Faride Zeran
18/10/2017![](https://sinpermiso.info/sites/default/files/styles/adaptive/public/migrantes.jpg?itok=0K4tS6_W)
“Queridos compatriotas, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, todos pueden verlo en las noticias y en las redes sociales, pero les quiero informar que vienen momentos peores, pero sé que somos un pueblo resiliente y vamos a poder sobrevivir”. Así comenzaba su saludo el profesor de lenguaje y migrante haitiano, Yvenet Dorsainvil, cuando presentaba en la Casa Central de la Universidad de Chile el primer diccionario kreyol-español de su autoría, en un salón repleto de haitianos.
Era inicios de julio de este año, y esa tarde de fiesta para cientos de migrantes de todas las edades que se congregaban para celebrar este gesto que facilitaba el encuentro entre dos pueblos, dos culturas, dos idiomas, era empañado por el anuncio de la nueva exigencia de solicitud de visa para los migrantes haitianos.
Un anuncio efectuado pese a las demandas de distintos sectores de una nueva ley migratoria con enfoque de derechos y no de seguridad nacional como opera actualmente. Una ley que data de 1975 y que concibe al migrante más como un enemigo interno que como un ser humano digno de acoger.
Algo del espíritu de esa ley promulgada en plena dictadura debe haber sentido en carne propia la joven Joane Florvil cuando intentó explicar a los guardias y luego a carabineros que ella no había abandonado a su bebé. Pero no sólo la barrera idiomática sino el racismo y la discriminación que se extienden como una lacra en todos los ámbitos de la sociedad chilena completaron lo que se transformaría en un episodio cruel que retrata a un país entero.
La mujer de 28 años había sufrido el robo de su cartera mientras estaba en la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Lo Prado. Para salir tras los pasos del ladrón, dejó a su pequeña hija en coche al cuidado de un guardia. Cuando regresó, alguien del municipio había llamado a carabineros acusándola de abandonar a la niña. Joane no logró hacerse entender, no pudo explicar tampoco que su marido estaba realizando un trámite en una oficina de empleos, y terminó detenida en una comisaría, con su hija entregada en custodia al Sename, y luego internada en la Posta Central por golpes que se habría provocado por la desesperación, para después ser trasladada a otro centro hospitalario donde finalmente murió.
La prensa en esos días también aportó a esta cadena de equívocos alentada por la irresponsabilidad de quienes tienen el deber de confirmar los hechos y no plegarse a las lógicas discriminatorias. En titulares como “Detienen a mujer que dejó abandonado a hijo de dos meses”, publicado por La Tercera el 31 de julio, o “Mujer que abandonó a bebé se dio cabezazos en celda y está en la Posta”, del diario La Cuarta, se escurre no sólo el rol de los medios en la construcción de una sociedad más decente como la dimensión ética y profesional de cada uno de ellos.
En un país donde el origen indígena es negado o bien criminalizado, y en el que algunos de sus políticos en plena campaña electoral vinculan migración con delincuencia, o bien llaman a “seleccionar” migrantes, hechos como los ocurridos a Joane no son casuales.
Hace poco nos enteramos que un taxista que circulaba en la comuna de Renca decidió expulsar de su vehículo a una pareja de colombianos que se dirigía a un centro asistencial cuando la mujer estaba a punto de dar a luz. En plena vía pública, Lina García, de 21 años, tuvo a su hijo y en estado de shock vio cómo se le moría en la calle.
Estos hechos nos exigen repensar el país que hemos construido en relación a la educación en Derechos Humanos, a la formación de una ciudadanía respetuosa del otro distinto, y a la dimensión que tienen en el debate público aquellos discursos discriminatorios y racistas que han calado de manera alarmante en diferentes estratos de nuestra sociedad.
Porque si bien se trata de alcanzar una política migratoria democrática, dentro de los marcos y compromisos que el país posee en materia de DDHH, también debemos hacernos cargo desde la política, los medios, los colegios y universidades de esa pulsión discriminadora y racista que cada tanto afloran con la naturalidad de quienes se sienten superiores. La pregunta sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo está más vigente que nunca y no responderla hoy puede llegar a ser un acto criminal.