Lluís Torrens
19/06/2024
Ni el trabajo ni el sistema de protección vigente garantizan que amplios segmentos de la población no sean pobres, a los que hay que añadir las personas sin papeles y sin derecho a recibir prestaciones, salvo algunas ayudas de emergencia de los entes locales (y no todos) y de las entidades sociales.
A pesar de algunas malas noticias, como que el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña llevara explícitamente en su programa electoral la no realización del piloto científico sobre la renta básica (algo inaudito en ciencias sociales) y la eliminación de la Oficina del Plan Piloto de la Generalitat, me manifiesto optimista por la evolución en los próximos años de la universalización de una renta garantizada.
En primer lugar ya ha quedado suficientemente evidenciado (y no es necesario realizar demasiados estudios científicos en este caso) que cuatro años más tarde de la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) éste ha fracasado en su intento de acabar con la pobreza y, si acaso, sólo ha logrado aliviar las cuentas autonómicas de algunas administraciones regionales del PP que han dejado morir su propia renta, siendo Madrid el caso paradigmático. Han tardado 3 años y medio la gente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en publicar datos de beneficiarios vigentes (no acumulados), hecho que no ocurrió hasta que se produjo el cambio del titular del Ministerio o de su equipo, y donde la secretaria de estado ha pasado a ser una economista catalana de primer orden especialista en… pilotos.
En segundo lugar, los indicadores de pobreza no han descendido a pesar de la mejora del empleo. La tasa AROPE, cuando la desagregas en sus tres factores, ya no se concentra en gente que no trabaja sino en gente que sí lo hace. La precariedad laboral y la inflación de alimentos, de la energía y de la vivienda están haciendo estragos. Quizás la buena noticia es que la inflación en alimentos y energía nos dará una buena noticia en la próxima encuesta de condiciones de vida.
En tercer lugar, la cantidad de personas inmigradas irregulares crece y crece cuando lo necesario son procesos intensos y cualificados de acogida y regularización para ocupar aquellos trabajos ofertados que los 330.000 parados en Cataluña no quieren, no pueden o no les conviene hacer (una tercera parte de los parados registrados lo hacen para cobrar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y no les sale a cuenta trabajar, y me atrevo a decir que otra tercera parte tiene problemas de salud mental, alguna discapacidad u otra enfermedad crónica invalidante para trabajar y otra parte necesitados de cuidado de familiares, que sin medidas de conciliación les impide encontrar un trabajo adaptado). Y combinaciones de las tres razones.
En cuarto lugar, y relacionado con el punto anterior, si sumamos las personas adultas que cobran prestaciones por desempleo del SEPE, contributivas o no, más las que cobran el IMV y la RGC superan al total de personas registradas como paradas e incluso todo el número de parados de la última EPA. Y a pesar de este alto nivel de cobertura teórica, las personas bajo el umbral de pobreza y/o con privaciones materiales y sociales severas no han descendido en los últimos años y mayoritariamente son personas de nacionalidad española. Ni el trabajo ni el sistema de protección vigente garantizan que amplios segmentos de la población no sean pobres, a los que hay que añadir las personas sin papeles y sin derecho a recibir prestaciones, salvo algunas ayudas de emergencia de los entes locales (y no todos) y de las entidades sociales.
En quinto lugar, el gobierno del estado cuenta ahora al menos con dos ministros de SUMAR convencidos de que la renta básica universal es una vía para mejorar las condiciones materiales de vida de buena parte de la población y sustituir al ineficiente modelo actual de protección. Ambos coinciden en el mismo edificio de los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales. En el caso del ministro Bustunduy, ya ha anunciado que se fija como objetivo de mandato desarrollar una prestación universal por crianza, que en realidad sería la parte de la Renta Básica Universal (RBU) para menores. Una prestación que ya tienen la mayoría de países de la Unión Europea y con grandes resultados en reducción de la pobreza infantil en países con peor situación de partida que el Reino de España antes de su aplicación. E incluso el ministerio de Trabajo acaba de impulsar la compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo, un cambio histórico en la línea de la incondicionalidad.
En sexto lugar, en Catalunya al menos tres partidos de la izquierda (y a la izquierda del PSC) han normalizado la defensa de la RBU, o al menos de los pilotos para ensayarla en sus programas electorales, y las encuestas de opinión que se realizan sistemáticamente recogen el apoyo mayoritario de la población a realizar los pilotos o implementarla. Además, contamos ya con un experimento natural de ayuda universal que ha tenido una tasa de cobertura por encima del 95% (y muy por encima de las coberturas de otras ayudas): la ayuda a la escolarización de la Generalitat se ha asignado directamente a cada niño estudiante de primaria sólo por el hecho de estudiar en Cataluña.
Y un último elemento, más político, es que hemos entrado en un ciclo electoral marcado por la (ultra)derechización de la población, derivado de la falta de soluciones a las grandes problemáticas que sufre la población más precarizada, en especial la gente joven, con extraordinarias dificultades para emanciparse pese a trabajar, y que han dado lugar a movimientos masivos estrambóticos como el que lidera Alvise, criminalizando a los pobres y los inmigrantes.
O los partidos progresistas innovan en políticas sociales o la actual democracia corre el riesgo de desaparecer poco a poco o de manera acelerada bajo estos partidos, y más correrá cuando los efectos de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial sean más evidentes en polarizar los trabajos, entre los de alto valor añadido y los que deben competir con las máquinas. Como decía el premio Nobel de economía Wassily Leontieff, el progreso tecnológico nos llevará a las puertas del paraíso y no seremos capaces de entrar porque no habrá un avance social a la altura.
Visto esto, ¿qué podemos hacer para avanzar efectivamente hacia una RBU? Ésta puede ser una hoja de ruta:
1. Estimar una RBU para las necesidades básicas sin vivienda y por otro lado desplegar una estrategia de adquisición y construcción masiva de vivienda asequible con colaboración público-privada-social sobre suelo público. Dado que la vivienda se lleva el 50% o más de los ingresos de la población con menos ingresos, esto abarataría considerablemente el coste de la RBU, y el rebajar los precios de todas las viviendas favorecería a toda la población. Además, deberían implementarse medidas más efectivas a corto plazo para controlar los precios de todos los alojamientos de primera residencia.
2. Obligar a que todos los ciudadanos mayores de edad hagan la declaración del IRPF, como ya la hacen los beneficiarios del IMV.
3. Sustituir el IMV y la RGC por un impuesto negativo sobre la renta en el IRPF (y que la competencia de gestión de la RBU no sea de la Seguridad Social, aunque pueda tener acuerdos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para capilarizar el acceso a la prestación), con una simplificación de las deducciones y bonificaciones y eliminar las regresivas.
4. El mecanismo de un INR ya fue aplicado por la administración norteamericana en la pandemia y con un resultado espectacular en la reducción de la pobreza infantil. Los ciudadanos que quieran cobrar la RBU sólo tienen que solicitarla a la agencia tributaria (y ya puestos que también pueda ser la catalana) y ésta la puede pagar directamente o a través de las nóminas, privadas (salarios) o públicas (sueldos), pensiones, prestaciones). Los importes cobrados se declaran en el IRPF al año siguiente y, si se han tenido ingresos totales por encima de la RBU, tendrán que tributar y si no llegan no tributarán.
5. Al año siguiente, en el momento de la declaración del IRPF, si no se ha pedido la RBU por adelantado y los otros ingresos son menores que la RBU, el INR saldrá negativo (a devolver) y el individuo recibirá un cheque, como ya ocurre ahora cuando las retenciones o pagos a cuenta superan la cuota a pagar.
6. Crear oficinas de tramitación presenciales y virtuales para ayudar a la población a acceder a la RBU, otras ayudas e incluso a llenar el IRPF y descargar de burocracia las oficinas locales y autonómicas de servicios sociales, de trabajo y vivienda. En Francia, desde la crisis de los chalecos amarillos se han creado 2750 presenciales. Sería una para cada 25.000 habitantes. No todas deben ser nuevas, se pueden ampliar las oficinas preexistentes de otros servicios.
7. La aplicación de la RBU puede ser progresiva y financiada con una reforma del IRPF, de los impuestos ambientales y otros impuestos directos e indirectos si es necesario. Y sobre todo será necesario un nuevo impuesto a la riqueza que permita detener la continua acumulación de riqueza en el segmento más rico de la población, como demuestran los 20 años de la encuesta financiera de las familias del Banco de España, en que el 10% más rico ha incrementado su participación en la riqueza total en 10 puntos.
8. Es necesario además un análisis de las ganancias de la RBU en términos de rentabilidad social y económica, en especial en salud mental, reducción del fracaso educativo y criminalidad.
9. Y tendrá que ir acompañada de una regularización de los inmigrantes y de la implementación de modelos fiscales y laborales que favorezcan el afloramiento de las actividades en negro en el sector de cuidados y otras tareas intensivas en personal. Y desplegar medidas de conciliación que permitan que todo el mundo que quiera pueda trabajar.
Una alternativa más compleja de implementar y conservadora es ir progresivamente sacando las condicionalidades al IMV y a la RGC, homogeneizando ambas normativas y haciéndolas plenamente compatibles con otros ingresos de los individuos sin límite temporal. Y, a su vez, introducir créditos fiscales en el IRPF para equiparar la tributación de las rentas bajas que sólo tienen ingresos de terceros, con las de quienes trabajan y/o cobran el IMV y o RGC. El objetivo es no generar agravios entre trabajadores y perceptores de ayudas, eliminando las trampas de la pobreza, convergiendo con los resultados de un modelo más puro de RBU. Sin embargo, este modelo seguiría manteniendo los costes de la gestión de las rentas mínimas.
Por último, también desde la experiencia de varios años de leer y escuchar que la RBU es una “paguita” (como cualquier renta contra la pobreza) y que no tiene reciprocidad (recibir sin dar nada a cambio, como disfrutan los rentistas ), es necesario reorientar el debate hacia que la RBU es una reforma fiscal para que el sistema sea más progresivo y menos desincentivador del trabajo como lo es el actual entramado. Y, específicamente, contra la falta de reciprocidad sugiero potenciar las políticas comunitarias, donde las personas con dificultades para trabajar puedan aportar voluntariamente parte de su tiempo a la comunidad. Aportar tiempo es una aportación a menudo más progresiva que aportar dinero y legitima la RBU creando capital social.
¿Por qué los ricos dirán que los pobres no lo merecen y los pobres dirán que por qué se lo damos a los ricos? Rebatir este pensamiento a cambio de acabar con la pobreza y garantizar de por vida una existencia digna, lo vale.