CCOO
UGT
11/04/2017
El Gobierno Rajoy parece haber reunido una heterogénea coalición de 175 votos para aprobar finalmente unos nuevos presupuestos de 2017, como acordó con la Unión Europea durante el interregno en el que ejerció como gobierno en funciones. Se prestan a ello el PNV (a cambio de la abstención del PP al presupuesto de su gobierno en Euskadi) dos partidos satélites del PP como son UPN y Foro por Asturias, y las organizaciones de centro-derecha y centro-izquierda del autonomismo canario.
Es especialmente lamentable la evolución política de Nueva Canaria, una organización de encuentro de la izquierda nacionalista canaria, cuyo diputado Pedro Quevedo fue elegido en las listas del PSOE. Con el visto bueno de la Gestora del PSOE, Quevedo ha planteado una negociación paralela en competencia a la de Coalición Canaria, al más viejo estilo caciquil de las islas, que hasta el momento solo ha encontrado el ninguneo por parte del Gobierno Rajoy. Ha anunciado su voto en contra inicial a la presentación del proyecto de presupuestos, pero ha adelantado ya que estaría dispuesto a cambiar el sentido de su voto en el proceso de debate de enmiendas si son aceptadas las que presente Nueva Canaria. El paripé está por tanto asegurado, con el consentimiento tácito de la Gestora del PSOE, que podrá así cuadrar el círculo: asegurar la aprobación de los presupuestos del 2017 del PP a través de un diputado integrado en su grupo, mientras el resto vota en contra. Solo queda añadir el éxito de la campaña de propaganda del Gobierno Rajoy con la prensa subvencionada, haciendo pasar unos presupuestos restrictivos por un ejemplo de compromiso social de quienes han aplicado con mano de hierro las políticas de austeridad: un auténtico ejemplo de “hechos alternativos”.
La semana pasada reproducimos un análisis de los presupuestos de 2017 del Gobierno Rajoy de Alejandro Inurrieta. Ahora recogemos las duras críticas a los mismos de CC OO y UGT. SP
El Gobierno “cuadra” los PGE a costa de los pensionistas, parados y empleados públicos
Comisiones Obreras
Para CCOO, la mejora económica debe basarse en el pago de salarios dignos, en el incremento de su poder adquisitivo y en la subida del empleo estable. En cambio, el crecimiento actual se basa en el aumento de la rentabilidad empresarial conseguido gracias a una reforma laboral que propicia la rebaja permanente de las condiciones de empleo. Como resultado de esta política económica hemos transitado -tras una doble depresión-, de un modelo de crecimiento financiado con endeudamiento exterior, a otro impulsado por el aumento de la desigualdad y sin inversión pública, que ha caído en 22.000 millones desde el año 2007.
En esta línea, los PGE 2017 no frenarán la desaceleración de la actividad económica en términos reales, cuyo ritmo bajará desde el 3,2% de 2016 al 2,5% previsto por el Gobierno para este año.
Considera el sindicato que mientras, la mejora de la recaudación y la rebaja del déficit público se fían al aumento de la inflación y a la no compensación de la subida de los precios en el salario de los empleados públicos y en las partidas de gasto social (pensiones, subsidios, becas y ayudas). La inflación aumentará la base imponible de los impuestos y con ella la recaudación, y el gasto público no consumirá este incremento de recursos, gracias a que la inflación no se compensará en los salarios y las transferencias públicas a las personas. Es decir, el Gobierno ingresará en duros y pagará en pesetas, lo que permitirá mejorar el saldo de las cuentas públicas a costa de la pérdida de poder de compra de los empleados públicos y las personas receptoras de gasto social: pensionistas, desempleados perceptores de subsidios, estudiantes becados, personas dependientes, etc. En este sentido, CCOO denuncia que no es cierto que el gobierno no suba los impuestos, lo hace y de manera regresiva, no protegiendo de la inflación -que funciona como un impuesto que grava más a los que menos tienen-, a sus empleados y a los colectivos más vulnerables.
El Gobierno prevé un aumento de los precios del 1,5% para 2017, lo que elevará el crecimiento nominal de la economía desde el 3,6% del año pasado al 4,1% en 2017, y que puede ser incluso mayor, pues la previsión de inflación incluida en el cuadro macroeconómico está infra-estimada. El consenso de los analistas prevé un alza de los precios de consumo del 2,2% para este año. Las subidas que ya se conocen de los primeros meses de 2017 (3% en enero y febrero, y 2,3% en marzo) están muy por encima de la previsión oficial, y aunque es que cierto que en los primeros meses de 2016 el petróleo tocó mínimos, lo cierto es que ni las estimaciones de variación del precio del barril de Brent del Gobierno parecen respaldar su previsión de precios. El 'Plan Presupuestario 2017' enviado a Bruselas en octubre de 2016, incluía un incremento del precio del barril del 13% y una inflación del 1,4%. El proyecto recoge ahora un aumento muy superior en el precio del petróleo (26%), pero la variación del IPC es prácticamente igual, solo aumenta una décima (1,5%).
Con las previsiones oficiales los empleados públicos perderán medio punto de poder de compra y los pensionistas 1,25 puntos. Si, como parece más probable, los precios terminan en el 2,2%, los empleados públicos perderán 1,2 puntos, y los pensionistas 1,95 puntos, el doble de lo que han perdido a lo largo de toda la crisis.
La recaudación de ingresos prevista para este año en el proyecto de presupuestos (200.963 millones de euros), a pesar de tener el mismo nivel nominal que en 2007, tiene un poder de compra un 15% inferior, como resultado del alza de los precios. Por tanto, no se ha alcanzado el nivel de recaudación previo a la crisis, como ha sostenido el Gobierno. Asimismo, el fuerte aumento previsto en la recaudación para este año (7,9%) parece poco creíble, sobre todo cuando se compara con la subida del 1,8% de 2016. Es verdad que ese año hubo una importante rebaja de impuestos (-6.407 millones), y que el crecimiento nominal estuvo medio punto por debajo del de 2017, si terminan cumpliéndose las previsiones para este año, pero si se descuenta la rebaja de impuestos, la recaudación solo aumentó un 5,3% en 2016. Por tanto, no parece que se vayan a lograr los ingresos que recoge el presupuesto este año, lo que conducirá a una subida de impuestos, a un recorte del gasto, o a un incumplimiento del objetivo de déficit. Por ello, CCOO entiende que es necesaria una reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumentando la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio).
El gasto no financiero del Estado caerá en 5.000 millones con respecto al previsto inicialmente para 2016, pero aumentará en 1.600 en relación al efectivamente liquidado. Este último resultado es consecuencia de la bajada del gasto en 9.900 millones en 2016, provocado por la caída de la protección por desempleo –a pesar de su elevado volumen-, y por la no disposición de créditos decretada a final de año. Es prioritario aumentar el gasto en protección por desempleo, para elevar la tasa de cobertura que está en el 56%, 24 puntos por debajo de su nivel en el año 2010. Asimismo es necesario introducir una renta mínima garantizada que reduzca los elevados índices de pobreza y exclusión social. Con todo, el gasto no financiero del Estado perderá este año tres décimas de punto de peso sobre el PIB, pasando del 10,5% de 2016, al 10,2%.
Se recortará el ritmo de crecimiento del empleo, pasando del 2,9% al 2,5% en 2017. Igual sucederá con la tasa de paro, que si en 2016 se redujo 2,4 puntos, en 2017 caerá solo 2,1 puntos, hasta el 17,5%. A este ritmo no se alcanzaría la tasa de paro de 2007 hasta el año 2022. Por otro lado, la oferta extraordinaria de empleo público, aunque es una buena noticia, no sólo no supone la ampliación de la plantilla pública, sino que ésta se seguirá reduciendo, pues la tasa de reposición no es del 100% para todos los colectivos, a pesar de que el empleo público se ha recortado en algo más de 275.000 efectivos desde 2011.
La oferta extraordinaria de empleo supone una reacción a la presión sindical ejercida por CCOO y a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obliga a dar un trato de igualdad a los trabajadores interinos que trabajan en las Administraciones Públicas. La oferta tiene por finalidad estabilizar el empleo de aquellos interinos con más de tres años de antigüedad que trabajen en áreas específicas (docencia no universitaria, sanitarios no estatutarios, administración de justicia, servicios sociales en atención al público, policía, gestión tributaria y recaudación, e inspección). Su objetivo es reducir la tasa de temporalidad contractual hasta el 8% en estos colectivos en el plazo de tres años, lo que conducirá a que la tasa de temporalidad general del sector público se sitúe en torno al 14,4%.
Finalmente, CCOO rechaza que no se haya producido un proceso de consulta con los agentes sociales previo a la presentación del proyecto de presupuestos para 2017. Una vez se presenten oficialmente los presupuestos, haremos llegar nuestras enmiendas a través de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Hay millones de pobres mientras los PGE de 2017 congelan las partidas de servicios sociales
Unión General de Trabajadores
Un año más, el Gobierno se olvida de las personas en situación de vulnerabilidad social, al mantener estancados los programas de servicios sociales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. En un contexto en el que las personas en situación de pobreza severa ascienden a 3,5 millones de ciudadanos (el 7,6% de la población), que viven con menos de 333,8 euros al mes, el Ejecutivo aumenta en 3 millones el programa de atención a la infancia y las familias solo para cubrir los gastos de publicidad o propaganda; o mantiene inalterables desde 2013 las cuantías de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, responsable de gestionar la prevención y control de enfermedades transmisibles. Para UGT, resulta imprescindible dotar de más recursos a los servicios sociales de nuestro país, sobre todo tras haber atravesado una crisis que ha maltratado a millones de familias. La política de este Gobierno no se debe traducir tan solo en subvencionar a las instituciones privadas sin ánimo de lucro, sino que se deben destinar las actuaciones necesarias a las políticas de inclusión social, de protección a las familias y a la infancia y de apoyo a la discapacidad.
UGT manifiesta que, de nuevo, todos los programas de servicios sociales permanecen estancados. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, al igual que el año pasado no presentan modificaciones sustanciales, imagen fiel de la política de austeridad del Gobierno sin que se haya aumentado significativamente ninguna partida y sin que se haya recuperado lo disminuido en anteriores ejercicios. Unas reducciones que han supuesto el detrimento en la cobertura a la ciudadanía proporcionada a través del sistema de Servicios Sociales.
El proyecto de presupuestos para 2017 presentado no supone un incremento sustancial en las partidas presupuestarias destinadas a proteger a la familia y la pobreza infantil. Lejos de formular una dotación presupuestaria específica, donde se refleje la apuesta por parte del Gobierno de dar una respuesta a aquellas familias con mayor vulnerabilidad social, se agrupa la cifra de 100 millones de euros en una partida dirigida a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, junto con las prestaciones básicas de servicios sociales. Es decir, junto al Plan Concertado, cuyo objetivo último es el mantenimiento de un sistema público de servicios sociales de nivel primario para atender a toda la ciudadanía; se enmascaran las cifras y se maquilla una subida cuya cifra real no se puede identificar. Todo ello en un contexto en el que las personas en situación de pobreza severa ascienden 3,5 millones de ciudadanos y ciudadanas, el 7,6%, viven con menos de 333,8 euros al mes, afectando a los menores de 16 años con un 8,4%.
Para UGT, llama especialmente la atención que, en el Programa de atención a la infancia y las familias, correspondiente a la Dirección General de Servicios para la infancia y familia, se ha producido una bajada interanual del 4,05% desde 2014. Sin embargo, este año presenta un incremento de más de 3 millones de euros cuyo único motivo es el aumento de los gastos destinados a publicidad y propaganda, pasando de los 180.000 euros presupuestados para el ejercicio de 2016, a 3.180.000 para el año 2017.
Para la Secretaría General de Sanidad y Consumo, la cual gestiona el Programa de salud pública, prevención y control de enfermedades transmisibles, además de dedicarse a la elaboración de planes de prevención, programas y campañas dirigidas a actividades de lucha contra el SIDA, mantiene sus cuantías inalterables en 3.052 miles de euros desde el año 2013, en un escenario donde las políticas e intervenciones en materia de vih están paralizadas, así como la desaparición de las cantidades consignadas en el plan nacional del sida.
La Unión General de Trabajadores exige el aumento de recursos para los servicios sociales de nuestro país y denuncia que, tanto en las políticas de apoyo a la discapacidad como los respectivos planes de actuación dirigidos a la inclusión social, protección a las familias y a la infancia, y en general las políticas en materia de servicios sociales, no se están definiendo en objetivos y actuaciones concretas a ejecutar por las distintas administraciones competentes, sino que se destinan a "subvencionar" las actuaciones de instituciones sin fines de lucro. Una manera de desnaturalizar la función del Estado de Bienestar y la gestión pública.
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2772