Andrea Maler
10/06/2018
La debilidad parlamentaria del nuevo Gobierno socialista va a dificultar sacar adelante proyectos legislativos. Los complejos equilibrios en el Congreso son una barrera a muchas reformas pendientes: Seguridad Social, financiación autonómica… No obstante, hay otros ámbitos donde el Gobierno tiene autonomía en su capacidad de acción. Es en estos márgenes donde hay que reclamar que se materialice un giro progresista en la mitad de esta legislatura.
Centraremos el análisis de estos márgenes de acción en el ámbito de las finanzas. Las finanzas siguen vertebrando el horizonte de las posibilidades políticas y, recordemos, fueron las que doblegaron al último Gobierno socialista. A continuación se señalan algunas claves tácticas para un Gobierno que quisiera desarrollar un proyecto a favor de las mayorías:
Levantar el veto presupuestario del Gobierno a proyectos legislativos. La Constitución contempla esta posibilidad cuando pueden verse afectado el déficit presupuestario del año en curso. La cuestión es que el Gobierno del PP ha abusado de este veto repetidamente y de manera cuestionable. Sólo un argumento muy retorcido puede justificar que aumentar los impuestos puede reducir los ingresos en el mismo año en curso (ni la sensacionalista curva de Laffer se atrevería a defender algo así en tan corto plazo). Levantar este veto es una prioridad para recuperar proyectos legislativos con posibilidad de mayoría parlamentaria.
Recuperar los ingresos del impuesto de sociedades. Este impuesto ingresó 40.529 millones de euros en 2006, y sólo 18.976 millones en 2015, a pesar de que el beneficio empresarial está a niveles próximos. Este fue siempre el principal agujero fiscal, hecho a imagen y semejanza de las élites económicas, como quedó de manifiesto en el verano de 2016. Tras varios meses de bloqueo político y un Gobierno en funciones, España estuvo muy cerca de recibir una multa de Bruselas por incumplimiento del déficit. La multa se esquivó, bajo el compromiso de atajar la situación de forma inmediata. En esta encrucijada, sin Gobierno y bajo presión exterior, la única vía fue un doble pacto de élites. El pacto político se ejecutó expulsando a Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE para posibilitar el Gobierno del PP. El pacto económico recibió menos atención: por Real Decreto-ley en septiembre de 2016 se exigió a las grandes empresas (con cifras de negocio de al menos 10 millones de euros) ingresar por pagos fraccionados al menos el 23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Estos pagos se situaban en el ejercicio anterior en el 11.4%. Es decir, las empresas cubrieron temporalmente (al afectar sólo a pagos fraccionados) el agujero fiscal. Un segundo Real Decreto-ley en diciembre de ese año, ya con Gobierno al frente, consolidaba el aumento de ingresos por el impuesto de sociedades. El nuevo Gobierno debe aumentar la carga de este impuesto; no para responder a las presiones de Bruselas (que reclama un esfuerzo fiscal de 0,65% del PIB en 2019), sino porque su recaudación se encuentra en mínimos a pesar de los abultados beneficios empresariales. Si en 2016 las empresas estuvieron dispuestas a pagar para asegurarse la continuidad de un Gobierno favorable, sería para evitar una mayor subida con otro alternativo. La subida del impuesto de sociedades se justificó entonces por Real Decreto-ley, y se puede justificar ahora.
Devolver anticipadamente todo el préstamo del MEDE. El rescate de la banca española en 2012 se financió con un préstamo de 41.300 millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad a través del FROB. Tras varias pre-amortizaciones parciales, la deuda con el MEDE se ha rebajado a 26.700 millones de euros, pero el préstamo no vence hasta 2027. Momento hasta el cual España está sujeta a la supervisión postprograma de las instituciones europeas. El Estado puede hoy emitir deuda en los mercados a un tipo de interés inferior al préstamo del MEDE. La pre-amortización total no sólo supondría un ahorro, sino el fin de las misiones de la Troika. Aunque la pre-amortización requiere previa autorización del MEDE, el Gobierno español debería presionar para concluir el programa.
Solucionar ahora Grecia, y más adelante el euro. En las negociaciones del Consejo Europeo de junio hay dos temas centrales: el futuro de la Unión Económica y Monetaria y el final del programa de Grecia. En vista de la posición de Alemania respecto a la reforma del euro, puede que estemos llegando al punto de asumir que es mejor ningún acuerdo, a un mal acuerdo. La prioridad ahora debe ser lograr que el final del programa de Grecia incluya: una quita sustanciosa e inmediata de la deuda griega, sin línea de crédito adicional y no condicionada a la aplicación de medidas futuras.
Reorientar hacia objetivos sociales un sector inmobiliario ya intervenido. La obsesión del anterior Gobierno por los Non-Performing Loans (créditos morosos) respondía en realidad a las negociaciones sobre la reforma del euro. El mensaje de los alemanes decía: no habrá compartición de riesgos si no hay reducción de riesgos. Así, para completar la Unión Bancaria era un prerrequisito que los bancos españoles redujeran los NPLs de sus balances. Casi en su totalidad son crédito hipotecarios o adjudicados (viviendas). La presión del supervisor explica en parte la venta acelerada de grandes carteras inmobiliarias de los bancos a fondos de inversión. La entrada de estos fondos en el sector es lo que está provocando un movimiento especulativo con graves consecuencias sociales. El problema se agrava cuando el propio ejecutivo aplica la misma estrategia a Sareb, o utiliza Aena como promotor inmobiliario. El sector inmobiliario, y especialmente el stock de viviendas, es un ámbito donde las decisiones se están realizando de manera centralizada, y con claro protagonismo del Estado. Es un sector de facto intervenido y se está regalando al poder financiero, en lugar de resolver la situación con objetivos sociales. El sector inmobiliario no puede estar sujeto a la lógica de las finanzas.
Reformar el crédito hipotecario, con el apoyo de Bankia. El Estado, a través del FROB, ostenta la titularidad del 60,6% de las acciones de Bankia. El compromiso de privatización antes de finalizar 2019 ya estaba siendo cuestionado por el anterior Gobierno, y el nuevo debería posponerlo sine die. No es necesario siquiera abrir el debate sobre banca pública, se puede justificar por la cotización a descuento que genera la autoimposición de una fecha límite. Mientras tanto, Bankia puede ser un buen instrumento para reducir la exposición al Euribor de las familias españolas. La conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo debería ser una prioridad en la coyuntura actual de bajos tipos. Si el Gobierno y Banco de España cuentan con un aliado como Bankia, la tímida conversión a tipo fijo ya iniciada podría llegar a ser significativa. Así, las familias españolas dejarían de asumir el riesgo de evolución del mercado interbancario (riesgo que sigue siendo ampliamente ignorado). Para todo ello, será determinante tanto la incorporación de enmiendas al texto final de Ley de crédito hipotecario, como la interlocución con el FROB para poder utilizar Bankia como instrumento catalizador.
Ser poco complacientes con el programa de compra de activos del BCE. Este programa ha sido el principal instrumento para impulsar el crecimiento de la eurozona en los últimos años. Ha permitido recuperar liquidez en el mercado monetario, reducir el coste de la deuda y favorecer la inversión. La preocupación para el nuevo Gobierno no debe ser únicamente la próxima finalización del programa, sino que su ejecución se ha realizado en clave eminentemente política: se buscaba lograr estabilidad financiera, pero sólo a los países que cumplieran con el status quo. Grecia está excluido del mismo. E Italia, en el momento de mayor inestabilidad política, ha sufrido la retirada de compras de deuda pública ¡del propio BCE! El Gobierno español debería dotarse de los instrumentos adecuados para seguir el ejemplo del Tesoro italiano, que ha ejecutado órdenes de compra de su propia deuda en momentos de inestabilidad.
Utilizar el ICO para ocupar el espacio de decisión de las finanzas. El Instituto de Crédito Oficial es uno de los dispositivos con mayores potencialidades para redirigir la actividad económica entre distintos sectores. Las decisiones sobre qué proyectos se financian en nuestras sociedades, a diferencia de lo que defiende la ideología de mercado, son tomadas de manera centralizada y discrecional, pero en las que sólo participan los dirigentes de las entidades financieras. Por este motivo, se debe potenciar el ICO para canalizar demandas democráticas, como la transformación ecológica. Sin una robusta planificación y financiación nunca podrá llevarse a cabo el esfuerzo logístico que requiere el reto del cambio climático. El ICO es un buen comienzo para ocupar el espacio de decisión hoy exclusivo de las finanzas.
Existe la sensación de que la moción de censura inaugura un nuevo ciclo político. Pero no se debe olvidar que nos encontramos en un sistema gobernado por las finanzas, cuyo devenir marca los ciclos políticos de largo recorrido.