Luiz Eduardo Soares
16/04/2023
El enclave policial es refractario a la autoridad política y ningún gobernador ha comandado nunca (plena y efectivamente) la policía estatal.
El título exacto de este artículo debería ser más extenso: La policía de Río de Janeiro, a través de su vocero, el gobernador, proclama la independencia y declara que Río de Janeiro se convierte en un territorio libre de los límites constitucionales. Explico.
La transición parcialmente tutelada por los militares impuso restricciones al proceso constituyente y nos legó dos artículos (142 y 144), que son sarcófagos de nuestra historia: momificaron a las fuerzas armadas y policiales, tal como existieron en el régimen dictatorial, bloqueando los vientos de cambio que soplaban en la naciente democracia. Resultado: se crearon dos enclaves institucionales, refractarios a la autoridad política, civil, republicana. Por eso, el genocidio de jóvenes negros y de jóvenes pobres, en territorios vulnerables, ante la inercia cómplice del Ministerio Público, el inmovilismo de la Justicia, el aval de los políticos -no sólo de la derecha-, los aplausos de sectores de los medios de comunicación y de la opinión pública, y el consentimiento de las demás instituciones, de las que se dice, irónicamente, que “funcionan”.
También por eso, el encarcelamiento masivo de pequeños comerciantes que venden sustancias ilícitas, fruto del perverso matrimonio entre nuestro modelo policial (la jabuticaba, que ofrecemos al almanaque mundial de rarezas) y la hipócrita y racista ley de drogas. En el país sin investigación reina la flagrancia, único medio que tienen los PM de llevar a cabo (dado que constitucionalmente tienen prohibido investigar) lo que creen que es su principal misión: detener. La gran herramienta ostensiva de la policía destinada a detener a las personas en el acto es la ley de drogas: la pesca, evidentemente, se reduce a peces pequeños, operadores minoristas. Nada que ver con el crimen organizado y las grandes empresas transnacionales, ni con el ejercicio despótico del poder armado sobre territorios y comunidades. La mayoría de estos pequeños traficantes son arrestados sin portar armas, practicar violencia o tener lazos orgánicos con organizaciones criminales.
El sistema en el que están involucradas las máquinas de muerte, perpetradoras del baño de sangre (en el estado de Río, 20.791 personas fueron asesinadas por acciones policiales, entre 2003 y 2022, y menos del 10% de los homicidios fueron castigados), es aún más perverso: puesto que los estados no cumplen con la Ley de Ejecuciones Penales y las unidades penitenciarias están dominadas por facciones criminales, casi el 40% de los 900,000 presos (63% entre las mujeres) se encuentran cumpliendo condena por tráfico o en espera de juicio por este cargo, necesitan contar, para sobrevivir, con la protección de las facciones que dirigen las prisiones. El precio se pagará tras la vuelta a la libertad, en forma de fidelidad y servicio. En otras palabras, el país está contrayendo violencia futura y fortaleciendo facciones, a costa de la vida de generaciones y sus familias. Esto es lo que está produciendo la afamada guerra contra las drogas, además de los sufrimientos indescriptibles a las comunidades.
Como el enclave policial es refractario a la autoridad política, ningún gobernador ha comandado jamás (plena y efectivamente) la policía estatal, aunque la magnitud y las implicaciones de esta impotencia varían en el espacio y el tiempo. El estado de Río de Janeiro llegó a la culminación de este proceso de autonomización inconstitucional de la policía: el gobernador pasó a ser comandado por la policía.
No sólo actúa como su amortiguador político y representante corporativo, justificando todos los actos más brutales, incluso las masacres, sino que ahora ha tomado una posición aún más lamentable: se ha convertido en un vocero de la arrogancia y autosuficiencia policial, confrontando a los decisión del Supremo Tribunal Federal, en el ámbito de la ADPF 635 /1/. No conformes con el incumplimiento de otras determinaciones judiciales, las unidades policiales especiales, BOPE (de la Policía Militar) y CORE (de la Policía Civil, pero militarizados, desafiando así también la Constitución), se niegan a adoptar el uso de cámaras corporales en los operativos en las favelas. Este es un dispositivo importante, aunque limitado, para reducir las ejecuciones extrajudiciales, como lo ha demostrado la experiencia de São Paulo. Y el gobernador era el emisario de esta resistencia.
Es fundamental para el futuro de lo que queda de democracia que entendamos lo siguiente: lo que está en juego no es solo el uso o no de cámaras por parte de unidades policiales especiales; lo que está en juego es la preservación y reproducción cada vez más blindada del enclave institucional, refractario a la autoridad republicana. Si la dirección política ha sucumbido, en Río está en manos del STF promover la autoridad republicana, sometiendo a la policía y rompiendo el enclave. Los movimientos sociales han estado comprometidos en esta lucha durante muchos años. Con la tácita declaración de guerra del gobernador al Poder Judicial -y al mínimo sentido común civilizado-, corresponderá al Supremo Tribunal Federal decidir si, además de la República de las Milicias, Río se convierte también en la República de las corporaciones policiales autónomas e independientes, ajenas a la Constitución y libre de profundizar las inequidades y el racismo estructural.
Nota:
1- ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), nº 635, conocida también como la ADPF de las favelas. Recurso de amparo presentado al Supremo Tribunal Federal por la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, organizaciones de derechos humanos y otras entidades de la sociedad civil, solicitando la suspensión de los operativos policiales en las favelas de Río.