Ailynn Torres Santana
13/03/2021
La pregunta de si las cubanas tendríamos razones para incorporarnos al Paro global es, cuando menos, pertinente. ¿Las hay? ¿El orden de las cosas en Cuba admite comunicación con la agenda del Paro? ¿Por qué tendríamos que luchar en Cuba?
En 2017, por primera vez hubo una huelga mundial de mujeres. En más de cincuenta países se programaron acciones colectivas coordinadas y efectuadas por mujeres de diferentes clases sociales; militancias políticas; pertenencias culturales, “raciales”, étnicas; sexo biológico; orientación sexual; edad; condición migratoria. Fue inédito.
Se mostró el número grande y el lazo fuerte de organizaciones de mujeres y feministas. En América Latina, el movimiento ya había ganado potencia y presencia desde 2015 aproximadamente. La gran mayoría de los gobiernos hoy —a diferencia de hace una década— tienen que pronunciarse en torno a asuntos colocados en su programa por los feminismos. La forma en que lo hagan define su calibre conservador, autoritario o progresista.
La huelga global de 2017 planteó preocupaciones feministas mundiales, sin negar las especificidades de cada territorio y de cada experiencia del devenir mujer. Llamó la atención sobre el desigual acceso de las mujeres a empleos y a los cargos de toma de decisiones; sobre nuestra mayor dificultad para mantener esos empleos o para desempeñarlos en condiciones dignas; sobre el trabajo doméstico que realizamos en los hogares y para el cuidado de niños y niñas, personas ancianas o enfermas y que no se remunera ni se reconoce; sobre la violencia machista; sobre la limitación de nuestros derechos sexuales y reproductivos y el avance de los neoconservadurismos religiosos; sobre la necesidad de hacer bloque frente a la injusticia.
Hubo un llamado a Paro de trabajo, cuidados y consumo. También se diseñaron formas de acompañamiento para quienes no pudieran sumarse íntegramente a esa acción. Una consigna principal fue: “Si nuestro trabajo no importa, produzcan sin nosotras”. Poderosa.
Los porqués y los por cuántos de cada uno de los contenidos de esa agenda han sido largamente argumentados por las organizaciones feministas y de mujeres trans, migrantes, indígenas, afrodescendientes, rurales, urbanas, juveniles, sindicales; por las voces intelectuales dentro de las militancias de base y/o en la academia; por las organizaciones internacionales.
El 8M, Cuba y los feminismos. ¿Paramos?
En 2021 es visible en Cuba un espectro diverso de formas de vivir y pensar el 8M. Una línea de discurso y política afirma —como lo hace la Enciclopedia Cubana Ecured hasta este momento— que aunque “durante décadas la fecha fue de reclamos femeninos” hoy “este día es de alegría y reconocimiento a las féminas cubanas”. Por lo mismo, en muchos lugares de trabajo, políticos, comunitarios, se entregarán las flores de rigor. Habrá “felicidades” al por mayor y recordatorios de que somos lo más bello y delicado, flores que enfrentamos los retos con valor y fuerza, la ternura y la mayor inspiración de este mundo. Se celebrará el orden de las cosas en el país, porque garantiza todos los derechos.
Para otras personas hay mucho que celebrar y, a la vez, aún persisten desafíos. Se ha avanzado en el aseguramiento de la equidad de géneros pero es una batalla inconclusa. Persisten “vestigios” que “tenemos que eliminar”. Las agresiones del gobierno de Estados Unidos al pueblo y gobierno cubanos, es principal para entender los límites de la equidad.
Aún para otras, el 8M no es una fecha celebratoria sino conmemorativa y de lucha por derechos y sus garantías. Es un momento para visibilizar desigualdades, tejido colectivo feminista y proponer estrategias a los poderes públicos y/o a la trama de las organizaciones.
Seguramente hay más posturas. El hecho, es que el sentido político del 8M está hoy mucho más en disputa. En 2017, muy poco, casi nada, se habló del Paro Internacional de Mujeres. En 2018 se habló más. Hoy el asunto es audible.
Entendidos como desafíos, derechos en falta, garantías insuficientes o estructuras persistentes de la desigualdad, la pregunta de si las cubanas tendríamos razones para incorporarnos al Paro global es, cuando menos, pertinente. ¿Las hay? ¿El orden de las cosas en Cuba —sus instituciones, sus actores feministas no institucionales, el bloqueo financiero y comercial del gobierno estadounidense al país, los programas y políticas internas— admite comunicación con la agenda del Paro? ¿Por qué tendríamos que luchar en Cuba?
- Por un acceso justo a los recursos y al mercado laboral
Con el triunfo de la Revolución de 1959 se desplegó muy rápidamente un programa intenso de lo que se llamaba “incorporación de las mujeres al trabajo asalariado”. Se consideraba —al igual que dentro de las organizaciones de mujeres socialistas— que ese sería el camino para la “liberación de la mujer”. En Europa del Este, en 1980, las mujeres eran la mitad de la fuerza laboral. En Europa occidental, en la misma fecha, eran el 32% y en América Latina, el 22%.
En Cuba, la inclusión de las mujeres en los llamados “sectores productivos” y en las “tareas de la Revolución” fue muy rápida. En América Latina también aumentaba la participación laboral de las mujeres, pero de modo más lento y en peores condiciones. Más mujeres empezaron a contar con recursos propios. El proceso, sin embargo, tuvo un techo. Después de 1990 se desaceleró la inclusión de mujeres en el trabajo asalariado. La caída del campo socialista, la crisis económica y el freno en el crecimiento de los círculos infantiles fueron factores fundamentales.
Hoy, la tasa de participación laboral de las cubanas es de 53.3%. Eso quiere decir que casi una de cada dos mujeres en edad laboral no tiene empleo formal. La cifra es ligeramente más baja que el promedio regional: 54%. La brecha respecto a la tasa de participación laboral de los hombres es de más del 20%, también como en el promedio de países de la región.
Las cubanas están teniendo barreras para acceder a los mercados de trabajo. Sabemos que eso limita nuestra autonomía económica y, en consecuencia, nuestras capacidades de negociación y toma de decisiones dentro de los hogares; dificulta la salida de ciclos de violencia y reproduce relaciones de dependencia. Además, así el país subutiliza las capacidades de las mujeres, que en Cuba tienen altos niveles educativos. Que seamos más del 60% de quienes participan del sector de la ciencia, por ejemplo, es cierto; y no cambia en nada la baja participación en los mercados laborales de las no científicas.
El sector privado, que en general ofrece mayores ingresos, plantea más barreras para las mujeres, que son cerca del 34% de quienes lo conforman y parece ser que la mayoría de ellas en calidad de asalariadas y no de dueñas de negocios.
En el caso de las mujeres rurales la situación se agrava. Y aún más para las personas trans; un estudio realizado en 2017 verificó que sólo algo más de un tercio (39.9%) se encontraban vinculadas al estudio o al trabajo, que 43% estaba buscando trabajo y que los estereotipos hacia ellas eran una barrera potente para su autonomía económica.
Entonces, la desigualdad en el acceso al trabajo asalariado es un problema en Cuba, con perjuicio para las mujeres. El acceso a la educación y a la salud, que son públicas y universales, no depende de su vinculación laboral pero eso no elimina su dependencia económica. Hasta el momento no hay políticas públicas claras al respecto. El problema no es contenido de la “actualización” ni del “ordenamiento”. Por lo dicho, no es vestigio. Es una estructura. Es urgente politizar esta situación y actuar sobre ella.
- Por la garantía de derechos laborales para las mujeres y todas las personas en todos los sectores de la economía
El Código de Trabajo reconoce derechos laborales amplios para todas las personas. Uno de ellos, notable en el mapa regional, es la licencia de maternidad y paternidad. En Cuba, como en Chile y Paraguay, la licencia por nacimiento de hijos o hijas es de 18 semanas; además, puede ser compartida entre la madre y el padre y pueden añadírsele, a su término, otras licencias retribuidas o no retribuidas. Existen también, para el sector estatal, licencias no retribuidas por cuidados de familiares.
Estos derechos laborales son robustos y tienen garantías en el sector estatal de la economía. En el no estatal, que acoge a más del 32% de las personas ocupadas, no es así. De hecho, es muy posible que eso defina los problemas para el acceso o la permanencia de las mujeres en el sector no estatal, y especialmente al sector privado. Allí los derechos laborales no tienen garantías, son frágiles, no están bien reglamentados. Las razones son múltiples.
Una, importante, es que no hay reconocimiento de las pequeñas y medianas empresas y, por tanto, el aparato burocrático no tiene cómo exigir cumplimiento de derechos laborales. Otra, es que no hay inspecciones con ese fin. Además, que no existen incentivos para el cumplimiento de derechos laborales. En 2017, la Federación de Mujeres Cubanas llamó la atención, en un artículo de la prensa estatal, sobre esa situación. La limitación de derechos laborales es pan de cada día para las trabajadoras asalariadas en el sector privado. Para las que no tienen contrato, aun más, porque caen en la bolsa del sector informal que queda al margen de toda norma. Ese escenario plantea un problema. Al respecto no se han tomado acciones en los últimos años. Es, sin embargo, otra urgencia.
- Por una política nacional de cuidados
Mujeres y niñas dedicamos 12.500 millones de horas diarias, alrededor de todo el mundo, a cuidar a otras personas (niños, niñas, personas ancianas o enfermas) y a asegurar que los hogares funcionen (cocinan, lavan, buscan agua donde no hay servicio, alimentos… y mucho más). Eso lo hacemos sin remuneración alguna, sin reconocimiento y muchas veces en condiciones en extremo precarias. Ese trabajo, sin embargo, tiene valor: valor humano y valor monetario.
Se ha calculado que en América Latina, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizamos principalmente las mujeres equivale a entre el 15% y el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países. En Cuba sucede lo mismo: el único cálculo existente arroja para el 2001 una cifra del 20%.
Cuba, como Uruguay y Chile, está demográficamente envejecida. Crecen las necesidades de cuidados a medida que hay más población adulta mayor, y a ello se suma la de niños, niñas y adolescentes, personas enfermas y con dependencia física o mental.
Una política clave en la historia del “socialismo real” fue la socialización de los cuidados vías guarderías públicas, lavanderías populares, comedores obreros, etc. En Cuba también sucedió. Muy tempranamente se comienzan a crear los círculos infantiles (1961) y otros servicios que contribuían a descargar a las familias (y a las mujeres) de esos trabajos.
Al presente, los servicios, políticas y normas relacionadas con los cuidados son insuficientes, no están pensados para horadar la división sexual del trabajo y constituyen una barrera importante para que las mujeres puedan acceder al empleo. Los círculos infantiles estatales, por ejemplo, cubren solo cerca del 23% de la demanda potencial. Sucede lo mismo con los hogares permanentes o diurnos para personas ancianas. La asistencia social para madres cuidadoras de hijos o hijas con discapacidad severa ha disminuido a la mitad en la última década.
De acuerdo con la información del último Censo Nacional (2012), de cada 100 personas que no tienen empleo formal ni lo están buscando, 44 se dedican a “quehaceres del hogar”; y de cada cien de ellas, 91 son mujeres. La última Encuesta sobre Igualdad de Género, por su parte, mostró la brecha entre hombres y mujeres respecto al uso del tiempo: las mujeres dedican unas 14 horas semanales más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Los “Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución” (2011) reconocieron que el trabajo de cuidados es central en Cuba, pero la Constitución de la República (2019) situó a la familia como la principal responsable de los cuidados. Con esa norma, además, las cubanas perdimos la oportunidad de que se reconociera que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es trabajo; ahí se continuó definiendo al trabajo como solo aquel que se realiza en el marco de relaciones monetarias.
Por la crisis económica que vive el país podría parecer que es imposible pensar todo eso. Sin embargo, muchas veces se trata de una reestructuración de los servicios existentes, de repensar las normas, de estimular la corresponsabilidad empresarial y del sector privado, comunitario, cooperativo, y de diseñar políticas eficientes que fuercen la corresponsabilidad de los varones. En definitiva, se trata de que los cuidados que están en el centro de la vida vayan al centro de la política.
En febrero de 2020 se realizó en Cuba el Primer Taller Nacional sobre Cuidados. Hasta el momento no ha habido cambios en la política pública. Un Paro de cuidados en Cuba visibilizaría la entidad de lo que estamos hablando. Nuestro trabajo importa.
- Por programas efectivos de educación sexual integral. Por acceso a anticonceptivos y a productos para la higiene menstrual
Cuba es uno de los cinco países de la región donde es posible la interrupción voluntaria de los embarazos. Antes del triunfo de la Revolución ya había una interpretación flexible del Código de Defensa Social de 1936 pero fue a partir de la mitad de los 1960 cuando los servicios se expandieron en acceso y garantías.
Organizaciones y colectivos feministas alrededor de todo el mundo continúan luchando por la autonomía sobre el propio cuerpo; en especial, por el derecho a la libre interrupción de los embarazos. En Cuba es una garantía, aunque sabemos que en territorios rurales o alejados de cabeceras provinciales hay problemas de acceso. La Constitución (2019) reconoció los derechos sexuales y reproductivos y esa fue una de sus buenas nuevas.
Un asunto distinto pero relacionado y con carencia para las cubanas es la necesidad de programas de amplio alcance y eficientes de educación sexual. Una muestra de que los existentes no funcionan son las altas tasas de embarazo y natalidad adolescente en el país, si se comparan con las tasas de embarazo generales. Se ha demostrado, además, que la procedencia de las zonas rurales, el color de la piel negro y mestizo, los bajos grados de escolaridad son variables que muestran una relación significativa con la fecundidad en la adolescencia. Esa es, entonces, una carencia. Las posibilidades de sinergia institucional en Cuba son una fortaleza para poder desplegar programas más eficientes y atractivos para niños, niñas y adolescentes, que hoy tienen limitaciones.
En sentido similar, hay un problema grave de acceso a anticonceptivos, especialmente condones. Las estadísticas de cobertura anticoncepcional son altas. Pero ese problema se verifica en la realidad. El 7 de marzo la revista Alma Mater publicó un extenso reportaje sobre la crisis de disponibilidad de esos anticonceptivos. De las 106 farmacias de 75 municipios del país con las que se comunicaron, en solo dos había condones. Las razones del desabastecimiento que dan funcionarios están relacionadas, por ejemplo, con “la morosidad de algunas entidades del sector en la adquisición de estos”. El Toque informó, por su parte, que “la importación de condones se ha visto afectada por el bloqueo de Estados Unidos”. Problema similar existen con los productos de higiene menstrual.
La consigna feminista reza: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Respecto a dos de las tres patas de esa mesa, en Cuba necesitamos trabajar a conciencia, con urgencia y sin morosidad.
- Por políticas específicas para población trans, mujeres rurales, racializadas y migrantes internas
La mujer, en singular, no existe. Existimos las mujeres, diversas. Las políticas y el trabajo por la equidad necesitan reconocer esa diversidad y las vías por las que esa diversidad se convierte en desigualdad. Nunca las mujeres latinoamericanas fuimos tan desiguales entre nosotras como en este momento.
En Cuba, sabemos que la desigualdad de género se cruza con otras: raciales, de identidad de género, territoriales, de edad, de condición socioeconómica. Es imprescindible considerarlo para las acciones que intervengan la desigualdad que en efecto existe. Que el Índice de Desigualdad de Género sea más alto en la zona Oriental cubana, más rural y con población negra y mestiza, afirma ese hecho.
La posibilidad de un cupo laboral trans y otras políticas de acción afirmativa son vitales. La prioridad de créditos y tierras para mujeres rurales o los incentivos para emprendimientos de ellas, podrían estar en agenda. La efectiva puesta en marcha de políticas contra las discriminación racial, también. Su voz, en nombre propio, en espacios de decisión y medios de comunicación, es vital.
- Por el matrimonio igualitario, las familias diversas y contra los fundamentalismos religiosos
Uno de los desafíos grandes que tiene la Cuba por venir es el del referendo del Código de las Familias. Es la única norma, de las 107 que están bajo modificación o creación, que tendrá que pasar por ese proceso. Ese fue el resultado de una disputa de alta intensidad donde los neoconservadurismos religiosos y no religiosos mostraron un pulso fuerte.
Medios de comunicación estatales e instituciones de distinto tipo están haciendo un trabajo sistemático de visibilización de los derechos de las personas LGTBIQ+ y de apuesta por un Código de las Familias diversas. Las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos, religiosas y no religiosas, también trabajan en sentido convergente y hacen veeduría activa de contenidos excluyentes en la televisión estatal. A la par, los neoconservadurismos hacen lo suyo y se expanden.
El reconocimiento de las familias diversas y la aprobación del matrimonio igualitario tienen que ser un hecho. Por lo pronto, fue aplazado su referéndum previsto para el 2021 y no hay nueva fecha firme. La convergencia entre voces colectivas institucionales y no institucionales sobre la necesidad de un Código inclusivo necesita verificarse sin más dilación. También un trabajo más claro y de mayor alcance contra la influencia de los neoconservadurismos religiosos.
- Por una Ley Integral contra la violencia de género y políticas públicas que aseguren su cumplimiento
La violencia de género es el campo, de calado feminista, que más desarrollo ha tenido en los últimos años y en las esferas públicas cubanas. La publicación en 2019 de la primera cifra de feminicidios en el país (correspondiente al 2016), permitió ejercicios comparativos que posibilitaron el dimensionamiento del problema en Cuba, así como análisis cualitativos de las dinámicas internas y las posibilidades de intervención en el problema. La mencionada Encuesta sobre Igualdad de Género también aportó mucho en ese sentido.
El tema venía trabajándose hacía décadas en el activismo feminista y en espacios institucionales, pero no tenía la presencia que tiene hoy. Se ha producido una notable diversificación de actores que trabajan sobre el problema y eso ha sido clave para su reconocimiento y visibilización que ha llegado, incluso, al discurso presidencial.
Del lado institucional ha habido anuncios importantes que deberían asegurar avances en la lucha contra la violencia machista en un sentido amplio. La Constitución, con su artículo 43, comprometió al Estado con ello. La Federación de Mujeres Cubanas, en otras alianzas institucionales, anunció una Estrategia Integral de prevención y atención a la violencia de género. También hubo noticia de una línea telefónica para la atención a estos casos y recientemente se publicó una guía para quienes hagan la orientación. En días pasados, la FMC anunció que se elaboraría un Observatorio de Género para unificar la información sobre violencia. Se ha comenzado a hablar también sobre parto respetuoso, en atención a un mayor debate sobre violencia obstétrica; tema que se incluirá en la nueva Ley de Salud Pública y que ha ganado atención ciudadana. Medios estatales dan espacio a columnas sobre temas de género. A finales del 2020, el sitio oficial del Parlamento afirmó que el “enfrentamiento a la violencia de género era una prioridad para el Estado cubano”.
Del lado de la sociedad civil el tema ha ganado peso. En 2019 cuarenta cubanas presentaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular una Solicitud de Ley Integral contra la violencia de género que fue rechazada. Voces individuales y colectivas continúan aportando por su inclusión en el cronograma legislativo. También desde la sociedad civil la Plataforma de apoyo y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia machista en Cuba Yo Sí Te Creo, inauguró un Observatorio de Feminicidios que verificó 27 feminicidios y 3 asociados en 2020 y en 2021 ya cuenta ocho. La cifra subregistra la realidad, que debe ser mayor. Medios de comunicación independientes han abierto coberturas específicas o mantienen columnaspara debates sobre género.
Finalmente, el cruce entre violencias políticas y violencias de género ha ganado visibilidad desde distintos frentes. Voces oficiales de mujeres han denunciado agresiones en ese sentido. Mujeres de la sociedad civil, opositoras o no al gobierno, han hecho denuncias en el mismo registro, alegando tratamientos violentos de acceso al cuerpo durante detenciones policiales. Entonces, ya el lenguaje de la violencia política y sus cruces con la violencia de género es parte de la conversación pública, con lo cual es de esperar que cualquier norma, estrategia o política sobre violencia de género, incluya también esa dimensión.
La prensa estatal anunció recientemente la aprobación del decreto presidencial 198, correspondiente al Programa de Adelanto de la Mujer. Ya sabemos que ese programa incluye siete ejes, algunos de los cuales responden a varios puntos del pliego anterior. Su contenido, forma y plazos de realización deberían poder ser analizados y acompañados por todas las voces feministas posibles comprometidas con la justicia integral.
- Por un espacio organizativo feminista diverso
Ninguna lucha social es monopolio de un actor único. Los feminismos, menos aún. A la vez, quienes participan del espacio público se transforman en ese ejercicio, porque la participación ciudadana produce política y eventualmente transforma a los actores en el curso; a veces para bien, a veces no.
Hoy, uno de los desafíos enormes del campo feminista cubano y/o de organizaciones de mujeres es producir diálogos políticos. Es un ejercicio difícil pero imprescindible: listar las posibles confluencias y, también, descubrir los antagonismos, las incompatibilidades. Pero ese tiene que ser el resultado de un proceso y no un punto de partida. Despachar a todos o buena parte de los esfuerzos feministas no institucionales sin argumento cierto ni razonado, es un error craso. Aspirar a intervenir en el orden de las cosas al margen de la vida institucional, también. Producir una política viciada y definida por un orden del “nosotras” y las “otras” sin haber dados los pasos previos que incluyen, por ejemplo, debatir los temas listados antes, es una muerte segura. La visión instrumental de la acción política que se expresa por la definición de adversarios es todo lo contrario a la gramática feminista.
Los feminismos son un actor de la justicia. Y la justicia es una trinidad: redistribución, reconocimiento y participación en la vida pública.
Hacer eso supone afrontar riesgos y muros potentes. En este momento, uno de los más preocupantes es la instrumentalización de la lucha feminista por actores, de distinto signo ideológico, que poco dicen o pueden decir, poco aportan o pueden aportar, y mucho daño hacen y pueden hacer, a la lucha contra las desigualdades y la injusticia.
Todos los temas listados antes, que conforman un pliego mínimo, incompleto, contextual y argumentado de necesidades cubanas, requieren someterse a crítica, construcción colectiva, alimentarlo o depurarlo. Hacerlo es clave para Cuba, para las cubanas. Un programa socialista, tal como lo ha demostrado la historia, no puede estar ajeno o ser superficial o moroso con estos problemas. Si las mujeres paramos, se para el mundo, todos los mundos, también el mundo cubano.