Aproximaciones con nuevos datos sobre cómo se podrían financiar asignaciones públicas: mención especial a la vivienda

Hace dos semanas entregamos los primeros resultados de lo que costaría financiar una renta básica universal e incondicional bajo tres distintos supuestos, con importes para la primera persona adulta de 8.815 y 8.400 euros anuales, en el caso de los supuestos 1 y 2, siendo el tercero un importe similar al del Ingreso Mínimo Vital (IMV), 5.538 euros anuales. Para dejar claros los contenidos: nos referimos a tres supuestos que tienen su interés por diferentes motivos. Y evidentemente en el tercer caso estudiado en aquel artículo, el del importe similar al IMV, se trataría de una asignación no incondicional (según los supuestos del IMV), pero sí universal aunque muy por debajo del umbral de la pobreza, algo que se aleja de nuestra perspectiva. Solo a efectos ilustrativos. Los datos procedían de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 2018. Las condiciones eran que se financiaba con una reforma del IRPF y una financiación adicional procedente de otros impuestos progresivos como un impuesto sobre las grandes fortunas, y que en ningún caso los hogares con rentas hasta el 80% más pobre de la población resultaran perjudicados. Los resultados nos daban unos costes entre el 4,33% y 6,57% del PIB para los más ricos perdedores (los que transferían renta a los ganadores) y el 2,28% para el equivalente al IMV. Los tipos únicos de IRPF propuestos eran del 46,83%, 49,05% (anclado en los resultados de las simulaciones del 2010) y del 28,92%, respectivamente.

A nivel de reducción de pobreza las dos primeras simulaciones eliminaban de facto la pobreza severa y dejaban en el 0,53% y 2,96 % la pobreza relativa. Mientras que la equivalente en importe al IMV dejaba la pobreza severa en el 2,47% y la pobreza relativa en el 13,49 %. Recordemos que la tasa de riesgo de pobreza según la ECV es del 21,5% y que el IMV tal como se aplica en estos momentos reduce 0 la pobreza, que se mantiene pues en el 21,5%. En lo que respecta a la desigualdad, las dos primeras simulaciones rebajaban el índice de Gini de 0,3457 a 0,2359 y 0,2061 (mejor que los países nórdicos, los más igualitarios del mundo) mientras que el importe de la tercera simulación del IMV tan solo lo reducía a 0,3065 (media de la UE).

Nuevos cálculos introduciendo el factor vivienda

Es sabido que en el reino de España el acceso a una vivienda asequible es uno de los principales problemas que genera pobreza y exclusión. Estas situaciones dependen de dos factores fundamentalmente: el régimen de tenencia de la vivienda (alquiler a precio de mercado, alquiler a precio reducido, propiedad o cesión libre de cargas o propiedad con cargas hipotecarias) y el lugar de residencia (con costes mucho más elevados en las grandes ciudades que en las poblaciones de tamaño medio y zonas rurales). Así, con datos de la ECV el 57,1% de los hogares eran propietarios sin deudas por la vivienda o disfrutaban de una cesión gratuita, el 25,4% estaban hipotecados, el 14,8% eran inquilinos a precio de mercado y el 2,7% eran inquilinos a precio por debajo de mercado (básicamente vivienda protegida o alquileres anteriores a la ley de arrendamientos urbanos). Es decir, 82,5% de propietarios y 17,5 de inquilinos. Estos porcentajes varían en las rentas bajas. Así los hogares por debajo del umbral de pobreza son inquilinos en un 30,4 % (24,5% a precio de mercado y 5,9% por debajo), un 53,2% tienen la vivienda en propiedad o cedida sin coste y un 16,4% están hipotecados.

Pero a menor renta, mayor porcentaje de inquilinos: con el umbral en el IMV (la simulación de número 3 de nuestro estudio en el artículo anterior) los inquilinos a precio de mercado ya son el 27,1% y por debajo de mercado el 8,6%, los que disponen de vivienda sin coste el 51,4% y los hipotecados el 13 %.

Pero estos datos son para el conjunto del reino y presentan variaciones territoriales importantes. Así, para Catalunya, los hogares con rentas por debajo de los umbrales del IMV que son inquilinos son más del doble que en el conjunto del Reino -y más del triple que la media de la población general-, el 57,5% (47,6% a precio de mercado y 9,9% por debajo), el 30,3% disponen de vivienda sin coste y el 12,2% tienen la vivienda hipotecada. O sea, en el reino en promedio el 57,1% de la población no paga por su vivienda (por lo tanto toda su renta disponible se puede destinar a otros menesteres) mientras que en otras zonas este porcentaje baja a casi la mitad. A este factor hay que añadir el coste diferencial de los precios de la vivienda. Así, con datos del Ministerio de Fomento el precio de tasación de la vivienda usada en la Comunidad de Madrid triplicaba a principios de año el coste en Extremadura. Lo mismo si comparamos precios de alquiler: Madrid triplica el precio medio por m2 de Lugo.

Estos datos son importantes, no es lo mismo una RB o una asignación condicionada para una persona o familia que vive en Madrid o Barcelona que para una que vive en otro lugar. En el primer caso la RB será insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un inquilino (en lenguaje común la RB te da para comer o para pagar la vivienda, pero no para ambas) y en otros casos puede ser “sobreayudar” a los propietarios. Esta situación real, resultado también del escaso parque de vivienda protegida (se ha construido históricamente mucha vivienda protegida, pero la mayoría en régimen de propiedad y eliminando la protección al cabo de unos años) nos hace proponer un segundo método para calcular el importe de la RB, teniendo en cuenta el coste diferencial de vivir en los diferentes lugares del Reino.

Hay que decir que existen diversos estudios sobre el coste diferencial de vivir en las diferentes CCAA, algo que los sistemas de financiación autonómicos nunca han reconocido, aunque sí lo hacen los complementos salariales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo. En nuestro caso vamos a centrarnos exclusivamente en el coste de la vivienda. Y por dos razones: a) explica la mayor parte de los costes diferenciales de vida entre territorios y b) podemos obtener los datos de la propia ECV.

Lo que proponemos es un ejercicio pragmático que separe esta asignación en dos tramos, solamente a efectos ilustrativos porque en realidad esta propuesta es condicionada a los distintos costes de vivienda. Insistimos solamente a efectos ilustrativos, para mostrar propuestas que podrían hacerse respecto a la realidad que tenemos. Que nadie se confunda, no es una RB.

1. Un tramo que cubra las necesidades básicas sin costes de vivienda igual para todo el territorio nacional

2. Un tramo que cubra las necesidades de vivienda, variable en función del lugar de residencia.

Un modelo de cobertura de rentas en dos tramos no es novedoso, incluso el experimento piloto de Finlandia de RB mantenía ayudas como la de vivienda a los perceptores de la RB, o la propia RGI vasca tiene una prestación complementaria de vivienda. Además, la propia ley del IMV ya anuncia que también se creará reglamentariamente un tramo adicional en función de los gastos de vivienda. Y en nuestro libro de 2017 ya dedicábamos un capítulo a las diferencias por zonas de RB.

Para el tramo a) proponemos una RB de cobertura de necesidades básicas no habitacionales de 530 euros mensuales (6.360 euros anuales) para la primera persona y del 60% (3.816 euros anuales) para cada una del resto de personas.¹ Estas cifras no son arbitrarias, se basan no en valores de pobreza relativa (que oscilan en función del ciclo económico y del nivel de desigualdad) sino en la metodología de presupuestos de referencia que estima el coste real de adquisición de una cesta de bienes y servicios básicos en función del tamaño del hogar. En nuestro caso como valor base usamos la aplicación de esta metodología usada en el proyecto europeo Improve, en donde participaron investigadores catalanes, y en donde se estimó que el presupuesto de referencia del año 2014 era de 437 euros mensuales para una persona adulta sin tener en cuenta los costes de vivienda ni de suministros básicos. Una actualización de los costes a valores del 2017 lo sitúa en 445 euros. Además, utilizando datos de fuentes diversas, entre ellas la Encuesta de Presupuestos Familiares, se obtuvo que el coste de los suministros básicos para un adulto del primer decil de renta era de unos 85 euros mensuales, en total 530 euros. En la siguiente tabla 1 se muestran las cantidades percibidas por el hogar según las personas que lo integran.

Para el segundo tramo, el proyecto Improve sugería también una metodología de cálculo de los costes de vivienda pero, dado que en 2014 los precios habían tocado fondo después de caer desde 2007, había que aplicar con una cierta precaución.²

Con estas premisas, el segundo tramo variable de la asignación que aquí se contempla se calcula de la siguiente manera:

Para cada comunidad autónoma, y separando Madrid capital, Barcelona capital y resto de Área Metropolitana de Barcelona de las comunidades autónomas se calcula un precio objetivo equivalente al que tiene el decil 3 de una vivienda de tamaño adecuado a cada unidad familiar³ y en función de si la población de residencia es una zona muy poblada, medianamente poblada o de baja población (indicadores todos ellos disponibles en la ECV).⁴

El segundo tramo de la asignación que aquí se contempla se calcula entonces como un complemento individualizado por hogar equivalente al menor de los dos valores: a) el coste objetivo calculado en función del tamaño del hogar y del lugar de residencia y b) el coste real que paga el hogar. Esto significa que si un hogar dispone gratuitamente de su vivienda no recibirá ninguna cantidad y que si un hogar paga un alquiler o una hipoteca recibirá como máximo una ayuda equivalente al coste del decil 3 de una vivienda adecuada. Añadir que para el caso de hogares individuales el coste objetivo se estima como la mitad del coste de una vivienda para dos personas.

Hemos estimado dos variantes de este segundo tramo: en la primera solo incluimos en los gastos reales de los hogares los intereses hipotecarios y en la segunda los intereses y los pagos del principal de la deuda hipotecaria. La razón es que en el segundo caso la parte del principal podría ser interpretada como una financiación de ahorro, no de necesidades básicas; la interpretación alternativa es que el pago del principal es un gasto necesario para acceder realmente a la vivienda.

Con los dos tramos calculados tenemos la asignación que aquí se contempla para cada hogar. Llegados a este punto empleamos la misma metodología que en las tres primeras simulaciones y aplicamos las mismas compensaciones para garantizar que todos los hogares por debajo del percentil 80 no resulten perjudicados.

Tal como se recoge en la Tabla 2, el coste de la asignación que aquí se contempla del primer tramo es de 223.414 millones de euros y el coste del segundo tramo es de 9.254 millones (incluye solo intereses de hipotecas) o de 12.884 millones (incluye el principal). El tipo único del IRPF que lo financia es del 41,12% y 41,69%. Además hay que añadir 17.874 y 18.068 millones de euros respectivamente para compensar a los perdedores por debajo del percentil 80 (en donde la inmensa mayoría son pensionistas). Sobre las fuentes de financiación adicionales nos remitimos a lo dicho en el anterior artículo.

El coste total alcanza el 3,81% y el 3,87 % del PIB, una cifra inferior al coste de las dos primeras simulaciones (4,33% y 6,57%) y superior a la tercera con los importes del IMV (2,28%).

Los hogares con riesgo de pobreza severa desaparecen y los hogares con riesgo de pobreza se reducen al 6,97% y 6,92%. Los índices de Gini se reducen a 0,26 y 0,259 y se encontrarían en el top 10 de los países menos desiguales. El resumen es que con un coste del 3,87% del PIB se garantizaría la cobertura de las necesidades

básicas, y el coste de la vivienda, teniendo en cuenta las diferencias territoriales de este último, lo que no ocurre con el muy insuficiente IMV ni con las rentas mínimas autonómicas.⁵

Una nota adicional sobre el impacto de género de las distintas simulaciones

Los microdatos de la ECV al tener la distinción de género y edad nos permiten estimar las transferencias de rentas que se producirían con las diversas simulaciones realizadas y expuestas en los dos artículos.

Dado que el cálculo solo se puede hacer con la aplicación del nuevo IRPF, los resultados solo contemplan la transferencia de hombres a mujeres debido a la combinación IRPF y las distintas asignaciones, pero no la que se producirá por la financiación adicional.

En los cinco casos expuestos, tal como se muestra en la tabla 4, se produce una transferencia de los hombres a mujeres, que va de un mínimo de 6.954 millones (importes universales, pero con las limitaciones del IMV) a 18.745 millones (segundo supuesto, que es propiamente la RB en sentido estricto). Son cifras muy significativas y que son un reconocimiento de la desigualdad flagrante entre géneros: las mujeres a lo largo de su vida trabajan el doble de horas que los hombres (sumando horas retribuidas y no) y reciben la mitad del dinero (lo cual también incluye la brecha salarial y de pensiones). Y son una clara demostración de cómo la RB y las asignaciones que hemos explicado pueden contribuir a paliar esta diferencia.

También es significativo que en las cinco simulaciones, las mujeres acaban con una tasa de pobreza severa ex–post inferior a los hombres (en la relativa siguen por encima, pero con una reducción significativamente superior).

Otras transferencias significativas se dan entre hogares sin menores, que transfieren rentas a los hogares monoparentales (los más beneficiados con reducciones de la pobreza severa entre 14,72 puntos, importes IMV, y 20,72 puntos), el resto de hogares con menores y los hogares unipersonales. Estos resultados se recogen en la tabla 5.

En esta misma tabla se aportan, además, algunas cifras interesantes en relación a la comparación de la pobreza ex-ante y ex-post en cada uno de los 5 supuestos analizados. Conviene destacar que fijando el objetivo en la erradicación de la pobreza, el coste del supuesto 3 (IMV) en el caso de hacerlo llegar a los hogares que en la ECV se declaran en carencia material severa es muy cercano a los 8.000 millones de euros y que en este mismo supuesto, el coste que supondría para todos los hogares en pobreza severa (los que están por debajo del 40% de la mediana de renta equivalente) se elevaría ya a los 12.650 millones de euros. Valdrá la pena recordar que el presupuesto que ha barajado el gobierno para implementar el IMV con sus condicionantes no va más allá de los 3.000 millones de euros.

Aunque no aportamos una tabla concreta para otros casos, también se producen transferencias de renta entre hogares con los titulares de más de 50 años de edad y hogares más jóvenes y entre hogares de asalariados y jubilados hacia hogares con desocupados y autónomos (recordemos que estos últimos necesitan de una reforma en el IRPF para que reflejen correctamente sus rentas). Finalmente también se produce una transferencia de rentas de rentistas (las personas que de manera significativa viven de rentas del capital o de la propiedad inmobiliaria) hacia no rentistas.

Hay que resaltar que en ningún caso, como era de esperar, se produce un incremento de la población pobre entre los segmentos que transfieren rentas netas hacia los otros sectores.

En una última entrega (de momento) de esta serie, realizaremos una comparativa sobre los efectos esperados y anunciados del IMV con los de nuestras simulaciones sobre pobreza monetaria y privaciones. El resultado por lo visto hasta aquí ya puede empezar a intuirse.
 

Notas: