El laberinto de la política argentina

Elecciones legislativas

El domingo 14 de noviembre se celebraron en Argentina las elecciones legislativas de medio término en las cuales se renovaron parcialmente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación Argentina. Se trató de las elecciones generales, luego de que el 12 de septiembre pasado se realizaran las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) donde los distintos espacios políticos debieron dirimir quiénes encabezarían sus listas definitivas en las generales. “Celebrar” es quizá una expresión protocolar, dada la compleja situación social, económica y -como intentaremos presentar en este breve artículo- política en la que se encuentra sumida la nación argentina. En rigor, se eligieron diputados en los 24 distritos electorales y senadores en 8 de ellos. A partir de diciembre, la nueva cámara baja se caracterizará por una mayor paridad entre las dos principales fuerzas, la alianza Juntos y la coalición gobernante Frente de Todos. La cámara alta, por su parte, tendrá la particularidad, por primera vez en 38 años, de no contar con la mayoría automática en manos del peronismo en sus distintas variantes.

Analistas de las más variadas vertientes político-partidarias suelen oscilar entre dos extremos maliciosos a la hora de sus comentarios coyunturales: la estrechez de miras atada a la entronización del dato duro estadístico descontextualizado, por un lado, y la pura improvisación narrativa carente de apoyo estadístico. Con humildad y cautela, intentaremos pararnos en el punto medio entre ambos polos.

Para comenzar, una cifra: la elección del domingo fue la segunda con menor participación electoral desde el retorno de la democracia en Argentina en 1983. Solamente asistieron a los comicios el 71% de los ciudadanos presentes en el padrón electoral. Un dato que agrega dramatismo: este nivel de ausentismo solo se superó en las elecciones primarias de septiembre, donde la participación fue solamente del 66%. Una comparación espeluznante es la que arroja el guarismo de participación electoral de las presidenciales de hace solo 2 años, cuando cerca del 81% de los ciudadanos empadronados emitieron su voto. Algunos señalan un dato real, aunque poco tranquilizador, que indica que existe una tendencia de menor participación en las elecciones de medio término que en las presidenciales. Serviría de consuelo si no fuera porque en 2017, aun concediendo esta advertencia, la participación alcanzó el 77,61%.

En septiembre los comentadores políticos habituales sostenían que la baja participación se debía a la todavía muy compleja situación sanitaria producto de la pandemia. Dos meses después, con las actividades sociales (deportivas, nocturnas, gastronómicas, etc) prácticamente liberadas y colmadas de asistentes, esa excusa sirve de poco. Hacia el final de este artículo intentaremos buscar una posible lectura a esta realidad.

Los resultados: ni vencedores ni vencidos

El domingo por la noche, luego de que fueran cargados los primeros resultados y las pantallas de televisión fueran decoradas con porcentajes sueltos y periodistas desconcertados, nadie pudo proclamarse ganador con firmeza. Sucede que el mapa electoral, si bien arroja una abrumadora victoria de la alianza Juntos (ex Juntos por el Cambio, ex Cambiemos, y así podríamos seguir y rastrear sus orígenes hasta 1976), es incapaz de dar una explicación satisfactoria a los resultados. En un país con una concentración poblacional tan marcada como la de Argentina, las elecciones nacionales suelen inclinarse hacia un lado u otro en base a los resultados de los distritos más poblados: principalmente la Provincia de Buenos Aires, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En otras palabras, 5 distritos de un total de 24 pueden definir una elección.

La ¿derrota? del Frente de Todos

En ese contexto, dados los resultados de las elecciones primarias, el escrutinio dominical fue una sorpresa para muchos. En septiembre, el gobierno había afrontado una furibunda derrota en prácticamente todos los frentes y, por sobre todos, el de la Provincia de Buenos Aires. Bastión histórico del peronismo, solo brevemente arrebatado por el macrismo en el período 2015-2019, se había reconstituido como centro de poder político de la coalición gobernante con la aplastante victoria en las elecciones de 2019 que también sirvieron para consolidar el triunfo a nivel nacional de la fórmula Fernández-Fernández. En septiembre, la alianza Juntos irrumpió con una contundente victoria. Aquella había estado marcada no tanto por un aumento en su caudal de votos sino por una sangría en los apoyos a la alianza peronista.

El domingo pasado, sin embargo, pareció ser efectivo el plan efectuado desde septiembre por el gobierno nacional de recuperar el terreno perdido. Lo hizo a partir del fomento a la movilización de sus votantes ausentes en septiembre y mediante la recomposición parcial de los ingresos reales de los argentinos. El gobierno logró recortar la diferencia de 5% a menos de 2%, lo que significa que cosechó cerca de 300 mil votos más con respecto a septiembre.

De la misma forma, aun con una derrota categórica en la Ciudad de Buenos Aires (fortaleza macrista desde 2007 en adelante), la del domingo fue la mejor elección de medio término del kirchnerismo en las últimas décadas, lo que le permitió sumar legisladores en la asamblea local y fortalecer su capacidad de negociación con el macrismo en la pésima gestión de la capital nacional.

En los otros tres distritos mencionados (Córdoba, Santa fe y Mendoza), el peronismo sufrió un golpe duro, marcado por la abismal diferencia en favor de la alianza macrista en Córdoba (donde el kirchnerismo apenas superó el 10% de los votos) y dos también dolorosos “segundos puestos” en Santa Fe (donde en 2019 había sido electo un gobernador miembro del Frente de Todos) y en Mendoza, una esquiva provincia de tradición conservadora. Asimismo, podemos agregar que el Frente de Todos perdió el terreno recuperado en 2019 en la provincia de Entre Ríos, donde esta vez se llevó el triunfo por gran diferencia el candidato macrista.

En términos generales, el gobierno tiene poco que celebrar, ya que perdió más de 2 millones de votos con respecto a las elecciones de 2019 (siempre con la salvedad del brutal descenso de participación en comparación a aquella elección), perdió su mayoría en la Cámara de Senadores y se ve francamente complicado en la cámara de diputados donde hasta el momento había logrado desempeñarse con relativa facilidad. Aun con todo, tiene a su favor la importante remontada en Buenos Aires y haber mejorado su rendimiento en prácticamente todos los distritos provinciales y municipales a nivel nacional con respecto a septiembre.

La recomposición de la Alianza Juntos

La indiscutible victoria de la oposición en las elecciones del domingo fue amargada por lo ocurrido en Buenos Aires y en la Capital Federal. En esta última no solo por la “buena” elección del kirchnerismo sino por la mala elección de María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y hada madrina del macrismo aparentemente dialoguista. Asimismo, la irrupción del candidato de ultraderecha (que será comentada a la brevedad) Javier Milei significó un duro golpe para el macrismo, que deberá soportar una Legislatura local con 5 representantes ultraliberales que sin duda obstaculizarán (veremos de qué forma) sus planes de convertir a la Ciudad de Buenos Aires en la usina de la especulación inmobiliaria y el cemento.

En cuanto al resto del país, Juntos puede festejar sus impactantes victorias en los distritos más importantes y unos sorpresivos resultados que le darán una mayor presencia en la Cámara de Senadores.

Lo que queda por ver de aquí en adelante es la manera en la que el macrismo digerirá sus pujas internas. Luego de la humillación de 2019, la coalición sufre de una acefalía latente puesto que Mauricio Macri sigue reconociéndose líder del espacio mientras que su figura es cuestionada por derecha y por ultraderecha a diario. Los resultados del domingo también tendrán su influencia en la sucesión de Macri. El ala -múltiples comillas mediante- moderada liderada por Horacio Rodríguez Larreta, actual alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, salió debilitada. Luego de conseguir que alfiles de su sector encabezaran las listas en Buenos Aires y la Ciudad, los resultados de ambos distritos menguan su capacidad de enfrentar al gobierno nacional en 2023. Los principales beneficiarios de esta circunstancia son, por un lado, los representantes “federales” del espacio, dirigentes en distritos de menor densidad poblacional pero con mayor capacidad de articulación política, a saber: Gerardo Morales, gobernador de Jujuy; Luis Juez, electo senador por Córdoba; Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de Macri y recientemente electo diputado en Entre Ríos; además del tándem mendocino Cobos-Cornejo. Por el otro, también debe regodearse la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, quien en una suerte de “renunciamiento martirizante” había cedido su lógico lugar en las listas electorales de Capital Federal o Buenos Aires en manos del ala moderada. Bullrich constituye el sector más radicalizado de la alianza macrista y no ha dudado en coquetear con las fuerzas de la ultraderecha recientemente conformadas, cuyos líderes -y votantes- tampoco pierden oportunidad para reconocer su liderazgo e importancia.

¿Qué pasa con los extremos?

La elección, además de todo lo anterior, se diferencia de los comicios de los últimos lustros por el crecimiento de la ultraderecha paleolibertaria, hacia el extremo derecho, y de la izquierda trotskysta, hacia el extremo izquierdo.

Si sumamos las candidaturas de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires y las de José Luis Espert y Cynthia Hotton en la Provincia de Buenos Aires, observamos que la ultraderecha cosechó casi un millón y medio de votos. Se trata de espacios de reciente conformación que vienen a representar un electorado flotante pero siempre presente en la historia política argentina. Con el declive político del macrismo, afloraron a su derecha expresiones previamente contenidas en su estructura y que recogen las insinuaciones ultraliberales, antidemocráticas y aporofóbicas que el macrismo dejó colgando en su período de gobierno. Sus candidatos, especialmente Espert y Milei, llevan años como invitados estelares de la televisión propagando un discurso netamente violento que intenta tensionar el debate político hacia posiciones antiestatistas, antiderechos y antifeministas.

El progresismo intelectual ha encendido las alarmas a raíz del avance electoral de estas fuerzas. Estos espacios parecen cosechar del carácter histriónico de sus candidatos, la complaciente recepción que consiguen en los medios de comunicación y, por sobre todo, del conservadurismo (cada vez menos) subterráneo de una importante parte de la ciudadanía argentina, hastiada de la pobreza, la inoperancia de la clase política y que no se siente reflejada en las agendas identitarias en las que el progresismo suele refugiarse.

Contrario a muchos de los análisis que venimos escuchando y leyendo, estas fuerzas no coinciden mecánicamente con los sectores de mayores ingresos y tradiciones aristocráticas. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei (al igual que el kirchnerismo) obtuvo sus mejores resultados en la zona sur de la capital, donde la desigualdad que caracteriza a la Ciudad se hace carne de forma más desvergonzada. Es difícil hacer la misma lectura para el caso de Espert. Candidato en la provincia, se enfrentó a un terreno donde las posiciones más conservadoras suelen estar incorporadas a las fuerzas tradicionales, merced a aparatos territoriales mucho más desarrollados e identidades políticas tradicionalmente más fuertes que en la Ciudad.

Una parte del éxito electoral de estos espacios puede explicarse por su discurso “antisistema”. Duela a quien le duela, luego de años de una izquierda acomodaticia a los intereses del establishment económico (sea por correlación de fuerzas, sea por incapacidad o sea por voluntad política) surtió efectos devastadores como los del domingo. Es así que un personaje minúsculo como Javier Milei, economista poco reputado, escritor de libros de dudosa validez científica, orador deficiente, ex asesor de grupos económicos y espacios políticos deudores de la última dictadura militar, puede presentarse como un candidato “anticasta”.

En el caso de la izquierda trotskysta, los comicios significaron un resultado histórico. Con respecto a 2019, obtuvieron alrededor de 900 mil votos más. A su vez, lograron conseguir un escaño por la Ciudad de Buenos Aires luego de 20 años. Y como si esto fuera poco, dieron la sorpresa en la provincia de Jujuy, lindera con Bolivia y de fuerte presencia de pueblos originarios, en la que el Frente de Izquierda logró un escaño para Alejandro Vilca, obrero recolector de residuos.

En tiempos de crisis como el nuestro, los extremos del espectro político suelen beneficiarse. Pero sería injusto atribuir los buenos resultados de la izquierda solo a aquella circunstancia. Más bien conviene resaltar el largo y paciente trabajo de militancia de sus bases en los últimos años, además de una buena campaña electoral. Su candidata en la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, fue la única capaz de enfrentar a Javier Milei en sus arrebatos caprichosos contra el Estado y la “casta”. Quizás si el gobierno hubiera hecho lo propio a nivel nacional contra el macrismo habría conseguido un mejor resultado. Otro ejemplo igual de categórico para estos casos, aunque en Chile, fue el de Gabriel Boric en el último debate presidencial frente al pinochettista José Antonio Kast.

Aun con un bloque de 4 diputados a partir del 10 de diciembre, la esperanza del crecimiento de la izquierda tiene corto alcance. No solo por las tendencias polarizantes que seguramente actuarán de aquí hacia las presidenciales de 2023, sino porque la izquierda trotskysta se ha demostrado inflexible a la hora de apoyar políticas de todo punto populares como el Impuesto a las Grandes Fortunas aprobado el año pasado en Argentina. Entre el hiperrealismo paralizante del gobierno y el infantilismo ultraizquierdista del Frente de Izquierda, los únicos beneficiados son los grupos económicos y sus infames abogados políticos.

¿Cómo se llegó aquí?

Como decíamos al inicio, nadie se pudo declarar vencedor de las últimas elecciones. O mejor dicho, todos tienen algo que festejar. La ultraderecha festeja su ingreso a la tan vilipendiada estructura política estatal; la izquierda celebra su excelente elección y su grupo parlamentario de 4 diputados; la oposición festeja no haber perdido votos con respecto a 2019; el gobierno se contenta con no haber sido aplastado en su bastión y haber mejorado mucho su performance desde septiembre.

Lo llamativo, como dijimos, fue la sangría de votos que sufrió el peronismo unificado si se tiene en cuenta la elección de hace solo 2 años. Fueron 2 millones de votos que o bien no participaron de la elección o bien migraron a otras fuerzas.

De todas formas sería reduccionista cualquier análisis que no tuviera en cuenta de qué forma llegó el Frente de Todos al gobierno y qué sucedió en estos dos años de mandato. Alberto Fernández alcanzó la presidencia con un esperanzador triunfo sobre Mauricio Macri después de 4 años de destrucción de la economía, pauperización extrema de la sociedad argentina y deterioro de los derechos y garantías de todos los ciudadanos y ciudadanas del país.

Su programa: recomposición de los ingresos, negociación de la calamitosa situación de deuda que el macrismo felizmente construyó a pasos agigantados en solo un mandato, recuperación del tejido industrial y una serie de reformas de carácter netamente progresista. Luego de 90 días de relativa tranquilidad y con un macrismo en estado de shock, la desgracia de la Pandemia del COVID-19 trastocó sus planes, como a todos los gobiernos del planeta.

La gestión sanitaria de la pandemia fue buena. Se evitó el colapso sanitario y el plan de vacunación ha sido un éxito impresionante. Pero a todos los oficialismos les ha sido dificultoso enfrentarse a una circunstancia en la que es casi imposible evitar gran cantidad de muertes, de las que la oposición macrista no dudó en apropiarse políticamente de forma mezquina.

Con una economía con dos crisis rutilantes en 6 años (la macrista y la pandémica) y un gobierno desgastado políticamente por la mella constante de la oposición política y mediática, los comicios no llegaban en el mejor momento. Asimismo, una serie de traspiés políticos y simbólicos de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner contribuyó a su derrota: imágenes del presidente violando las restricciones sanitarias (imagen pacientemente guardada por la oposición para ser publicada antes de las elecciones), marchas atrás en momentos claves de su gestión como la expropiación de la cerealera Vincentín, entre otros.

Los datos económicos son contundentes y su peso simbólico es aún mayor cuando responden a la gestión de un espacio político que llegó al poder prometiendo la recomposición del nivel de vida de los y las trabajadoras. De los aproximadamente 20 millones de trabajadores argentinos, solo 6 millones corresponden a los empleos formales privados. Esto es: solo un tercio de los trabajadores cuentan con la protección sindical (en un país con un movimiento obrero organizado de impresionante fuerza) y derechos laborales como indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, obra social, etc. Es la misma cantidad neta de trabajadores formales que en 1975, cuando la población era la mitad de la actual. Los otros dos tercios están compuestos por 7 millones de trabajadores informales (de la economía popular, cuentapropistas, etc), 3,8 millones de empleados públicos de todas las categorías (esta es una cifra que de todas formas esconde el gran nivel de precarización que constituye el régimen de contratación estatal) y 3,7 millones de trabajadores semi-formales.

Esto determina un altísimo nivel de desprotección de gran parte de las familias trabajadoras frente a los vaivenes de una economía inestable como la argentina. En 2020, producto del parate total de la producción impuesto por el Covid-19, el Estado nacional respondió de forma rápida (aunque obviamente insuficiente) para contener a estos sectores.

En 2021, sin embargo, la gestión económica encabezada por el Ministro de Finanzas Martín Guzmán (también responsable de la negociación de la deuda externa privada y con organismos multilaterales) decidió mantener un equilibrio fiscal y una restricción del gasto social necesario por la dramática situación social de gran parte de la población. Es así que en los tres primeros trimestres de 2021 se registraron fuertes caídas reales en las erogaciones sociales como Jubilaciones y Pensiones, Programas sociales varios, Asignaciones Familiares y Prestaciones Sociales. Solo las Pensiones sociales no contributivas lograron crecer (lo que incluye a la política social emblema del kirchnerismo: la Asignación Universal por Hijo).

Entre 2017-2021, además, se registró una caída del 8% en la participación de los salarios en el PBI, contracción solo superada por lo ocurrido a principios de los 90’ en el gobierno de Carlos Menem.

El trasfondo de este escenario no es otro que la negociación que lleva el Estado argentino con un viejo conocido de nuestro país: el Fondo Monetario Internacional. Argentina es actualmente el mayor deudor del Fondo gracias al préstamo de 57 mil millones de dólares -el más grande de la historia de la institución- que la anterior dirección del organismo concedió al gobierno de Macri como un intento desesperado de financiar su reelección en 2019. Se trata de un acuerdo que viola los estatutos del propio FMI. Asimismo, por mucho que el propio organismo se presente como una nueva institución, alejada de las presiones económicas y políticas a sus países deudores para impulsar reformas ortodoxas, la realidad marca una clara continuidad con la peor de sus tradiciones.

Como si esto fuera poco, el economista y periodista Alejandro Bercovich, en su programa de televisión “Brotes Verdes”, emitido por la señal de noticias C5N, reveló que el gobierno cuenta con una encuesta cualitativa en la que se recoge que un tercio del electorado argentino cree que la deuda con el FMI fue contraída por esta administración.

Frente a esta situación, el gobierno se encuentra en una encrucijada. Por un lado, buscar por medio de negociaciones un improbable acuerdo que contente las exigencias del Fondo y no signifique una nueva pulverización de la sociedad argentina y los intereses nacionales. Por el otro, recoger el guante que el propio Frente de Todos planteó en la campaña de 2019 y presentarse con una posición dura basada en la ilegalidad del acuerdo y, asimismo, en la capacidad negociadora que paradójicamente otorga el hecho de ser el principal deudor del organismo.

En esta, la madre de todas las batallas, no solo se juegan los destinos de una generación argentina, sino los de la coalición peronista. Luego de los atronadores resultados de las primarias, el ala liderada por Cristina Fernández atribuyó la derrota a la falta de voluntad de profundizar el gasto social (según lo contempla el presupuesto enviado por el mismo gobierno para el ejercicio fiscal 2021) merced a una cautela fiscal innecesaria. Eso dinamitó las bases de un consenso frágil en el gobierno. La estructura del Poder Ejecutivo, no muy cuidadosamente loteada a fines de 2019 para mantener el equilibrio entre sus actores principales, sufrió modificaciones que no dejaron a ninguno conforme.

Comentario final

Como decíamos al inicio, la cifra de participación electoral no es un detalle fácilmente atribuible a la situación sanitaria. En un país como el nuestro, donde fue tan complejo conquistar la normalidad democrática, los altos niveles de ausentismo dan cuenta de un proceso mucho más profundo. Téngase en cuenta que en el año 2001, en medio de un estallido social cuya bandera era “Que se vayan todos”, los niveles de participación eran más altos.

El año y medio de pandemia deja tras de sí una realidad cada vez menos disimulable: la escisión casi completa entre clase política y sociedad argentina. Dos décadas después del estallido popular del 2001, vemos una clase política (en la que incluimos no solo a dirigentes y funcionarios, sino a empresarios y dirigentes de la burocracia sindical) enquistada y presa de intrigas palaciegas. En paralelo, la descomposición del tejido social argentino es preocupante. Las cifras de pobreza, y dentro de esta las de pobreza infantil, los altos niveles de informalidad en la economía y la crisis habitacional en ciudades grandes como la Capital Federal son problemas constitutivos de Argentina y que parecen no figurar dentro de las prioridades de la coalición gobernante. Hasta ahora, el peronismo y su amplio entramado territorial ha logrado contener una expansión del descontento social. Sin embargo, las tendencias de la economía argentina no son tranquilizadoras, aún con índices de producción en diversos sectores que están por encima de la catástrofe macrista.

El desafío para el campo popular, entonces, es fortalecer en el seno del Frente de Todos, las posiciones más avanzadas que nos permitan salir por encima del laberinto. Una fuerte negociación con el Fondo Monetario, una respuesta decidida a las cifras de pobreza e informalidad mediante políticas innovadoras como el Ingreso Ciudadano Universal -para lo cual sería necesaria una discusión sobre la estructura tributaria nacional- y una consolidación de la coalición de cara a 2023 son las únicas cartas con las que cuenta del gobierno para hacer frente a su compleja situación.