Reino de España: hambre y sed de esperanza

Gustavo Buster

16/06/2018

Poco más de dos semanas han pasado desde la constitución del nuevo gobierno Sánchez, cuyo programa político no conoceremos, probablemente, hasta el lunes 18, cuando está prevista la intervención televisiva del presidente. Pero el clima político ha dado un vuelco de 180 grados, arrastrado por una nube de optimismo, la impotencia de la oposición del Partido Popular y Ciudadanos y la recuperación de un nostálgico “buenismo”, volcado en la recepción de los refugiados del “Aquarius”. Hasta la dimisión y sustitución del flamante ministro de cultura Maxím Huerta ha confirmado los buenos augurios. El hambre y la sed de esperanza, después de la larga sequía de la gestión de la crisis económica y del régimen del 78 de M. Rajoy, son casi bíblicas.

El gabinete de "ministras y ministros"

La constitución del nuevo gabinete, con una mayoría de mujeres -un guiño al 8-M, pero un reflejo también del electorado del PSOE- ha sido aplaudido por “su capacidad técnica y preparación”. Responde, sin embargo, en gran parte al sector del PSOE que acompañó a Pedro Sánchez en su travesía del desierto, desde el golpe interno en octubre de 2016 hasta la reciente moción de censura. Matizado con los representantes negociados de las federaciones, como la andaluza, en la que siguen siendo minoritarios, y de “personalidades” de sectores movilizados contra el gobierno Rajoy -como la ciencia o la cultura- pero que no son representativos de los mismos.

Signo de los tiempos, en el gabinete no hay un solo trabajador. Las esperanzas iniciales de que Toni Ferrer -coordinador del grupo de sindicalistas que apoyó a Sánchez en las primarias- fuese el nuevo ministro de trabajo, se han frustrado. La “valía profesional” de los nuevos ministros no se corresponde en buena medida, como evidencian sus CV, con las carteras asignadas, pero implican un mensaje de arbitraje “técnico” entre los intereses sociales en conflicto. La aspiración al “centro-izquierda” comienza por afianzar el “centro” y disputar ese espacio político a Ciudadanos, cada vez más escorado a un “regeneracionismo” españolista, neoliberal y centralista que solo el expresidente Aznar, autoproclamado héroe del trio de las Azores, reconoce como un “centro” que a él le gustaría contribuir a reforzar.

El gobierno es, por tanto, un ejemplo de la “clase media” meritocrática, que hace mucho tiempo se hizo con la dirección del PSOE. Y esta característica se acentúa en los niveles sucesivos de altos cargos designados, en buena parte “recuperados” del plantel del gobierno Zapatero para evitar bloqueos y aprendizajes en la administración del estado.

El equipo económico y la gestión de la austeridad

La ministra de economía, Nadia Calviño, coordinará el equipo económico compuesto por los siete ministerios decisivos para la gestión del presupuesto. Directora General de la Comisión Nacional de Competencia en el primer gabinete Zapatero, desde 2006 ha realizado funciones similares en la Comisión europea y desde 2014, ha sido Directora General de comunitaria de presupuestos  y, como tal, responsable de la vigilancia del Pacto Fiscal. Cercana a la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, su indiscutible “ortodoxia” hasta el momento es el mensaje de tranquilidad a los mercados que se quiere enviar. Sumado a la ejecución de los presupuestos del PP de 2018, que el gobierno Sánchez, a pesar de votarlos en contra, se ha comprometido a aplicar en el semestre restante.

La segunda figura más importante del equipo es la ministra de finanzas, la andaluza María Jesús Montero. Médica de profesión, fue la gestora del Sistema Andaluz de Sanidad en los años de recorte y extensión de servicios concertados con las clínicas privadas que han provocado una fuerte distorsión del modelo de sanidad pública regional. Como consejera de finanzas de Andalucía, fue la portavoz de Susana Díaz en los debates sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que acabarían en el callejón sin salida actual.

Ambas tendrán un papel destacado en lo que debería ser el eje de lo que queda de legislatura: las negociaciones de los presupuestos de 2019 y 2020. Con Ciudadanos como principal competidor electoral, el gobierno Sánchez tendrá que negociarlos con la misma mayoría parlamentaria que apoyó su moción de censura y, muy especialmente con Unidos Podemos, en los márgenes que marcarán dos fuerzas de derechas nacionalistas como son el PNV y PDeCAT, por una parte, y la Unión Europea, que espera mantener los acuerdos para ese periodo alcanzados con el gobierno Rajoy en 2015.

En un contexto económico marcado por la retirada de la flexibilización cuantitativa del BCE, el peso creciente del servicio de una deuda del 100% del PIB, la subida de los precios de la energía y la desaceleración de los ritmos de crecimiento, el margen que obtenga el gobierno Sánchez en la gestión del déficit será decisivo para realizar gestos y conformar su programa cara a las elecciones generales. Hay que hacer referencia en este sentido a dos recientes artículos publicados en SP, de Andrea Maler y Caterina Principe.

La crisis constitucional catalana

A pesar de las alarmas despertadas por el nombramiento como ministro de exteriores de Borrell, convertido desde el inicio de la crisis constitucional catalana en azote del independentismo, es evidente que la gestión del giro hacia una recuperación del diálogo con la mayoría nacionalista que sustenta al Govern Torra corresponderá al dirigente del PSC, Miquel Iceta.

Tras el fin de la intervención del artículo 155 y el control previo de gastos de la Generalitat, uno de sus primeros anuncios, el gobierno Sánchez ha ido anunciando toda una serie de gestos a confirmar tras estudiar sus propios límites legales: el acercamiento de los presos políticos a Cataluña (con la consiguiente polémica con el juez Llarena sobre quién es responsable de la medida), el nombramiento como delegada del gobierno en Barcelona de Teresa Cunillera -una veterana dirigente del PSC y ex vicepresidenta del Congreso conocida por su capacidad de diálogo-, incluso la afirmación de la ministra Maritxel Batet, en la primera conferencia del PSC tras su nombramiento, de la necesidad de reformar la Constitución de 1978.

Todo ello ha ayudado al relajamiento de la tensión que ya se hizo patente tras el apoyo del PDeCAT y ERC a la moción de censura de Pedro Sánchez. El cruce de llamadas y la disposición pública de Sánchez y Torra a encontrarse, más allá de las declaraciones tranquilizadoras para los sectores que les apoyan respectivamente, han situado la gestión de la crisis en un plano muy distinto, en el que la prioridad inmediata es como recortar la autonomía de iniciativa política de los jueces, a los que había cedido en buena parte el gobierno Rajoy la gestión del conflicto.

Como en el caso de Unidos Podemos, el gobierno Sánchez y el PSC -que quiere hacer olvidar su participación en el “frente constitucionalista”- sitúan a la mayoría independentista del Parlament ante la opción del “mal menor”, centrada en la negociación institucional de un programa mínimo antirepresivo y presupuestario autonómico, aunque se mantengan la retórica maximalista independentista y los gestos hacia un Puigdemont cada vez más aislado. El problema de esta estrategia es, sin embargo, doble: por un lado, el potencial de movilización independentista, en convocatorias como la próxima Diada o por la libertad de los presos; por otro, la autonomía del aparato judicial que ha encausado al procés.

(Impacto de la moción de censura sobre las encuestas)

La cuestión social y la orientación europea

En el terreno social, como señalaba en SP Miguel Salas, es donde el gobierno Sánchez ha encontrado una “zona de confort”, gracias a la actitud de unas direcciones sindicales que han hecho de la estrategia del “mal menor” parte de su propia identidad. Descartada la derogación de la reforma laboral del PP -o de la del PSOE por razones obvias- por falta de una mayoría de votos en el Congreso, donde no se puede contar para ello con el PNV y el PDeCAT, el objetivo se limita a la recuperación del “diálogo social” y de ciertas reformas contra la precariedad, en la antesala de un año de elecciones sindicales.

Los “agentes sociales” -patronal, CCOO y UGT-, fueron de los primeros en ser recibidos por Sánchez y la nueva ministra de trabajo, Magdalena Valerio. Para enviar este mensaje de consenso, que se quiere extender también a la renegociación del sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, considerado un “pacto de estado”, incluida su subida en función del IPC, como solicitó el Congreso de los Diputados en marzo de este año. Pendiente sigue una reforma integral del Estatuto de los Trabajadores, después de la acumulación de reformas parciales, que será un terreno decisivo del “diálogo social”. De entrada, la “ofensiva sindical” iniciada en los últimos meses ha sido, una vez más, aplazada para no perjudicar al nuevo gobierno Sánchez.

Lo que ha permitido brillar al gobierno Sánchez con luz propia y, de pronto, recuperar visibilidad en el debate europeo sobre la emigración, tras años de “silencio administrativo” del gobierno Rajoy, ha sido la decisión de acoger a los más de 600 refugiados subsaharianos del buque “Aquarius” (ver el artículo en SP de Carlos Girbau). La decisión no solo ha permitido atribuirse una “altura moral” al gobierno Sánchez frente al gobierno italiano de la Liga y el Movimiento 5 Estrella -con un tono, como el del ministro Ábalos, cargado de un indignado “buenismo” que Juliana sugiere matizar-, sino que ha provocado una movilización social impresionante, con cerca de 2.500 voluntarios, para acoger a su llegada al puerto de Valencia a los refugiados, que evidentemente será rentabilizada por el nuevo gobierno, y permitido un frente común con Macrón contra el gobierno de coalición euroescéptico italiano.

Este frente común con Macron es un elemento decisivo en la estrategia de Sánchez para intentar ampliar su margen de maniobra en relación al Pacto Fiscal europeo. Y una alternativa más realista que un hipotético “eje meridional”, al que el gobierno Costa de Portugal o el gobierno Tsipras en Grecia no muestran la menor inclinación, volcados en sus negociaciones bilaterales con la Troika desde posiciones de partida muy distintas. El gran impulsor de ese “eje meridional” es el nuevo gobierno euroescéptico italiano, al que la Comisión, el BCE, Alemania y Francia intentarán “contener” y aislar por todos los medios a partir del próximo Consejo europeo de 28 y 29 de junio, para evitar su alianza con los gobiernos euroescépticos y xenófobos de Europa Central.

Las derechas desnortadas

Dos semanas pueden dar para mucho cuando el viento sopla a favor y la oposición está sumida en la impotencia. El Partido Popular se hunde en el peor de los escenarios sucesorios, con una multiplicidad de candidatos -algunos de ellos ridículos, como Margallo-, que ha aconsejado a M. Rajoy quitarse de en medio cuanto antes y volver a su bufete de registrador de la propiedad en Santa Pola, renunciando a su escaño y prometiendo equidad con todos. A pesar de contar con minorías de bloqueo en el Congreso y mayoría en el Senado -lo que descarta reformas legislativas incluso mínimas, para no hablar de reformas constitucionales- el PP no contará durante meses con otra política de oposición que no sea el derecho al pataleo.

Otro tanto le sucede a Ciudadanos, que de pronto se ha visto desplazado de su principal foco de polarización electoral, su minoría mayoritaria y su capacidad de movilización en la calle del “constitucionalismo” en Cataluña, por la nueva oferta de diálogo catalanista del PSC. Condenado a la marginalidad y la frustración en el nuevo escenario catalán, ha visto también como su imagen de “centro” era cooptada por el nuevo gobierno Sánchez. Incluso su inviable propuesta de reforma electoral, que combina la proporcionalidad con la exclusión de las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas -al proponer un umbral estatal del 3%-, le sitúa a la derecha del Partido Popular. La lucha por la hegemonía de la derecha se promete descarnada en las elecciones municipales y europeas y corre el peligro de dificultar posteriormente cualquier bloque de derechas.

Podemos y su estrategia hacia el gobierno Sánchez

Muy distinta parece la posición de Unidos Podemos, a pesar de las quejas iniciales de Pablo Iglesias por los primeros movimientos “centristas” de Pedro Sánchez. El jueves 14 de junio, Sánchez invitó a Iglesias a la Moncloa para explorar las posibilidades de un acuerdo de legislatura. La aritmética parlamentaria es la que es, y el grupo socialista de 84 diputados necesita sumar a los 68 diputados de Unidos Podemos y Compromis para relanzar sus iniciativas parlamentarias bloqueadas por el PP desde la Mesa del Congreso y la decisiva negociación presupuestaria de 2019, que se debe desarrollar en el cuarto trimestre de este año. Sin esa colaboración, para lo que cuenta con las “lecciones portuguesas” del PSP, el gobierno Sánchez corre el peligro de empujar a Unidos Podemos a una oposición desgastante para el conjunto de la izquierda y, quizás más importante, a cancelar la perspectiva de un gobierno de coalición de las izquierdas tras las elecciones generales, que es en si mismo un elemento de movilización decisivo.

En la reunión del Consejo Ciudadano Estatal del viernes 15 de junio, Pablo Iglesias ha presentado un borrador de pacto de legislatura de 20 puntos y ha reivindicado su mediación política para hacer posible la moción de censura, que él mismo propuso al PSOE inicialmente. De esas 20 medidas, una parte importante recoge iniciativas parlamentarias, como la subida de las pensiones, la eliminación de copagos sanitarios o la derogación de la ley mordaza que son factibles en la actual composición parlamentaria. Otras, suponen una reordenación del gasto presupuestario en 2019, y otras, como la reforma proporcional de la ley electoral, requieren de una mayoría que no existe actualmente. Pero no aparece ninguna mención al techo de gasto del presupuesto de 2019, lo que supone dejar abierto a la negociación y a la situación europea el carácter anti-austeridad o simplemente redistributivo a favor de las capas más empobrecidas del presupuesto de 2019.

Podemos se sitúa así, de momento, en una zona de colaboración parlamentaria con el gobierno Sánchez. A diferencia de 2004, la llegada al gobierno del PSOE se hace mediante una iniciativa institucional, como la moción de censura, limitada al tema de la corrupción del PP. El papel de las movilizaciones sociales es muy distinto: del cuestionamiento general y directo del gobierno Aznar, con la catarsis de los atentados de Atocha, a una resistencia sectorial, protagonizada especialmente por los pensionistas y la movilización feminista del 8-M. El ciclo del 15-M, que alimentó la creación de Podemos, parece en buena parte agotado. Pero no deja de ser preocupante la ausencia de debate en Podemos sobre como alentar e intervenir en los movimientos sociales como estrategia para determinar la correlación de fuerzas general. Y esta es su principal debilidad.

Co-editor y miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 17 de junio 2018