Carlos Abel Suárez
05/04/2015
El paro del marte 31 de marzo fue relevante. Con la masiva paralización de los transportes, las más importantes ciudades del país mostraron la quietud de un día feriado. La mayoría de las grandes fábricas y obras fueron paralizadas. Entre ellas, varias donde sus dirigentes sindicales están alineados con el gobierno y se habían pronunciado contra la medida. Sin embargo, Antonio Caló, secretario general de los metalúrgicos y titular de la CGT oficialista, dejó en libertad de acción a sus afiliados, en otras palabras: encendió la luz verde o la roja, según como se mire el destino de su liderazgo.
Cuando todavía no había concluido la conferencia de prensa de los sindicatos convocantes de la huelga, cuyo balance destacaba la contundencia del paro, los canales y radios de todo el país entraron en "cadena nacional" para ver a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a casi todos sus ministros, desde La Matanza, uno de los distritos con mayor peso electoral en la provincia de Buenos Aires, anunciado la ampliación de la red de agua en algunos barrios de la zona (en el conurbano bonaerense, con una población cercana a los 12 millones de habitantes, más de 2 millones carecen de agua potable). Desde allí la mandataria descargó rayos y centellas, no sólo contra los promotores del paro, sino contra los propios trabajadores. Como suele ocurrir la farsa repitió lo que otrora fue tragedia. Decir que los obreros que más ganan, que son la minoría de la población trabajadora, son los promotores del paro, estigmatizar como oligarcas a los que participaron de la huelga, no es nuevo en la historia política argentina. Posiblemente ella o sus asesores ignoren o hayan olvidado que cuando uno de los más genuinos representantes del establishment, Adalberto Krieger Vassena, renunció como ministro de Economía (junio de 1969) anticipándose en unos días a la caída del dictador Juan Carlos Onganía - acusó a los obreros que tenían los mejores salarios del país y de América Latina de haberlo tumbado. Y era totalmente cierto, esos trabajadores con altos salarios, mecánicos, metalúrgicos, de luz y fuerza, ferroviarios, de la naciente industria petroquímica y química, fueron los que tomaron un camino independiente de las patronales y de los gobiernos y protagonizaron hechos memorables, como el Cordobazo, el Vivorazo, el Rosariazo, el Mendozazo. Salieron otra vez, en el paro de 48 horas y movilización, que en julio de 1975, enfrentó al "rodrigazo" y al "brujo" López Rega y su Triple A, cuyos asesinatos fueron un preludio del terrorismo de Estado generalizado que asoló el país con el golpe de 1976, uno de cuyos objetivos fue el de "aniquilar" esas direcciones independientes y antiburocráticas y ese activismo tan perturbador para los que mandan.
Pretender que la efectividad del paro se debió a la decisión de los choferes de colectivos, que serían una nueva "oligarquía", según los comentaristas oficiales con jornadas laborales de 12 horas- o de conductores de trenes "mezquinos y poco solidarios", porque ganan mucho y no dejaron que el resto de los trabajadores vayan a trabajar, es la patética evidencia de la estulticia de un gobierno, que tras autoproclamarse representante de los trabajadores, ha falsificado las estadísticas desde 1967, de tal modo que no hay un dato oficial creíble sobre inflación, canasta familiar, pobreza, indigencia, desocupación, mortalidad infantil y tantos otros indicadores. Pese a ello diversas evidencias muestran con claridad que la ocupación hace tiempo está en brusco retroceso, cae la actividad industrial y aumenta el empleo en negro (informal), mientras los bancos y las finanzas no gravadas multiplicaron por cuatro sus ganancias durante 2014.
Gravar los ingresos (en Argentina se llaman ganancias, incluyendo a los ingresos de los trabajadores) es incontestablemente progresivo. Desde 1917, con el gobierno de Irigoyen, se comenzó a discutir sobre un impuesto a los Réditos, pero recién se implementó con ese nombre en 1932, durante el gobierno de Justo. Perón en su tercer mandato, a propuesta de su ministro de Economía, José Ber Gelbard, impulso una reforma tributaria que engloba varios impuestos sobre la renta en lo que se denomina Ganancias. Desde entonces se le aplican parches y modificaciones a esta ley hasta quedar en su actual modalidad. Hoy alcanza a unos 2 millones de trabajadores, lo que representaría un incremento del 1100 por ciento en la cantidad de contribuyentes, a los que se les descuenta por su salario, con relación a 2006. El gobierno agita para que se mire el dedo, en lugar de ver la luna. Al no modificar el mínimo no imponible (MNI), las escalas en que se debe aplicar el impuesto, lo hace injusto para un gran universo de asalariados. Lo que está en discusión es este punto: hacer del indicador de aumento de los precios un mamarracho insostenible (que ni el anterior ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pudo explicar a una periodista griega, quedando con un ridículo "me quiero ir"), junto con la manipulación de todas las estadísticas va convirtiendo al tributo en regresivo e incoherente. Con relación a este tema vale visitar el artículo publicado en Sin Permiso por Alberto Barbeito y Rubén Lo Vuolo, sobre el Mínimo No Imponible, el Ingreso Ciudadano y la cuestión tributaria, que es absolutamente actual.
Lo cierto es que a un paro general de la magnitud de este último se llega por varios caminos y por varios motivos. Que el principal reclamo convocante sea la bandera de sólo un sector de los trabajadores no lo invalida (hay que recordar el Cordobazo saltó por una discusión del horario de trabajo los días sábado, que afectaba a una rama industrial). La historia muestra que cualquier tema puede ser disparador de un malestar generalizado, de un hartazgo de la mayoría de la población. De este modo, los que intervienen activamente o acuerdan de manera pasiva en apoyar un paro, incorporan su propia agenda al mismo, a cada uno le duele un callo o un pie distinto, pero a todos y todas les duele.
Así ha sido siempre. Que las direcciones convocantes no sean lo que los mismos trabajadores quisieran, tampoco es un buen argumento. Pocos han ayudado a la democratización sindical, el que menos: un ministerio de Trabajo dedicado 11 años a defender agentes de la dictadura o hacer perpetuar dirigentes corruptos, mientras aplaudan la línea oficial. Y lo peor es cuando desde el oficialismo se arguye que es un paro "político". Este ha sido un caballito de batalla de la derecha, que pretende denostar así que las agrupaciones sindicales no deben tener acción política. El paro es político porque denuncia una situación política y repudia las políticas del gobierno. Todo es político, como no poder dar cifras de la pobreza, anunciar varias veces obras que nunca se ejecutarán o firmar tratados con los chinos, que llenarían de envidia a los colonialistas ingleses de todos los tiempos.
Carlos Abel Suárez es miembro del comité de redacción de Sinpermiso