Guy Standing
10/09/2023
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM [o UNCLOS por sus siglas en inglés), ratificada por 167 países más la Unión Europea, prohíbe la explotación minera de los fondos marinos -una zona que abarca el 54% de los océanos del mundo-. Convenido en 1982, el acuerdo consistía en que la prohibición se levantaría cuando existieran acuerdos internacionales sobre la protección del medio marino y el reparto de los beneficios de esa minería entre todos los países.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM [ISA, por sus siglas en inglés]) se creó en 1994 para elaborar ambos acuerdos. Algo que, sin embargo, no ha hecho.
No obstante, un apéndice de la CNUDM afirmaba que si un Estado parte que colaborase con una empresa minera solicitaba iniciar la explotación minera de los fondos marinos, la AIFM disponía de dos años para elaborar los acuerdos o podría comenzar la explotación minera. En junio de 2021, Nauru y la canadiense TMC (The Metals Company) presentaron su solicitud. Así que, a partir de este mes de julio, la restricción de la CNUDM ha desaparecido.
Algunos gobiernos alarmados, encabezados por España, Alemania y Francia, han exigido una moratoria, alegando los posibles daños ecológicos de la minería de aguas profundas. Cientos de científicos marinos han afirmado que causaría enormes daños, entre ellos la reducción de la capacidad de los océanos para actuar como sumideros de carbono.
Grupos de presión pro-minería
Sin embargo, se ha movilizado un poderoso grupo de presión en favor de la minería. Un editorial de The Economist del 6 de julio llevaba el titular: "El mundo necesita más metales para baterías. Es hora de explotar los fondos marinos". En él se restaba importancia a los riesgos ecológicos, afirmando que los daños serían menores que en la minería terrestre, basándose en un artículo de unos días antes -que parece cosa de relaciones públicas en nombre de la TMC- en el que se afirmaba que "la minería de los fondos marinos es más respetuosa con el medio ambiente que la minería en Indonesia". El editorial afirmaba que la oposición reflejaba "preocupaciones cuestionables de los conservacionistas", sin mencionar a los científicos marinos que llevan de modo principal la iniciativa.
Los promotores de la explotación minera de los fondos marinos la presentan como algo necesario para la "transición verde": los minerales procedentes de fuentes terrestres son insuficientes, argumentan, por lo que se hace "inevitable" la explotación minera de los fondos marinos. Sin embargo, se calcula que se reciclan menos del 5% de las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos, teléfonos móviles y ordenadores portátiles, y no se ha encontrado litio en el mar. Además, acaso las nuevas tecnologías podrían reducir la necesidad de esos minerales.
Si la minería despegara a lo grande, la reducción de la absorción de dióxido de carbono por el océano no constituye la única preocupación. Recientes investigaciones alemanas han demostrado que son altamente radioactivos los nódulos polimetálicos, negros y del tamaño de una patata, que yacen en el lecho marino a miles de metros de profundidad. La extracción de millones de toneladas de estos nódulos podría causar graves daños a la salud humana. No hay pruebas de que quienes están desarrollando un código minero hayan considerado siquiera esta posibilidad.
Preocupaciones geopolíticas
Y eso no es todo. La CNUDM fue un complejo conjunto de compromisos, producto de más de 25 años de tortuosas negociaciones. Estaba motivada por dos preocupaciones geopolíticas: evitar conflictos entre grandes potencias por los recursos de los océanos y garantizar que todo lo que hay en los océanos sea tratado como "patrimonio común de la humanidad".
La incapacidad de la AIFM para hallar una fórmula después de 29 años hace correr el riesgo de que se produzca el mayor acaparamiento de recursos de la historia, en medio de una lucha de poder entre China y algunos otros países con ambiciones mineras. Hasta la fecha, la AIFM ha concedido 31 licencias de exploración, siendo China el país con mayor número, cinco.
En esto se produce una notable ironía. Ya en 1982, China encabezó el grupo de países en desarrollo del G77 al exigir que los beneficios de la minería fueran compartidos por todos. Hoy, mientras un gran grupo de países africanos ha estado presionando para que se aplique un impuesto del 45% sobre los beneficios de la extracción de minerales de los "bienes comunes azules", China ha encabezado la oposición a ello, exigiendo que el tipo impositivo sea sólo del 2% y que la AIFM fomente el capital riesgo para acelerar la inversión empresarial.
Asustado ante la perspectiva de que China amplíe su control de la minería mundial, el gobierno de Estados Unidos manifiesta su alarma ante el predominio chino. Por su parte, Europa también debería alarmarse.
Una Europa dividida
No hay base legal ni moral para permitir que unas pocas empresas multinacionales se beneficien de la inmensa variedad de minerales que existe bajo el mar. Los países europeos deben otorgarle a esta cuestión una prioridad mucho mayor.
Noruega ha declarado recientemente que iniciará la explotación minera en aguas profundas y una empresa noruega, Loke Marine Minerals, ha llegado a adquirir una filial del fabricante de armas estadounidense Lockheed Martin, que había adquirido dos licencias de exploración de la AIFM en colaboración con el Gobierno británico. Así pues, Europa se encuentra dividida.
Hasta aquellos países europeos que han pedido una moratoria sobre la minería de aguas profundas han hecho hincapié únicamente en las preocupaciones ecológicas. No deben descuidar los principios vitales de los bienes comunes y los imperativos distributivos.