El fracaso del modelo de rentas mínimas condicionadas del País Vasco

En noviembre de 2015 publiqué en la Web sinpermiso (8/11/2015) un artículo titulado No es una buena idea extender el sistema de rentas mínimas condicionadas de Euskadi al conjunto del Reino de España. Aquel artículo tenía como objetivo llevar a cabo un balance, lo más fundamentado posible, de lo que estaba dando de sí el modelo de rentas mínimas condicionadas instaurado en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) desde el año 1989. Este objetivo se desdoblaba en otro más funcional: contrarrestar el arrastre que la imitación de un modelo de lucha contra la pobreza, que se consideraba pionero y exitoso, estaba teniendo en los programas electorales de las organizaciones de izquierdas, dentro del proceso electoral desatado que sufrimos a lo largo de todo el año 2015. El exhaustivo análisis realizado en el artículo se cerraba con una conclusión palmaria: el modelo vascongado se había mostrado incapaz de combatir la pobreza, así como de mejorar la empleabilidad de las personas acogidas al mismo. De ahí se derivaba la siguiente tesis: en la CAE no ha fallado la gestión de un modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, ha fallado el modelo en sí. Es una tesis que sigo manteniendo plenamente y que intentaré volver a proponer con nuevos argumentos, en el presente artículo, al que, lo reconozco, he optado por dar un título provocativo.

Novedades

¿Qué ha habido de nuevo en este casi año y medio transcurrido desde la publicación de mi anterior artículo? Dos hechos de mucha trascendencia y un debate, suscitado quizás en parte por mi artículo (no lo tengo claro), pero que, en cualquier caso ya venía, en buena medida, de años anteriores y que, la coyuntura electoral estaba ayudando a revitalizar. Comenzaré por comentar de qué ha ido, hasta ahora, este debate, para entrar posteriormente a lo que más me interesa proponer.

El debate se ha ceñido, sobre todo, a dos cuestiones: en primer lugar, a la valoración de los efectos que un modelo potente de rentas mínimas condicionadas, como el existente en la CAE, tiene en la lucha contra la pobreza; y, en segundo lugar, la conveniencia o no de optar por mantener el actual modelo, con las correspondientes reformas, o plantear un cambio de modelo, eligiendo, en tal caso, la implantación de una Renta Básica Incondicional (RBI).

Luis Sanzo y Joseba Zalakain han sido firmes defensores de que el modelo de rentas mínimas de la CAE ha tenido un papel fundamental para combatir la pobreza en nuestra comunidad, haciendo posible que los índices de pobreza registrados fueran muy inferiores a los del resto de CC.AA. del Reino de España y plenamente homologables a los de los países punteros de la Unión Europea que cuentan con menores niveles de pobreza. Esta constatación, que yo también comparto pues se extrae de los datos que periódicamente publica la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del País Vasco (EPDS), elaborada por el Gobierno Vasco desde finales de los años 1980 (su responsable es Luis Sanzo), tiende a minusvalorar el retroceso que la propia EPDS manifiesta en cuanto a los efectos, en el combate contra la pobreza, que el modelo de rentas mínimas condicionadas de la CAE viene mostrando en la última década (luego desarrollaré, con datos obtenidos de la EPDS-2016, este argumento).

Esta primera vertiente del debate no es, desde mi punto de vista, una cuestión de menor alcance que se podría circunscribir a la clásica polémica entre optimistas (quienes ven la misma botella medio llena) y pesimistas (quienes la vemos medio vacía). Es un opción voluntaria que te lleva a situarte, en definitiva, en el campo de la defensa institucional de la política de pobres del Gobierno Vasco o en el campo contrario, enfrentado críticamente a la misma. Con los mismos datos de la EPDS, Sanzo y Zalakain, igual que lo hace, más o menos, el Gobierno Vasco oficialmente, tienden a resaltar los resultados positivos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y Ayudas de Emergencia Social (AES), (las tres prestaciones económicas en que se despliega el modelo de rentas mínimas condicionadas de la CAE), en sus logros de contener la pobreza, relacionándolos, como ya he dicho, con el resto del Reino de España y con la UE, pero minusvalorando el retroceso de estos mismos resultados tomados en los últimos años.

La segunda vertiente del debate, tiene que ver con la primera, pero va más allá de ella. Aquí debe añadirse, como un autor que desde hace unos cuantos años también está en las mismas posiciones de Sanzo y Zalakain, a José Antonio Noguera (Sanzo y Noguera son miembros de la Asociación Red Renta Básica). Esta vertiente del debate se refiere a si una reforma del modelo actual de RGI-PCV-AES sería más viable para combatir la pobreza en la CAE (y, si se introdujera en el resto de CC.AA. del Reino de España, como también defienden estos autores, igualmente, por supuesto) que la implantación de una RBI. Noguera y Zalakain han sido muy explícitos en afirmar que sí sería más viable aportando tres argumentos: resultaría más barata, sería más sencilla de implantar, pues solo implicaría reformar el modelo ya existente; y, generaría mucha menos oposición política y social que la que implicaría intentar introducir una RBI.

Desde mi consideración, Noguera y Zalakain (creo que Sanzo es más prudente cuando trata la posible reforma del modelo de rentas mínimas condicionadas de la CAE, pues conoce más el terreno que pisa) hacen propuestas reformistas poco realistas. Puede resultar chocante que alguien que defiende como yo en este caso, la introducción de una alternativa más maximalista, como la RBI, critique a quienes han decidido instalarse en la vía reformista, como poco realistas. Más adelante, argumentaré más a fondo esta cuestión, pero, por ahora me conformaré con señalar que mi apreciación de falta de realismo tiene que ver con el hecho de que estos autores no han reflexionado en profundidad sobre los límites que tiene, en ocasiones, reformar modelos o instituciones sociales creados con una finalidad que hace practicamente imposible su reforma. Porque de hecho su reforma, para que realmente fuera tal, exigiría un cambio de naturaleza del modelo.

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2016 confirma el fracaso de la política de pobres del Gobierno Vasco (RGI/PCV/AES) en combatir la pobreza

Decía más arriba que desde que escribí el anterior artículo en noviembre de 2015 hasta ahora ha habido dos hechos de gran trascendencia en el tema que nos ocupa, que es el de la valoración de la capacidad que tiene el actual modelo basado en la RGI-PCV-AES para acabar con la pobreza en la CAE, y las posibles alternativas que nos deparará el futuro. El primero de estos hechos, es la publicación reciente de la EPDS 2016, la cual nos ha aportado datos muy reveladores para el debate en que estamos metidos. El segundo, la ofensiva contra-reformista de la política de pobres del GV que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco salido de las Elecciones al Parlamento Vasco del pasado septiembre y que se ha conformado como un gobierno de coalición PNV-PSE que, aun estando a falta de un voto para alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria, parece que puede contar con el apoyo del PP (así se ha visto el pasado 11 de abril cuando salieron adelante los Presupuestos del GV para 2017 tras un pacto presupuestario con el PP que permitió alcanzar la mayoría al PNV-PSE frente a los votos en contra de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos).

La EPDS es un análisis exhaustivo de la pobreza y la desigualdad en la CAE que realiza el Gobierno Vasco a través del Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. En los últimos 30 años se han llevado a cabo 8 EPDS, en los años 1986, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2014 y 2016. La consistencia técnica de esta encuesta y la fiabilidad de sus resultados es reconocida en todos los ámbitos, especialmente en el académico. Sin embargo es cada vez más notorio que, a efectos del GV, su utilidad se ha quedado reducida a entresacar unos pocos datos con los que publicitar aquellas ideas que le vienen bien en cada momento para reforzar su imagen de buen gobierno (todo el mundo sabe, y de forma sobresaliente quienes trabajamos mucho con encuestas, que estas dan siempre para todo, basta tomarse la molestia de estudiarlas a fondo y conseguirás el titular apropiado que estabas buscando).

En las EPDS hay un apartado que se llama Impacto del sistema RGI/PCV/AES. Los datos que a continuación señalo están extraídos del mismo. He seleccionado aquellos que mejor me sirven para defender la idea central de este artículo, pero puedo asegurar (en cualquier caso la EPDS 2016 es un documento que está en la red a disposición de todo el mundo), que no he hecho ninguna trampa publicitaria de esas que critico que suele hacer el GV.

Los datos

1)     Según la EPDS-2016, en el año 2016 había en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) 194.600 personas en riesgo de pobreza. De ellas, han sido perceptoras de la RGI/PCV/AES, 134.563 personas (6,3% de la población de la CAE); en 2014 fueron 151.591 personas (7% de la población); en 2012, 133.217 (6,1%); y en 2008, 83.023 (3,9%).

2)     Con arreglo a los datos anteriores, la política de pobres del Gobierno Vasco ha llegado en 2016, a un 69,3% de quienes están en riesgo de pobreza. En 2014 llegó al 72,9%, en 2012 al 72,6% y en 2008 al 63,6%.

3)     De las 134.563 personas beneficiarias de la RGI/PCV/AES en 2016, 71.494 personas (3,3% de la población de la CAE) consiguió superar su situación de pobreza y 63.069 personas (3% de la población) siguieron siendo pobres. En 2014 las personas que superaron la pobreza gracias a las prestaciones de RGI/PCV/AES ascendieron al 3,7% de la población; en 2012 al 3,2%; y en 2008 al 1,9%.

4)     Medido el impacto de salida de la pobreza sobre personas perceptoras de la RGI/PCV/AES, los porcentajes de quienes  siguen en la pobreza son: 46,9% en 2016, 45,9% en 2014; y 48,3% en 2012.

5)     El impacto en la contribución a la salida de la pobreza real (medido sobre la población total en riesgo de pobreza, de la cual como se ha visto arriba, solo una parte es perceptora  de las ayudas sociales) es del: 36,8% en 2016; 38,7% en 2014; 37,5% en 2012; y 31,3% en 2008.

6)     La población en riesgo de pobreza que no accede al sistema es del 30,7% de personas en 2016; 27,4% de personas en 2014; 27,1% en 2012; y, 25,1% en 2008. En este colectivo de personas cada vez tienen un papel más determinante quienes cuentan con ingresos de trabajo (personas con "empleos de mierda"): 52,4% en 2016, frente al 42,1% en 2014; y, 36,5% en 2008.

Algunos comentarios

Cuando ya llevamos oficialmente tres años (2014, 2015 y 2016) en los que la Gran Recesión 2008-2013 ha quedado atrás, años en los que vienen creciendo el PIB y el empleo, se comprueba que el sistema de la RGI/PCV/AES deja fuera del mismo al 30,7% de personas en riesgo de pobreza. Y que de esas personas pobres que no acceden a las prestaciones, ya son mayoría (52,4%) quienes tienen empleos (por supuesto empleos muy precarios).

Y se comprueba igualmente que de las personas que sí acceden a la prestación, solo el 3,3% de la población de la CAV consigue superar la pobreza, y continúan siendo pobres el 3% restante, que representa, nada menos que el 46,9% de la población beneficiaria.

Los datos aportados por la EPDS 2016, que he entresacado más arriba, son tan demoledores que darían para sumar más comentarios a los que me he limitado en los dos párrafos anteriores, pero como creo que, precisamente esos datos hablan por sí mismos, de lo que se trata ahora es de entrar a explicar cómo se correlacionan los resultados de la EPDS 2016 con la política de pobres del Gobierno Vasco, de la cual es un mero ejecutor Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (es el organismo del GV encargado desde el año 2012 de la gestión de la RGI-PCV; la gestión de las AES descansa en los Ayuntamientos).

1)     Echando mano de la estadística mensual que elabora Lanbide sobre las unidades de convivencia (UC) perceptoras de la RGI (la RGI se concede a UC, eufemismo con el que se encubre el término familia; la media de personas por cada UC está en torno a 2,1) se puede destacar una evolución a la baja notable desde el año 2015. El punto más alto de UC perceptoras de RGI se registró en mayo 2015, con un total de 66.376. Desde entonces ha descendido, a 63.797 en diciembre 2016 y lo sigue haciendo en 2017, siendo el último dato publicado, marzo 2017, 63.280. Es decir, que se ha producido un retroceso en las UC perceptoras de casi un 4% desde mayo 2015 a diciembre 2016.

2)     La correlación lógica que cabría establecer es que si descienden las UC perceptoras de RGI ello se habría de deber a que igualmente han descendido las personas pobres. Sin embargo esto no ha sido así, tal como hemos comprobado en los datos expuestos, extraídos de la EPDS-2016.

3)     La explicación es muy elemental. Lanbide, no solo gestiona un sistema de rentas mínimas condicionadas que, en sí mismo, por sus muchísimas condiciones, ya deja fuera a decenas de miles de personas pobres; sino que lo hace de forma cada vez más ilegal, con controles y exigencias de requisitos que se saca de la manga, todo ello, pensado por el Gobierno Vasco para expulsar a personas del sistema, y limitar su presupuesto para el pago de los derechos subjetivos que son la RGI y PCV, convirtiendo dichos derechos en papel mojado.

4)    Un elemento muy significativo que nos aportan los datos de la EPDS-2016 es que de las 63.069 personas que siendo pobres no acceden a la prestación de RGI-PCV, las cuales representan el 30,7% del total de personas en riesgo de pobreza, el 52,4% tienen ingresos de trabajo (este porcentaje era en 2014, 10 puntos menor, 42,1%). Este colectivo, que representa entre el 19% y el 20% de las personas perceptoras de la RGI, es el más machacado por el modelo de la RGI. A quienes venimos haciendo seguimiento de estos temas nada nos extrañan estos datos, por muy alarmantes que sean. De hecho ya lo dijimos en su día al GV, cuando se introdujo, en 2012, el gran recorte de limitar el cobro de la modalidad de RGI complemento de ingresos de trabajo a 3 años durante todos los periodos (se suman de por vida, para entendernos) en que una persona puede ser perceptora de la RGI-PCV. El argumento de la Consejera del gremio en aquella época fue que la precariedad, de la que se derivan los salarios de pobreza, era pasajera (como la juventud a la que solía asociarse en el pasado) y que con 3 años de límite ya era suficiente.

5)    Un último comentario, para concluir esta parte. Como se puede comprobar en los datos de la EPDS-2016 que se han resumido arriba, el porcentaje de personas perceptoras de la RGI-PCV que se siguen considerando pobres se acerca desde el año 2012 al 50%. Es decir, a casi la mitad del total de colectivos de personas perceptores de la RGI-PCV, estas prestaciones no les sacan de pobres. Carecemos de datos desagregados para analizar cómo se reparte este porcentaje por colectivos, pero es evidente que hay dos factores de peso: 

a)     El primero, que afecta con carácter general a todos los colectivos de perceptores y perceptoras, es que el importe de la RGI-PCV cada vez se está quedando más alejado del nivel de ingresos que puede  garantizar la cobertura de las necesidades vitales básicas. Su alejamiento del índice del 88%, 113% y 125% del SMI (según que la UC perceptora tenga 1, 2 ó 3 y más miembros) que sigue figurando formalmente en la vigente Ley de la RGI de 2008, ha sido constante. Fue recortado en un 7% en el año 2012, con la promesa de que dicho recorte sería temporal y se levantaría cuando se superase la crisis, y se ha seguido manteniendo hasta la actualidad. Además, durante todos estos años la RGI ha tenido que encajar las congelaciones o ridículas subidas del SMI. Y, por si lo anterior fuera poco, en el Presupuesto del GV para 2017, en lugar de incorporar el incremento del 8% del SMI, se ha decidido subir solo el 1,5% del IPC.

b)     El segundo, afecta más a colectivos específicos, concretamente a aquellos cuyas UC tienen más miembros. Los importes que se agregan a medida que aumentan las personas de cada UC son muy escasos y, sobre todo, el techo fijado a partir de 3 miembros es un arma para generar pobreza en los colectivos de UC que cuentan con más personas.

Hemos entrado en una nueva etapa de la política de pobres del GV

Cuando uno (es mi caso y por eso estoy muy convencido de lo que voy a decir) lleva muchos años haciendo seguimiento de un tema como el de la pobreza, está implicado en él a través de un intenso trabajo social, de esos que llamamos trabajo de campo (haciendo asesoría todas las semanas con personas perceptoras de la RGI-PCV-AES, desde mediados de la década de los años noventa del siglo pasado), ha mantenido innumerables reuniones con responsables institucionales de todo color político, desde hace muchos años, y, ha intentado reflexionar con la cabeza lo más fría posible, sobre los datos que proporcionan las propias fuentes del GV (EPDS, estadísticas de Lanbide, estadísticas del EUSTAT- Instituto de Estadística del Gobierno Vasco, etc.), creo que está bien ubicado para defender una idea como la que da título a este apartado del artículo.

El 15 de mayo el GV tiene el compromiso de entregar al Parlamento Vasco un documento crucial (algo así como un libro blanco) que contendrá el diagnóstico del funcionamiento actual del modelo RGI-PCV-AES, así como las líneas de su reforma. Nada se ha filtrado sobre estas reformas, con la salvedad de que desaparecerá la indiciación del importe de la RGI al SMI a la que la Ley de la RGI de 2008 obliga (los conocidos 88%, 113% y 125% del SMI, ya anteriormente citados). Yo desde luego, no voy a entrar a lucubrar sobre las propuestas concretas de reforma que se van a poner sobre la mesa. Para concluir, como lo pienso hacer en el siguiente apartado de mi artículo, defendiendo que el actual modelo de rentas mínimas condicionadas no se puede reconvertir hacia un modelo de Renta Básica Incondicional (RBI), voy a proponer unas pocas reflexiones sobre en qué me baso para mantener que la política de pobres del GV ha entrado en una nueva fase, así como caracterizar la misma.

1. De todo el montón de datos que he expuesto más arriba y los comentarios con los que los he acompañado, se desprende, desde mi punto de vista, una tesis: el GV no está dispuesto a acabar con la pobreza en la CAE, sino a desarrollar la política posible con un presupuesto determinado.
2. Creo que ese presupuesto tiene el tope en 500 millones de euros. Es, números redondos, lo presupuestado para el año 2017, que significa un 4,5% de los presupuestos de la CAE 2017 y un 0,7% del PIB previsto para este año.
3. Partiendo de esos condicionantes, la gestión que viene desarrollando Lanbide en la concesión de la RGI-PCV y el control de las personas perceptoras, va a  ser cada vez más exageradamente invasivo de la vida de estas personas, así como más burocrático, más costoso para la administración y, por supuesto, más ilegal y generador de indefensión.
4. La efectividad de la gestión de Lanbide, en este campo, hace tiempo que no se mide en términos sociales, sino exclusivamente burocráticos: cuánto se mejora en la tramitación del papeleo, cuántas UC han salido del sistema y, por tanto, cuantas prestaciones menos se están realizando, etc. Este modelo de gestión es intrínsecamente perverso porque da lugar a que el exceso de gasto de gestión se compense con un menor gasto de prestaciones. Como lo que diga la EPDS referente a que cada vez hay más personas pobres que no tienen cabida en ese modelo o que quienes sí la tienen siguen siendo pobres, no entra en la ecuación del GV, el futuro del modelo no se tiene por qué poner en cuestión.
5. Habrá quien piense que hablar de nueva etapa en la caracterización de la política de pobres del GV es incorrecto, pues desde que se instauró hace casi 30 años, sólo ha tenido cambios menores y que, por tanto, lo que ha dominado es la continuidad del modelo. Yo mismo he defendido esta idea y no es que ahora me parezca errada, pero considero que, lo que en estos momentos procede es poner el énfasis en las novedades. Quizás hablar de nueva etapa no sea lo más apropiado y resulte conveniente buscar otra expresión más acertada, pero lo importante es ir a las ideas.

La idea que yo defiendo (veremos si se confirma tras el 15 de mayo) es que, el GV que, cuando implantó el actual modelo lo hizo guiado por una voluntad sincera de acabar con la pobreza y que, mal que bien ha seguido manteniendo esta voluntad a lo largo de buena parte de los años transcurridos desde entonces (quizás el punto de inflexión objetivo se pueda datar en el cambio de la nueva Ley de RGI de 2008), se ha tenido que ver confrontado al extremo, hasta comprender los límites que tenía el modelo. Eso le ha exigido hacer la experiencia traumática de los años 2008 a la actualidad, y la todavía más traumática etapa Lanbide (2012 hasta hoy).

6. ¿A qué me refiero con mi insistencia en la importancia que tiene que sepamos ver lo nuevo de la nueva etapa (valga la redundancia) de la política de pobres del GV? A que, en el futuro, aunque el GV no vaya a provocar un cambio de modelo (seguiremos en el mismo modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas), la gestión práctica que va a hacer del mismo (que ya está haciendo), supondrá una pérdida de valores y un empeoramiento enorme de la vida de las personas pobres que tengan que acogerse a las prestaciones de RGI, PCV y AES:

1. El objetivo de acabar con la pobreza ya ha desaparecido del escenario político/institucional y su lugar lo ha ocupado el de disminuir los efectos de la pobreza que resulten posibles con el presupuesto del que se disponga.
2. El objetivo de seguir manteniendo que la RGI y PCV permanezcan como derechos subjetivos, no se tocará en el papel, pero, en la práctica será triturado por la maquinaria infernal de un sistema de tramitación y control administrativo/policial, que los convertirá en derechos de papel (esto, una vez más, tengo que decir que ya está ocurriendo).
3. Las campañas de estigmatización, cuando no de criminalización de la pobreza, seguirán siendo utilizadas e incluso inducidas por el GV (¿quién tiene las fuentes de datos que se ponen a disposición de los medios de comunicación del grupo VOCENTO, para que practique su periodismo amarillista y reaccionario, sino las propias instituciones?). La finalidad es evidente: si se deslegitiman determinados derechos sociales es mucho más fácil atacarlos y hasta acabar con ellos.

¿Reforma o cambio de modelo?

Lo que menos me ha gustado de las cosas que he leído de José Antonio Noguera y Joseba Zalakain en las que defienden que la reforma de un modelo como el actualmente implantado en la CAE, podría adaptarse eficazmente para acabar con la pobreza, han sido tres:

1. Que no han hecho el ejercicio (o quizás lo hayan hecho y yo no he accedido a lo que han publicado, en este sentido) de cómo es posible dar marcha atrás en todos los elementos a los que me he referido en este artículo, que han generado tal dinámica de perversión del modelo de política de pobres en la CAE, que, desde mi punto de vista lo hacen irreformable. De lo que conozco, se han limitado a proponer cambios que, sobre el papel, harían que el modelo fuera más eficaz para acabar con la pobreza: eliminar la mayoría de requisitos que condicionan la prestación, excepto, por supuesto, el requisito de control de rentas; darle carácter individual, en lugar de familiar; separarlo de cualquier obligación de empleabilidad, así como de contraprestación social; garantizar un importe suficiente que cubra el umbral de pobreza; hacerlo compatible con el mantenimiento de empleos por los que se obtengan bajos salarios; etc.
2. Que han despachado de un plumazo que su opción reformista de cambio de modelo es mucho más accesible que la de una RBI. Si el cuadro que he pintado sobre el fracaso del modelo de rentas mínimas garantizadas de la CAE se acerca a la realidad, sinceramente creo que sus propuestas son poco más o menos igual de maximalistas que las de quienes defendemos la alternativa de cambio hacia un modelo de RBI.
3. Que han intentado devaluar las diferencias que existen, a la hora de instrumentar un artefacto de lucha contra la pobreza, entre un modelo condicionado y otro que, como la RBI, tenga en la incondicionalidad uno de sus rasgos distintivos fundamentales. Lo han hecho sacando de contexto y exagerando elementos de condicionalidad que en el caso de la RBI juegan un papel mínimo (por ejemplo, contar con una cuenta bancaria para recibir el importe de la RBI, o tener que hacer declaración de IRPF, o demostrar residencia, etc.).

En mi experiencia personal he constatado que, entre las ideas que me han acompañado durante décadas de mi vida, hay muchas que han perdido actualidad o, para ser más preciso, vigor intelectual. Hay otras, el caso de la RBI como modelo alternativo al de la política de rentas mínimas garantizadas de la CAE, es quizás el más potente, que con el paso del tiempo, ha cobrado mayor importancia. Y no es porque ahora lo vea más accesible (aunque sí lo veo en cuanto a cómo hemos avanzado en la Red Renta Básica, en dar forma a aspectos que teníamos poco elaborados; o a la actualidad sociopolítica y mediática que ha alcanzado), sino porque la experiencia me ha demostrado que aquello que defendía hace años, en ocasiones, con poco fundamento y mucha intuición, era acertado.

No es este el momento de insistir en las ventajas que tiene el modelo de la RBI sobre cualquier modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas. En esta Web de sinpermiso y en la de la Asociación RRB se han publicado múltiples buenos artículos que tratan sobre ello. Tampoco me es posible ocupar más espacio sobre algo que sí me comprometo a tratar en un plazo breve. Quizás cuando tengamos ya el libro blanco de la reforma de la RGI-PCV-AES, a partir del próximo 15 de mayo, pudiera ser un buen momento para ello. Se trata de armar más una propuesta de RBI para la CAE que, evite que la gente que defendemos un cambio de modelo, nos encontremos permamentemente a la defensiva. Una cosa es que nos toque, como siempre, seguir haciendo un trabajo en dos planos. En este sentido, el plano de la defensa de los derechos existentes (y las actuales RGI, PCV y AES, entran ahí) es un territorio que inevitablemente debemos seguir transitando y peleando en él; pero el otro plano, el de las propuestas alternativas, no podemos ni dejarlo en el olvido, ni permitir que otras alternativas reformistas, que si, en el mejor de los casos llegaran a implantarse reproducirían una historia de casi tres décadas que llevamos a cuestas en Euskadi, nos ocupen el espacio.