Peter Bofinger
21/01/2024
El mes pasado, el Financial Times citaba a un fabricante de chips que afirmaba: "Alemania no es sólo el enfermo de Europa, resulta que también es el tonto de Europa". Suena exagerado, pero el paquete de austeridad anunciado por su gobierno una semana después representa cualquier cosa salvo una política inteligente.
El paquete se hizo necesario por una sentencia dictada a mediados de noviembre por el Tribunal Constitucional Federal alemán. El tribunal había dictaminado que la financiación prevista del llamado Fondo para el Clima y la Transformación con autorizaciones de crédito no utilizadas del año pandémico 2021 era incompatible con la Constitución.
La única salida habría sido invocar la cláusula de emergencia del Schuldenbremse (freno de la deuda) para 2024, como entre los años 2020 a 2023. Esta cláusula, consagrada en la Constitución, limita el déficit presupuestario federal al 0,35% del producto interior bruto; en situaciones de emergencia, sin embargo, puede suspenderse por mayoría en el Bundestag.
Pero el Partido Democrático Libre (FDP), socio menor de la Ampelkoalition (coalición semáforo) con los socialdemócratas y los Verdes, no estaba dispuesto a consentirlo. Las medidas resultantes son contraproducentes en todos los sentidos.
Política procíclica
La economía alemana ha sido crónicamente débil desde el cuarto trimestre de 2022, con una caída del PIB del 0,3% el año pasado. Las perspectivas para 2024 tampoco son buenas: en el Índice de Clima Empresarial ifo de diciembre, las empresas registraron un pesimismo extremo sobre el clima y las expectativas actuales.
Por tanto, habría sido útil que el Gobierno hubiera estimulado la economía con medidas expansivas. Por elcontrario, el paquete de austeridad supuso un impulso fiscal negativo de unos 30.000 millones de euros. Aunque no sea comparable en escala, recuerda a la política procíclica aplicada por Heinrich Brüning como canciller entre 1930 y 1932, la cual allanó el camino al nacionalsocialismo.
Las medidas adoptadas también resultan problemáticas desde el punto de vista antiinflacionista. El precio de la tonelada de dióxido de carbono ha pasado de 30 a 45 euros. Se ha cancelado una subvención gubernamental prevista de 5.500 millones de euros para las tarifas de la red de transporte, lo que supone un aumento de las tarifas de la red eléctrica para los clientes residenciales de alrededor del 25%. Estas medidas van acompañadas de otros aumentos de los impuestos indirectos en 2024: el tipo del impuesto sobre el valor añadido sobre el gas y los servicios de restauración, que se había reducido al 7%, se ha vuelto a aumentar hasta el 19%.
En conjunto, la política fiscal está ejerciendo una presión al alza sobre la inflación. En un entorno de desinflación gradual, tales medidas son contraproducentes. Prolongan lo que Isabel Schnabel, del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, denominó la "última milla" en el camino hacia la estabilidad de precios. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional promovió el concepto de "política fiscal no convencional": medidas con un efecto moderador de la inflación. El paquete de austeridad upones todo lo contrario.
Coches eléctricos
La subvención a los coches eléctricos se canceló en el paquete. El plan para 2024 había sido que los compradores de coches nuevos (con un precio neto de catálogo inferior a 45.000 euros) recibieran una subvención de 3.000 euros del Estado. Una contribución equivalente del fabricante de 1.500 euros habría dado lugar a una prima medioambiental de 4.500 euros.
Francia muestra lo que es una política inteligente. A partir de este año, la subvención estatal, de entre 5.000 y 7.000 euros, sólo se concede a los coches eléctricos con una huella de producción inferior a 14,75 toneladas de CO2. Como resultado, seis modelos de vehículos eléctricos fabricados en China han perdido sus subvenciones: el Dacia Spring, el Tesla Model 3 y cuatro modelos MG de SAIC. Y los modelos EV premium no son elegibles debido a un umbral de precio de 47.000 euros.
Además, el Gobierno francés ha puesto en marcha un programa de leasing de 100 euros al mes. Está destinado al 50% de los hogares menos pudientes, con unos ingresos imponibles por unidad familiar (uno por adulto, la mitad por niño) inferiores a 15.400 euros. Los conductores también tendrán que ser gros rouleurs (grandes usuarios), que recorran más de 8.000 kilómetros al año, o vivan a más de 15 km de su lugar de trabajo, al que tienen que desplazarse utilizando su propio coche.
Al dejar de ofrecer incentivos, el Gobierno alemán no sólo encarece la compra de coches eléctricos. También está perjudicando a la industria automovilística nacional, especialmente a Volkswagen, que ya está debatiéndose con la transición a la movilidad eléctrica.
Precio del carbono
Para muchos economistas alemanes, acabar con las subvenciones a los vehículos eléctricos resulta algo positivo. En su opinión, el único instrumento adecuado para la política climática es la tarificación de las emisiones de CO2.
Pero, ¿está justificado el aumento del precio del CO2 para 2024 como incentivo al ahorro energético? En 2019, cuando el Gobierno decidió la senda de precios para los años 2021 a 2026, los precios de mercado del gas, la gasolina y el gasóleo eran mucho más bajos que los actuales; los precios de mercado de hoy, si se hubieran producido por el aumento del precio del carbono, implicarían que este último se hubiera elevado a 130-150 euros por tonelada. En 2019, uno de los principales economistas alemanes especializados en el clima, Ottmar Edenhofer, consideró adecuado un precio del CO2 de 130 euros para 2030. En otras palabras, los precios al consumo del gas, la gasolina y el gasóleo son hoy mucho más altos de lo que sería necesario desde la perspectiva de la política climática.
Además, es indiscutible que el Estado debería devolver a sus ciudadanos los ingresos procedentes de la tarificación del carbono sobre una base per cápita ("dinero del clima"). Debido a las dificultades financieras causadas por el Schuldenbremse, esto no es posible, lo que provoca el resentimiento de los ciudadanos que, con razón, consideran que tienen que pagar demasiado por la energía.
Confiar unidimensionalmente en el instrumento de la tarificación del CO2 resulta, en cualquier caso, políticamente peligroso, ya que muchos ciudadanos alemanes no podrán sustituir las energías fósiles por renovables. Pensemos en los hogares de rentas bajas que viven en zonas rurales debido a los elevados alquileres de las ciudades. El enfoque francés muestra cómo diseñar una solución inteligente a este problema. Unos precios de la energía demasiado altos sin una devolución de los ingresos fiscales a los ciudadanos, y la supresión de las subvenciones a los coches eléctricos, supone algo muy arriesgado, dada la creciente popularidad de la ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD).
Empresa estratégicamente importante
El Fondo para el Clima y la Transformación debía financiar una amplia y muy necesaria modernización de Deutsche Bahn, la red ferroviaria. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, ahora hay que encontrar una financiación alternativa.
Una de las soluciones que se barajan es la venta del muy rentable grupo logístico DB Schenker, filial de Deutsche Bahn. Se ha mencionado a ADQ, uno de los tres fondos soberanos del emirato de Abu Dhabi, como posible inversor.
Esto no está exento de problemas: Schenker es proveedor, entre otros, a las fuerzas armadas alemanas y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Es una política inteligente que el Estado alemán, que actualmente puede endeudarse a largo plazo a un tipo de interés apenas superior al 2%, venda una empresa estratégicamente importante y rentable a inversores extranjeros, sólo porque tiene que atenerse al "freno de la deuda"?
El país de la Ilustración
Es difícil escapar a las limitaciones del Schuldenbremse, pero en vista de la creciente fuerza de la AfD, hay que preguntarse por qué no es posible dar forma a una buena política económica para Alemania que goce de consenso entre los partidos democráticos. Dado que hasta los economistas conservadores piden ahora una reforma del freno de la deuda, no hay que perder la esperanza.
Al fin y al cabo, Alemania es el país de la Ilustración. Y lo que se necesita ahora en el pensamiento de política económica difícilmente puede formularse mejor de lo que lo hizo Immanuel Kant en 1784, en su ensayo "¿Qué es la Ilustración?":
“La Ilustración es la salida del hombre de su inmadurez autoimpuesta [Unmündigkeit]. La inmadurez es la incapacidad de utilizar el propio entendimiento sin la guía de otro. Esta inmadurez es autoimpuesta si su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la indecisión y la falta de valor para utilizar la propia mente sin la guía de otro”.