Acuerdo Mercosur-UE: "un acuerdo vampiro"

Con la presencia de la conservadora Ursula von der Leyen, la Cumbre del Mercosur tiene lugar estos 5 y 6 de diciembre en Montevideo. En Europa, y particularmente en Francia, el acuerdo es rechazado por las grandes multinacionals de origen francés de la agroindustria, pero también por los pequeños productores, lo que ha llevado al gobierno francés a inclinarse ante la presión de la poderosa FNSEA, la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), representante de los grandes grupos agroindustriales.

El primer artículo de este dossier informa sobre la reunión. El segundo, publicado en febrero del 2021 en el sitio Climática, aporta otro enfoque al señalar que el acuerdo UE – Mercosur “anticipa más deforestación, más paro, más hormonas y antibióticos en la carne y más huella de carbono” y lo califica de “acuerdo vampiro”, mientras algunos politólogos festejan "un Mercosur más amplio y enriquecido en términos políticos". La firma de los acuerdos en Montevideo tendrá que ser ratificada por los distintos parlamentos nacionales, dónde se espera fuertes debates sobre su contenido. Correspondencia de Prensa

La presidenta de la Comisión Europea se reunirá con Luis Lacalle Pou y los principales mandatarios del bloque para buscar concluir la negociación técnica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estará en Montevideo durante la próxima Cumbre del Mercosur este jueves y viernes, lo que se traduce como una señal para cerrar finalmente el acuerdo técnico entre el bloque sudamericano y la Unión Europea (UE), según señalaron fuentes de las negociaciones a la diaria.

Según informó El Observador, la jerarca europea mantendrá una reunión el viernes con los presidentes de los países miembros del bloque –Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Santiago Peña, de Paraguay, Javier Milei, de Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil–. Tras ese encuentro, se aguarda que haya una confirmación del acuerdo entre ambos grupos.

Según supo la diaria, Von der Leyen prevé reunirse con Lacalle Pou este jueves y participará en la reunión de bienvenida de la cumbre de presidentes el viernes; días atrás se había especulado con la llegada de la jerarca y se marcaba que su venida a Uruguay estaba sujeta al avance de la negociación entre ambos bloques.

Si bien todavía no hay una confirmación total de que se vaya a concretar el cierre de la negociación técnica, su presencia en la cumbre es un paso significativo en la negociación, trancada desde hace varios años. Las dudas sobre el desenlace de la reunión de este viernes están relacionadas con la postura que ha tenido Paraguay, cuyo canciller, Ruben Ramírez, destacaba el 2 de diciembre en una declaración sobre la necesidad del acuerdo comercial, pero apuntaba que debían “defender” los intereses de su país.

La aprobación del acuerdo técnico sería histórica, ya que las negociaciones entre ambos bloques llevan 25 años con idas y vueltas. El canciller uruguayo, Omar Paganini, había comentado días atrás que se estaba ante un momento “crítico”, ya que se avizoraba la posibilidad de firmar el acuerdo en Montevideo, pero advertía que luego lo acordado se debe ratificar en los parlamentos respectivos.

“No es la firma del tratado, que requiere una serie de procesos mayores, pero estamos en un momento de cierta incertidumbre, porque estamos en las etapas finales de negociación y es el momento en que aparecen además los problemas, y las voces opuestas al acuerdo en el mundo se pueden levantar”, comentó.

“El acuerdo con la UE podría ser un punto de inflexión para el Mercosur”

Analistas internacionales coinciden en señalar que la posibilidad de este acuerdo entre la UE y el Mercosur será el tema “central de la agenda”, y “cualquier sea su desenlace” será “decisivo para el futuro del bloque”, valoró la politóloga especialista en temas internacionales Micaela Gorriti.

“Un acuerdo con la UE podría ser un punto de inflexión para el Mercosur, que lo saque del letargo en el que se encuentra desde hace años. Más allá de los efectos económicos inmediatos, posicionaría al bloque seriamente como una plataforma de inserción internacional para la región, algo que, en el mundo multipolar que se viene, será crucial”, comentó la especialista.

De todos modos, Gorriti alertó de que la “resistencia” al tratado “sigue siendo fuerte”, en particular desde los sectores agrícolas europeos, “encabezados por Francia”. Estos grupos ven el acuerdo como una “amenaza” por las “diferencias en estándares ambientales y sociales” de la producción. “Esta postura ha abierto un debate más amplio sobre las desigualdades históricas en las responsabilidades ambientales”, apuntó.

Gorriti señaló que, si bien Francia es líder en esa resistencia, otros países, como Polonia, Irlanda y Países Bajos, también han marcado diferencias; frente a estas posiciones están Brasil y España, que se destacan, dijo, como los “principales impulsores del acuerdo”, mientras que Alemania –que históricamente ha estado a favor de las negociaciones– en la actualidad se encuentra en un “escenario político interno complicado”, con protestas de los sectores agrícolas y elecciones anticipadas para febrero. “A mediano plazo, y considerando el creciente protagonismo de China y Estados Unidos con [Donald] Trump en el horizonte, la alianza estratégica entre Europa y América Latina parece necesaria”, sentenció.

Nastasia Barceló, politóloga con posgrado en relaciones internacionales, comentó en diálogo con la diaria que el acuerdo entre ambos bloques no es sólo un acuerdo comercial, sino que significa una “alianza estratégica” e implica otras “dinámicas y aristas” que tienen que ver con la circulación de los ciudadanos, entre otros temas. “En eso se ha avanzado en los últimos años, y es producto de una política de Estado continuada desde Uruguay y los países de la región”, valoró.

Barceló señaló que justamente el aspecto económico es el que ha tenido mayores dificultades para concretarse, y eso tiene que ver con “intereses sectoriales” que se “expresan en los intereses nacionales”, principalmente en Europa. “Hay diferencias internas que van más allá de la voluntad política de los gobiernos y que acaban imponiéndose en la agenda”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que es “difícil” responsabilizar de la falta de acuerdo a la política de los estados. “Hay sectores que juegan y tienen una influencia muy importante”, dijo, aunque subrayó que las “posibilidades de avanzar existen”.

El Mercosur se amplía con Bolivia y Colombia

Además de este asunto, la cumbre del Mercosur servirá también para avanzar en la ampliación del bloque. Barceló destacó que Bolivia participará por primera vez como miembro pleno, lo que significa sumar un Estado que aportará “muchísimo” al bloque en términos estratégicos y geopolíticos.

En esa dirección, dijo que Bolivia aporta no sólo en “diversidad de población”, sino en “términos de recursos naturales”, ya que se trata de uno de los países que tienen litio y gas. “Tendremos un Mercosur más amplio y enriquecido en términos políticos. Algunas potencias extranjeras están mirando hacia la región”, comentó.

Colombia, en tanto, participará como un “socio observador”, pero también tiene un rol “fundamental en América Latina”, ya que se trata de una de las principales economías del continente. “Enriquece a un Mercosur que deja de ser de cuatro países y pasa a ser algo más continental. Eso fortalece muchísimo, y creo que Uruguay tiene oportunidades súper interesantes para ampliar su voz”, sentenció Barceló. Gorriti destacó, en tanto, el pedido de Panamá de ser un Estado asociado.

El debate de la flexibilización promovido por Milei

Otro de los temas que estarán arriba de la mesa durante la cumbre será la posición que llevará el presidente de Argentina, Javier Milei, de avanzar en una “flexibilización” del bloque, una postura similar a la que ha mostrado Uruguay en estos años durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Esta postura abre una interrogante, dijo Gorriti, respecto de si es posible una modernización del bloque que contemple tanto una “mayor autonomía” de sus miembros como una “integración más eficaz”.

Barceló fue un poco escéptica sobre el discurso que tendrá Milei, en tanto en otros momentos (con Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil) hubo un signo “mucho más liberalizante” en el bloque de lo que ha sucedido en este tiempo con Milei al frente de Argentina.

“Estamos ante líderes que tienen esa retórica antirregional, a los que finalmente, por intereses productivos y acuerdos comerciales, se les hace difícil desandar un camino que tiene más de 30 años. Hemos visto a un Milei que ha sido disruptivo en las políticas nacionales, ¿por qué no en el Mercosur? No dejan de ser señales. Hay una retórica muy fuerte que después no termina de concretarse”, comentó.

La Diaria, 5-12-2024

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El Tratado entre Mercosur y la UE, ¿oportunidad histórica o “acuerdo vampiro”?

El inminente tratado comercial entre Mercosur y la UE anticipa más deforestación, más paro, más hormonas y antibióticos en la carne y más huella de carbono. El Gobierno español lo apoya incondicionalmente

Nazaret Castro con la colaboración de Amigos de la Tierra

Fue Susan George, la activista de Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), quien popularizó la expresión “acuerdos vampiros”, aludiendo a tratados de libre comercio que se negocian en total opacidad, porque “si salen a la luz, se mueren, pues rara vez resisten el debate democrático”. Algo así ocurre con el tratado que podría firmarse entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), del que participan actualmente Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La falta de transparencia en la tramitación de este tipo de acuerdos tiene que ver con que su implementación deja ganadores y perdedores. Del lado de la Unión Europea, entre los sectores que más se beneficiarán del acuerdo están las empresas del sector automotriz, la industria química y los servicios, pero también el sector farmacéutico, agropecuario, energético, minero y la banca.

Del lado del Mercosur, los mayores ganadores son los exportadores agropecuarios y, en particular, los grandes frigoríficos brasileños. “Son los grandes productores y exportadores los que se van a beneficiar, no los pequeños y medianos productores”, afirma Luciana Guiotto, miembro de TNI y Attac Argentina y coautora del libro El Acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Estudio integral de sus cláusulas y efectos, que analiza críticamente las consecuencias que tendría el tratado de ser ratificado.

Guiotto concluye que el acuerdo “congelaría las asimetrías comerciales entre ambos bloques, haciendo más difícil de cambiar el hecho de que el Mercosur exporta fundamentalmente productos con bajo valor agregado, como carne, soja o zumo de naranja”. Pero tampoco saldrán bien parados los ganaderos al otro lado del Atlántico: el sindicato agrario COAG ha estimado las pérdidas para los agricultores españoles en unos 2.700 millones de euros al año.

Empresas cárnicas brasileñas como JBS, Marfrig, BRF y Minerva se han convertido en líderes del sector a nivel global. Los que exportan ya grandes cantidades de carne vacuna, como JBS, podrán hacerlo con aranceles mucho más bajos. Actualmente, la llamada “cuota Hilton” permite exportar de Brasil a la UE 46.000 toneladas de vacuno al año a un arancel del 20%; ahora, esa cantidad no pagará arancel, y se añade una nueva cuota de 55.000 toneladas con un arancel del 7,5%. De este modo, estas empresas acumularán beneficios, a pesar de que las investigaciones de organizaciones como Amigos de la Tierra, Greenpeace, Repórter Brasil, Amnistía Internacional, Imazony Mercy For Animals han probado su vínculo con la deforestación de la selva amazónica y de otros ecosistemas vulnerables, como el Chaco y el Cerrado.

Estas empresas cárnicas brasileñas son financiadas por entidades bancarias como el Banco Santander, que entre 2014 y 2019 fue la segunda entidad bancaria europea que más financió a JBS, Marfrig y Minerva, directamente vinculadas con la deforestación en la selva amazónica. La ratificación del acuerdo comercial UE-MERCOSUR puede suponer el aumento de la inversión en actividades de deforestación por parte de las instituciones financieras de la Unión Europea. Según Mute Schimpf, responsable de Alimentación de Amigos de la Tierra Europa, “este acuerdo facilitaría las actividades de los bancos y los inversores de la UE en la financiación de la deforestación en los países del Mercosur, agravando así la amenaza a la que se enfrentan los bosques y las tierras de las comunidades”.

Con este tratado, “el sector cárnico tendrá una oportunidad de incrementar sus exportaciones o, al menos, de mejorar su rentabilidad gracias a la reducción de aranceles”, concluyen los analistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Algo parecido sucede con la producción de soja. En este caso, las exportaciones de soja del Mercosur a la UE, que alcanzaron los 2.188 millones de dólares en 2019, ya carecen de arancel, pero las empresas agroexportadoras pagan retenciones en Argentina. Tales regalías deberán reducirse a un máximo del 14%, lo que implica una pérdida de soberanía en la política económica del país austral, en un sector que resulta clave para su economía y que ha sido fuertemente cuestionado por el uso intensivo que requiere de agua, tierra y agrotóxicoscon implicaciones severas para la salud de cuerpos y territorios.

Menos garantías para las consumidoras

También disminuirán, de firmarse el acuerdo, los controles en las aduanas, lo que preocupa a sectores críticos en Europa, alertados por el excesivo uso de agroquímicos en los monocultivos de soja, así como de hormonas y antibióticos en las macrogranjas. El informe El verdadero coste del Tratado UE-Mercosur, de Amigos de la Tierra, documenta que Brasil usa 149 pesticidas prohibidos en Europa, y que la relajación de los controles de productos importados desde los países del Mercosur podría exponer a los consumidores europeos a la ractopamina, una hormona del crecimiento que está prohibida en 160 países, incluidos todos los de la UE, pero que se utiliza en Argentina y Brasil. Por todo ello, se teme que, de salir adelante el acuerdo, tenga un impacto que perjudique la salud de los y las ciudadanas europeas.

Esta relajación en los controles aduaneros y el incentivo a la importación de carne de vacuno del Mercosur puede hacer que España aumente el volumen de carne de ternera procedente de zonas deforestadas de Brasil y comercializada en los supermercados españoles, muy difícil de rastrear su trazabilidad por las deficiencias de la legislación en el etiquetado actual, principalmente en la carne procesada. Entre 2014 y 2019, España importó 48.157 toneladas de vacuno de Brasil, siendo en 2019 el cuarto país europeo en cuanto a volumen de importaciones de carne de vacuno de zonas afectadas por la deforestación en Brasil.

Incrementar importaciones de soja y vacuno implicaría, además, un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que profundizan el cambio climático, debido tanto a la deforestación ligada a la expansión del modelo del agronegocio como al aumento del transporte en buques de carga. Según la comisión de expertos independientes que evaluó el impacto del acuerdo, implicaría la deforestación de 700.000 hectáreas en los seis años que seguirían a su aplicación, especialmente de la Amazonia. España es en la actualidad el tercer país europeo en huella de carbonoasociada a la importación de carne de vacuno procedente de zonas deforestadas de Brasil, según un reciente estudio de Earthsight.

El riesgo de los protocolos ‘ad hoc’

El acuerdo, fraguado a lo largo de dos décadas de negociaciones, la mayor parte del tiempo secretas, se encuentra hoy en fase de “revisión técnica y legal”, lo que en inglés se conoce como scrubbing. En esa fase, explica Guiotto, es habitual que se introduzcan reformas importantes al texto, con una falta de transparencia aún mayor que en el resto del proceso. Después, el texto deberá traducirse a todas las lenguas de la UE, para pasar a su ratificación por el Consejo Europeo y por cada uno de los países del Mercosur. De aprobarse por el Consejo, pasaría a los parlamentos nacionales, pero ya no el texto completo: la parte clave del tratado, la relativa a la política comercial, puede entrar en vigor aun sin la ratificación en los parlamentos nacionales, como de hecho sucedió con el TLC suscrito entre la UE y Colombia.

Del lado europeo, se ha colocado sobre la mesa la preocupación por las políticas medioambientales del presidente Jair Bolsonaro: durante su primer año en el poder, la deforestación creció un 85% en Brasil. Un informe reciente encargado por el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo pone en duda la capacidad de Brasil para cumplir con tratados internacionales como el de París, y admite que el tratado no contiene disposiciones que garanticen la protección de los ecosistemas y de los derechos humanos, ya que el recurso legal sólo es aplicable a violaciones de las cláusulas comerciales. En la actualidad la Comisión Europea está trabajando en la redacción de unos anexos que alivien las preocupaciones medioambientales y climáticas de algunos gobiernos, como el de Francia o Alemania.

El tratado UE-Mercosur, al igual que la mayoría de los reglamentos comerciales, es muy concreto sobre los aspectos económicos, pero no regula adecuadamente los impactos sociales y medioambientales. Este acuerdo ha sido alabado por la inclusión de un apartado sobre sostenibilidad, a pesar de su redacción imprecisa y no vinculante, lo que hace que su efectividad dependa de la buena voluntad de cada país.

“Si la UE y los países del Mercosur realmente tienen voluntad de enfrentar el cambio climático, la deforestación y frenar las violaciones a los derechos humanos, el lugar para hacerlo y lograrlo es respectivamente la Convención Marco sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos que se está negociando actualmente en la ONU. No este, ni ningún otro Tratado de Libre Comercio disfrazado de Acuerdo de Asociación”, afirma Alberto Villareal, coordinador regional del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe.

Aún es difícil prever si el texto, o al menos su pata comercial, saldrá adelante. De lograrse la luz verde a este lado del Atlántico, encontrará también, previsiblemente, oposición en Argentina, tal vez el país más perjudicado por el acuerdo según el texto actual. Lo será por el impacto que tendrá en la industria automotriz y de autopartes, y por lo tanto, en el empleo. Son también polémicas las cláusulas que obligarían a los Estados, en las compras públicas y el sector servicios, a tratar de igual a igual a las empresas de los países firmantes, con consecuencias que podrían ser fatales para las pymes locales. “El problema es que no hay plan B: no se están discutiendo alternativas de reconversión para las pymes y los trabajadores que sufrirán directamente los impactos”, explica Guiotto.

Según declaraciones recientes del gobierno portugués, que ostenta desde enero la presidencia rotatoria de la Unión Europea, se hará de la ratificación del tratado una prioridad durante su mandato. Sin embargo, los parlamentos de Austria, Bélgica, Irlanda y Países Bajos ya se han posicionado en contra del acuerdo. Por el momento, el Estado español se ha postulado como uno de los máximos impulsores del tratado, tal vez porque, como sugiere el militante de Ecologistas en Acción Tom Kucharz, del acuerdo se beneficiarían “empresas del Ibex 35 con presencia en los países del Mercosur, tales como Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola y Naturgy”.

Lo cierto es que el apoyo del Gobierno español obvia los graves impactos económicos para el sector agrario y la amenaza para la seguridad alimentaria de los y las consumidoras, así como el previsible aumento de la huella ecológica.

Climática, 18-2-2021