Europa: un pacto migratorio "peligroso" y "alejado de la realidad"

Sara Prestianni, de la red EuroMed Droits, y Tania Racho, investigadora especializada en derecho europeo y asilo, advierten, en una entrevista en dos partes, de los riesgos del acuerdo alcanzado a nivel europeo y que se votará la próxima primavera. La entrevista la realizó Nejma Brahim.

Tras tres años de debates, los Estados miembros alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. En Francia, sin embargo, el acontecimiento tuvo poca resonancia, embotado por la ley de inmigración aprobada al mismo tiempo, cuyos efectos sobre los extranjeros podrían ser dramáticos.

Sin embargo, el pacto migratorio europeo también contiene una serie de medidas peligrosas para los inmigrantes, como el endurecimiento de los controles fronterizos, la revisión exprés de los solicitantes de asilo, la mayor facilidad para deportar a los "indeseables" y la externalización de la gestión de las fronteras a terceros países. Sara Prestianni, responsable de defensa de la red EuroMed Droits, cree que las violaciones de los derechos humanos serán inevitables y pide la creación de vías legales para proteger a los solicitantes de asilo.

La investigadora Tania Racho, especialista en derecho europeo y asilo y miembro de la red Désinfox-Migrations, replica que en ningún momento las instituciones europeas "tienen en cuenta a las personas exiliadas", prefiriendo responder a "objetivos de gestión de la migración". En una entrevista conjunta, advierten de los riesgos de un enfoque puramente "de seguridad", que aumentará la vulnerabilidad de las personas afectadas y las dejará "al margen".

Mediapart: El pacto migratorio fue anunciado por la Comisión Europea en septiembre de 2020. Ha sido objeto de largas dilaciones y bloqueos. ¿Ha sido difícil conseguir el acuerdo de los 27 Estados miembros?

Tania Racho: En la mentalidad de la Unión Europea (UE), era imperativo demostrar que la migración se gestionaba en las fronteras exteriores para tranquilizar a los Estados miembros. Pero fue difícil llegar a un acuerdo. Al principio, había medidas para garantizar el acceso a la UE con más permisos económicos: éstas han desaparecido en favor de centrarse en los inmigrantes ilegales.

Sara Prestianni: La complejidad de llegar a un acuerdo no se debe a la realidad de la migración, sino a la forma en que muchos Estados miembros han explotado la cuestión. Lo vimos claramente durante los tres años de negociaciones del pacto: aunque las cifras no lo justificaban, el tema fue muy explotado. El resultado, a nuestro juicio muy negativo, es un reflejo de estas estrategias: esta reforma no da respuesta al fenómeno en sí, sino que responde a las luchas intestinas de los distintos Estados.

La distribución de los solicitantes de asilo en Europa ha sido objeto de numerosos debates. ¿A qué se debe?

Sara Prestianni: En primer lugar, por la famosa reforma del Reglamento de Dublín [que obliga a los exiliados a solicitar asilo en el país por el que entraron en la UE - nota del editor]. Ursula von der Leyen prometió "ir más allá de Dublín". Ahora se ha reforzado. Luego está la cuestión de la solidaridad. Al final, la redistribución será a la carta, mientras que el Parlamento había intentado dar marcha atrás. Se deja abierta la opción del pago, del apoyo a los muros y alambradas en las fronteras interiores y de la financiación de la dimensión exterior. Esto está muy lejos del concepto mismo de solidaridad.

Tania Racho: Hay que desechar la idea de Dublín. En el caso de los ucranianos, este reglamento no se aplicó y la distribución se produjo de forma natural. La lógica de Dublín es que una persona que encuentra refugio en un Estado miembro no puede viajar dentro de la UE (en cualquier caso, sin autorización). Y si no se le concede asilo, se supone que no puede solicitarlo en otro lugar. Pero en realidad, alguien cuya solicitud de asilo es rechazada en un país puede presentar una solicitud en Francia, e incluso obtener protección, porque las consideraciones no son las mismas de un país a otro. Por tanto, cuestionamos la utilidad de someter a las personas a traslados, encerrándolas y privándolas de sus derechos, haciendo recaer el coste de estos traslados sobre los Estados... Financieramente, no es interesante para los Estados, y no tiene sentido para los solicitantes de asilo.

Además, ¿hay que repartirlos o darles libertad para elegir dónde se instalan?

Tania Racho: Nunca se ha discutido desde ese punto de vista. Tiene sentido dejarles elegir, porque cuando tienes un país de destino, lazos y una comunidad, la integración es más fácil. Desde el punto de vista del gobierno, es sobre todo una cuestión de eficacia. Pero tampoco aquí la vemos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado regularmente que Italia y Grecia son Estados fallidos en lo que respecta a los solicitantes de asilo, y es a estos países a los que persistimos en querer enviar a las personas que han sido rechazadas.

Sara Prestianni: El Reglamento de Dublín no funciona, es muy costoso y hace que la gente deambule todo el tiempo. Una vez más, tenemos un fracaso total en este tema, porque estamos reproduciendo Dublín con la responsabilidad de los países de primera entrada, que en algunas situaciones se extenderá a veinte meses. Incluso los lazos familiares (un hermano, una hermana), que supuestamente iban a permitir eludir esta normativa, se han quedado finalmente por el camino en las negociaciones.

¿En qué consiste el acuerdo alcanzado la semana pasada?

Sara Prestianni: Incluye varios documentos legislativos, por lo que se trata de una reforma importante. Podríamos mencionar el enfoque reforzado de los puntos calientes en las fronteras, que ya ha demostrado sus limitaciones, la detención al aire libre, la apertura de centros de internamiento, el procedimiento acelerado de asilo, el concepto de terceros países seguros, que rechazamos (Túnez es un cruel ejemplo de las consecuencias que puede tener), la solidaridad a la carta, o la directiva sobre la "instrumentalización" de los migrantes y el concepto de fuerza mayor en caso de "llegadas masivas", que permite derogar el respeto de los derechos. Toda esta lógica, que tiene como objetivo la utilización masiva de la detención, la deportación y la clasificación de seres humanos, conducirá a violaciones de derechos, a la exclusión y a la marginación de las personas.

Tania Racho: Se están creando centros de clasificación en las fronteras. Es violencia sin nombre, y esta violencia se pasa por alto en silencio. La clasificación también se justifica en función de la nacionalidad, según la tasa media de protección en la UE, lo cual es absurdo porque la tasa media de protección varía de un país a otro según este criterio. También da lugar a la idea errónea de que la nacionalidad es el único criterio para obtener asilo, cuando en realidad hay toda una serie de motivos, como la orientación sexual, el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina. Es difícil dar cuenta de estas cuestiones tras un proceso migratorio de varios meses por la vía rápida.

¿Cómo se puede llevar a cabo el control fronterizo garantizando el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional y la Convención de Ginebra sobre los Refugiados?

Tania Racho: No tengo ni idea. La Comisión Europea habla de llegadas mixtas y quiere poder distinguir entre refugiados e inmigrantes económicos. Los primeros podrían ser acogidos con dignidad, mientras que los segundos deberían ser expulsados. Las prisas por tramitar las solicitudes no ayudarán a aclarar la situación de las personas.

Sara Prestianni: Quieren acelerar los procedimientos, aunque sea a costa de retener a la gente, con el argumento de decir "Nunca más Moria" [un campo de migrantes en Grecia que fue incendiado - nota del editor]. Pero lo que aquí se reproduce es pura Moria. En septiembre, cuando Lampedusa registró 12.000 llegadas en pocos días, este pacto se vendió como la solución. Pero en su forma actual, no ofrece ninguna garantía de cumplimiento de la legislación europea ni de la Convención de Ginebra.

¿Cuáles son los peligros de externalizar la gestión de las fronteras?

Sara Prestianni: Mientras se negociaba el Pacto, vimos una aceleración en los acuerdos firmados con Túnez, Egipto y Marruecos. Así que hay un vínculo muy fuerte con la externalización, aunque el concepto no siempre aparezca en el pacto. Donde sí está muy presente es en la noción de terceros países seguros, que facilita la expulsión a países donde los migrantes puedan tener vínculos.

Sin embargo, tenemos la impresión de que quienes han dado forma a este pacto no están muy cerca del terreno. Tomemos el ejemplo de los marfileños que huyeron a Europa tras los discursos de odio en Túnez. Los Estados miembros podrán devolverlos porque tendrán un vínculo a priori con ese país, aunque corran el riesgo de ser objeto de violencia allí. Italia negocia con Albania, el Reino Unido intenta a toda costa mantener su acuerdo con Ruanda... El riesgo es que la externalización se convierta un día en parte del procedimiento de asilo.

Tania Racho: Hace poco me enteré de que el pacto fue redactado por comunicadores, no por juristas. Eso explica lo alejado que está de la realidad. En lo que respecta a la externalización, la no devolución está recogida en el Tratado de Funcionamiento de la UE. La Comisión puede llevar a Italia ante los tribunales si devuelve a la gente al mar o firma este tipo de acuerdos, pero no lo hace.

¿Qué papel desempeñó Italia en las discusiones?

Sara Prestianni: Italia desempeñó un papel central, amenazando con bloquear el acuerdo e impulsando otras cuestiones que eran importantes para ella. Esta cuestión pone de relieve hasta qué punto el Pacto no es una solución a los problemas migratorios, sino el resultado de un equilibrio de poder entre los Estados miembros. Italia ha sabido utilizar el Pacto como herramienta, chantajeándola.

El Pacto no le interesa, ni tampoco a los países de primera acogida, que tendrán que aumentar el número de detenciones y seguir lidiando con el reglamento de Dublín. Pero, en cierto modo, lo ha aceptado a condición de que la Comisión y el Consejo lo sigan, o al menos guarden silencio, sobre el acuerdo elaborado con Túnez, y más recientemente con Albania, aunque este último viole la legislación europea.

Tania Racho: Todo esto también tendrá un coste -los centros de clasificación, su construcción, su funcionamiento-, incluso para Italia. Hay una especie de doble discurso en Italia, donde por un lado quieren desviar barcos con un centenar de personas a bordo, y por otro expedir casi 450.000 visados para trabajadores de aquí a 2025. Hay algo ilógico en dedicar tanta energía y dinero a combatir la inmigración irregular y, al mismo tiempo, repartir visados porque se necesitan trabajadores extranjeros.

El texto se presentó inicialmente como respuesta a la "crisis migratoria" de 2015, y pretendía que los Estados miembros estuvieran preparados en caso de que se produjera una situación similar en el futuro. ¿Cree que ha logrado este objetivo?

Tania Racho: En absoluto. Y ya que hablamos de los sirios, no olvidemos que el número de personas acogidas es ridículo (un millón desde 2011 a nivel de la UE), sobre todo si lo comparamos con los ucranianos (10 millones acogidos hasta la fecha). Es bastante asombroso que algunos no puedan escuchar la comparación. El pacto no solucionará nada, salvo en la narrativa de la Comisión Europea, que piensa que puede hacer frente a llegadas mixtas.

Tenemos exiliados buenos y exiliados malos, no tenemos en cuenta para nada a las personas exiliadas, nos detenemos en los objetivos de gestión cuando existen otras soluciones, como la expedición de visados humanitarios. Se ignoran por completo. Nos hundimos en situaciones dramáticas que no harán más que aumentar las tasas pagadas a los contrabandistas y el número de muertes en el mar.

Sara Prestianni: Si vuelve a producirse una situación así, se aplicará el reglamento de "crisis", que permitirá a los Estados miembros acelerarlo todo. Estaremos en una situación mucho peor, porque se institucionalizarán las barreras al acceso a los derechos. Aquí es donde el Pacto es peligroso. Legitima toda una serie de violaciones, ya cometidas por Grecia e Italia, y normaliza las prácticas ilegales. Oscurece las medidas armonizadas de asilo, acogida e integración. Y en lugar de animar a los Estados miembros a negociar con los países de la orilla sur, no para devolver migrantes o financiar alambradas, sino para abrir vías legales y seguras, se apoya en una lógica de seguridad y exclusión.

Esto resuena fuertemente con la ley de inmigración aprobada en Francia, que supuestamente concilia "humanidad" y "firmeza" (el pacto europeo, por su parte, pretende conciliar "responsabilidad" y "solidaridad"), y que al final se basa enteramente en la represión. Se llegó a un acuerdo sobre ambos textos al mismo tiempo, ¿pueden relacionarse?

Tania Racho: En ambos casos, la única satisfacción fue llegar a un acuerdo, deprisa y corriendo y de una forma bastante inusual, entre la comisión mixta en Francia y el diálogo a tres bandas a nivel europeo. Lo interesante es que la adopción del Pacto requerirá probablemente adaptaciones francesas. Ambas pueden vincularse en el fondo: la idea es tener que gestionar a las personas, en el caso francés con un énfasis particular en la criminalización de los extranjeros, que también se encuentra en el Pacto, donde numerosas herramientas están destinadas a luchar contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Así que hay la misma dirección, el mismo tinte de criminalizar la inmigración y avanzar en la dirección del cierre.

Sara Prestianni: Los Estados miembros han presentado la adopción del pacto como una gran victoria, aunque los detalles no estén del todo claros. Paradójicamente, había una especie de unanimidad en que ésta era la solución. La ley de inmigración en Francia creó más divisiones dentro de la clase política. El pacto no tanto, porque después de tantos años intentando llegar a un acuerdo sobre el tema, el simple hecho de haber encontrado un acuerdo fue visto como una victoria, incluso por los grupos más progresistas. Pero más de cincuenta ONG, que llevan años trabajando sobre el terreno, critican unánimemente el fondo del acuerdo.

La votación sobre el pacto tendrá lugar en la primavera de 2024, en el contexto de las elecciones europeas. ¿Existe el riesgo de que se contagie a los debates sobre inmigración?

Tania Racho: Sin duda habrá debates sobre inmigración durante las elecciones. Existe el riesgo de que todo se mezcle, entre la ley de inmigración en Francia, el pacto europeo, y decir que hay que debatir sobre la inmigración porque es un tema importante. En realidad, nunca lo debatimos como es debido. Y en cada elección europea vemos que no se entiende cómo funciona la UE.

Sara Prestianni: El pacto se votará antes de las elecciones, pero no será objeto de debate. Por otra parte, la migración y el asilo se utilizarán como instrumento de propaganda, muy alejado de la realidad sobre el terreno. Nuestra batalla, en el seno de la sociedad civil, es continuar con nuestro trabajo de vigilancia y denunciar las violaciones de los derechos fundamentales que esta reforma, como otras en el pasado, engendrará.