moral- es el más fiel exponente de una venganza sin límites. Uno es capaz de entender el dolor privado, la ausencia de los seres queridos asesinados, lo que ello puede suponer. No así el intento de mercadear con el recuerdo y la victimización eterna en una orgía patológica de revancha sin fin.

Y es que el PP es rehén de los hooligans de la ultraderecha mediática y los lobbies de presión que emponzoñan a diario la opinión pública. Pero en medio de esta ciénaga,  el PP sabe que muere lentamente en las urnas. O al menos está tocado. Y lo sabe. Sabe que su política social y económica está hundida. No da más de sí. Y eso tiene un precio. Volver al desempleo político, a la oposición aislada. Así que sólo echando mano de ETA, el producto estrella de la manipulación y la más rentable idea-fuerza electoral, el PP volverá a convencer, a ser creíble. Lo necesita para tapar los enormes agujeros negros abiertos en la sensibilidad de la gente tras la gestión nefasta de una crisis abierta y cerrada en falso. Pero ello precisa de una escenificación y un escenario. Ese escenario es la vuelta a la tensión, a la persecución, a la criminalización política injustificada, al conflicto eterno, a la provocación a la izquierda abertzale y la ciudadanía en general. Esto vende como producto emocional de consumo populista. Es rentable y convence a un electorado anestesiado y necesitado de proezas apasionadas ante la falta de una auténtica gestión de la crisis. Pero más aún, transmuta los problemas reales y recentra los polos de atención sobre el viejo problema del terrorismo tratando de resucitarlo como prioridad política y social.

Por eso el PP, obligado a actuar desde inmediatez, desde la urgencia, desde el arranque visceral, comete errores de bulto. Otra cosa es que no le importe y espere que el tiempo lo borre y disimule como un mal sueño. Las recientes detenciones de ciudadanos en el País Vasco, la calumnia contra  la manifestación de Bilbao, sus críticas al PNV, las declaraciones del ministro del Interior, más propias de un político antidemocrático sin redimir, son un fiel reflejo de esta estrategia de huida hacia adelante.   

No está muy lejos el momento en que ETA haga pública su disolución y sus militantes entreguen las armas. Incluso es posible que en un acto de suprema redención pidan perdón por sus pecados. A buen seguro nada de esto será suficiente para que el PP cambie de estrategia como lo hiciera el gobierno británico con el IRA. Ese acto de indulgencia pública y social de ETA no será suficiente. Ni ese ni ninguno. Porque ETA es un activo, un valor de cambio. Ha sido y es el pecado que ha dado de comer a los que la condenan. Nada más. Por eso hay que resucitarla. Como sea. Porque a alguien le sirve más viva que muerta. Porque el PP pareciera abonado al placer del pensamiento fúnebre.

Paco Roda es profesor de la Universidad Pública de Navarra