Ante la reforma de la Ley del Aborto. Dossier

Este dossier está formado por los siguientes artículos:

1. Justa Montero: Con el cuerpo de las mujeres no se negocia. Nosotras decidimos

2. Elena Valenciano:"No voten como diputadas lo que no votarían como mujeres"

3. Onintza Enbeita Maguregui: "En mi coño y en mi moño mando yo"

4. Asunción de las Heras: "No vamos a consentir que se expropien nuestros cuerpos"

Mientras continúan las manifestaciones masivas y todo tipo de actos de protesta de la "marea morada" contra el proyecto de reforma de la Ley del Aborto, en el Congreso de los Diputados han tenido lugar dos debates, a iniciativa del PSOE y de Izquierda Unida, que han puesto de manifiesto hasta que punto la derecha clerical española, a pesar de su mayoría parlamentaria, se encontraba aislada socialmente en este intento de volver a arrebatar a las mujeres no solo el control sobre su propio cuerpo sino el pleno derecho de su ciudadanía, al someterlas a la tutela del dictamen médico e institucional en caso de embarazo no deseado. Estas son las tres intervenciones que nos han parecido más destacadas del debate. Este dossier incluye un artículo de Justa Montero, de la asamblea feminista de Madrid. SP

Con el cuerpo de las mujeres no se negocia. Nosotras decidimos

No hay nada más personal ni más político para las mujeres que nuestro cuerpo. No en vano forma parte del reducto más íntimo de la subjetividad, de las vivencias de la sexualidad y de la formación de las identidades personales, al tiempo que es un ámbito de actuación pública donde las instituciones (médicas, religiosas, y políticas) han actuado y actúan definiéndolo como lugar de interpretaciones culturales y sociales. Por eso desde el feminismo se sigue afirmando lo que a estas alturas debería ser una obviedad: "mi cuerpo es mío", una reivindicación que recoge la exigencia de libertad y autonomía individual y también de justicia social puesto que el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos requiere que existan unas condiciones sociales, políticas y económicas que lo hagan posible para todas las mujeres.

Esta consideración del cuerpo de las mujeres explica que las políticas neoliberales y el fundamentalismo católico hayan establecido una mortífera alianza patriarcal para negar e intentar cercenar el derecho de las mujeres a decidir. En el contexto de la actual crisis sistémica, el intento de controlar la sexualidad y la reproducción se convierte en uno de los instrumentos más importantes en la brutal ofensiva e involución que a todos los niveles tratan de imponer. No es ni mucho menos la primera vez que sucede (ahí está para recordarlo el estudio de Silvia Federicci sobre el significado de la caza de brujas), ni tan siquiera en nuestra historia reciente, pero parece claro que en momentos de crisis, el control de la reproducción y la sexualidad de las mujeres, y por tanto de sus cuerpos, se convierte en un elemento fundamental para reprivatizar la reproducción social. Los discursos que explícita o implícitamente cuestionan los derechos conseguidos, y las políticas que los limitan como son el anteproyecto de ley sobre el aborto, la eliminación de los ya limitados servicios de atención a la dependencia, la reducción de las escuelas infantiles, los efectos de las sucesivas reformas laborales, los recortes a recursos y servicios sociales, y un largo etcétera, son un reflejo de ello.

El aborto como moneda de cambio

El título del anteproyecto presentado por el gobierno tiene una carga ideológica que no permite duda alguna: "ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada". Se considera a las mujeres como incubadoras, portadoras del feto, con derechos derivados de su condición de embarazadas, puesto que, en palabras del Ministro de Justicia "el derecho por excelencia de las mujeres es el de ser madres". La maternidad, a la que el feminismo había dado una resignificación, considerada como una opción en el proyecto de vida de las mujeres, reaparece con fuerza en el discurso oficial como una imposición y un imperativo divino que marca la naturaleza de la condición femenina y por tanto la posición de todas las mujeres en la sociedad. Desde el gobierno se recupera así el discurso franquista de negación de las mujeres como seres sexuales y la maternidad como su destino natural.

En el anteproyecto las mujeres desaparecemos como sujetos de derechos, para pasar a ser algo instrumental a los derechos "del concebido", al que además se atribuye personalidad jurídica, en una de las manifestaciones más misóginas de desprecio absoluto a la vida de las mujeres.

Pero además el momento elegido para presentar el anteproyecto de reforma de la ley del aborto y su propio contenido, son un ejemplo de cómo se utiliza nuestro cuerpo como moneda de cambio. En este caso es el gobierno quien lo hace para fidelizar el voto de los sectores más montaraces del PP. Y para ello se recurre, de forma reiterada, a la constitucionalidad de la propuesta, encontrando en la "Constitución española" un inestimable apoyo a las propuestas más reaccionarias. Ahora que se está revisando críticamente la llamada Transición Política, conviene no olvidar que la Transición también está en deuda con las mujeres. Los pactos que se suscribieron los partidos con presencia parlamentaria y que acabaron dando forma a "La Carta Magna", también utilizaron el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio en las negociaciones. El texto aprobado fue un regalo para los anti-elección (entonces con ropajes y siglas distintos a los de ahora, pero con el mismo ideario), que consiguieron imponer que "todos tienen derecho a la vida" frente a la propuesta inicial en la que figuraba "todas las personas tienen derecho a la vida". Un pequeño matiz con una enorme significación y trascendencia que provocó la crítica y rechazo de todo el movimiento feminista y que, en la actualidad sirve al gobierno, con Gallardón a la cabeza, para incluir en ese "todos" al "nasciturus" y despojar del derecho a decidir a las mujeres.

Un anteproyecto cruel

Este perverso anteproyecto plantea multitud de problemas concretos para las mujeres. Si saliera adelante la propuesta del gobierno, el 94% de las mujeres que abortan se convertirían en "delincuentes", fueran o no a la cárcel, porque una de las funciones de esa propuesta es criminalizar y estigmatizar el aborto, culpabilizar a las mujeres que abortan y a su entorno. Supondría en la práctica la prohibición del aborto salvo para algo más del 5% de las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo. Es decir para el 0,02% (datos de 2009), que son quienes abortaron por haber sido violadas, y el 5,67% (datos de 2011) que corresponde a las que lo hicieron acogiéndose al supuesto de riesgo grave para su salud y su vida. Quizás, si se confirma la táctica que utiliza el PP que ya ha experimentado con otros temas, por la que, tras propuestas extremas que generan un rechazo generalizado incluye alguna variación haciendo aparecer el resultado como una mejora, puede que en su propuesta final incorpore la despenalización del supuesto de "riesgo de malformación grave del feto". En ese caso el porcentaje de mujeres que podrían interrumpir voluntariamente su embarazo en las crueles, inhumanas y degradantes condiciones que prevé el anteproyecto llegaría a un exiguo 8%.

Esto es una parte del problema, la otra es la situación en la que quedarán el resto de mujeres, ni más ni menos que el 94% o 92% de las que interrumpen voluntariamente un embarazo y a las que el gobierno situaría fuera de la ley. ¿90.000 mujeres van a tener que salir a otros países a abortar? Semejante escándalo social hace pensar en la imposibilidad de que lleguen a aplicar la ley, y también en las muy diversas formas de desobediencia civil que, en caso de que se aprobara el anteproyecto, habrá que poner en marcha. No nos coge de nuevas, y como dice la canción: "cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos".

Se puede afirmar por tanto que el anteproyecto que plantea el gobierno supone no solo un reforzamiento de la consideración penal del aborto en la medida en que serán muy pocas las mujeres que podrán abortar en los supuestos despenalizados, menos que quienes podían hacerlo con la ley del 85 y con la del 2010 (todavía vigente). En todos estos casos persiste un problema: que el aborto se considere un delito, y si realmente se quieren resolver los problemas con los que se encuentran las mujeres que deciden abortar, la experiencia colectiva de 35 años de movilización por el derecho al aborto reafirma la salida que se plantea desde las organizaciones feministas,: el aborto se debe regular como derecho y tiene que salir del Código Penal.

La negación del derecho al aborto está en la base de la involución democrática a la que estamos asistiendo por la que tratan de imponer su salida a la crisis. Las libertades, la ciudadanía inclusiva y la democracia como aspiración que compartimos muchas gentes son incompatibles con negar la posibilidad de decidir sobre su vida a las mujeres.

La defensa del derecho al aborto nos compete a todas y todos.

Justa Montero forma parte de la Asamblea Feminista de Madrid

http://vientosur.info/spip.php?article8759

"No voten como diputadas lo que no votarían como mujeres"

Señoras diputadas, señores diputados, con esta iniciativa el Grupo Socialista solicita al Gobierno que renuncie a convertir el anteproyecto de ley del aborto en un proyecto de ley. El Grupo Socialista solicita que el Gobierno no dé ni un paso más en la tramitación de un texto que supone un enorme retroceso para la sociedad española. Retiren su texto en vez de esconderlo hasta que pasen las elecciones europeas por miedo al desgaste que esta iniciativa lamentable está teniendo para ustedes. Les pedimos que no sigan adelante. Muchas, muchísimas mujeres españolas y europeas y también muchos hombres han sentido este proyecto del Gobierno como una auténtica agresión a la libertad y a la dignidad de las mujeres, a la dignidad de una ciudadanía que hace años ya ganó la batalla de poder elegir. Ese sentimiento internacional de que en España se está produciendo no solo un grave retroceso en derechos sociales, sino también un grave retroceso en libertades y derechos civiles, ese sentimiento internacional es el que explica las movilizaciones tanto en nuestras calles como en muchas ciudades y capitales europeas. Han llegado ustedes demasiado lejos. Ahora deben parar. Pregúntense cinco cosas: Si la ley que pretenden garantiza la libertad de las mujeres. (Una señora diputada: No). Si será eficaz para el fin que persigue. (Varios señores diputados: No). Si mejorará la igualdad entre las personas (Varios señores diputados: No.— Un señor diputado: Sí). Si dará más seguridad a las mujeres y si es una ley realmente necesaria. Contesten a cada una de estas preguntas y verán cómo la respuesta a cada una de ellas es no.

En primer lugar, esta ley no aumentará sino que cercenará la libertad de las mujeres porque no serán ellas las que decidan. Con este proyecto, España pasará a formar parte de los escasos países europeos que limitan o prohíben la libertad de las mujeres para decidir si son madres o no lo son. En el caso de España significa pasar del grupo de veintidós países europeos al grupo de seis países europeos; un inédito y enorme retroceso para nuestro país. En segundo lugar, esta ley no será eficaz. Señorías, supongamos por un momento que ustedes lo que quieren es reducir el número de abortos que se practican en España; vamos a suponer que esa es su intención. Pues ya les anticipo que no lo van a conseguir. Las leyes que restringen el libre derecho a la maternidad no hacen descender el número de abortos. Lo que consiguen es aumentar el número de abortos inseguros. Bélgica, Italia y Países Bajos, junto con España, tienen hoy menores tasas de abortos. Es así porque a la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo unen estrategias de prevención y de salud sexual y reproductiva. Ese es el elemento clave, señorías, para reducir el número de embarazos no deseados y, por lo tanto, para reducir el número de abortos. Se llama más prevención y menos represión. Se llama educación sexual en los colegios y no catecismo. Se llama recursos y acceso fácil a los anticonceptivos, todo eso de lo que ustedes no quieren ni oír hablar. (Aplausos).

Su anteproyecto no solo se lleva por delante la libertad de las mujeres, es que deroga todas las estrategias de prevención que contiene la actual regulación. ¿Cómo piensan ustedes reducir el número de embarazos no deseados? ¿Se lo digo? Porque la castidad no parece una propuesta que goce de muchos seguidores. Si siguen adelante con sus intenciones, en España aumentará el número de abortos y muchos de ellos serán abortos más peligrosos para las mujeres; mejorarán las estadísticas porque serán abortos ocultos, serán abortos ilegales, pero habrá más abortos y no menos. En tercer lugar, esta ley aumentará la desigualdad. Las mujeres españolas volverán a dividirse en dos grupos; las que se pueden permitir viajar a un país vecino y acceder a un aborto seguro y las que no puedan y se vean obligadas a interrumpir su embarazo en condiciones ilegales, clandestinas, en nuestro país. Eso es, señorías, el túnel del tiempo y de la injusticia y de la hipocresía más cruel. En cuarto lugar, esta ley será menos segura para las mujeres y para los profesionales de la sanidad; mayor inseguridad sanitaria y también más inseguridad jurídica porque ustedes convierten a los médicos que practiquen las interrupciones voluntarias del embarazo en presuntos delincuentes, y sobre todo inseguridad vital, porque de avanzar este anteproyecto de ley el camino que deberá seguir una mujer para interrumpir su embarazo será un auténtico calvario, será una dramática carrera de obstáculos que además alargará el momento de interrumpir el embarazo, aumentando las semanas de gestación y, por lo tanto, aumentando los riesgos para la salud de las mujeres, y en el caso de las mujeres que vivan alejadas de los grandes núcleos urbanos esa carrera de obstáculos será directamente imposible. Y finalmente, señorías, este anteproyecto de ley es innecesario e inoportuno porque introduce en la sociedad española una nueva fractura sin que exista ninguna circunstancia objetiva que lo justifique. ¿No creen que la mayoría de las españolas ya tienen bastante con el desempleo que las golpea y con la crisis económica que pagan ellas como nadie? (Aplausos). Si de verdad les preocupa, si de verdad quieren promover la natalidad, ayuden a las madres a sacar adelante a sus familias, controlen el precio de la luz, no bajen los salarios, establezcan un sistema justo de ayuda a las familias y a la dependencia. Así sí, así sí se apoya a las mujeres. Señorías del Grupo Popular, nadie sabe por qué el Gobierno se ha metido en esta contrarreforma, nadie lo entiende, ni siquiera lo entienden muchos de ustedes. Tampoco en los países europeos entienden nada, el único que lo ha entendido ha sido Jean-Marie Le Pen. Si tienen un problema con el ala dura de su partido, las mujeres no deberíamos ser la moneda de cambio. (Aplausos).

Concluyo ya. Señores diputados, señoras diputadas, negar la libertad a quien nunca la ha tenido es muy grave, pero quitar la libertad a quien ya la ha disfrutado es cruel e insoportable porque no es la verdad, y mucho menos su verdad, la que nos hace libres; es la libertad la que nos hace libres. Dejen a las mujeres decidir, confíen en ellas. Las mujeres no son seres irresponsables a las que ustedes deban tutelar. Esta Cámara debe ser la Cámara de las libertades y no la Cámara de los dogmas. Estamos, están a tiempo de detener este retroceso caprichoso e injusto. Señorías, con el respeto que se le debe a los adversarios políticos en democracia, apelo a las diputadas del Grupo Popular para que no voten como diputadas lo que no votarían como mujeres. Sean libres y déjennos ser libres. (Aplausos de señoras y señores diputados, puestos en pie).

Elena Valenciano es vicesecretaria general del PSOE

"En mi coño y en mi moño mando yo"

Es muy interesante esto de que se quiera votar personalmente y el voto secreto pero no nos engañemos. La reforma del aborto iba en el programa electoral del Partido Popular y, cínicamente, es el único punto que ustedes se han propuesto cumplir. Ustedes lo han privatizado absolutamente todo, pero llegan al cuerpo de las mujeres y lo convierten en cuestión de Estado. ¿Cómo explicarían ustedes lo que es un cuerpo sobre el cual pretenden decidir ministros de Justicia, curas o frailes católicos? Señorías, esto que ven aquí, que va de mi moño a mis pies, esto redondito, me pertenece solo a mí y cada decisión que a ello concierne la tomo yo. No quiero que me hablen de moral, porque este Gobierno acabará posibilitando que el violador que viole a una mujer salga antes de la cárcel que el médico que la ayuda a solucionar las consecuencias de esa violación. Tampoco me digan que defienden la vida, porque también es quitar la vida eliminar los derechos sociales y las ayudas a la dependencia e imposibilitar que las personas con diversidad funcional puedan tener una vida autónoma. Las mujeres que abortan lo hacen con responsabilidad, después de haber reflexionado sobre su futuro y el futuro de ese hijo que llevan dentro.

Señorías, con esto acabo. El Partido Popular pretende plantear que la Seguridad Social no garantice que una mujer soltera o una pareja de lesbianas puedan acceder a ser madres, sin embargo quieren obligar a toda hija de Dios a que tenga un hijo sin que lo quiera. Señorías, las mujeres no somos incubadoras, no tenemos la maternidad en los genes, las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase: en mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo.

Onintza Enbeita Maguregui, periodista y bertsolari, es diputada de Amaiur

"No vamos a consentir que se expropien nuestros cuerpos"

Señorías, señoras y señores del Grupo Popular, a ustedes les sobran votos para rechazar la petición de retirada del anteproyecto de protección del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Ayer ya lo demostraron, nada nuevo bajo el sol, pero tienen que saber que les sobran tantos votos como a nosotras motivos para seguir pidiéndoles que la retiren. Tenemos millones, tantos como mujeres lo están pidiendo en las calles de nuestro país, tantos como los miles y miles de mujeres y hombres que también lo están pidiendo fuera de nuestras fronteras. Hoy, el señor Gallardón, enrocado en su propuesta, ha mencionado lo publicado en el ABC apoyando este anteproyecto, pero parece ser que no ha leído lo que otros medios también conservadores como The Times han publicado, donde se afirma que las restricciones sobre el aborto propuestas en España dañarán la salud y la vida familiar de las mujeres y además, añade, va a erosionar el pluralismo, restringir la libertad, hacer retroceder la posición de la mujer en la sociedad española, dañar la vida familiar e infringir daños psicológicos y físicos a las mujeres que padecen en ocasiones circunstancias desesperadas.

Tampoco ha debido de leer lo que en Estados Unidos el Washington Post literalmente decía: Un ataque a los derechos de las mujeres y un paso atrás de España en comparación con sus vecinos europeos. Incluso Le Monde, en un artículo titulado El giro a la derecha de Mariano Rajoy, afirma que la reforma de la Ley del Aborto no es la primera ocasión del Gobierno de Mariano Rajoy de acercarse al ala más dura de su partido y a las reivindicaciones del episcopado católico. Tras una primera mitad de la legislatura absorbida por la urgencia de la situación económica, el presidente del Gobierno español ha iniciado recientemente una serie de reformas de marcado carácter ideológico. Lo dicen, como pueden comprobar, los medios de comunicación internacionales, nacionales, los profesionales de la salud, los movimientos y asociaciones feministas y, por mucho que ustedes no quieran oírlo, señoras y señores del Partido Popular, es un clamor lo que hay en contra de esta medida, por injusta, anacrónica, retrógrada y ofensiva para con los derechos fundamentales de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad.

Pueden seguir sin escuchar, pero desde La Izquierda Plural seguiremos diciéndoselo y tendrán que saber que contra este atentado urdido contra las mujeres están incumpliendo con leyes, acuerdos y tratados internacionales que vienen de antiguo y que se han conseguido gracias a las reivindicaciones feministas, por muy poco que a ustedes les guste. Ya en 1995, la IV Conferencia mundial sobre la mujer, de Naciones Unidas, celebrada en Pekín, reconoció que la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para la consecución y disfrute de otros derechos, derechos fundamentales, derechos humanos. En el año 2000, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU acordó, dentro del derecho a la salud, el derecho a controlar el propio cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y reproductiva. Y en 2008, recientemente, señoras y señores del Partido Popular, mediante la resolución 1607 del Consejo de Europa, se acordó que el aborto es un derecho, remarcando que la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo debe ser garantizada y respetada por los Estados miembros, ¡garantizada y respetada por los Estados miembros!, así como que deben garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera accesible y segura.

En España hemos tenido que esperar muchos años hasta ajustarnos a estos acuerdos y recomendaciones y conseguir una ley de plazos como tiene la mayoría de países de Europa. Ahora no podemos permitir una propuesta que nos aboca a un grave retroceso para con los derechos de la mujer a decidir sobre si quiere o no ser madre y que nos impondrá situarnos además con una de las legislaciones más restrictivas del conjunto de Europa. Porque lo que proponen tramitar en este Parlamento es una ley que deroga la Ley vigente de 2010, volviendo a los supuestos y eliminando los plazos que permitían que hasta las catorce semanas las mujeres pudieran decidir si querían seguir o no con su embarazo sin alegar o demostrar algún motivo. Esto —ustedes lo saben— no disminuirá el número de abortos, los datos lo constatan, los datos del propio Ministerio de Sanidad del año 2012; serán más y pondrán en riesgo la salud y la vida de las mujeres que no puedan pagarse un aborto legal y seguro en el extranjero. Esto, a ustedes, parece que no les importa. No oyen, no ven. ¿Pero por qué este retroceso en cuanto a los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad? ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que se hacen millones de mujeres de este país. El intento de control sobre el cuerpo de las mujeres y su salud sexual y reproductiva no se puede separar del contexto de crisis económica, democrática y de ciudadanía que hoy responde a los intereses de una élite dominante que impone sus políticas neoliberales y patriarcales, fuertemente imbricadas a los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica. Y las mujeres de este país no vamos a consentir que se expropien nuestros cuerpos para usarlos como víctimas propiciatorias para los intereses de una minoría neocón y ultracatólica. Esta iniciativa que ilegaliza y persigue el aborto no responde a una demanda social, y ustedes lo saben: el 80 % de los encuestados así lo manifiesta. Supondrá un retroceso de más de treinta años en materia de los derechos fundamentales de las mujeres reconocidos, y lo voy a repetir, como derechos humanos, señoras del Partido Popular. Y será la primera vez que se legisla para retroceder y recortar derechos en toda Europa respecto a esta materia. Están, en definitiva, y lo tienen que saber, poniendo en juego la libertad de las mujeres y su derecho a decidir y están dinamitando el Estado laico y democrático. Queremos, necesitamos y seguiremos pidiendo y reivindicando sin descanso una ley que garantice el aborto seguro, libre y gratuito. Hoy tienen una nueva oportunidad. Repítanlo, o retiren este anteproyecto. Gracias. (Aplausos).

Asunción de las Heras es diputada de Izquierda Unida por Madrid

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 11 y 12 de febrero 2014