Trump, los migrantes y la política del terror

Mathieu Magnaudeix

21/06/2018

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump pretende aterrorizar a los migrantes para contentar a sus bases y conseguir la aprobación de una ley que financie el muro de separación con México. Pero la última ocurrencia de Trump, separar a las familias en la frontera, ha suscitado una inmensa indignación.

Donald Trump a veces hace milagros. Así es como ha conseguido resucitar una especie de nostalgia extraña por la familia Bush. Desde que es presidente de Estados Unidos, la dinastía de los dos jefes de Estado se ve, por contraposición, como el sumun de la distinción y de la moderación política. De modo que el célebre clan de Texas se permite incluso dar lecciones de moral.

El pasado fin de semana, Laura Bush criticaba con dureza la política migratoria de Trump, juzgándola como «cruel e inmoral», sin medias tintas. «Tengo el corazón partido», llegó a decir en The Washington Post la esposa de George W. Bush, 43º presidente, el mismo que declaró la guerra a Irak con mentiras y sembró el caos en Oriente Medio. «Estas imágenes nos recuerdan de forma siniestra a los campos de internamiento para japoneses-norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial, uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia».

¿La causa de su ira? La política migratoria de «tolerancia cero» de la Administración Trump, que ha declarado la guerra a la inmigración ilegal, el tema favorito de los electores republicanos. Y, sobre todo, su decisión más discutida: la separación arbitraria de los padres de sus hijos.

Esta política migratoria, instaurada de forma discreta en los últimos meses, se aplica ahora de forma oficial. Según las últimas cifras dadas a conocer al Senado, 2.342 niños, a veces de corta edad, fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio.

En teoría deben ser confiados a personas cercanas y a familias de acogida, pero son internados en centros. La coordinación entre los servicios de inmigración y los servicios sociales es prácticamente inexistentes, no tienen ninguna garantía de encontrar a sus padres... encarcelados o devueltos a toda velocidad a sus países de origen por una justicia expeditiva basada, y desde hace mucho tiempo, en las reglas internacionales que rigen el derecho al asilo.

La separación de las familias, anunciada el 7 de mayo por el attorney general (ministro federal de Justicia), ha desencadenado la repulsa nacional. Y, por una vez, el revuelo es tan grande que Donald Trump, maestro de la contraprogramación improvisada, no consigue desviar la atención.

Cada día las protestas van a más. Proceden de asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional habla de «tortura»), de la oposición demócrata, de simples ciudadanos que tuitean frenéticamente, recaudan millones de dólares en Facebook para ayudar a las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, participan en protestas a lo largo y ancho del país... o de un exdirector de la CIA que ha comparado a Trump con Hitler.

También proceden de Naciones Unidas, de la asociación de pediatras de Estados Unidos que ha hablado de «maltrato infantil», de las iglesias e incluso de una parte de los evangélicos protestantes ultras, que hasta ahora habían aplaudido todas las actuaciones de Trump. Incluso figuras conservadoras como Bill O'Reilly, el que fuera estrella de la cadena ultraconservadora Fox News, amigo de Trump despedido por agresión sexual, han manifestado su desacuerdo.

Donald Trump, aconsejado en la Casa Blanca por Stephen Miller, asesor presidencial muy de derechas –protegido de Steve Bannon, amigo americano de los Le Pen–, había previsto que la medida obligaría a los demócratas a aceptar en el Congreso una ley muy dura contra la inmigración, incluida la financiación del muro con México, la famosa barrera prometida en campaña.

Aunque, de momento, lo que ha provocado ha sido indignación. Y el acuerdo legislativo esperado parece alejarse: los demócratas no están dispuestos a ceder al chantaje y los republicanos se encuentran divididos entre los defensores de la línea dura presidencial y los más moderados, que temen pagar el precio del fanatismo presidencial en las elecciones de mediados de mandato de noviembre.

La nueva doctrina tiene como objetivo encerrar y perseguir ante la Justicia a todos los migrantes que han cruzado la frontera de forma ilegal, aun cuando aspiran a realizar una demanda de asilo por sufrir persecuciones en su país, a menudo en Estados de América Central como Honduras, El Salvador o Guatemala, lugares arrasados por la violencia y minados por la pobreza.

Hasta la fecha, lo más habitual era que quedasen en libertar hasta que llegaba el momento de revisar su estatus. Ahora, el objetivo explícito es juzgarlos lo antes posible y devolverlos a su país de origen. Cada semana pasan por los tribunales un millar de migrantes. Un ritmo infernal que, según la ONG WOLA, corre el riesgo de suponer, de inmediato, el colapso de los juzgados, las prisiones y los « puertos de entrada », donde los migrantes pueden pedir asilo, al menos en la teoría. Pero es en ellos donde se produce la separación familiar. Según la ley, los niños no pueden ser encerrados en centros de detención, ni siquiera en las prisiones federales donde se retiene a los adultos. Pero, a pesar de que han llegado con sus respectivas familias, la Administración ha decidido enviarlos a centros de retención especiales para menores aislados, centros gestionados por los servicios sociales.

Según los grupos de apoyo a los inmigrantes, la separación se lleva a cabo en condiciones terribles. « A veces los guardias de fronteras les dicen a los padres: “Nos llevamos a vuestro hijo” y cuando éstos preguntan que cuándo vuelve el menor, les responden: “No podemos decírselo”. La justificación nunca es clara », cuenta en The Texas Monthly Anne Chandler, directora en Houston (Texas) de la ONG Tahirih Justice Center.

« A veces no se les dice nada de nada. O, muy a menudo, hay oficiales que les responden: “Su niño va a bañarse”. Entonces, el niño se marcha y media hora más tarde, el padre pregunta: “Dónde está mi pequeño?” de cinco años, de siete años... “El baño es largo”... y es entonces cuando se les dice: “No volverá a ver a su hijo”. Las madres lloran, los niños gritan y vomitan, se prohíbe a su padre consolarlos [...]. El oficial les dice: “Tienen que dejar que se marchen, de lo contrario, se presentarán cargos contra usted”. [...] Los padres no son informados sobre sus derechos para poder comunicarse con sus hijos, no se les dice cómo encontrarlos ».

La Biblia como refuerzo

Hace una semana que los medios de comunicación publican relatos desgarradores de familias separadas, de madres desoladas o la tragedia de un padre, llamado Marco Antonio Muñoz, demandante de asilo procedente de Honduras, que se suicidó de desesperación, tras haber sido separado de su hijo de tres años.

La página de investigación ProPublica publicaba el lunes una grabación realizada recientemente en un edificio del Customs and Border Protection (CBP), la agencia de aduana de Estados Unidos. En ella se oye a niños recién separados de sus padres gritar, llorar, llamar a sus progenitores. « Menuda orquesta tenemos », bromea entonces un guardia de fronteras...

Los periodistas y los parlamentarios autorizados a visitar algunos de los centros para menores, en McAllen o Brownsville, dos ciudades situadas en la zona meridional de Texas, describen a cientos de niños, algunos traumatizados o llorando, detenidos, tras los barrotes de un recinto que se asemeja a una jaula, envueltos en mantas, bajo una luz que no se apaga nunca, retenidos en el interior buena parte del tiempo (se pueden leer diferentes relatos, que concuerdan, en Associated PressThe New York TimesThe Washington Post o The Nation).

Los testigos no han podido tomar fotos, grabar, ni hablar durante mucho tiempo con los detenidos, pero el CBP ha publicado imágenes oficiales que confirman el relato.

A 1.200 km de allí, en la ciudad texana de Tornillo, cerca de El Paso, en el desierto donde la temperatura alcanza los 40º en este mes de junio, se construye un nuevo campamento de tiendas (climatizadas) para adolescentes. En unos días serán algo más de 400. El campamento podrá acoger, a largo plazo, diez veces más.

Cuanto más crece la contestación, más persevera la Administración. Jeff Sessions, el ministro de Justicia, un ultrarreligioso de Alabama, ha reabierto las críticas citando la Epístola a los Romanos que « pide », dice: « Obedecer a las leyes gubernamentales porque Dios ha ordenado al Gobierno para ese fin ». Un pasaje discutido de la Biblia, según recuerda The Washington Post, empleado en el pasado por los contrarios a la revolución americana y por los partidarios de la esclavitud…

Por su parte, Donald Trump considera, por supuesto, estas políticas « horribles » y su mujer Melania las ha condenado. Pero es él quien las ha aplicado y lo único que tiene que hacer es anularlas. Pero, en lugar de eso, el presidente de Estados Unidos repite que se trata de una « ley » demócrata que prevé la separación de los niños, algo que es falso. Asegura que sólo les corresponde a ellos sentarse para hablar de inmigración. Cómico, sin duda, cuando Trump ha rechazado en varias ocasiones un acuerdo bipartidista sobre la inmigración negociado en el Senado por considerarlo demasiado blando…

En realidad, de cara a unas elecciones de mitad de mandato que se anuncian difíciles para él, Trump ha decidido utilizar la suerte de los niños como instrumento político. Su objetivo es aprobar por fin una ley sobre inmigración que recoja sus promesas de campaña. Y, a falta de dicha ley, quiere demostrar a las bases, caldeadas, que cumple sus promesas.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se han multiplicado las políticas antimigrantes. El decreto presidencial que fija el marco de lo que sucede a día de hoy se firmó cinco días después de su investidura. Después, Trump, suprimió el programa Daca, creado por Barack Obama y que garantiza a 700.000 niños crecidos en Estados Unidos, de padres extranjeros, que no serán devueltos a su país de origen (sigue en vigor por decisión judicial). La Administración Trump persigue en los tribunales a las ciudades santuario que se niegan a que su Policía colabore en las operaciones de expulsión. Quiere prohibir también que los migrantes detenidos accedan al aborto.

Ya muy activos con Obama, un presidente que expulsó la cifra récord de 2,5 millones de inmigrantes ilegales entre 2009 y 2015, los servicios aduaneros y de la inmigración (Immigration and Customs Enforcement, ICE) multiplican las batidas contra los trabajadores migrantes, expulsan a sin papeles presentes en sus ficheros o incluso detenidos en accidentes de coches o banales controles, algo inédito.

A comienzos de junio, un padre de familia ecuatoriano, casado con una estadounidense, era detenido cuando entregaba una pizza en un edificio del Ejército en Brooklyn: el caso se ha convertido en un símbolo del miedo ciego de los sin papeles en todo el país. 

Hace una semana, Jeff Sessions, otra vez él, anunciaba que las víctimas de las bandas o de la violencia doméstica sólo obtendrían asilo en Estados Unidos si demostraban que las autoridades de su país de origen se negaban a prestarles auxilio. En la práctica, dicha condición corre el riesgo de resultar imposible de cumplir.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump alimenta lo que el think tank Migration Policy Institute de Washington denomina un « narrativo de la frontera en crisis ».

Describe a los candidatos al asilo como miembros de bandas, envía a la guardia nacional a la frontera, hace levantar prototipos de su futuro muro en la frontera mexicana, lucha contra una caravana de migrantes que avanza hacia la frontera, trata a algunos de ellos como « animales », denuncia a los inmigrantes procedentes de « países de mierda » y prevé devolver a sus países de origen, a partir del año que viene, a 400.000 ciudadanos de Haití, de El Salvador o de Honduras que se beneficiaban hasta la fecha de protecciones temporales.

El objetivo de esta agitación también es « disuadir » por todos los medios a los candidatos al asilo, asustándolos. Sin embargo, contrariamente a lo que podrían llevar a pensar estas declaraciones incendiarias, el número de arrestos en la frontera de Estados Unidos (40.000 al mes) es estable.

En cuanto a las estrategias de « disuasión » de la inmigración lanzadas desde los 90 con la Administración Clinton, amplificadas desde esa fecha por Bush y por Obama, y ahora a punto de ser industrializadas por Trump –sobre todo los procesos judiciales cada vez más expeditivos o las restricciones continuas del derecho de asilo–, tienen, en la práctica, débil influencia sobre los flujos: éstos están mucho más relacionados con la situación económica, política y social de los países de origen.

Ocupado por estimular a sus bases republicanas, obsesionadas por los inmigrantes, Donald Trump se burla de esta realidad; piensa que la inmigración puede ser su as en la manga para movilizar a las bases republicanas en las elecciones del 6 de noviembre. Y ello bien vale varios miles de niños en jaulas.

Versión española : Mariola Moreno, infoLibresocio editorial de Mediapart. Edición Irene Casado Sánchez.

Historiador, politólogo y periodista, es el corresponsal de Mediapart en EEUU. Autor de Tunis Connection, enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali (Seuil 2012), con Lénaïg Bredoux; y Macron & Cie, enquête sur le nouveau président de la République (Don Quichotte, 2017).
Fuente:
https://www.mediapart.fr/es/journal/international/200618/trump-los-migrantes-y-la-politica-del-terror
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