Pablo Stefanoni
Íñigo Errejón
Juan Carlos Monedero
06/05/2012
Gesto de poder bajo una ola de protestas
Desde que el 1° de mayo de 2006 ocupara los campos gasíferos y petroleros con las Fuerzas Armadas y obligara a las empresas extranjeras a renegociar sus contratos, casi todos los Días del Trabajo siguientes Evo Morales nacionalizó alguna firma para consolidar su proyecto de "recuperación estatal de los recursos naturales y los servicios básicos". Y ayer se repitió ese repertorio simbólico con la toma militar de la empresa eléctrica Transportadora de Electricidad.
Aunque esas nacionalizaciones fueron perdiendo fuerza por su previsibilidad y la importancia decreciente de las firmas "recuperadas", este año la medida en perjuicio de capitales españoles creció en impacto luego de las repercusiones generadas por la estatización de las acciones de Repsol en Argentina.
Por estos días Evo Morales enfrenta una ola de conflictos sociales , cuya última expresión es una huelga de médicos con ayunos colectivos y "crucifixiones" en rechazo a la decisión del gobierno de aumentar la jornada laboral del sector de 6 a ocho horas. Desde el Palacio Quemado se decidió derrotar a esa huelga en toda la línea, para evitar más reclamos.
El alza del número de conflictos ha traído incómodas imágenes de la "vieja Bolivia" , con discapacitados enfrentándose con la policía en demanda de un bono social; pobladores linchando a supuestos delincuentes y colocándole carteles como "soy un ladrón peruano"; regiones enfrentadas con violencia por conflictos de límites; pobladores de El Alto agrediendo a choferes que aumentaron las tarifas del transporte público; y otras expresiones de lo que el economista Carlos Toranzo considera como una crónica anomia estatal. Por su parte, el analista Fernando Molina cree que la conflictividad social es "endémica" en Bolivia porque el Estado es el dueño de la principal riqueza el gas y los sectores sociales disputan en las calles el acceso a esas rentas a falta de empleo productivo.
En este clima de agitación se ha reactivado una nueva marcha en rechazo al suspendido proyecto gubernamental de construcción de una ruta que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), oposición que cuenta con el respaldo de amplios sectores de las clases medias urbanas. Este conflicto ha llevado a Evo Morales a afianzar su discurso nacionalista y denunciar a las ONG ambientalistas implicadas en la marcha como el "nuevo colonialismo" que busca impedir el desarrollo del país.
Con todo, los alentadores resultados macroeconómicos son una fuente de legitimidad para el gobierno. Por ejemplo, desde 2005 el ingreso per capita aunque aún bajo se duplicó desde 1.000 a los actuales 2.000 dólares. Y a eso se suma la expansión de la construcción y el bajo desempleo, que ya motiva quejas de algunos paceños de que es difícil encontrar empleadas domésticas cama adentro.
Evo Morales no deja de lado el pragmatismo. En los últimos años se ha acercado al empresariado de Santa Cruz al tiempo que descabezaba a los gobernadores opositores (sólo el gobernador cruceño queda como recuerdo de aquel país dividido que pareció poner contra las cuerdas a Morales en su primer mandato). Incluso los empresarios participaron de la cumbre de evaluación mano a mano con campesinos e indígenas del MAS.
Pese al desgaste de Morales, evidente en las grandes ciudades, los críticos que se separaron del oficialismo pidiendo una "reconducción del proceso de cambio" desde la izquierda no lograron mayor influencia, y las oposiciones de centroizquierda y centroderecha aún son muy débiles para soñar con derrotarlo en 2014, cuando el mandatario intentará su rereelección forzando una interpretación de la nueva Constitución.
Pablo Stefanoni es el corresponsal en Bolivia del diario argentino Clarín.
Clarín, 2 de mayo de 2012
Bolivia, España, soberanía
El 1 de Mayo de 2006 el Gobierno de Evo Morales y el MAS, que había tomado posesión apenas cuatro meses antes, decretaba el control estatal sobre los hidrocarburos bolivianos, la principal fuente de riqueza del país. Se abría así un proceso de renegociación de los contratos con las empresas multinacionales que desde su privatización en la década de 1990 y hasta el momento los explotaban, por el que el Estado boliviano consiguió invertir el reparto de beneficios recuperando casi 8 de cada 10 dólares obtenidos con la exportación de los hidrocarburos.
Morales cumplía así con una de las principales demandas del ciclo de movilizaciones destituyentes que precipitó la crisis del sistema político y el modelo neoliberal entre los años 2000 y 2005. Abría además un proceso de paulatina recuperación de sectores estratégicos por parte del Estado boliviano, que revertía así las privatizaciones realizadas a finales del siglo XX bajo el auspicio de los programas de ajuste estructural similares a los que hoy se imponen a los pueblos del sur de Europa- de los que el país fue alumno aventajado.
Este 1 de mayo, como casi todos desde el 2006, el Presidente y Vicepresidente anunciaban la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad, cuya titularidad era casi en un 100% de la empresa Red Eléctrica Española, participada en un 20% por capital público, que PP y PSOE habían acordado reducir antes del cambio de Gobierno.
Sin duda la incapacidad del Ejecutivo español para ir más allá de los insultos y la retórica chovinista inflamada contra Cristina Fernández al recuperar YPF el Gobierno Argentino no ha pasado desapercibida en Bolivia. La debilidad del Estado español, que pretende marcar un músculo soberano hacia América Latina imposible de encontrar en su relación con la Troika europea, ha podido precipitar la medida de este 1 de Mayo en La Paz. Ernesto Laclau nos permite entender el nacionalismo como un "significante vacío": un continente al que le caben los más diversos contenidos. En Bolivia, hegemonizado por los sectores subalternos, sirve a la recuperación de la soberanía y la retención del excedente para su redistribución. En España sirve a la identificación del interés general con el de las élites económicas subordinadas a Europa, la lumpenoligarquía, que no comparte sus ganancias pero llama a los nacionales a defender sus pérdidas.
El programa de reforma estatal conducido por el MAS, en todo caso, no es ningún secreto, y es resultado de la nueva correlación de fuerzas en el país. Morales llegó al Gobierno cristalizando electoralmente una incipiente hegemonía plebeya, por la cual las capas subalternas, indígenas y empobrecidas, hacían de núcleo articulador de un boque nacional-popular tan amplio como heterogéneo. Esta nueva mayoría, que lideró el proceso constituyente y no ha dejado de reafirmarse en cada cita electoral, ha fijado además un horizonte de época y un lenguaje dentro del cual hoy se mueven incluso los adversarios al Gobierno: descentralización institucional, inclusión ciudadana, descolonización del Estado y centralidad simbólico-cultural de lo indígena, y promoción del poder público como estimulador y articulador del aparato económico nacional, velando por la redistribución de los excedentes recuperados y por la diversificación en pos de procesos de mayor valor añadido que permitan romper el patrón primario-exportador propio del subdesarrollo.
Los datos no dejan lugar a dudas sobre los frutos de este proyecto. La multiplicación por 9 de los ingresos del Estado por los hidrocarburos (de 1.661 millones de dólares de media entre 2000 y 2005 hasta 9.478 millones de dólares promedio entre 2005 y 2010 según YPFB en 2011) ha permitido destinar el excedente a una política sostenida de gasto social y redistribución de la renta que han reducido la pobreza desde 2005 a 2010 de un 60,6% a un 49,6%, y han dividido por 2,5 la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre (Informe de Desarrollo Humano en Bolivia-PNUD, 2010). Todo ello en un contexto de aumento de los salarios reales y la protección social a madres embarazadas, a la infancia y a los pensionistas, compatible con las sorprendentes felicitaciones del Fondo Monetario Internacional al Gobierno Boliviano en 2011 por los datos de su crecimiento económico y de reservas internacionales, que el Gobierno decidió recientemente asignar con prioridad a las inversiones productivas. Para esto sirve la política de nacionalizaciones.
La decisión gubernamental llega en un momento político paradójico en Bolivia: la neutralización y desarticulación de la oposición conservadora regionalista que alcanzó prácticamente una situación de doble poder en la mitad del país entre 2007 y 2008 ha dejado al Gobierno sin rivales externos, sin un "afuera constitutivo" que fue muy útil para cohesionar las heterogéneas demanda del campo oficialista. Los conflictos que hoy se suceden son, por así decirlo, relativamente internos a la hegemonía del MAS, puesto que se dan en sus términos y lenguaje. Son además una característica tradicional de Bolivia: múltiples sectores de una sociedad civil muy densa que le plantean reivindicaciones corporativas a un Estado históricamente anómico. Aunque sin duda la acumulación de protestas puede estar produciendo un cierto desgaste al "evismo", éste sigue siendo el principal actor político y compitiendo principalmente consigo mismo. Su considerable suelo electoral y de apoyo popular, particularmente en el campo, la prevalencia de sus marcos de sentido y la ausencia de rivales destacados, obligan a mayor prudencia en el análisis político del que exhiben las crónicas de las grandes empresas de la comunicación y su indisimulada hostilidad hacia el Gobierno democrático. Esta medida, además de en su sentido económico, debe ser leída políticamente como precisamente una maniobra del Gobierno, exitosa por ahora, para volver a ordenar el campo político y a colocar en primer plano el impulso transformador, últimamente en cierto impasse, por delante de las reivindicaciones particulares.
El rumbo del Gobierno boliviano, como el del argentino se inscribe en una agenda regional, que se desarrolla con diferentes ritmos e intensidades en América latina y por supuesto con excepciones. No se trata tanto de intentar divisiones artificiales entre procesos "moderados" y "radicales", como de señalar una tendencia general. De recuperación de la participación pública en la economía, extensión o creación de derechos sociales, y ampliación del alcance de la soberanía popular a ámbitos centrales de la vida en sociedad que hasta ahora estaban bajo control de poderes privados oligopólicos: los medios de comunicación, la energía, los recursos naturales y bienes comunes, los derechos al agua, la vivienda, la salud o la educación.
Exactamente en sentido contrario de una Europa atemorizada. Si en América Latina se recupera la política como arte de decisión sobre los asuntos colectivos, en Europa se rinde a los pies de los "poderes privados" salvajes. En el Norte la democracia se retira a una actividad elitista de administración de prioridades decididas lejos de la voluntad popular, y con costes dramáticos para la ciudadanía. En el Sur desborda los parlamentos y va inundando también la vida cotidiana de las mayorías sociales. Allí crecer y redistribuir son dos partes inseparables de un mismo patrón de acumulación. Aquí la ofensiva de las clases dominantes se desenvuelve en una espiral de recesión y recortes, ineficaz e injusta para enfrentar la crisis. Ojalá para aprender del presente boliviano y latinoamericano no tengamos que pagar el precio de su pasado reciente.
Íñigo Errejón es doctor e investigador en Ciencias Políticas en la Universidad Compluntense de Madrid. Miembro de la Fundación CEPS.
Público, 3 de mayo de 2012
Bolivia nacionaliza la Red Eléctrica
Así lo ha anunciado Evo Morales conmemorando el 1º de mayo, fecha emblemática escogida en Bolivia como gesto para celebrar la soberanía popular.
El caso recuerda a la nacionalización hace dos semanas del 51% de REPSOL por parte del gobierno de Cristina Fernández. Y los argumentos son similares: falta de inversiones de la empresa transnacional, pocas ventajas económicas en el trato, escaso respeto medioambiental y búsqueda de la soberanía energética.
En este caso, la Transportadora de Electricidad nacionalizada (que es filial de Red Eléctrica Española -REE- y que gestiona nada menos que el 77% de la red de interconexión de Bolivia) tiene una pequeña parte de capital público. A día de hoy, el 20% es gestionado por la Sociedad Española de Participaciones Empresariales (SEPI), lo que queda del antiguo Instituto Nacional de Industrial y que ha ido vaciándose en estos últimos años. El 80% restante pertenece a capitales privados. De España, lo que de verdad tiene es solamente el nombre.
Hablamos de empresas que apenas pagan impuestos, que tienen los capitales en paraísos fiscales, que tienen ganancias fabulosas y que responden en exclusiva a los intereses de sus accionistas.
Aún más, el gobierno de Zapatero anunció la privatización del 10% de la SEPI, algo que fue traspasado al gobierno de Rajoy como algo seguro. En conclusión, la voluntad del gobierno es apenas quedarse con el 10% del conglomerado, repitiéndose la mentira de que estas empresas, antaño públicas, hoy realmente lo sean. Son empresas que apenas pagan impuestos, que tienen los capitales en paraísos fiscales, que tienen ganancias fabulosas y que responden en exclusiva a los intereses de sus accionistas.
Los beneficios de la REE en el primer trimestre de 2012 ha sido de 140,1 millones de euros, un 8,2% superior al del mismo periodo de 2011. Sólo en el primer trimestre. En 2011, los beneficios netos fueron de 460 millones de euros, un 18 % más que en 2010. ¿Era mucho pedir invertir en Bolivia más de los 700.000 euros al año que invertía? ¿No hay demasiada codicia? ¿No hay una diferencia clamorosa entre los beneficios de la empresa y la inversión en un país en donde controlas el 77% del suministro de electricidad?
El 80% de Red Eléctrica Española pertenece a inversores privados.
La conveniencia del momento, si beneficia al gobierno en un momento de protesta popular o si están en capacidades de asumir el reto de gestionar esa empresa, corresponde al gobierno de Bolivia y a los bolivianos. Son excusas para no asumir la inviabilidad de un modelo económico -el propio de la globalización neoliberal- donde el beneficio de unos pocos se hace sobre las espaldas de las mayorías. Lo que es cierto es que, a partir de hoy, el grueso de la red eléctrica boliviana la gestiona su gobierno. Y eso sí que busca beneficiar a los bolivianos, y no a los accionistas de estas grandes empresas. ¿O es que alguien duda de que el gobierno del PP va a seguir privatizando lo que queda de sector público español? ¿Y vamos a defender como público lo que no solamente es privado sino que, además, está ahogando a las familias españolas? Lo que es bueno para la REE, al igual que lo que es bueno para REPSOL, no es bueno para los españoles, sino para sus accionistas. La REE es el transportista único y operador del sistema eléctrico español. Un monopolio con la absoluta mayoría de su capital en manos de particulares cuyo único interés es ganar más y más dinero. ¿No debiéramos exigir en España algo parecido a lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia?. Δ
Juan Carlos Monedero es doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
Revista Fusión, mayo 2012