Reino de España: Rajoy y la hoja de parra

Daniel Raventós

Gustavo Buster

27/05/2018

“El PP es mucho mas que 10 o 15 casos aislados”. Esta fue la primera reacción del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras conocer la sentencia del caso Gürtel. Quizás no se daba cuenta de la amenaza que suponía una frase pensada para un titular o un mensaje de Twitter. Si 10 o 15 casos aislados habían sido capaces de semejantes atropellos a la democracia, como describe la sentencia, ¿que cabe esperar de la acción de un partido con “una estructura estatal, autonómica y local” que se ha beneficiado intencionadamente de acciones criminales? La primera víctima de la sentencia es la teoría de los orígenes individuales de la corrupción que ha defendido tozudamente el PP: se trata de una trama organizada, que alimentaba la caja B del Partido Popular. La segunda es la credibilidad de Rajoy y de los cargos del PP que han declarado en el proceso: “no aparecen como suficiente verosímil”. La tercera víctima es todo el discurso político que ha hecho del PP el garante de la estabilidad del régimen del 78, cuando lo que queda es un paisaje desolado de pactos mafiosos entre intereses oligárquicos.

Tres días de mayo

En tres días, del 23 al 25 de mayo, el Reino de España ha vivido una auténtica montaña rusa política que han mostrado, una vez más en esta legislatura agónica, las desnudeces del régimen del 78. El miércoles 23, Rajoy conseguía aprobar con seis meses de retraso -algo que ocurre ya por segunda vez- los presupuestos de 2018, gracias a los votos de Ciudadanos y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), en nombre de una estabilidad que le otorgaban al gobierno minoritario de Rajoy dos años más para acabar la legislatura. El PNV, para justificar su voto, había alegado no solo las concesiones económicas negociadas (un segundo “cuponazo" consecutivo) sino también el “inminente fin de la aplicación del art. 155” en Cataluña, que hasta ese mismo momento había sido una condición sine quan non. El PNV entrego sus cinco votos a pesar de una moción en contra del Parlamento vasco y su portavoz, Egibar, tuvo que justificar la falta de palabra de un partido que se precia de tenerla. Como bien decía Pernando Barrena muy recientemente, “el PNV tiene pánico ante la posibilidad de que Ciudadanos llegue a la Moncloa en el próximo gobierno”.

El jueves 24, se hizo pública la sentencia del caso Gürtel. Horas antes se había puesto en marcha una operación anticorrupción en Cataluña, con 28 detenidos en Barcelona, que afectaba especialmente a antiguos cargos de la Diputación de Barcelona por supuestos desvíos de fondos destinados a la cooperación para la organización de la consulta soberanista del 1 de octubre. La pregunta inmediata -al menos para el principal periodista judicial, Ernesto Ekaizer-, era ¿cómo habían podido ignorar Ciudadanos y el PNV veinticuatro horas antes, cuando apoyaron los presupuestos del PP en nombre de la estabilidad, la gravedad de la sentencia que se iba a hacer pública? La lectura de los más de 1.600 folios ocupó el tiempo suficiente para que los resúmenes hechos por las propias defensas provocarán las primeras reacciones. Y la del PP, con un cinismo inaguantable, fue utilizar el sumario para ocultar su desnudez: “claramente una posición exculpatoria” (Hernando dixit).

El viernes 25, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez anunció una moción de censura “por dignidad”. Antes mismo de la reunión de la ejecutiva federal de su partido, fue registrada en el Congreso de los Diputados, con la intención evidente de evitar una posible convocatoria de elecciones por parte de Rajoy. Podemos - que ya había denunciado en Twiiter al PP como una “organización criminal” y convocado a concentrarse ante la sede del PP en la calle Génova de Madrid (como en 2004 tras el atentado del 11 de marzo)- anunció a través de Pablo Iglesias su apoyo “incondicional” a la moción de censura del PSOE. Pronto se sumaron otros partidos de izquierdas nacionalistas y la perspectiva de que la moción de censura pudiera alcanzar los 176 votos necesarios comenzó a ser una posibilidad.

Ciudadanos anunció que si Rajoy no convocaba elecciones, apoyaría la moción de censura (desconociendo la disposición constitucional -art.115.2- que lo impide una vez registrada por la mesa del Congreso). En la perspectiva de una legislatura hasta 2020, sin sospechar lo que se avecinaba, había decidido seguir alimentando la polarización nacionalista y las acciones en la calle de una derecha cada vez más extrema. El 22 de mayo, vísperas de su voto a los presupuestos, inauguró su “España Ciudadana” con un discurso propio de Le Pen. Cuatro días después se producía un intento de irrupción de manifestantes pro-Tabarnia en el Ayuntamiento de Barcelona y abría la veda a una guerra de banderas españolas contra cruces amarillas en las playas catalanas.

El PNV, pillado en el renuncio y desnortado, anunció primero su disposición a hablar con el PSOE y poco después se reafirmaba no en la necesidad de “estabilidad”, sino en la de un “cambio de modelo territorial”.  Y a cada declaración de su presidente, Andoni Ortuzar, fue buscando nuevas condiciones y aumentando las críticas a Pedro Sánchez, hasta reconocer que su miedo a las elecciones nace del peligro de Ciudadanos, en una creciente bipolaridad que conjuga el apoyo como mal menor a Rajoy con la definición de un frente soberanista con Bildu en el prólogo del nuevo estatuto vasco.

Desde Moncloa se divulgó que “según fuentes populares”, Rajoy confiaba en superar la moción de censura y convocar elecciones en el mes de marzo, consciente de que la legislatura estaba agotada. Y tras la reunión de la ejecutiva federal del PSOE, Pedro Sánchez ofreció una rueda de prensa donde cometió un error de cálculo notable, al especificar que su objetivo no era la convocatoria de elecciones “cuanto antes”, sino formar un gobierno "para una agenda social, que cumplirá y hará cumplir la Constitución Española y que garantizará la convivencia y el cumplimiento de nuestro ordenamiento constitucional”. La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, especificó que se trataba de hacer aprobar las propuestas legislativas presentadas por el PSOE y bloqueadas por el gobierno Rajoy en el Congreso de los Diputados.

La rueda de prensa del “responsable civil” y “judas”

La rueda de prensa de Rajoy tras el Consejo de Ministros ese mismo viernes -un hecho extraordinario en si mismo- situó la brutalidad del enfrentamiento anunciado. Tras la descalificación política y moral de Pedro Sánchez -“el judas de la democracia española”, según lo calificó después el portavoz del PP, Rafael Hernando-  Rajoy definió los dos escenarios posibles para que la moción de censura tenga éxito: una confluencia de votos de Podemos y Ciudadanos con el PSOE, o la llamada “coalición Frankenstein” por la prensa de derechas, con el apoyo puntual de los partidos nacionalistas, incluyendo el PNV. Para Rajoy, ambas son inviables y provocarían una “profunda inestabilidad”, con dañinas consecuencias económicas y sociales (de entrada, la caída de la bolsa y la subida de la prima de riesgo).

La intervención directa de Rajoy fue una catarsis en muchos sentidos. De entrada, obligó a todos los partidos, pero muy especialmente a Ciudadanos, a situarse no tanto en la reacción inmediata a la sentencia del caso Gürtel como en el escenario posterior a la moción de censura. Y ese escenario, como consecuencia del error de bulto de Pedro Sánchez, no era el de unas elecciones que, según todas las encuestas, favorecerían a Ciudadanos, sino una ocupación del PSOE de la administración del estado, tras desalojar al PP, desde la que preparar el largo ciclo electoral de 2019 y convocar las elecciones generales a su conveniencia.

Porque las posibilidades de una acción de gobierno alternativa a la del PP, con la actual geometría parlamentaria y, especialmente, la mayoría del PP en el Senado, son prácticamente inexistentes, como ha hecho ver el constitucionalista Javier Pérez Royo. La suma de “la agenda social” (sin especificar) con el “cumplimiento del ordenamiento constitucional” (en referencia al art.155) es la proyección inversa de la doble alianza asimétrica del gobierno Rajoy con la derecha (PP, C’s, PNV y autonomistas canarios) para las políticas fiscales y con los “constitucionalistas moderados” (PP y PSOE solos, tras la diferenciación por la derecha de C’s).  Pero, como ha señalado Rajoy, es inviable en el clima electoral desatado por la propia moción de censura y las expectativas alimentadas por las encuestas de opinión.

Especialmente preocupante es la ambigüedad de la agenda social del PSOE, porque finalmente será su principal argumento ante los votantes de las izquierdas. ¿Hay que recordar, por ejemplo, que el Reino de España es el Estado de toda la OCDE con más años, de 1978 a 2017, con una tasa de paro superior al 15%: 27 para ser precisos? El segundo es Irlanda y a mucha distancia: 10 años. En este sentido no parece capaz ni de una crítica del giro neoliberal de Zapatero en 2011, que inició su declive electoral, ni de recoger el programa mínimo (extremadamente mínimo) de CCOO y UGT o de hacer referencia al pulso por la negociación colectiva al que asistimos. Pero más preocupante aun son las carencias de su programa democrático no solo en cuanto a la libertad de expresión sino en cuanto a la búsqueda de una salida democrática a la crisis constitucional en Cataluña. La tímida "agenda social" es compensada con una defensa de la aplicación del art. 155 y del régimen monárquico.

Mientras Pedro Sánchez se reafirmaba en el empeño, emplazando por “dignidad democrática”, sin consultar, al resto de los partidos, Rivera intentaba salir de la trampa exigiendo que el PSOE retirase la moción de censura y presionase conjuntamente con C’s a favor de una convocatoria adelantada de elecciones generales por Rajoy. Sin embargo, Rivera pronto descubrirá que su mejor escenario es en realidad el actual: una moción de censura, cuyo éxito depende de sus 32 votos, en la que se produzca un desgaste sustancial tanto de Rajoy como de Sánchez, con el consiguiente trasvase de votos a favor de C’s y la convocatoria anticipada de elecciones en plena corrosión del bipartidismo del 78.

Estamos hablando de una adaptación política a las circunstancias continuamente cambiantes en pocas horas a manos de las élites de los partidos políticos. Un espectáculo mediático. Podemos -acarreando aun el san benito de su no apoyo a Pedro Sánchez hace dos años- intentó esta vez una respuesta distinta: dejar la iniciativa institucional por completo al PSOE, que dependerá finalmente en buena parte de sus votos, e intentar una movilización de masas contra el PP como la de 2004, cuyo éxito o fracaso será el barómetro de la herencia del 15-M.

Dónde hizo más daño la conferencia de Rajoy fue en el PSOE. Durante el fin de semana, y antes de su comité federal convocado para el lunes 28, Pedro Sánchez buscó escapar al dilema de los dos escenarios de Rajoy, pero sobre todo al del apoyo de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, subrayando la unilateralidad de una propuesta sin condiciones, con un horizonte de convocatoria electoral sin fecha concreta. Rajoy y el PP han seguido insistentemente acusándole del “judas”, en relación a la crisis constitucional catalana y el pulso con Torra sobre el art. 155 y haciendo llamamientos abiertos a una sublevación de los presidentes autonómicos del PSOE, que por el momento han cerrado filas.

Escenarios de la moción de censura

La moción de censura tendrá lugar a comienzos de junio. Ciudadanos necesitaría hacer alianzas para sumar los votos necesarios para una moción alternativa. Pero no tiene con quién. A pesar de las expectativas de las encuestas, su grupo solo cuenta por el momento con 32 diputados y el lastre de los programas firmados con el PSOE, primero, y el PP, después. El debate, no es difícil imaginarlo, girará entornos a la corrupción y la urgencia de la crisis constitucional en Cataluña. Promete ser un ajuste de cuentas interno del sistema bipartidista del régimen del 78, con la posibilidad de abrirlo en canal y confirmar, una vez más, que es irreformable. En la medida que su resultado depende de Ciudadanos y del PNV (que aun tiene que cobrar su segundo “cuponazo”), es más que previsible que la moción del PSOE sea derrotada.

Esa derrota proyectará institucionalmente la falta de una alternativa de izquierdas a la crisis del régimen del 78. La aplicación del art. 155 -con el govern Torra guardado literalmente en un cajón del Diari de la Generalitat intervenido por el gobierno Rajoy- bloquea cualquier reforma constitucional, porque cuestiona directamente las bases mismas de la segunda restauración borbónica. Y sin una alternativa democrática de procesos constituyentes, la urgente agenda social para luchar contra la desigualdad provocada por la gestión neoliberal queda bloqueada por las instituciones del régimen del 78. La defensa de las pensiones, la lucha por unos salarios dignos, por la negociación colectiva -como ha puesto también de manifiesto la campaña de UGT y CCOO estos meses- necesita una alternativa política auténticamente regeneradora, porque parta de un cambio generacional y político republicano.

El régimen del 78, cuya crisis hizo estallar la gestión neoliberal de la Gran Recesión, se encuentra desde 2011 en un bucle auto-destructivo. Su crisis, a falta de una alternativa que solo puede nacer de una movilización constituyente, puede prolongarse durante mucho tiempo, a un coste social y político cada vez más alto. Esta semana ha sido una manifestación morbosa aguda de muchos de sus síntomas. Desgraciadamente, no será la última en este reino gobernado por unos zombies políticos, para los que la “estabilidad” es tratar de impedir que salga el sol. Y que veamos que cubren sus vergüenzas con una hoja de parra.

Son editores de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 27 de mayo 2018

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