Reino de España: Represión contra el feminismo

Recientemente, el Tribunal Supremo español ha desestimado el recurso de casación interpuesto por las cinco activistas feministas condenadas a un año de cárcel por la Audiencia Provincial de Baleares con motivo de la protesta realizada en la iglesia de Sant Miquel de Palma, el 9 de febrero de 2014, contra el anteproyecto de reforma de la legislación sobre interrupción voluntaria de embarazo planeado por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Días después de que trascendiera la sentencia del Supremo, conversamos con una de las activistas condenadas, Laura Dorado, y con César Oltra, miembro del colectivo antirrepresivo Alerta Solidària. La entrevista fue realizada por Daniel Escribano y Ariadna Suari.

¿En qué contexto se produjo la acción del 9 de febrero de 2014?

L. D. Era el curso político 2013-14, estaba a punto de aprobarse la contrarreforma de Ruiz Gallardón, del PP, que hacía retroceder los derechos reproductivos de las mujeres y contra la que se sucedían acciones varias, en Mallorca, en los Países Catalanes y en el resto del Estado español. Nosotras también queríamos participar en estas protestas. A pesar de que ya se había señalado a otros culpables de esta propuesta de contrarreforma, notábamos que faltaba señalar a uno de los principales: la Iglesia católica, apostólica y romana, que era uno de sus impulsores y, además, ejerce una influencia brutal en la política estatal. De modo que, desde una de las comisiones de Arran, en el marco de la campaña Febrer Lila, antes del 8 de marzo se organizaron varias acciones en clave feminista, una de las cuales fue ésta. Se extendió de boca a boca y se firmó como Antipatriarcals Mallorca, porque también participaría gente de otras organizaciones, gente que no militaba, que venía a título individual, gente que conocíamos y gente que no conocíamos.

¿Cuáles eran los principales objetivos de la acción?

L. D. Queríamos señalar esta relación implícita y tácita, que parece que no existe, entre Iglesia y estado, y que no sólo se evidencia con la contrarreforma de la legislación sobre el aborto, sino también con muchos comentarios y declaraciones de la Conferencia Episcopal, de obispos y sacerdotes, no solamente contra los derechos de las mujeres, sino también contra cualquier disidencia sexual. Parece que es un estado aconfesional, que no es lo mismo que laico, pero tenemos presente a esta religión en muchos ámbitos de nuestra vida. Aunque el artículo 16.3 de la Constitución española declara que “ninguna confesión tiene carácter estatal”, seguidamente dispone que los poderes públicos deben establecer “relaciones de cooperación con la Iglesia católica” y, significativamente, la sentencia de la Audiencia de Baleares recuerda que “la religión católica es la única que tiene reconocimiento constitucional expreso”. Semanas después de la aprobación de la Constitución, el Estado español suscribió un nuevo Concordato con el Vaticano, que impone restricciones a la libertad de cátedra para no contradecir a la doctrina cristiana, que tiene que ofrecerse obligatoriamente en todos los centros de enseñanza e impartida por personal designado digitalmente por el obispado; reconoce el derecho de la Iglesia a establecer centros docentes no universitarios y organizar cursos en las universidades públicas, impone el compromiso del estado de sostener a la Iglesia católica con recursos públicos, así como le concede una miríada de exenciones fiscales y confirma la asunción del calendario cristiano como calendario festivo oficial. Debíamos señalar esta connivencia que existe, aún hoy, entre Iglesia y estado y que, supuestamente, en un estado aconfesional no debería existir, pero que es clara. Baste ver que, en el Código Penal, hay un artículo específico sobre actos contra ceremonias religiosas en centros de culto (el 523), a partir del cual nos han condenado, separado del precepto sobre actos destinados a impedir el desarrollo de otras reuniones o manifestaciones autorizadas (art. 514.4) y que las penas en el primer caso son mucho mayores.

Existe gran confusión sobre si una protesta política pacífica en una iglesia puede ser considerada constitutiva del delito tipificado en el artículo 523 del Código Penal.

L. D. Dice “con violencia, amenaza o vías de hecho”, no dice nada de protesta pacífica. En cualquier caso, la protesta fue totalmente pacífica. De hecho, si hubo violencia, fue por parte de la gente que estaba allí dentro; hubo empujones, estirones de pelo, nos arrancaron pendientes, nos arrebataron la pancarta, etc. Y, claro, eso los testigos del juicio no lo dijeron y la sentencia dice que nos consiguieron expulsar “extendiendo los brazos y las manos”. Eso es totalmente falso. Nosotras, pacíficamente, retrocedimos, no opusimos resistencia, hasta que nos fuimos.

C. O. Lo que dicen muchos juristas es que la Constitución es algo suficientemente abierto como para poderla utilizar a su favor, a través de leyes y decretos. Y, a menudo, los movimientos sociales nos encontramos con que ellos nos ganan y hacen lo que quieren, porque, al final, quienes dictan las leyes son ellos. Ellos son los que modelan esta Constitución.

Os detuvieron al día siguiente que el obispado interpusiera la denuncia...

C. O. La parte más derechista de la Iglesia católica se había puesto en marcha mucho antes para presionar a la policía para que empezara a investigar algo que aún no se había denunciado, lo que es bastante ilegal.

L. D. La acción fue el domingo 9 de febrero. El viernes siguiente, 14 de febrero, el obispado nos denunció. El 17 detuvieron a las primeras personas. ¿Cómo es posible que el obispado interponga una denuncia el viernes y en un fin de semana, con esta celeridad y energía, el lunes ya tengan a tres detenidas?

C. O. Además, las detenciones se practicaron en tres días distintos de tres semanas distintas, en un intervalo de dos semanas entre las primeras y las segundas. Eso indica un objetivo claro de intentar ahogarnos represivamente, a la organización, a los movimientos sociales, para meter miedo. La detención de una compañera que no había estado allí creó aun mayor malestar y miedo.

Mantuvisteis conversaciones con el obispado para evitar el juicio, que no concluyeron con ningún acuerdo.

C. O. El sacerdote, al principio, cuando trascendió la noticia, dijo que no nos denunciaría. Pero hubo presiones políticas desde el obispado, o desde su sector más conservador, para que esto fuera por la vía legal. No hubo conversaciones serias hasta el último momento. Durante todo el proceso, mucha gente, monjas, todo tipo de partidos políticos, sin nuestro consentimiento directo, intercedieron para convencer al obispado para que rebajara la petición de penas o no solicitara penas de prisión. Nosotros en ningún caso habíamos dicho que quisiéramos conversaciones con el obispado, sino que, quien quisiera hablar, que lo hiciera, pero no en nuestro nombre, sino en el suyo. Nos convocaron por la presión de la solidaridad, porque toda la sociedad mallorquina, gran parte del Estado español y, sobre todo, los Países Catalanes nos apoyaban. Antes de que se produjera esta reunión, hubo cartas entre abogados. Hubo un momento en que nos dijeron que, si pedíamos perdón, todo estaría arreglado. Nosotros de ningún modo teníamos intención de decir nada que pareciera una petición de perdón. Eso lo teníamos clarísimo.

L. D. Veían que se les iba de las manos, que habían solicitado cuatro años y que no sabían cómo salir del entuerto, que la gente estaba cada vez más intranquila. Se puso fecha al juicio; supongo que pensaron que nosotras nos asustaríamos y nos convocaron para mantener esa conversación. Acudimos, todo fue muy protocolario, muy correcto, pero el objetivo final era que pidiéramos perdón y que les asegurásemos que no volvería a pasar. Y dijimos que nosotras no estábamos dispuestas a pedir perdón, porque considerábamos que no habíamos hecho nada malo, y que no les podíamos asegurar que eso no se repetiría, no ya por nuestra parte, sino por parte de otros grupos feministas que decidieran llevar a cabo acciones semejantes. No les entraba en la cabeza que nosotras no tuviéramos el control sobre las acciones en las iglesias. No tuvimos ninguna conversación más y nos volvimos a ver en el juicio, que era lo que ellos querían evitar.

Inicialmente, la acusación particular del obispado solicitaba penas de cuatro años de cárcel, y la Fiscalía, de uno y medio.

L. D. El último día de juicio, en las conclusiones finales, el abogado del obispado dijo que se adhería a la petición de la Fiscalía y, por lo tanto, ambos solicitaron un año y medio. Como pedían menos de dos años y ninguna de nosotras teníamos antecedentes, sabían que no iríamos a la cárcel, que era lo que todo el mundo quería evitar y, al final, cayó un año, que es igualmente ridículo...

Además de por su contenido, la sentencia de la Audiencia Provincial sorprende también en sus aspectos formales por las valoraciones personales que contiene, como, por ejemplo, que el sacerdote mostró “gran prudencia y aplomo”.

L. D. El sacerdote declaró como testigo y quitaba hierro al asunto. Dijo que la misa sólo se paró diez minutos, que después se reanudó sin problemas y que había explicado a los feligreses que había gente que no estaba de acuerdo con ellos. Y también nos extrañó por la manera como había ido todo, porque, en principio, parecía un hombre bastante razonable. Sobre el comentario de la sentencia, me sorprende que la magistrada diga eso del “aplomo”. Una persona que ni siquiera estaba allí...

¿Durante el juicio fue así? ¿Los magistrados mostraron alguna inclinación?

L. D. Había cosas irrefutables: una de las compañeras que estaba encausada realmente no estuvo en la acción. Al final fue absuelta. La Policía Nacional mostró un vídeo de la puerta de la iglesia, ya cuando nos íbamos: pasaba por allí una señora, vestida de negro, con una mochila, y ellos decían que era nuestra compañera (que no lo era). Y la magistrada miró como diciendo: “yo no veo nada”. En este aspecto era imparcial, pero, al mismo tiempo, prestaba más atención a los testigos de la Iglesia, y a nosotras nos despachó en poco tiempo.

¿Observáis algún tipo de contraste entre la actitud del arzobispado de Madrid ante el juicio por la protesta contra la capilla de la Universidad Complutense, que después de conversaciones con la acusada retiró la denuncia, y la del obispado de Palma?

L. D. Al final, creo que la retiraron, pero porque Rita Maestre pidió disculpas. El modus operandi es el mismo.

C. O. En el Principado, también el 9 de febrero de 2014, hubo una acción como la nuestra en una iglesia de Banyoles. La Fiscalía sólo denunció a Jaume Roure, que había sido condenado en 2007 por la Audiencia Nacional a quince meses por la quema de fotografías del rey.

L. D. En Sabadell también hubo una acción semejante en la misa del gallo, y no pasó nada.

Analizando el tono de la sentencia de la Audiencia Provincial y las interpretaciones forzadas que realiza el tribunal de los preceptos que toma como pretexto, da la impresión de que tenía decidida la condena de antemano y que después ha intentado dar ropaje jurídico a la decisión previamente adoptada.

L. D. En la sentencia del Supremo se antepone la libertad religiosa a nuestra libertad de expresión. Sin embargo, del derecho a la libertad religiosa no se deduce la prohibición de realizar actos de protesta política pacífica en iglesias. Aun menos cuando el objetivo de la protesta no era disolver la ceremonia, sino protestar contra el Anteproyecto de Ruiz Gallardón y la posición de la jerarquía eclesiástica en este conflicto. Además, el hecho de que las penas establecidas en el artículo 523 del Código Penal sean más elevadas que las del 514.4 es discriminatorio respecto a las reuniones o manifestaciones no religiosas y vulnera el principio de igualdad de los españoles declarado en el artículo 14 de la Constitución. Todo ello evidencia nuevamente los privilegios de que goza la religión católica en el ordenamiento jurídico español.

Sorprende el contraste entre la interpretación restrictiva del ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las sentencias sobre vuestro caso y la de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la protesta contra la capilla de la UCM. Según la sentencia de la Audiencia de Madrid, “en una sociedad democrática avanzada como la nuestra, que dos jóvenes se desnuden no debe ya escandalizar a nadie, como tampoco el hecho de que algunos de ellos se besen”. Parece, en cambio, que, para la Audiencia de Baleares y el Supremo, el hecho de gritar aborto gratuito y fuera los rosarios de nuestros ovarios atenta contra la libertad religiosa. ¿Qué interpretación hacéis de ello?

C. O. La sentencia del juicio a Rita Maestre será distinta desde el propio momento en que ella es una política y se habría liado mucho más si a ella la hubieran condenado a más años que a nosotros, porque ella tiene un altavoz con que nosotros no contábamos. Además, Rita Maestre pidió perdón y, por lo tanto, prefirió ser políticamente correcta que militante de los movimientos sociales comprometida con la lucha feminista.

La Audiencia de Baleares alega, en uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia, vuestra pertenencia “a un grupo organizado”.

L. D. Con la excusa de la acción, nos juzgaban por ser feministas, independentistas, por pertenecer a una organización como Arran. Este comentario te demuestra que iban a por nosotras. ¿A qué viene, si no? Están evidenciando que, de todas aquellas personas, nos cogieron a nosotras seis porque éramos de Arran. Hay otras personas que también participaron en la acción que no eran de Arran. Éramos veinte o treinta personas en la acción en aquella iglesia, pero todas las encausadas éramos de Arran en aquel momento y con un perfil bastante activo. Además, una de las personas que encausaron ni siquiera estuvo, pero, como era de Arran y estaba fichada, la metieron en el caso.

C. O. Desde el minuto cero fue un juicio político. En aquella época, Arran estaba muy activa. Señalaba a todo aquello que nos había traído la crisis: desahucios, corrupción... Y podía realizar en una semana hasta dos acciones. El nivel de compromiso de las compañeras era muy alto. Si el juicio no hubiera sido político, ellos no habrían rebajado la pena que solicitaban, de cuatro años y medio, a lo que pedía la Fiscalía. Ellos tenían clara una cosa: si nos absolvían, la Iglesia quedaría en mal lugar, pero si nos condenaban a cuatro años, como pedían, también quedaría en mal lugar. Pero si te basas en la ley, no piensas que vayas a quedar en mal lugar, sigues con la pena que solicitas, porque tienes claro que estás haciendo lo que debes. Pero, si no lo tienes claro, haces lo mismo que haga la Fiscalía: rebajar la petición de penas. Sabían que, con menos de dos años, no entraríamos en la cárcel, que era lo que querían evitar. Pero sí querían que tuviéramos un castigo.

Salvo la persona que no estuvo en la acción, reconocisteis y reivindicasteis la autoría.

L. D. Sí.

C. O. Incluso la defensa de la persona que no estuvo, fuera del juicio, para no romper la defensa, decía “yo lo volvería a hacer”.

L. D. Y que si hubiera estado, también habría entrado. No pudo venir aquel día, pero, obviamente, habría estado con nosotras.

¿Qué acogida política y popular tuvo la acción?

C. O. Toda la izquierda se volcó, ante la injusta petición del obispado.

¿También la izquierda institucional?

C. O. Sí, toda.

L. D. Podían no estar de acuerdo con la acción o con el modo como habíamos llevado el asunto —la mayoría no lo estaba—, pero, al tiempo, reconocían que pedían penas desorbitadas contra nosotras y que esto no podía acabar en juicio, por si acabábamos en la cárcel.

Y ahora, tras la sentencia del Tribunal Supremo, ¿habéis recibido muestras de solidaridad?

L. D. Cuando pronunciamos la conferencia de prensa, el 28 de diciembre, acudió gente de Podem, tanto del sector anticapitalista como de la rama mayoritaria.

C. O. De Més, en cambio, no fue nadie, y del PSIB, tampoco.

¿Presentaréis recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, si se da el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

C. O. Las encausadas se agotan mentalmente y es mucho dinero. Ahora tenemos que pagar las costas del juicio, que son muy elevadas. Ellos tenían un objetivo claro, que era desactivarnos políticamente, mediante la represión y el miedo. Pasó todo lo contrario: no nos desactivaron y, con un año, se creen que nos sacan de la calle, en el sentido de que, si se comete otro delito, habría que repensar cómo se ejecuta esta pena, o la ejecutoria que se hace de ella, pero lo que no saben es que nuestra actividad política sigue, que una condena de un año no nos detendrá, que seguiremos realizando trabajo político y que, si tenemos que volver a entrar en una iglesia, lo haremos.

L. D. No vivimos como una derrota el que nos hayan condenado a un año de cárcel, porque hemos logrado muchas cosas: se frenó la contrarreforma de Ruiz Gallardón, aunque se haya aprobado algún artículo restrictivo respecto a la interrupción voluntaria de embarazo; no pedimos perdón ni nos arrodillamos en ningún momento; les pusimos en evidencia ante toda la sociedad mallorquina, incluso vecinas y personas religiosas que nos conocen no se podían creer que pidieran este tipo de penas. Creo que, al final, moralmente, hemos ganado nosotras, por todo lo que hemos conseguido y que puedo hablar por todas si digo que estamos satisfechas por cómo ha ido el proceso, porque hemos evidenciado muchísimas cosas que estaban ocultas. Creo que, al final, la victoria es nuestra.

Un extracto de esta entrevista apareció en catalán el 11 de enero en el Diari de Balears (https://dbalears.cat/especials/2018/01/11/310457/entrevista-amb-accio-es...)