Universidad y pensiones: la derrota de lo público

Lina Gálvez Muñoz

24/04/2018

Mientras en España los dirigentes del PP disimulaban las mentiras de la presidenta de la CAM atacando a la universidad pública y cientos de miles de personas salían a la calle en defensa de una pensión digna, en el Reino Unido se estaba viviendo una huelga sin precedentes en protesta por el deterioro de la universidad pública. Una huelga provocada, precisamente, por el recorte de las pensiones del personal universitario porque se supone que el plan de pensiones de las universidades no es sostenible.

Los salarios universitarios en el Reino Unido, aunque sensiblemente mejores que los españoles, nunca han sido para tirar cohetes, sobre todo en ciudades donde el precio de la vivienda es muy elevado. Además, desde 2009, han sufrido un recorte del 16%.

Aún recuerdo cuando hace veinte años, tras defender mi tesis doctoral, obtuve una plaza en una universidad británica. Mi salario de entonces era solo algo más bajo del que tengo ahora, pero notablemente inferior al que obtenían mis compañeros de doctorado que, en su mayoría, habían optado por continuar su carrera profesional en el sector privado. Todos me consolaban diciendo que lo bueno estaba por venir porque, en realidad, lo mejor del salario de los universitarios británicos era el plan de pensiones. Y tenían razón.

Siempre he creído que parte de nuestro salario se nos paga en ego, pero el ego no da para pagar las hipotecas, los alquileres, los transportes o la cesta de la compra, sobre todo cuando pasamos a ser pensionistas. Por ello, no es de extrañar que un recorte en las pensiones haya sido el desencadenante de la protesta. Se trata de una reforma que sustituye el antiguo modelo de riesgo colectivo por uno de riesgo individual y que puede suponer un recorte en las pensiones de entre 10.000 y 200.000 libras a lo largo de la jubilación, afectando en mayor medida a los profesionales con contratos y condiciones más vulnerables. Porque hay que recordar, que también en el Reino Unido, como en España, las universidades se nutren cada vez más de personal con contratos precarios o por horas, muchos de los cuales siquiera estaban accediendo a esos planes de pensiones.

Divide y vencerás. Precariza en la base, mientras subes salarios en la cúspide. Porque mientras se recortaban las pensiones, el gestor del plan de pensiones universitarias se subía el sueldo en 82.000 libras anuales, de 484.00 a 566.000. Una dinámica bastante extendida en el sector privado al que cada vez se parece más el público.

Sin duda, ha sido la amenaza al sistema de pensiones lo que ha hecho movilizarse a un profesorado universitario cada vez más acostumbrado a un modelo de carrera individualizado y competitivo, y muy alejado, por tanto, de cualquier actuación colectiva como lo es una huelga. Pero por el camino se han sumado a la protesta otros motivos, así como la totalidad de la comunidad universitaria. Incluido el alumnado, que protesta por un modelo de universidad a todas luces insostenible e inaccesible para amplias capas de la población británica y que hace caja gracias a los estudiantes extranjeros pertenecientes a familias adineradas de todo el mundo. Modelo que por cierto hace aguas porque el número de estudiantes extranjeros parece que toca techo y porque las políticas de hostilidad contra el extranjero de Theresa May para justificar el Brexit están atacando directamente al modelo de “negocio” de la universidad británica.

La huelga universitaria en Reino Unido comenzó el 22 de febrero y finalizó el pasado 13 de abril con un acuerdo entre el sindicato universitario y Universities UK, -el organismo que funciona como patronal de las universidades británicas-, para crear una comisión independiente encargada de analizar la situación de la universidad.

Aunque los huelguistas no han logrado sus fines –en parte porque han decidido dar una tregua con el fin de no perjudicar a los estudiantes que tienen los exámenes a la vuelta de la esquina–, lo ocurrido nos ofrece al menos dos enseñanzas importantes de las que debemos tomar nota en España, sobre todo si consideramos el papel de avanzadilla que ha desempeñado el Reino Unido en la consolidación del modelo neoliberal en Europa.

Un espacio dócil

La primera enseñanza es que el proceso de mercantilización de la universidad –en Reino Unido, pero también en España– está ya muy avanzado. Las reglas de juego, las formas de pensar y proceder del personal universitario y el alumnado están diseñadas para que la universidad se convierta definitivamente en un espacio dócil, donde la investigación y la docencia son una mercancía más. Actualmente, la universidad fomenta la competencia, premia la obtención de ingresos y busca la eficiencia y la consecución de los objetivos impuestos por los patrocinadores. De hecho, las universidades británicas, -contrariamente a las españolas que son gobernadas por un rector o rectora elegido por la comunidad universitaria-, son gestionadas por ejecutivos profesionales que forman parte de la élite de los negocios, el muy bien pagado brazo ejecutor del sistema. Una profesionalización de la gestión que puede que esté más cerca de lo que creemos aquí en España.

En este modelo, los estudiantes son consumidores, clientes cuya tarea no es aprender, sino exclusivamente prepararse para el mercado laboral. Hace seis años que el gobierno conservador británico puso en marcha el actual sistema de préstamos universitarios, cuya principal consecuencia, teniendo en cuenta el incremento de las tasas universitarias y el deterioro del mercado de trabajo, es que prácticamente tres de cada cuatro graduados no puedan hacer frente al pago de sus préstamos. Las deudas medias contraídas por los estudiantes suelen superar las 50.000 libras. Además, como también ocurre en España, es cada vez más frecuente que la inserción en los mercados de trabajo se favorezca tras la realización de un master de precio medio superior al grado, y se realice a través de prácticas no remuneradas, un sistema discriminatorio que favorece a aquellos graduados cuyas familias pueden permitirse sufragar su manutención ante la falta de ingresos propios. A muchos jóvenes, y a sus familias, comienza a no compensarles ir a la universidad.

En 2017 entró en vigor la Ley británica sobre educación superior e investigación, una reforma que incide en el modelo de universidad orientado al mercado y que aplica un complejo sistema de mediciones del que depende la financiación de las titulaciones y las universidades. Este sistema está basado en indicadores que poco tienen que ver con la calidad de la docencia, como son el tiempo medio de finalización del grado o los niveles de empleo medio de sus graduados, y que perjudican especialmente a las humanidades y a parte de las ciencias sociales, áreas donde se genera el pensamiento crítico. Todo ello cuando la inserción laboral de los jóvenes no depende sólo de su titulación, sino de otras cuestiones, como la posición social y económica de su familia de origen y sus redes de contacto, o el género o la raza a la que pertenecen. Aquí tenemos el modelo de Bolonia, pero aún podemos ir a más, todo es cuestión de esperar, o no.

Y de esperar o no, deriva el segundo aprendizaje que podemos extraer de la experiencia británica, y es que la única manera de revertir esta tendencia mercantilizadora es pensar y actuar en colectivo y no de manera individual. La individualización es uno de los pilares del modelo neoliberal; por tanto, la acción colectiva es su antídoto. Y estas semanas de huelga, a pesar del modesto resultado obtenido, han despertado a una comunidad universitaria ensimismada, absorta hasta ahora en la exigente tarea de competir y publicar. Sus miembros se han dado cuenta de que tienen intereses comunes o, más bien, un interés común: el de poner fin a la mercantilización de la universidad. Es indispensable que estos aprendizajes y solidaridades se consoliden. El modelo de universidad neoliberal deja muy poco resquicio para ello, pero es la única manera de combatirlo.

Sólo a través de la acción y la toma de conciencia colectiva la universidad puede realizar avances en el conocimiento que repercutan en el bienestar común, mantener espacios de pensamiento crítico que permitan avanzar en justicia social y consolidar las instituciones democráticas, y funcionar como mecanismo de ascenso social para las y los estudiantes. Dado que existen otros aspectos, como la herencia y la falta de tributación sobre la misma, que limitan los mecanismos de ascenso social, es fundamental que no sólo los hijos e hijas de las familias con dinero puedan acceder sin grandes sacrificios a la universidad. Si es así, ésta dejará de ser definitivamente uno de los pocos ascensores sociales de los que disponen las democracias liberales occidentales.

En España deberíamos tomar buena nota de lo vivido en Reino Unido durante estos últimos años y meses, porque el proceso de mercantilización también está avanzado y el cambio de cultura universitaria se consolida. Y episodios como el “mastergate” de Cifuentes tienen como resultado un agravamiento del deterioro de la universidad pública y de lo público en general. Sería bueno que las recientes movilizaciones masivas en defensa de las pensiones públicas fueran más allá y se convirtieran en una auténtica marea para salvar lo público y combatir un futuro que se vislumbra completamente mercantilizado, de modo que no tengamos que asumir en solitario los riesgos que sin duda habrá de plantearnos.

 

es Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Fuente:
https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/Universidad-pensiones-derrota-publico_6_763683634.html