Silvia Ferreyra
18/09/2015
En el valle de lixiviación de la mina de oro Veladero, el domingo pasado, se registró una “fuga” de 224 mil litros de “solución cianurada”, que derramó en los ríos afluentes de la cuenca de Jáchal, que formó el oasis que ha permitido la vida en la provincia argentina de San Juan. La megaminera transnacional Barrick Gold, que explota los yacimientos de Veladero y Pascua-Lama en esa región de la cordillera de Los Andes, primero negó la existencia de tal derrame y sus consecuencias, para después difundir un comunicado donde se advierte a la población de la zona que se distribuirá agua potable para bebida humana y animal, y que estaba agregando en hipoclorito de sodio en los torrentes a fin de “neutralizar cualquier presencia de cianuro, mayor a los parámetros legales". El gobernador José Luis Gioja y sus funcionarios – reconocidos agentes y voceros de las megamineras – pasaron de decir que se podía tomar un vaso de agua de la solución derramada sin ningún peligro para la salud a vedar su consumo, anunciando el arribo de auditores internacionales para estudiar los posibles daños ambientales, horas antes negados. El impacto ambiental de la megaminería en general y en los glaciares de la cordillera de Los Andes, particularmente, ha sido ampliamente estudiado, denunciado por trabajos de reconocida reputación científica y sancionado por resoluciones de las mayores instancias judiciales tanto de la Argentina como de Chile. El clamor de las poblaciones locales en defensa de su ambiente natural, de sus ríos, de su fauna y de sus cultivos centenarios, ha sido desconocido y hasta silenciado en algunos casos violentamente por los gobiernos locales y el ejecutivo nacional, que consideran a la megaminería y a las sojeras como el sustento del modelo de desarrollo económico. (SP)
En San Juan es muy difícil establecer el límite entre el accionar del Estado y el de las empresas mineras. La relación es de ida y vuelta: muchos funcionarios tienen o han tenido fuertes vínculos con el sector, como el actual secretario de minería de Nación, Jorge Mayoral, secretario y luego director ejecutivo de la Cámara Minera de la provincia (1994-2001). Y muchos asesores y técnicos de las mineras prestan “colaboración” en el diseño de políticas públicas y normas que rigen la actividad, como sucedió con Barrick Gold y el veto a la ley de glaciares primero, y luego con las leyes provinciales presentadas por los gobernadores ante la inminente sanción por segunda vez de la norma nacional. Esta sintonía perfecta se mantiene intacta desde épocas del menemismo y se repite en todas las provincias mineras.
El domingo pasado se rompió “una válvula de una cañería que conduce solución cianurada” en la mina Veladero, de la Barrick Gold, en el departamento Iglesia de San Juan. El accidente alertó rápidamente a la población de Jáchal, localidad aguas abajo del emprendimiento, que por temor a la contaminación se movilizó por la noche al municipio. Gustavo Herrnann, vecino del pueblo, habló en una entrevista para la OllaTV:
“Las noticias que nosotros teníamos es de un derrame de cianuro y mercurio de aproximadamente 15 mil litros, ellos dicen que eso es imposible. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero estamos obligados a monitorear las aguas, porque esto ha sucedido a 5 mil metros de altura, las aguas escurren allá y vienen directamente por el río para acá. De boca de la gente que trabaja en la empresa nos venimos a enterar que el incidente fue ayer (por el domingo) a la mañana. Si no hubiera sido por la presión de las redes sociales y que se viralizó todo, a nosotros nos queda toda la sensación de que esto se hubiera tapado, no nos hubiéramos enterado de absolutamente nada”
“De boca del secretario de Minería (de la provincia) nos enteramos que ayer al mediodía ya estaba la policía minera ahí arriba. Si está la policía minera con tanta premura es porque había algo, después ha dicho que los monitoreos de agua se hacen cada dos horas. Eso nos da la sensación de que “algo” ha pasado. Ahora hay gente de Salud Pública y Obras Sanitarias que están haciendo monitoreos en todas las plantas y habrá que hacer monitoreo de aguas subterráneas y aguas arriba. Lo que pasa es que implica un costo, implica movilización y hay gente que desconfía porque acá no tenemos laboratorios para hacer análisis de agua y desconfiamos de los análisis de agua que hace el gobierno. Entonces hay gente que quiere hacer análisis paralelos en laboratorios particulares y eso también tiene un costo. Pero la gente no está tranquila”.
La empresa difundió el lunes un comunicado mostrando todo bajo control. “Nuestro equipo de Medio Ambiente está investigando las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona” “No existen peligros para nuestros trabajadores o para la comunidad con el incidente ocurrido”. En igual sintonía se manifestó el gobernador José Luis Gioja, quien siempre que va a Jáchal toma agua directamente de una acequia, en respuesta a quienes critican a la minería. En este caso dijo que iniciará un sumario para determinar responsabilidades por lo ocurrido, calificó el hecho como “una contingencia técnica que fue controlada y no generó problemas”. “Hay que llevarle seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”. En cuanto a la información trascendida en las redes sociales, señaló que “quienes quieran tergiversar o llevar agua para su molino no sirve la situación. Ustedes lo podrán ver si esto se usa políticamente”.
En la Corte Suprema de Justicia de nuestro país están vigentes dos causas contra Barrick: una impulsada por la Fundación Ciudadanos Independientes (FUCI) por afectación de glaciares y por ocultar la presencia de estas fuentes de agua en el Informe de Impacto Ambiental de la mina Veladero, realizado por la consultora Knight Piésold. Como prueba ofrece la documentación del Informe de Impacto Ambiental de Pascua Lama, proyecto argentino-chileno de la misma empresa, elaborado por otra consultora (BGC) con notables diferencias sobre la misma zona geográfica. La otra causa es por daños, fue iniciada por Ricardo Vargas y está patrocinada por Diego Seguí. Refieren los daños ambientales a partir del inicio de Veladero y solicitan se suspenda la construcción de Pascua Lama del lado argentino -del lado chileno ya se encuentra suspendido por orden de la Justicia-, hasta tanto se realice el inventario de glaciares. Sostienen que este proyecto se está construyendo sobre glaciares de su provincia. Ambos expedientes, vinculados, esperan la respuesta del Tribunal.
¿A quién le tienen que creer los vecinos de Jáchal, para quedarse tranquilos? ¿A los funcionarios provinciales que controlan la actividad? ¿Al gobierno nacional que nunca intervendrá, si no es por orden expresa de la provincia? ¿A la empresa? ¿Cuál es el trato que recibe cualquier voz crítica a la actividad en estas provincias? ¿La persecución, el apriete, el ninguneo, el despido, o todas a la vez?
En julio pasado, Daniel Scioli viajó a San Juan y envió un mensaje claro al sector minero: “los empresarios, trabajadores, a los inversores y a los potenciales, la mayor de la certidumbre, tranquilidad y previsibilidad que van a encontrar en Argentina una tierra extraordinaria para invertir a distintos mercados del mundo”. En otra oportunidad Mauricio Macri señaló en dicha provincia la importancia de la actividad y que “hay países que salieron adelante con la minería y son respetados desde el punto de vista ambiental”, mientras que Sergio Massa sostiene que “donde haya licencia social, hay que bancar a muerte a la minería y donde no la hay, no debe haber minería”.
Nuestro país necesita una reforma minera profunda, que vaya más allá de lo estrictamente económico, que aborde las estructuras de poder fortalecidas desde Menem en adelante de la mano del clientelismo, la compra de voluntades y la corrupción. Que contemple la defensa del agua y de la vida, y el respeto por la cultura de nuestro pueblo y su forma de vivir. Que garantice mecanismos de control transparentes y participativos, sobre todo de la población involucrada, con funcionarios idóneos e independientes de los intereses de las empresas. Sólo así se podrá construir un puente de confianza de cara a la sociedad.
Silvia Ferreyra es directora del Área de Ambiente y Recursos Naturales del ISEPCi (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana)