India: La ejecución de Afzal Gurú

Con la mirada puesta en las elecciones de 2014, el Congreso Indio intenta ser más derechista que el BJP. Mientras tanto, la crisis política, social y económica sigue profundizándose con una huelga general de 48 horas de todas las organizaciones obreras y campesinas –a excepción de las afiliadas al CPI (M)- que tuvo lugar el pasado miércoles y jueves un importante impacto en Kerala, Mumbay y Delhi.

La ejecución de Afzal Guru en la mañana del 9 de febrero es quizás una de las más oscuras manchas en el historial muy manchado del actual gobierno. Aparte de la inmoralidad de la pena de muerte, sobre la que este semanario ha expresado su posición inequívoca (EPW, "¿Justicia o venganza?", 1 de diciembre de 2012), el asesinato de Afzal Guru ha sido ilegal y escandaloso bajo las leyes de esta república. El rechazo por el Presidente de su petición de indulto se mantuvo en secreto, su familia y sus abogados no fueron informados y no se le concedió ninguno de los derechos que se otorga a un condenado a muerte: apelar el rechazo de su petición de gracia, reunirse con su familia y tener un último deseo. En un acto increíblemente malvado, el Gobierno envió la confirmación de su inminente ahorcamiento por correo, para asegurarse de que le llegaría a su familia después de la ejecución, cuando ya se había enterado por las noticias de televisión. No sólo los activistas de derechos humanos, sino incluso Gopal Subramaniam, el fiscal que llevó el caso contra Guru en la corte, han declarado que la actuación del gobierno ha supuesto una "grave omisión en la defensa de los derechos humanos" y una violación del estado de derecho.

Incluso quienes solo están de acuerdo con la pena capital para casos excepcionales encuentran que tal comportamiento por parte de nuestro gobierno es, por decir lo menos, desagradable. Además, el caso de Afzal Guru tenía demasiadas lagunas y dudas que hacían cuestionable la pena de muerte. Es lamentable que la Corte Suprema de Justicia, siendo consciente de ello, eligiera errar por el lado de la "conciencia colectiva" en lugar de la precaución. El inaceptable activismo de nuestro recientemente electo presidente, Pranab Mukherjee, para acelerar la ejecución sólo ha agravado esta locura. La pena de muerte es siempre, especialmente en los delitos cometidos en búsqueda de un objetivo político, una decisión profundamente política. La Constitución y la jurisprudencia legal ponen tantos controles y contrapesos a la aplicación y ejecución de la pena capital porque trata de proteger a los ciudadanos de la posibilidad de errores judiciales en estos. Pero ha quedado demostrado que no son obstáculo contra la combinación de un presidente de gatillo fácil y un ministro del interior dispuesto a abjurar incluso de los valores humanos básicos en la búsqueda de los intereses electorales de su partido político. Ya es hora de que los jueces y activistas de derechos humanos pongan en su sitio al gobierno por la violación del estado de derecho y luchen por los derechos del reo condenado para que ningún político mezquino pueda jugar con ellos.

Aparte del tema del ahorcamiento de Guru, la forma en que el gobierno ha decidido castigar colectivamente a la población de todo el valle de Cachemira con un toque de queda y con el racionamiento de suministros esenciales, medicamentos y noticias tras la ejecución es una clara violación de los derechos fundamentales garantizados a los ciudadanos por nuestra Constitución. Incluso en la capital del país, la policía detuvo ilegalmente a periodistas acreditados y a sus hijos sin ningún cargo. Es casi como si el gobierno hubiera decidido renunciar incluso a la más mínima apariencia de legalidad y comportarse como un matón. En todo caso estas acciones alejarán aún más a la gente, no sólo en Cachemira, sino también a los que creyeron en la promesa de este gobierno, aunque parcial e incipiente, de un cambio progresivo en la política india.

Es evidente para la mayoría de los observadores que la Alianza Progresista Unida (UPA), habiéndose quedado sin ideas progresistas que valgan la pena para movilizar a las personas con miras a las próximas elecciones generales, ha vuelto al antiguo truco del Partido del Congreso de utilizar el juego de los chauvinistas y revanchistas de la sociedad. Es un viejo truco urdido por primera vez por Indira Gandhi y luego utilizado extensamente por su hijo y sucesor, Rajiv Gandhi, durante su mandato como primer ministro, cuando por primera vez siguió el juego de los fanáticos hinduistas en el caso de [la mezquita de] Babri Masjid y luego de los fundamentalistas musulmanes respecto a la ley personal en un intento de recuperar su popularidad. Después de haber estado en el poder durante casi una década, la UPA se ve incapaz de hacer frente a la inflación, la economía que continúa a la deriva a pesar de un dream-team en el Ministerio de Finanzas, la corrupción y el abuso de poder que sólo parecen crecer, mientras los sistemas sociales de seguridad, como el derecho a la alimentación y la educación o incluso las transferencias de efectivo no parecen avanzar realmente. La forma en que este gobierno ha colgado a Kasab y a Guru, despejando el camino para el ahorcamiento de cuatro socios de Veerappan, y la forma en que permitió que la decapitación y mutilación de los soldados en la Línea de Control exacerbase la histeria bélica en la calles, parece ser un esfuerzo consciente para sobrepasar en su propio terreno al partido de extrema derecha Bharatiya Janata.

La manera en que se está restableciendo la aplicación de la pena capital tendrá consecuencias negativas para la democracia a largo plazo. Ayudará a afianzar las ideas que equiparan la venganza con la justicia y la normalización de la violencia como forma de reparación de reclamaciones legítimas.

Economic and Political Weekly es un veterano semanario de izquierdas indio, que se publica en Mumbay desde 1948 y cuyo editor es C Rammanohar Reddy.

Traducción para www.sinpermiso.info: Antonio Zighelboim