Connor Echols
31/03/2024
Quienes observan más de cerca la guerra de Israel en Gaza se han enfrentado en los últimos meses a una cuestión: si los Estados Unidos están enviando armamento a Israel, ¿por qué la opinión pública no ha oído hablar de ninguna venta de armas, aparte de dos transferencias relativamente pequeñas a finales del año pasado?
El Washington Post nos dio la respuesta la semana pasada. El reportero John Hudson reveló que la administración Biden ha aprobado desde el 7 de octubre más de 100 paquetes de armamento más reducidos destinados a Israel que no llegaban al umbral de 25 millones de dólares que obliga a notificar formalmente al Congreso -y por tanto a la opinión pública- sobre las transferencias.
En total, estas miniventas podrían sumar más de 1.000 millones de dólares de ayuda militar norteamericana.
La decisión de entregar la ayuda norteamericana en paquetes más pequeños dista mucho de ser inusual. El gobierno norteamericano ha obrado así en el pasado con fines prácticos y nefastos por igual; sólo alrededor del 2% de las transferencias de armas rebasa el umbral que obliga a notificar al Congreso, según antiguos funcionarios.
Pero lo que es anormal es el hecho de que muchas de esas armas estaban probablemente ubicadas previamente en territorio israelí antes de la guerra. A diferencia de otros países, Israel tiene en su suelo un arsenal de armas norteamericanos al que tiene acceso privilegiado.
Cuando explota en Gaza una bomba fabricada en los Estados Unidos, existe una posibilidad real de que haya empezado la jornada en una instalación norteamericana, gestionada por soldados norteamericanos y que se rige de acuerdo con la legislación estadounidense.
"Está claro que ha sido una importante fuente de armas para Israel", ha afirmado Josh Paul, ex funcionario del Departamento de Estado que dimitió en protesta por el apoyo norteamericano a la guerra de Israel. Por desgracia, añadió Paul, "es un proceso opaco, por lo que es difícil decir exactamente qué armas están recibiendo" del arsenal.
Este alijo de armas es sólo una pequeña pieza del rompecabezas. En conjunto, los esfuerzos de los Estados Unidos por proteger a Israel de las restricciones en materia de derechos humanos y garantizar su acceso a una ayuda militar continuada van más allá de lo que se hace con ningún otro país, según expertos y ex altos funcionarios estadounidenses.
Entre estas ventajas se cuentan un control modificado respecto a los derechos humanos, un acceso especial a armas norteamericanas y un veto a la venta de armamento norteamericano a los vecinos de Israel. Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha llevado a cabo una evaluación formal del cumplimiento de la ley por parte de Israel en su guerra de Gaza.
Los expertos afirman que esta desconexión respecto a la transferencia de armas ha continuado o, en algunos terrenos, se han ampliado desde que Israel lanzó su campaña en Gaza, que ha causado la muertede más de 31.000 palestinos, dejando a gran parte de la población de la franja en condicionesde hambruna o semejantes a la hambruna. El mes pasado incluso, mientras arreciaban las acusaciones de crímenes de guerra, los Estados Unidos habrían entregado a Israel al menos 1.000 piezas de munición guiada de precisión y proyectiles de artillería.
"Lo fundamental es que o se tienen normas de derechos humanos y normas jurídicas o no se tienen", ha afirmado Paul. Cuando los funcionarios norteamericanos se abstienen de exigir responsabilidades a Israel por presuntos abusos, "no sólo se crea una excepción en el caso de Israel, sino que también se socava la diplomacia con otros países", ha declarado a Responsible Statecraft / The New Arab.
"Me preocupa seriamente que la continua transferencia de armas a Israel esté facilitando bombardeos indiscriminados que pueden violar el derecho internacional humanitario", ha comentado el congresista Joaquín Castro a Responsible Statecraft/ The New Arab en un comunicado. "El Congreso tiene que presionar a la administración Biden para que haga responsable a Benjamin Netanyahu de cualquier uso de la ayuda de seguridad norteamericana que viole el Derecho Internacional".
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró a Responsible Statecraft / The New Arab que todas las transferencias a Israel desde el 7 de octubre han seguido las leyes y las medidas políticas norteamericanas, incluidas las notificaciones al Congreso.
"Hemos seguido los procedimientos que el propio Congreso ha especificado para mantener a sus miembros bien informados e informar regularmente a sus miembros, aun cuando la notificación formal no es un requisito legal", declaró Miller en un comunicado, añadiendo que las afirmaciones de que los Estados Unidos ha cortado los paquetes de armamento con el fin de evitar su examen público son "inequívocamente falsas."
La Casa Blanca no ha respondió a la solicitud de comentarios.
Las excepciones marcan las reglas
Cuando un país de Oriente Medio pide armas a los Estados Unidos, la atención de los funcionarios estadounidenses se dirige directamente a Israel. ¿Aprobaría Tel Aviv la transferencia? ¿Podrían los nuevos aviones de combate otorgar a Egipto ventaja sobre Israel en el campo de batalla si fracasara su acuerdo de paz? ¿Cambiarían de opinión los funcionarios israelíes si les ofreciéramos mejores armas para endulzar la situación?
Esta línea de razonamiento no tiene nada que ver con las opiniones personales de los funcionarios estadounidenses. De hecho, la ley norteamericana establece explícitamente que los Estados Unidos deben conceder a Israel una "ventaja militar cualitativa" sobre sus vecinos para contrarrestar una amenaza de "cualquier Estado individual o posible coalición de Estados o [...] actores no estatales".
Los socios de los Estados Unidos son plenamente conscientes de esta realidad -y están descontentos con ella-, según un antiguo alto cargo militar norteamericano en El Cairo que solicitó mantener el anonimato para poder hablar libremente de su experiencia.
Los funcionarios egipcios solicitaban a veces armas de alta tecnología sólo para "ver cómo nos revolvíamos y se nos ocurría alguna forma de decir que 'no' sin revelar que los israelíes no lo aprobarían", recordó el ex funcionario.
"Este es otro punto en el que resulta muy explícito que Israel goza de un estatus especial del que no disfruta ningún otro país", ha declarado John Ramming-Chappell, del Centro de Civiles en Conflictos.
Esta ventaja cualitativa se ve reforzada por la cuantitativa. Desde la Segunda Guerra Mundial, Israel es, con diferencia, el mayor receptor de ayuda militar norteamericana. La financiación de Washington destinada al ejército israelí, que actualmente asciende a 3.800 millones de dólares anuales, representa aproximadamente el 16% de su presupuesto total, según el Servicio de Investigación del Congreso. Israel, que puede gastar parte de su ayuda norteamericana en armamento israelí, recibe este dinero en una cuenta con intereses en Nueva York, lo que lo convierte en uno de los dos únicos Estados que reciben una propina multimillonaria además de la ayuda básica norteamericana.
Cuando se trata de derechos humanos, Israel también recibe formas de protección especiales. Véase el caso de la Ley Leahy, una legislación que impide que unidades específicas de ejércitos extranjeros reciban ayuda norteamericana si los funcionarios estadounidenses tienen pruebas de que han cometido "graves violaciones de los derechos humanos".
Para la mayoría de los países, la investigación de Leahy tiene lugar antes de que se desembolse la ayuda. Israel recibe primero el equipamiento, y el consiguiente proceso de investigación parece diferente al de otros países. Funcionarios del escalafón inferior del Departamento de Estado han descubierto múltiples casos en los que las unidades israelíes deberían perder su acceso a las armas norteamericanas en virtud de la legislación de EE.UU., pero esos casos los bloquean de manera sistemática altos cargos del gobierno que normalmente no intervienen en esos casos en lo que respecta a otros países, según Paul.
El resultado es que, a diferencia de Egipto y de otros socios de los Estados Unidos en Oriente Medio, ninguna unidad israelí se ha visto jamás sancionada en virtud de la Ley Leahy, a despecho de las numerosas acusaciones creíbles de violaciones de los derechos humanos, algo que quien da nombre a dicha ley ha denunciado enérgicamente.
El Departamento de Estado ha justificado anteriormente esta disparidad señalando el sistema judicial de Israel, al cual consideran los funcionarios norteamericanos capaz de gestionar internamente las violaciones de los derechos humanos.
En las últimas semanas, la atención del Congreso se ha centrado en si Israel está violando una ley norteamericana que impide a un país recibir armas norteamericanas si bloquea total o parcialmente la ayuda humanitaria de Estados Unidos. Aunque la ley rara vez se ha aplicado, el gobierno de Biden prometió en un memorando reciente conseguir que los Estados se responsabilizaran de su cumplimiento.
En este momento, muchos expertos y legisladores creen que Israel viola claramente esta ley, teniendo en cuenta la escasa ayuda que entra hoy en Gaza. Sin embargo, la Casa Blanca aún no ha ofrecido una razón -o una exención formal- para justificar el incumplimiento de su propio compromiso.
"La verdad es que no he tenido ocasión de oír una buena respuesta a la pregunta de por qué no debemos aplicar la legislación estadounidense vigente [...] para garantizar que la ayuda militar norteamericana se utilice de acuerdo con nuestros valores", declaró el senador Chris Van Hollen (demócrata por Maryland).
"Considerando la evidencia de que Israel está bloqueando intencionadamente el paso de ayuda humanitaria a Gaza, la administración Biden tiene la obligación de hacer cumplir la Ley del Corredor de Ayuda Humanitaria y avanzar en la limitación de mayor ayuda ofensiva a Israel mientras continúe el bloqueo de la ayuda", declaró el representante Castro.
“El mayor apoyo posible”
Cuando la Casa Blanca se movilizó para acelerar la transferencia de armamento a Israel después del 7 de octubre, se enfrentó a un problema inusual. El presidente ya tenía autoridad más que suficiente para actuar de ese modo, pero los funcionarios querían dar a entender que estaban siendo "lo más solidarios posible". La solución fue flexibilizar aún más las leyes en torno a las transferencias de armas de Estados Unidos, según Paul, que entonces aún trabajaba para el gobierno.
"No es que se tratara de cosas en las que hubiéramos estado pensando previamente", dijo Paul. "La postura anterior dentro del gobierno había sido [que] Israel ya tiene más de lo que se podría desear en términos de autoridades y financiación".
Ahora, el paquete de gastos suplementarios del Senado para Israel contiene disposiciones que ampliarían drásticamente el arsenal secreto norteamericano en suelo israelí, al tiempo que suavizarían los requisitos de información pública sobre las transferencias desde el mismo. Un proyecto de ley con cambios similares se aprobó también en la Cámara de Representantes, lo que indica un amplio apoyo a la propuesta en el Congreso.
Según Ramming-Chappell, además de las lagunas existentes, estas nuevas restricciones debilitan el compromiso de los Estados Unidos con la protección de los derechos humanos en la escena mundial.
"El excepcional estatus del que goza Israel en la política y la legislación norteamericanos sobre transferencia de armas, cuando se considera conjuntamente con los demoledores efectos de la actual campaña de Israel en Gaza, socava realmente el liderazgo y las pretensiones de autoridad moral de Estados Unidos en la esfera internacional", afirmó.