Rosa D'Alesio
31/08/2024
La vicepresidenta volvió a hablar de su lucha por la ’verdad completa’ este martes en el Senado y aseguró que buscará justicia para las ’víctimas del terrorismo’. En realidad, Villarruel no busca ni verdad ni justicia, sino impunidad para los responsables de un genocidio de clase que desapareció a 30.000 luchadores, violó a mujeres detenidas y les robó a sus bebés. Ni peronistas ni radicales buscaron condenar los crímenes de la Triple A y los de la CNU |
Victoria Villarruel, hija de un militar que integró las Fuerzas Armadas que dieron el golpe en 1976, usó el Senado de la Nación para reiterar su defensa a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Lo hizo escamoteando la verdad de su propósito. En un discurso encendido, la vicepresidenta habló de las “víctimas del terrorismo”. Se refirió a ellos como “inocentes" y mencionó a José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT asesinado en 1973, como ejemplo de estas víctimas. Lo que no mencionó es que Rucci apoyó la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de extrema derecha peronista fundada en 1971, responsable de perseguir y asesinar a militantes obreros y estudiantiles. La CNU, con presencia en Mar del Plata y La Plata, cometió numerosos asesinatos y actos de violencia que fueron la antesala del golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976. Como recordó el militante setentista y dirigente del PTS en el Frente de Izquierda, Carlos “Titín” Moreira, en una entrevista que le realizamos en este medio, “Rucci fue parte, no solo de la masacre de Ezeiza y el Pacto Social, sino que antes de ser asesinado apoyó la CNU. Es decir, muchos de los que integran el aparato del PJ, fueron cómplices de la dictadura, y luego se reciclaron. Como Julio César Alak, Carlos Ruckauf, quien organizó la Juventud Sindical Peronista. Una organización de derecha que buscaba derrotar el ascenso revolucionario de los 70”. Alak, hoy intendente de La Plata, protegió por años a un integrante de la CNU, Pipi Pomares, que enfrentó causas judiciales por sus crímenes contra la vanguardia obrera, quedó siempre impune. El Pacto Social al que se refiere Moreira, fue firmado el 6 de junio de 1973. Llevó la firma del gobierno, empresarios y Rucci en representación de la burocracia sindical. El objetivo de este pacto fue descargar, una vez más, la crisis sobre la espalda de las y los trabajadores. Tal fue la traición de la CGT por avalar este acuerdo, que el mismo Rucci reconoció que “estaba firmando su sentencia de muerte”. Volviendo a la "verdad completa", que supuestamente persigue Victoria Villarruel, hay que recordar que, a quienes ella llama terroristas, fueron asesinados por las organizaciones parapolicial, paraestatal, antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Bajo el gobierno de Perón e Isabelita actuó, no solo la CNU, sino también la Triple A, organizada por José López Rega por orden del general Juan Domingo Perón. Es llamativo, por usar una expresión cándida, que cuando la presidenta del Senado habla de la violencia de los 70, no menciona a ninguna de estas dos organizaciones. La defensora de los genocidas no es la única que se “olvida” de mencionar estas dos organizaciones. Todos los gobiernos constitucionales, desde Alfonsín a esta parte, incluyendo, por supuesto, los kirchneristas, se negaron a impulsar o tan siquiera condenar los crímenes cometidos por la CNU y la Triple A -integradas por policías y burocracia sindical-. Incluso, en el gobierno de Raúl Alfonsín, bajo la teoría de los dos demonios, se juzgó a los dirigentes de las organizaciones armadas que habían sobrevivido al golpe militar, así como a la Junta Militar. No fueron juzgados ni Isabel Perón ni los integrantes de la CNU y la Triple A, responsables de múltiples crímenes contra la vanguardia obrera y estudiantil Como subrayó el dirigente trotskista en la entrevista que citamos, todo el régimen político y judicial se niega a condenar estos crímenes impulsados bajo un gobierno constitucional para preservar el aparato represivo del Estado, frente a la desprestigio de las Fuerzas Armadas por la desaparición de 30.000 luchadores. Las causas judiciales contra integrantes de la CNU y la Triple A, son impulsadas por los familiares y organismos de derechos humanos, como cuentan en esta entrevista Andrea Robles, hija del dirigente trotskista César Robles, y la abogada de derechos humanos Liliana Mazea. Todas esas causas no avanzan, justamente, porque hay un acuerdo de todo el aparato del Estado para que queden impunes. Causas contra “terroristas” Volvamos una vez más sobre los dichos de la defensora de genocidas. Villarruel sostiene que va a impulsar que se reabran "todas las causas de víctimas del terrorismo", en referencia a muertes ocasionadas por el accionar de organizaciones armadas durante la década del ‘70. Las causas emblemáticas que pretende reabrir la vicepresidenta son tres. En cada una de ellas los fallos judiciales dictaron que no se podía avanzar porque prescribieron. Una de ellas es la del coronel Larrabure quien había sido secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974. Un año después aparece muerto. Se dijo que el ERP lo había ahorcado, sin embargo ni la autopsia ni el expediente judicial prueba que haya sido un homicidio. La prueba más relevante, que desmiente que fue asesinado, la otorga un testigo. El compañero de cautiverio del Coronel, un empresario. René Vicari dijo que Larrabure se suicidó. Esta declaración está en el expediente judicial. No solo hoy no podría juzgarse por haber prescripto, sino que se trata de “cosa juzgada”. El proceso judicial se realizó entre 1975 y 1983. Los condenados recibieron penas de 8 a 15 años. Finalmente fueron ejecutadas o desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. El hijo del coronel Larrabure, presente en el acto que realizó Villarruel el pasado martes en el Senado, reabrió la causa y todas las instancias judiciales fallaron en contra de que se reabra. Hoy se encuentra en manos de la Corte Suprema. Otra de las causas que buscan que se juzgue es el atentado en la Coordinación Federal de la Policía Federal del 2 de julio de 1976. En 2003 se presentó por primera vez la causa para que se investigue este hecho, sin embargo, en reiteradas oportunidades la Justicia falló a favor de la prescripción. La causa por el asesinato de José Ignacio Rucci, líder de la CGT asesinado en 1973, también fue declarada prescripta. La hija del burócrata sindical, Claudia Rucci, ha estado luchando durante años para que se reabra el caso. Sin embargo, el juez Ariel Lijo rechazó su pedido, argumentando que el caso no cumple con los requisitos para ser considerado un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no puede ser considerado imprescriptible. La negativa ha sido rechazada por Claudia Rucci, actual directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, quien insiste en que se juzgue la muerte de su padre. Los asesinatos cometidos por la organización armadas en los ’70 no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra, por lo cual son prescriptibles y, a estas alturas, ya no pueden ser investigados. Lesa humanidad Este miércoles, a casi dos meses de la visita de seis legisladores de La Libertad Avanza a genocidas, sesionó una comisión en la Cámara de Diputados para debatir sobre este hecho repudiable. Estuvieron presentes representantes de distintos organismos de derechos humanos para reclamar para que se avance con una investigación sobre esta visita. La dirigente del PTS Myriam Bregman junto a otros referentes como Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Guadalupe Godoy, entre otros, tomaron la palabra. Bregman sostuvo con firmeza que es urgente que se debata en el recinto sobre la visita al penal de Ezeiza a genocidas como Alfredo Astiz; subrayó la importancia de que cada “diputado y cada diputada diga explícitamente qué piensa de esto”. Agregó, además, que hay que continuar con los juicios de lesa humanidad y avanzar con la pata civil del golpe militar "éstos que fueron los verdaderos ideólogos del genocidio, que trabajaban para los grandes empresarios, para el Fondo Monetario…". La visita a genocidas al penal de Ezeiza abrió una crisis en el gobierno de La Libertad Avanza, y generó múltiples debates públicos. Esto fue provocado por el repudio generalizado de una amplia sector de la sociedad que condenó cualquier intento de impunidad para los genocidas. Javier Milei no dudó en expresar, desde el primer día que se hizo publico esta visita, que él no estaba al tanto y que esa no es su agenda. Sobre el reclamo de funcionarios del gobierno, que sostuvieron que por una cuestión humanitaria debía otorgarse prisión domiciliaria a los genocidas, la abogada por los derechos humanos y referente del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sostuvo: "No crean que todos los genocidas están detenidos. Los últimos números de la Procuración dicen que hay solo 636 detenidos, de los cuales 508 están en domiciliaria, están en su casa con la familia, festejan bautismos...108 se encuentran bajo custodia penitenciaria. ¿Significa esto que están todos en una cárcel común y efectiva? No, muchos están en Campo de Mayo, la Unidad 34, con cancha de tenis y aire acondicionado”. Bregman concluyó reiterando el reclamo de la lucha por justicia que lleva más de cuatro décadas. Sostuvo “quiero decir que siempre hemos peleado por cárcel común, perpetua y efectiva, para todos y cada uno de los genocidas. Por todos y cada uno de los 30 mil compañeros desaparecidos, queremos que se los juzgue por todos y cada uno de los casos. Para nosotros no existen los casos testigo, queremos que haya justicia”. |