Una modesta proposición a Mitch McConnell

Harold Meyerson

09/07/2017

El épico engatusamiento de Mitch McConnell [jefe de la mayoría republicana en el Senado norteamericano] fracasó a la hora de persuadir a un número suficiente de sus colegas republicanos, de modo que la votación en el Senado de su proyecto de ley para revocar el Obamacare, diezmar Medicaid, y reducir los impuestos a los ricos ha quedado en suspenso. La estaca final, sin embargo, no ha atravesado todavía ese corazón gangrenado.  

Las versiones de la revocación de la Affordable Care Act [ACA, Ley de Atención Asequible, el llamado Obamacare], tanto por parte de la Cámara como del Senado, apenas tienen precedentes en la historia norteamericana. Al dejar sin cobertura sanitaria a más de veinte millones de norteamericanos, estos proyectos de ley pisan un terreno nuevo. La rescisión de servicios de socorro a más de veinte millones de norteamericanos es algo que ningún Congreso ha considerado jamás en serio con anterioridad. La analogía más cercana que se me ocurre es la Ley de Esclavos Fugitivos aprobada en 1850, que pedía a los estados del Norte que ayudaran a los estados del Sur a detener a los afroamericanos libres en el Norte para que pudieran ser devueltos a la esclavitud en el Sur. 

Es posible, por supuesto, que McConnell, Paul Ryan, y sus colegas del Partido Republicano no se crean las proyecciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (OPC). Quizás estén verdaderamente convencidos de que las reducciones fiscales masivas que otorgarían sus proyectos de ley a los ricos llevarían a tantas inversiones nuevas y tantos nuevos empleos que decenas de millones de norteamericanos verían aumentar sus ingresos hasta el punto de que podrían decirle adiós a Medicaid y adquirir cobertura sanitaria propia. En realidad, los legisladores republicanos serían monstruosamente crueles si no albergaran esta creencia. 

Pero si eso es de verdad lo que creen, estarán dispuestos a aceptar ciertas consecuencias en caso de que esas creencias demostraran ser falsas. Si de acuerdo con las proyecciones de la OPC, 21 millones, o 22 millones o 23 millones (o incluso cinco diez millones sólo) de norteamericanos pierden su cobertura sanitaria en caso de que se apruebe cualquiera de las versiones de estos proyectos de ley, decir únicamente “¡Uups!” no va a servir, la verdad, como forma de expiación. 

De manera que ahí va una modesta proposición: Si un año después de que se firme el proyecto y se convierta en ley, aumenta el número de norteamericanos sin seguro, se pedirá a los representantes y senadores que votaron a favor de ese proyecto de ley que se las arreglen sin atención sanitaria. No hay que ser draconianos a este respecto: digamos que la cifra tiene que caer en una décima parte completa de la estimación más elevada de la OPC,  de modo que al menos 2,3 millones más de norteamericanos tienen que sumarse a las filas de los que carecen de seguro antes de que esta pena entre en vigor. A partir de los 18 meses después de la promulgación, mientras la cifra de norteamericanos sin seguro siga siendo más elevada de lo que las proyecciones de la OPC establecían que sería la cifra, de haber seguido en vigor la ACA, seguiría vigente la pena para estos senadores y representantes, sigan o no en sus puestos. 

Ahora bien, no resulta la verdad suficiente que estos representantes y senadores pierdan simplemente su cobertura sanitaria. Muchos pueden conseguir esa cobertura gracias a sus cónyuges o sencillamente pagarla de su bolsillo. No es ese el caso, por supuesto, de los receptores de Medicaid: cuando pierden su cobertura, su único recurso consiste en acudir a urgencias o a clínicas gratuitas. La solución justa consistiría en restringirles a esos representantes y senadores la solución de sus necesidades de atención sanitaria a esas mismas urgencias y clínicas a las que tienen que ir los norteamericanos que no tienen seguro cuando se ponen enfermos o se accidentan.   

Ejecutar esa disposición podría resultar delicado. La única solución que se me ocurre es convertirla en delito, castigable con, digamos, cinco años de cárcel, para el caso de que estos representantes y senadores reciban tratamiento en cualquier otro lugar que no sean las urgencias y las clínicas gratitas (bueno, digamos que también podrían contar con los paramédicos), y convertirlo en un delito castigable con penas de 30 a 180 días en prisión para el personal médico que no sea de esas urgencias, clínicas y ambulancias a la hora de tratar a esos representantes y senadores. En caso de que estos representantes y senadores intenten hacerse pasar por otras personas, su periodo de encarcelamiento podría aumentar de 18 a 24 meses. 

No se me ocurre razón alguna por la que los senadores y representantes que apoyan esta legislación tendrían que oponerse a estas enmiendas. Al fin y al cabo, o bien creen sinceramente que, gracias a la magia de los recortes de impuestos a los ricos que se derramarán hacia abajo hasta llegar a todos los demás, no aumentará la cifra de norteamericanos desprovistos de seguro, o bien son monstruos de inmoralidad, lo cual todos sabemos que no es el caso. Al respaldar esa disposición, estarían simplemente demostrando su buena fe y atestiguando su rudimentaria moralidad. 

Mitch, Paul: ¿cómo lo veis?       

columnista del diario The Washington Post y editor general de la revista The American Prospect, está considerado por la revista The Atlantic Monthly como uno de los cincuenta columnistas mas influyentes de Norteamérica. Meyerson es además vicepresidente del Comité Político Nacional de Democratic Socialists of America y, según propia confesión, "uno de los dos socialistas que te puedes encontrar caminando por la capital de la nación" (el otro es Bernie Sanders, combativo y legendario senador por el estado de Vermont).
Fuente:
The American Prospect, 28 de junio de 2017
Traducción:
Lucas Antón
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