europa laica
01/04/2023
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) es un impuesto que la Unión Europea ya resolvió hace unos años cuestionando su exención a la Iglesia Católica, justo lo que ahora se da como “acordado”. Al igual que sucedió cuando la normativa comunitaria prohibió que la Iglesia estuviera exenta de pagar IVA y que de nuevo se escenificó en su momento como si de una “renuncia” altruista se tratara. Por tanto, no se trata de ninguna renuncia eclesial, ni habría lugar a contar con el beneplácito de la Santa Sede -con su “asenso”, como se dice en la nota emitida-, sino de simple aplicación legal comunitaria. El fondo del asunto es que todo esto viene como consecuencia de la dejación de soberanía estatal respecto a la Santa Sede que implican los Acuerdos de 1979.
Pero es que, además, sería razonable y de objeto de transparencia conocer los datos de a cuánto ha ascendido la exención que la Iglesia ha tenido por ICIO y por Contribuciones Especiales a nivel total del Estadoen los últimos años. Tendríamos así conocimiento de una estimación de a cuánto se eleva esa “renuncia” eclesial.
Si se argumentara que no se dispone de datos consolidados a nivel estatal por estar dispersos al ser unos impuestos de aplicación municipal, hay que preguntarse entonces de qué renuncia estamos hablando. Porque igual resultaría una sorpresa tamaña “renuncia”, que bienvenida sea, aunque en ningún caso justificaría su bondad en el marco general actual de unas relaciones Iglesia-Estado, claramente mejorables, ni con los más de 12.000 millones que anualmente se financia por distintos conceptos con dinero público a la “corporación católica”, incluidos los beneficios fiscales que disfruta.
En cualquier caso, todo suena a que este acuerdo de mesa camilla con tintes gatopardianos, de cambiar algo para que nada cambie, sirve de cortina de humo para dejar en el tintero contrapartidas evidentes a favor de la Iglesia por parte del Gobierno, como, por ejemplo, seguir mirando para otro lado al dar por buenas las inmatriculaciones de la Iglesia, incumpliendo su propio compromiso de gobierno y de investidura; no exigir que la Iglesia pague el IBI de los bienes eclesiales en los que obtiene un rendimiento mercantil, que actualmente siguen exentos de pagar aunque existe también un pronunciamiento de la Unión Europea denunciando esta situación como una posible vulneración de la normativa comunitaria sobre las ayudas de Estado. Y podríamos seguir apuntando temas.
Este acuerdo forma parte de la pervivencia de los Acuerdos de 1979 que conforman la clave de bóveda que sustenta el marco general existente en las relaciones Iglesia-Estado. Unos Acuerdos que están ahormando la soberanía estatal en temas relacionados con la financiación eclesial, los privilegios fiscales, la presencia confesional en la enseñanza, etc. Unos Acuerdos, que deben ser denunciados y derogados como condición inexcusable para avanzar en democracia en una sociedad que es plural, con respeto a la libertad de conciencia y la laicidad del Estado. Todo lo demás son cortinas de humo.