Chile: soberanía alimentaria y debate constituyente desde las organizaciones campesinas (I)

Este trabajo, que consta de una introducción más general y una entrevista a un compañero de las coordinadoras campesinas (que se publicará en dos partes en SP la semana que viene), fue redactado antes del Plebiscito de Salida constitucional y con la esperanza de un triunfo del Apruebo, que hubiera fortalecido y relanzado la labor que aquí se describe. Si bien el rotundo éxito del Rechazo pone en serio peligro los logros que (en este plano) contenía la propuesta de Nueva Constitución, de ninguna manera la nueva situación contradice sus presupuestos, sino más bien lo contrario. Además, como ya se anticipaba en él, los logros de articulación, debate y proyecto que lograron las organizaciones campesinas al calor del proceso constituyente, constituyen un piso de resistencia a este momento aciago que por lo mismo ameritan aún más ser conocidos. Por último, si el poder constituyente de los pueblos no se reduce a su derecho a la escritura participativa y soberana de una Constitución, sino que, emanando de su trabajo vivo de producción y reproducción de la vida social, es y tiene que ser una acción emancipatoria permanente, vale como un aporte a esa acción que será retomada, en los próximos debates constitucionales y mucho más allá de ellos, en las luchas políticas por venir.

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La propuesta de Nueva Constitución (NC) elaborada por la Convención Constitucional (CC), contiene grandes avances en materias tan sensibles para la vida popular como el Derecho a la Alimentación, la soberanía y seguridad alimentaria, los derechos sociales de lxs trabajadorxs del agro y de las comunidades rurales. Esto va ligado estrechamente, además, a la cuestión de los derechos de la naturaleza, de la defensa de los ecosistemas y los equilibrios ecológicos (materias en las que la NC también contiene importantísimos avances), dada la relevancia de las comunidades rurales con respecto a ello.

Tales equilibrios han sido profundamente dañados por el modelo de producción y reproducción social impuesto por el capitalismo neoliberal que nos rige, intrínsecamente devastador. El debate constituyente se da en el marco de la profunda crisis socioecológica que viven el mundo y Chile, de la crisis climática, del sobrecalentamiento global “capitalogénico”, y de la necesidad de una transición socio-ecológica hacia otra forma de producción y reproducción, que garantice la restauración y cuidado de los equilibrios ecológicos entre la humanidad y la naturaleza de la que forma parte. No por gusto el texto de la NC reconoce que se genera en un contexto planetario de crisis climática y ecológica, y que el Estado debe desarrollar políticas para afrontarlas.

El derecho a la alimentación, que en el texto de la NC Artículo 56 viene claramente definido, está relacionado a su vez con la seguridad alimentaria, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO,  existe cuando “todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”.

Sin embargo, sabemos que tanto en Chile como en el mundo, este derecho está muy lejos de estar garantizado. Una serie de fenómenos correlacionados lo ponen en riesgo permanente y están generando en realidad una gran inseguridad alimentaria: la realidad global de profundas desigualdades socioeconómicas entre países y clases sociales, con la consiguiente falta de recursos para adquirir alimentos; la misma crisis climática y ecológica que amenaza la producción agro-ganadera; los conflictos político-militares (ahora en fase de agravamiento por la guerra en Ucrania y los conflictos que vendrán), conflictos que generan crisis o bloqueos de producción y por tanto shocks de oferta a la baja; las nuevas pandemias y el correlativo corte de las cadenas de distribución del negocio agroalimentario global; la inflación desbocada del precio de los alimentos (producto tanto de estos fenómenos como de la especulación del gran capital financiero transnacional en los mercados alimentarios financiarizados). Y no son fenómenos transitorios o marginales, sino intrínsecos al modo de producción y reproducción del capitalismo globalizado, que llegaron para quedarse.

En realidad, la “seguridad alimentaria” ha sido un concepto muy ligado al progresivo proceso de control de la producción y distribución de alimentos a nivel mundial por parte de los grandes capitales del agronegocio para la exportación (extractivista por definición), y del gran capital financiero transnacional, proceso que por supuesto se ha verificado también en Chile. En la narrativa neoliberal que ha tratado de legitimar este proceso, el “libre mercado” y la “libre competencia” en los mercados mundiales y nacionales de alimentos llevarían a una disponibilidad segura de alimentos para “los consumidores”, y por estas vías se garantizaría la seguridad alimentaria así entendida. Vías que incluyen los tratados de “libre comercio” y la desregulación de la producción y distribución de alimentos, a favor de la “libre competencia” y la supuesta eficiencia de las grandes corporaciones para proveer.

La realidad no puede estar más lejos de esa narrativa, con la mantención o reaparición del hambre y la malnutrición en todo el mundo y también en Chile, con la inflación permanente del precio de los alimentos en los mercados mundiales y nacionales, mientras se produce una galopante concentración de las tierras, las aguas y las rentas a nivel de la producción agropecuaria a manos de los grandes capitales globales; y lo mismo sucede a nivel de la distribución de los alimentos, por los procesos de  “supermercadización” y financiarización.

La contracara de ello ha sido también el empobrecimiento masivo de los sectores rurales del Sur global y la des-campesinización de los campos, proceso que alimenta la sobrepoblación de las periferias urbanas empobrecidas, la aniquilación de las culturas y prácticas campesinas, y deja el campo libre para el extractivismo devastador. Como dice el gran permacultor Bill Mollison, la agricultura hegemónica actual está orientada a la producción de dinero y no de alimentos. Es por ello que el agronegocio capitalista es intrínsecamente extractivista, porque está orientado a extraer rentas de la trama productiva, reproductiva y ecológica que conforman la naturaleza y el trabajo humano agrícola, incluido el conocimiento ligado a él.

Por otro lado, gracias a la llamada “Revolución Verde” al menos desde los años ’50 del siglo pasado, y luego agravado por la aparición desde los años ´90 de la producción transgénica controlada por los grandes capitales del Big Food y el Big Pharma (mismos fenómenos que explican también todo lo anterior) , se ha verificado un proceso de permanente degradación y contaminación de los suelos y las aguas, y en general de devastación ecológica y generación de “zonas de sacrificio” cada vez más extensas; así como de incremento sostenido de la contribución de la agro-ganadería al calentamiento global, que ha llegado a explicar alrededor de un 25 % de los gases de efecto invernadero. Como sabemos, esto es así por la globalización de patrones de consumo insostenibles, y por la íntima relación de dependencia del agronegocio capitalista con el uso de combustibles fósiles, de agroquímicos fertilizantes y agrotóxicos plaguicidas, en monocultivos intensivos asesinos de la biodiversidad (en nombre de “alimentar a la humanidad”), que además de degradar suelos, contaminar ambientes y enfermar personas, también son responsables del calentamiento global dada su relación con la petroquímica [i]. Se incluye aquí la intimidad con las nuevas pandemias globales.

En cambio, desde hace décadas los movimientos campesinos de todo el mundo, agrupados en la Vía Campesina y otras organizaciones, junto a lxs profesionales y académicxs vinculadxs a ellas, definieron como alternativa el concepto y la práctica de la soberanía alimentaria, y han desarrollado luchas por el derecho a la tierra, los recursos, los ingresos, los derechos, y por la preservación y cuidado de los equilibrios ecológicos. “El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional”.

La soberanía alimentaria va más allá de la mera seguridad alimentaria, la engloba y la redefine, dado que defiende “el derecho de los pueblos…a definir su política agraria y alimentaria…La soberanía alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de lxs campesinxs y de lxs sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los transgénicos, para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible… por la participación de los pueblos en la definicion de política agraria, y el reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación”, entre otras cuestiones fundamentales. O sea, que sean los pueblos y comunidades quienes definan las políticas agrícolas, y no las transnacionales del agronegocio extractivista.

La soberanía alimentaria además va íntimamente ligada a las prácticas agroecológicas: formas diversas a las hegemónicas de concebir y practicar la agricultura y la ganadería, que tienen el potencial de producir y distribuir todos los alimentos necesarios para la humanidad sin la necesidad del uso intensivo de combustibles fósiles (capaces de enlazar entonces con una transición energética y una investigación científica ecológica), sin el uso de agroquímicos y agrotóxicos devastadores y enfermantes, respetuosas de los equilibrios ecológicos, eco-restauradoras, concebidas para el desarrollo local en armonía con las cuencas hidrográficas, los ciclos del agua y las culturas y espiritualidades de los pueblos. La propia FAO, que durante mucho tiempo ha estado cooptada por las concepciones de la agricultura industrial de la “Revolución Verde” y demás, ha llegado a reconocer el potencial eco-alimentario de las prácticas agroecológicas bajo la concepción de soberanía alimentaria. En definitiva, en este paradigma la alimentación es un bien común colectivo, mientras que para el agrobusiness extractivista es un objeto de la acumulación por desposesión.

Aterrizando de nuevo en Chile, sabido es de sobra la presencia de estos fenómenos y procesos en el país. El agronegocio extractivista (incluida la explotación forestal) ha concentrado las tierras, los ingresos y las rentas [ii], los usos de las aguas, ha producido des-campesinización, una sostenida pérdida de biodiversidad, contaminación de ambientes y comunidades, “zonas de sacrificio”, degradación de suelos y agotamiento de las aguas. En un marco de sobre explotación del trabajo agrícola expuesto a enfermedades por el uso de agrotóxicos, mientras se mantiene como mano de obra barata en malas condiciones de trabajo, con los sueldos más bajos entre los sueldos ya de por sí bajísimos que percibe el trabajo en el país, y un alto nivel de precarización.

Además, por la priorización de la agroexportación rentista, que acapara tierras y recursos, se verifica una sostenida pérdida de áreas de cultivos esenciales para la seguridad y la soberanía alimentaria, como cereales y legumbres, alimentos que han pasado a ser importados en gran medida, cuando pueden producirse en el país, exponiéndolo a los fenómenos descritos de inflación e inseguridad alimentaria.

Así por ejemplo, desde 1950 a 2017 (o variando un poco el período), los cereales han pasado de contar con 980 mil hectáreas sembradas a 510 mil (el trigo pasó de 1986 a 2021 de 676,560 hs a 226,275); las leguminosas y tubérculos que 1965 contaban con 215 mil hs a 67 mil (los porotos de 85,660 a 10,184; la papa 57,700 a 36,329 mil); las hortalizas de 111 mil hs en 1997 a 70 mil. Mientras los frutales (fundamentalmente orientados a la exportación) pasaron de 85 mil hs a 344 mil en 2020, y las plantaciones de monocultivos forestales pasaron de 1,02 millón hs a 3,11 millón desde los años 80 a la actualidad [iii].

También se verifica un aumento en los porcentajes de importación sobre el total consumido en alimentos esenciales. Así, de 1988 a 2017, en cereales pasó del 9,3 al 50,4 %; en oleaginosas de 4,5 a 30; en legumbres de 2,1 a 47,6; en carnes y derivados 0,9 a 25; en tubérculos y derivados 0,3 a 10,1; en productos de animales vivos 7,6 a 16. Son cifras que muestran como los procesos descritos van conformando un cuadro de creciente fragilidad del abastecimiento alimentario.

Es en este crítico marco general que se produce el debate constitucional, y es también el marco en que el nuevo Gobierno hace una serie de anuncios que pretenden encarar esta situación en el corto, mediano y largo plazo desde el Estado. El nuevo Ministro de Agricultura Eduardo Valenzuela presentó el Plan Siembra Por Chile, y ha escrito una serie de columnas en el medio electrónico El Mostrador que dan cuenta en parte de los grandes (y graves) problemas acumulados. Luego el Ministerio de Agricultura (MinAgri) lanzó una Comisión Nacional por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria.

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Para profundizar en todo ello, y conocer mejor los logros constitucionales y el debate por venir, sostuvimos un diálogo con Nicolás Arraño (en dos tiempos, antes y después de las votaciones finales en la CC). Nos conocimos trabajando en Distrito 156. Nicolás es Licenciado en Historia por la Universidad de Chile y tesista del Magister en Historia de la USACH. Ha venido formándose en los campos de los estudios de las ruralidades y de la geografía política. Forma parte de Mundo Rural Pro, una asociación que como nos cuenta él mismo “nació en 2019 integrada por personas vinculadas de una u otra manera al mundo rural, tanto de organizaciones y sindicatos campesinos, como también técnicos, profesionales y académicos (agrónomos, economistas, historiadores, antropólogos) Está conformada legalmente como Corporación y cuenta con un Grupo de Estudios Rurales, también con un Grupo de Proyectos más orientado precisamente al apoyo técnico a las y los productores de la Agricultura Familiar , Campesina e Indígena (AFC)”.

“Originalmente nuestro trabajo se ha orientado al apoyo a la Confederación Nacional de Federaciones Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile CONAGRO, que a su vez integra una coordinación de organizaciones campesinas que tuvo distintos nombres hasta optar ahora por llamarse Coordinadora de Organizaciones Campesinas 28 de Julio (C28J), que es la fecha en que en el año 1967 se promulga la Ley de Reforma Agraria. Al calor de las movilizaciones de 2019 y del proceso constituyente hemos trabajado a la par con todas estas organizaciones”.

“La C28J está integrada, además de CONAGRO, por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, la Confederación Nacional Campesina e Indígena Ranquil, la Confederación Nacional de Pequeños Productores Agrícolas CONAPROCH, la Red Nacional Apícola, la Confederación Nacional Campesina Newen, CAMPOCOC que es la de cooperativas campesinas, la Asociación Chilena de Turismo Rural, la Asociación Nacional de Mapuches de Izquierda, la Asociación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas Leftraru, y la  Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural CALIDER (estas son las que recuerdo ahora)”, nos dice Nicolás.

- A propósito del Plan Siembra por Chile, ¿cuál es vuestro análisis? ¿Qué avances se fueron logrando en la Convención en cuanto a soberanía alimentaria y derechos de las ruralidades?

Primero, sobre el nuevo Ministro, él tiene buena voluntad. Tiene intención de poner el foco en la AFC, las ideas matrices de ese Plan Siembra Chile efectivamente son eso, recuperar cultivos que son esenciales para la alimentación del país, como trigo, cereales en general, legumbres, que han sido reemplazados por cultivos de exportación, y por importaciones, lo que nos deja en una situación de dependencia en alimentos fundamentales, lo cual es crítico en contextos como los actuales, de pandemia y conflictos político-bélicos importantes.

Hasta ahora el Ministro se ha mostrado bastante cercano a las organizaciones campesinas. Ahora, para este Plan en particular, no se les consultó a las organizaciones, ni se diseñó con su participación. Eso obviamente tendría que subsanarse. Pero ciertamente, el Plan contiene lineamientos esenciales de las transformaciones necesarias para el cambio en la forma en que se producen y distribuyen los alimentos.

Sobre la CC, sí, hemos tenido importantes avances. Tratamos de meter la cuestión de soberanía alimentaria, agroecología y derecho a la alimentación en 3 Comisiones diferentes, la 5 de Medio Ambiente y Modelo Económico; la 4 de Derechos Fundamentales; y en la Comisión 3 de Formas de Estado y Ordenamiento Territorial porque estaba mandatada también en ruralidad. Lo cual nos daba un amplio espectro de posibilidades de introducir estos temas en el debate constituyente, y lo aprovechamos.

Volviendo a Siembra por Chile, y estando claro que en el papel su orientación conceptual es buena, subsisten dudas: 1) ¿Cuáles son sus posibilidades de concreción real, si como tú dices, no se elaboró con la participación de las organizaciones? 2) ¿Cuáles son sus presupuestos materiales y financieros concretos? Por la otra cara, si reciben apoyo público real, tanto en el plano técnico-material como financiero, ¿las organizaciones y productorxs de la AFC pueden desplegar en el tiempo volúmenes de producción altos, que garanticen realmente la seguridad y la soberanía alimentarias, haciéndolo además por vías fundamentalmente agroecológicas?

Es un planteo ambicioso. Se podrían lograr volúmenes de producción altos en cultivos esenciales, sí, pero tendría que ser a costa de reducir las tierras de uso frutícola y forestal, que no son precisamente cultivos esenciales desde un enfoque de soberanía alimentaria. La mayoría de la producción a corto plazo no podría ser fundamentalmente por vías agroecológicas. Hablamos de un proceso a mediano y largo plazo, de una transición agroecológica. Por eso es importante que la Nueva Constitución fije orientaciones en ese sentido, porque hablamos de un proceso de largo aliento. Lo que si el Estado tendría que ser el responsable de garantizar que la pequeña y mediana producción pudiera hacer esa transición, porque efectivamente acá hay que atajar la situación por la cual fondos públicos y presupuestos del Estado subvencionan al gran agronegocio extractivista.

Lo complejo de llevar adelante hoy en el campo estos proyectos transformadores es que necesitas de un actor social que ejecute ese proyecto. Hoy en día en el campo no hay actor social fuerte, al contrario, ha sido totalmente marginado, sufrió represión, se lo trató de hacer desaparecer, y constantemente se está luchando contra la des-campesinización que lo asedia en todos los sentidos.

Entonces, para implementar un Plan así de ambicioso lo que se debería hacer primero desde el Gobierno y el MinAgri es ayudar a reactivar un tejido social en el campo, y eso debe hacerse de la mano y con la participación de las organizaciones que hoy existen en condiciones tan duras, que tampoco tienen un nivel de convocatoria tan alto. Quiero decir, las interacciones de fortalecimiento mutuo son imprescindibles.

- Se entiende que se plantee como una transición. Volviendo a lo inmediato, con toda la importancia que tendría un “Siembra por Chile” efectivo, la duda sobre su viabilidad plena parece legítima.

No es que haya malas relaciones con el Ministerio en todo caso, el Ministro se ha juntado varias veces con las organizaciones campesinas, con la Asociación de Ferias Libres ASOF (donde están más del 70 % de las ferias libres), con los pescadores agrupados en la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile CONAPACH. Por eso fue raro que nos les hayan involucrado en este Plan.

Igual a través del INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) y del Programa de Desarrollo Local PRODESAL se llega a bastantes pequeños productores. Ahora, hacer un viraje productivo que se plantee por ejemplo metas de incremento sustancial de la producción de trigo, legumbres u otras necesarias, tendría que ser de aquí a unos 5 años, en un año o dos no se puede hacer un viraje productivo en la agricultura. El reemplazo de cultivos y la cantidad de hectáreas de suelo productivo que tendrían que utilizarse para eso es significativa, y tendrían que provenir de las que hoy se utilizan para la agroexportación. Porque las tierras que ya están bajo producción de la agricultura familiar y campesina en general son bien aprovechadas, y producen con buenos rindes alimentos que se consumen en el país, abastecen más de la mitad del mercado de frutas, verduras y vegetales.

- En ese sentido, hacer un viraje productivo y una transición agroecológica ¿supone un conflicto con el agronegocio extractivista exportador, que acapara las tierras?

De todas maneras, son formas productivas y procesos excluyentes. Puede haber términos medios, pero esos términos medios implican si o si que el gran agronegocio exportador tenga que ceder. Estamos en un país donde la concentración de las tierras y de las aguas es de las más grandes del mundo. Para que puedan convivir la agroexportación y la pequeña y mediana producción orientada fundamentalmente al mercado interno, ya implica de partida empezar a revertir esa concentración. También las capacidades técnicas y financieras están altamente concentradas, y también debería empezar a revertirse, si hablamos de iniciar una transición agropecuaria hacia la soberanía alimentaria.

Lo otro es meterle muchos recursos para generar capacidad técnica y ganarle tierras al secano costero, algo que en la primera reforma agraria de los ’60 y los ’70 se hizo, se ejecutaron obras de riego impresionantes en el secano costero; pero luego, durante la contrarreforma agraria durante la dictadura y la Concertación, se entregaron casi todas esas tierras a las forestales.

Igual en todo esto estamos partiendo de razonamientos muy generales. Hay que partir por saber qué tierras hoy en Chile no están en manos del gran agronegocio exportador ni están siendo bien aprovechadas por la agricultura familiar y campesina. Entonces recién podríamos hacer un primer balance de qué nuevas tierras pudieran ser productivas. Puede haber tierras improductivas en este momento que puedan incorporarse a producir. Aquí hablamos de la mala situación en que están las instituciones y la información pública, el último censo agropecuario se hizo el año 2007, y desde entonces que no hay información sistematizada sobre las tierras y las actividades productivas.

Eso da cuenta también de la falta de voluntad de que exista esa información, de un escenario crítico de las instituciones públicas, y en general, de la comprensión de qué está produciendo el país, para quien, para qué. Porque no es lo mismo producir para tener seguridad y soberanía alimentaria, alimentos sanos y accesibles para la población, que producir para generar grandes ganancias a través de la agroexportación, ganancias que además están altamente concentradas en pocas manos, y cuya fuerza de trabajo está sobre explotada y mal remunerada.

El censo agropecuario se hizo el año pasado, atrasado, y los datos están recién saliendo ahora. Con esa base de datos recién podríamos diseñar las primeras políticas públicas en el sentido que hablamos. Por eso mismo el proceso será lento, parte de cero, no hay catastro de tierras, no se sabe bien cuál es la situación de degradación de los suelos en Chile, qué cantidad de suelo productivo puede haber, cuanto se tendría que invertir para ganar suelos productivos, con capacidad ante todo de producir cereales y legumbres.

- ¿Y cómo ven la cuestión de avanzar en una nueva reforma agraria, que libere tierras del agrobusiness, incluido el forestal, para la producción de alimentos dentro de la perspectiva de soberanía alimentaria? ¿Sería algo para plantearse en un segundo momento, o para plantearse desde el vamos?

Tiene que haber una primera etapa como la que hablábamos, de catastro, de evaluación. A la vez, esa etapa se debe dar con miras a una transformación que tiene que materializarse sí o sí. Pienso que de momento ningún paso tiene que ser tan comprometedor hasta que termine el proceso constitucional, esté salvaguardado y haya una perspectiva de que se va a aprobar un texto constitucional que fije algunos lineamientos claros en materia de las transformaciones que se requieren. Nosotros en la discusión constitucional no nos atrevimos a hacer mandatos tan expresos en materia de transición productiva o de redistribución de tierras, porque nos faltaban estos datos duros que nadie tiene y sin los cuales es incluso irresponsable plantear cuestiones como esas.

La posición de las organizaciones ha sido que el marco constitucional que quede establecido lo que tiene que hacer es habilitar un escenario donde el día de mañana se pueda hacer una reforma agraria popular, integral, participativa, con los actores que tengan que ser; pero hoy día no están dadas las condiciones, tampoco de constitucionalizarlo.

Con respecto a este proyecto que lanzó el MinAgri, nosotros vamos a tener una reunión con el Ministro. Él ha tenido acercamientos con organizaciones campesinas, se ha mostrado partidario de las posiciones de las organizaciones, y creo que él tiene mayor claridad política que Boric y el Frente Amplio en muchas cuestiones. El tema es si va a poder efectivamente ejecutarlas.

Nosotrxs vamos a plantear en profundidad algunos lineamientos de políticas públicas que debiesen realizarse, que van en la línea de esta transición productiva que hay que hacer para hacerse cargo de materias alimentarias urgentes, y que también van en la línea de fortalecer las organizaciones, que deben ser los actores sociales que la impulsen. En estas políticas el protagonismo tiene que ser de la AFC, y sus organizaciones deben ser fortalecidas con el apoyo del Estado, porque hoy día no tienen la fuerza suficiente necesaria. Pensar el agro en transición en el Chile de las próximas décadas. Porque hoy los únicos que están organizados de manera muy fuerte y validados como interlocutores del Estado son las asociaciones gremiales de grandes productores del agronegocio, la Sociedad Nacional de Agricultura SNA, la Federación de Productores de Fruta FEDEFRUTA, la ANPROS que es la de exportadores de semillas.

En fin, lo que se plantea el MinAgri es ambicioso, estamos de acuerdo con las ideas matrices, por ahí tiene que ir el camino, las dudas están sobre la factibilidad que se concreten todas estas medidas, ojalá nos sorprenda con una estrategia bien armada que pueda dar garantías de cumplimiento. Son cosas a aclarar. (Continuará...)

Notas: