Javier del Campo
28/05/2025
El gobierno catalán ha prometido acoger a 70 investigadores de Estados Unidos. Sin embargo, cabe preguntarse qué hace por los académicos perseguidos en Arabia Saudí, Hungría, Rusia, Palestina o Argentina, donde las vulneraciones de la libertad académica o de sus derechos fundamentales son igualmente graves.
La iniciativa del gobierno catalán Catalonia Talent Bridge, anunciada este año por el president Illa, promete acoger a más de setenta investigadores de excelencia que puedan ver coartada su libertad académica en Estados Unidos. Sin duda, la defensa de la libertad académica de profesores e investigadores es imprescindible. Pero, ¿realmente esta medida refleja un compromiso serio con la investigación y con los derechos fundamentales, o es más bien un golpe de efecto político, vistoso pero superficial?
En todo el mundo, miles de investigadores ven vulnerada no solo su libertad académica, sino incluso su integridad física. La preocupación y la solidaridad con estos profesionales debería ir mucho más allá de Estados Unidos. ¿Qué hace el gobierno catalán por los académicos perseguidos en Arabia Saudí, Hungría, Rusia, Palestina o Argentina, donde las vulneraciones de su libertad académica o de sus derechos fundamentales son igualmente graves o peores que en EE. UU.? ¿Se creará un programa similar para ellos?
Resulta preocupante que la política científica del país se oriente a obtener titulares en lugar de responder a las necesidades reales e inmediatas de nuestro sistema de investigación. Si hay disponibilidad presupuestaria de treinta millones de euros, como parece indicar la iniciativa Catalonia Talent Bridge, ese dinero debería dedicarse primero a consolidar y fortalecer el tejido investigador catalán, un sistema que sufre una infrafinanciación crónica. Quizás ha llegado el momento de que el gobierno cree un programa propio de ayudas al que puedan optar todos los investigadores del país, o bien que mejore la dotación de las ayudas destinadas a apoyar la actividad científica de los grupos de investigación de Cataluña (SGR).
El gobierno podría también destinar estos recursos a la recuperación del talento catalán, formado en general en instituciones públicas pagadas con los impuestos de todos, y que actualmente desarrolla su carrera y hace sus contribuciones científicas en el extranjero por falta de oportunidades aquí. Recuperar programas de éxito como el ICREA Junior sería un paso firme en esa dirección. También habría que reducir la precariedad que sufren los jóvenes investigadores en Cataluña. Una medida sencilla e inmediata sería reforzar y ampliar programas como las becas Joan Oró, prolongándolas de tres a cuatro años y equiparándolas así a otras becas estatales como las FPU o FPI, e idealmente, aumentando los salarios asociados a este programa. Si, aun así, el objetivo fuera realmente crear un programa internacional de acogida de talento perseguido, bienvenida sea esta iniciativa. Pero entonces, que se abra de forma amplia y global, no solo con el objetivo explícito de atraer a investigadores procedentes de EE. UU.
El modelo de investigación catalán, que hace ya más de veinte años diseñó Andreu Mas-Colell y que han adoptado acríticamente gobiernos de todos los colores, lleva tiempo mostrando señales de agotamiento y en el sistema, en conjunto, predomina la precariedad. En definitiva, si el Gobierno de Catalunya quiere apostar de verdad por la investigación, debería abandonar las políticas efectistas y empezar a trabajar con una estrategia clara y sólida, que responda a las necesidades reales del sistema de investigación catalán, que cuente con una financiación adecuada y que vaya más allá de los titulares fáciles y las métricas caducas.