Brasil: clase dominante busca candidato

La condena a Lula en segunda instancia por el Tribunal Federal (TRF-4) reunido en Porto Alegre el pasado 24, profundiza la crisis política de Brasil. Miles de manifestantes llegados de todo el país, acompañados por delegaciones solidarias internacionales se dieron cita en la ciudad que fuera en otros tiempos un ejemplo de participación democrática y transparencia de gestión, en los pasos iniciales de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT). Nada pudo frente a un rumbo ya adelantado. La suerte ya estaba echada para Lula. Los tres jueces no sólo avalaron la sentencia de primera instancia, sino que aumentaron la pena de Lula a 12 años y un día de prisión.

El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo pegó un salto de júbilo, que más allá de las ganancias coyunturales, nadie apuesta que sacará a Brasil del más profundo estancamiento de su economía en décadas. Sin embargo, el fallo podría impedir la candidatura de Lula– que encabeza las encuestas para las próximas elecciones presidenciales – consolidando así el derrotero trazado por los grupos que se hicieron del poder tras el derrocamiento de Dilma.  Despejado el peligro Lula, apaciguado el Lava Jato, con las reformas neoliberales en la popa, la derecha busca su Berlusconi.

Una buena parte de los analistas, con variados argumentos, daban por descontada la resolución condenatoria del Tribunal.

Reinaldo Azevedo, acérrimo crítico de Lula, columnista de TV y de uno de los principales diarios de San Pablo, anticipaba el 27 de octubre pasado “Lula no será candidato. El TRF-4 va a condenarlo. Ya escribí que será sin pruebas”.  Luego, esta semana, se mofó del núcleo del fallo:  La teoría del Real Dominio mutó a la Teoría del Dominio de la Fábula”.

“Siempre pensé que jamás hubo prueba de crimen alguno. Pero, en el peor de los casos, me imaginaba que iban a retirar la condena por lavado de dinero, porque es “sui generis” considerar que la propia OAS, detentadora del inmueble, es testaferro de ella misma. Es algo que en el derecho llama “leading case”, es un caso único en el derecho mundial”, asegura el ex juez Federal Flávio Dino, gobernador do Maranhão por el PCdoB, ex-presidente de la Associação Nacional de los Jueces Federales (Ajufe) y ex-secretario del Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Las consideraciones jurídicas sobre el caso van a dar mucho que hablar, reconocidos juristas estiman habrá un fallo favorable a Lula en la Suprema Corte, pero seguramente en un plazo no menor de dos años. Por ahora los abogados de Lula presentaron un recurso al mismo TRF-4 que lo condenó el jueves, pero descuentan la posibilidad de un cambio en la sentencia, sólo se trata de un procedimiento aclaratorio. Asimismo, el juez Moro prepara otro juicio contra Lula para marzo próximo.

De modo que pocos apuestan un mejor camino para Lula. Según fuentes del Tribunal Electoral, que debe aceptar o rechazar las candidaturas, por la ley Ficha Limpia, quien fuere condenado por un órgano colegiado no puede ser candidato a ninguna instancia electoral. Rechazado por el Tribunal Electoral quedaría un recurso ante la Corte, pero con pocas chances, en la medida que la Operación Lava Jato sólo apunta a Lula, mientras el oficialismo tiene un buen traje anti-flama. Hasta ahora Lula confirmó su candidatura y no considera un plan alternativo del PT en octubre.

Los movimientos sociales (MST, Sin Techo, Centrales sindicales) han manifestado que defenderán el derecho de Lula a ser candidato. También acompañan este reclamo adversario del PT por izquierda como el PSOL. Está abierto un debate que excede a la coyuntura electoral, plantea la necesidad de un balance sobre la experiencia de las últimas décadas, que tuvo a la izquierda como la protagonista central de la lucha contra la dictadura y la democratización de Brasil, lo que incluye los gobiernos de Lula y Dilma. SP

La saña anticorrupción en Brasil llega hasta Lula y termina en él

Vladimir Safatle

Brasil asistió a la primera condena de un presidente en la historia de su República.

Será también la primera vez que el principal candidato a la elección presidencial no podrá concurrir por haber sido impedido debido a la acción del Poder Judicial.  El próximo paso será la primera prisión de un ex presidente en Brasil.

Está claro que una de las cuestiones políticas más discutidas en los próximos días será: ¿Qué es lo que esto realmente significa?

Finalmente, lo que estamos por ver: ¿la señal ejemplar del fortalecimiento de un Poder Judicial autónomo capaz de combatir la corrupción en las más altas esferas del Estado o el último capítulo de un golpe tendiente a aniquilar las posibilidades de que uno de los grupos hegemónicos en la política brasileña de las últimas décadas vuelva al poder?

Adviértase que, para funcionar, la tesis de la condena de Lula como expresión de una nueva fuerza del Poder Judicial requeriría de hechos complementarios que no existen en la realidad brasileña actual.

No es difícil percibir que los casos de corrupción condenados giran todos en torno, básicamente, de Lula, de sus operadores y de sus partidarios.

El ala del MDB en la cadena (Sergio Cabral /1/ y compañía) es un ala mayoritariamente lulista. Eduardo Cunha /2/ (que no estaba ligado a Lula) está preso por haberse tornado muy peligroso al funcionamiento normal de las negociaciones del grupo en el gobierno. Todos los otros estaban en el núcleo del poder comandado por el PT.  O sea, que la saña anticorrupción va hasta Lula y termina en él.  Sin embargo, para ser una expresión de la nueva realidad del Poder Judicial ella tendría, desde el inicio, que haber sido devastadora también para los otros sectores de la vida política nacional, lo que simplemente no fue el caso.

Un país donde Lula es condenado, Temer es presidente y Aécio Neves /3/ senador, es algo del orden del escarnio.

Por otro lado, el uso político de los jueces es una especialidad nacional. Durante la dictadura, el número relativamente bajo de muertes fue compensado por el número impresionantemente alto de procesos jurídicos contra opositores reales y potenciales.

Sin embargo, el ejercicio de reducir los casos de involucramientos explícitos del gobierno de Lula y Dilma en procesos de corrupción a piezas de ficción es algo que muestra una seria regresión política de sectores de la vida nacional.

Hasta porque ahora queda claro cómo funciona la relación entre la norma y el poder en el caso brasileño.

El funcionamiento normal del gobierno brasileño a través de la quiebra de la norma, nada de eso cambió con los nuevos grupos políticos en el poder.

O sea, todos están fuera de la ley y es importante que todos ejerzan el poder fuera de ley, pues cuando la ley fuere aplicada, ella podrá golpear, de manera selectiva, a quien quisiere.

La gran ilusión que impulsó a ciertos sectores de la vida nacional en torno de Lula fue creer estar seguros de una “gobernabilidad” de esa naturaleza, en lugar de luchar realmente para cambiarla y percibir que no habría espacio real dentro de ella.

Lo que el juicio a Lula mostró fue simplemente lo contrario. Su destino es la expresión del colapso de todo horizonte de conciliación en la política nacional, con su precio a pagar en monedas de las grandes empresas contratistas.

Al decidir por el destino de Lula, el núcleo duro del poder nacional, el mismo que continuará intocable incluso cuando los pillen en grabaciones haciendo prevaricación explícita en los palacios de la República /4/, indica que no habrá más conciliación alguna entre los grupos políticos.

Sin embargo, por más paradojal que eso pueda parecer, las lágrimas de Lula son para una conciliación que él gustaría encarnar nuevamente y de la cual percibe haber sido simplemente descartado.

De estar en una situación más favorable, intentaríamos analizar el verdadero saldo político de este proceso, comprendo cuán surrealista es discutir cuestiones como “proporcionalidad de las penas” o “consistencia del ritual jurídico” en estas circunstancias.

Pues tal vez la buena pregunta para recomenzar a pensar el país al fin sea “¿sabiendo que, por esta vía conciliatoria, el saldo final sería una condena a 12 años de presión, ¿qué es lo que usted haría en el gobierno?”.

Notas:

1.- Sergio Cabral Filho: ex gobernador de Río de Janeiro, condenado a 45 años de prisión por corrupción;

2.-Eduardo Cunha: ex presidente de la Cámara de Diputados, condenado a 15 años de prisión por corrupción, uno de los actores principales en el montaje de la destitución de Dilma;

3-. Aécio Neves: senador, aliado político del presidente Temer, suspendido en su mandato por la Corte Suprema y repuesto en su cargo por la mayoría de Cámara Alta, desconociendo la investigación por corrupción;

4.- Temer fue grabado por Joesley Batista, directivo del grupo JBS, negociando la compra del silencio de ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Posteriormente se conocieron otras escuchas y filmaciones, que confirmarían lo anticipado en la entrevista Temer con Batista. La mayoría de la Cámara de Diputados salvó a Temer de una inevitable investigación por parte de la Suprema Corte.