Política y salarios en Uruguay

Luis Ibarra

19/04/2018

 

2018 es el año de mayor negociación colectiva en la historia del Uruguay. Abarca a casi todos los asalariados de la actividad privada y es también la última oportunidad para los funcionarios públicos de obtener mejoras en la actual administración. De tener éxito, las negociaciones decidirán la evolución de los salarios en la economía uruguaya y suprimirán los conflictos laborales por los próximos dos años. ¿Logrará el gobierno del Frente Amplio estabilizar la lucha de clases durante la campaña electoral y hasta la instalación de un nuevo gobierno?

Nuestro propósito no es adivinar el futuro, sino aclarar sus alternativas considerando la política de gobierno a partir de los conflictos de clases. Siguiendo ese hilo se pondrán de manifiesto tanto las tensiones que encierra, como también el movimiento que las supera y lleva más allá del actual estado de cosas.

El gobierno de los salarios

Dicen los economistas que las empresas, antes de afrontar las pérdidas de un conflicto, defienden sus márgenes de ganancia trasladando el costo de los aumentos salariales a los precios. Recae sobre el gobierno la responsabilidad de controlar la inflación. La negociación salarial parece desenvolverse entonces entre el gobierno y los sindicatos, pero sólo puede comprenderse a partir del antagonismo entre los trabajadores y el capital.

La inflación es la preocupación principal de la política económica del Frente Amplio. Pero, mientras que los gobiernos anteriores pretendían crear un mercado de trabajo flexible, los gobiernos progresistas buscan mantener la estabilidad monetaria con la colaboración de los sindicatos.

El Poder Ejecutivo fija tanto el monto de los ajustes salariales como la duración de los convenios colectivos, y pone en práctica esos lineamientos por medio de los Consejos de Salarios. Se trata de comisiones integradas con delegados del gobierno, los sindicatos y las gremiales empresariales, que negocian la aplicación de la pauta oficial por ramas de actividad y proscriben los conflictos durante la vigencia de los convenios. Incorporan a los sindicatos, con un papel subalterno, a la implementación de la política económica.

El ciclo progresista

Entre los años 2005 y 2014, cuando la economía crecía aceleradamente por la inversión de capital extranjero, los gobiernos progresistas trataron de mantener los salarios por debajo del incremento del producto. Esperaban lograr así un crecimiento “con equidad”: los aumentos salariales serían absorbidos por la disminución de los costos laborales y no afectarían a los márgenes de ganancia; las empresas veían asegurada una disminución continua de los costos laborales, sin rebajas de salarios ni subas de precios. Su condición era una subordinación de la negociación colectiva a la ganancia del capital antes que a las necesidades y deseos de los trabajadores.

Sin embargo, los conflictos laborales aumentaron rápidamente a medida que el crecimiento económico absorbía el desempleo. Las jornadas de trabajo perdidas pasaron de 392.914 en el año 2005, para 1.315.984, en el 2008, según el Instituto de Relaciones Laborales. Con las luchas se extendió la organización. Creció la afiliación a los sindicatos existentes y se crearon también otros nuevos, al amparo de la protección legal, en actividades que permanecían desorganizadas. La cantidad de trabajadores sindicalizados aumentó desde los 127.600 estimados en el año 2003, para más de 213.000 en el año 2008, según la central PIT-CNT.

La conflictividad en los gobiernos progresistas alcanzó las mismas dimensiones que tenía bajo los gobiernos anteriores, a pesar de la introducción de mediaciones institucionales, aunque con un contenido radicalmente distinto. Ya no son luchas defensivas para conservar el empleo o reclamar salarios adeudados. Los trabajadores aprovecharon la situación económica y política para pasar a la ofensiva por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo.

La recomposición de clase, tanto en el sentido del empleo como en el aspecto político de las luchas y la organización, modificó la relación de fuerzas. El cambio se reflejó directamente en un alejamiento de los convenios con respecto a las pautas gubernamentales. Los trabajadores disociaron a los aumentos de la productividad y convirtieron al salario en “un componente exógeno”, dice el Banco Central, una variable que condiciona a la política económica, en lugar de verse determinada por ella.

La vuelta del ciclo

Todo cambió a partir del año 2015, cuando cesó la inversión de capital extranjero y el crecimiento económico se detuvo. Se esfumó el espacio para un aumento simultáneo de salarios y ganancia, y las empresas procuraron recuperar sus márgenes de lucro reduciendo los costos salariales. También la mediación política pasó a actuar entonces en sentido opuesto. Ya no se trata, para el gobierno del Frente Amplio, de que los salarios aumenten sin afectar a la ganancia, sino, al contrario, de detener los aumentos salariales para permitir la recuperación de los márgenes de ganancia de las empresas.

El Poder Ejecutivo dejó de establecer los aumentos del salario real, como hacía durante el ciclo progresista, y paso a fijar únicamente ajustes de los salarios nominales. Los ajustes nominales buscan suprimir la independencia de la variable salarial. Permiten que, aún aumentando en pesos, el salario real pueda ser rebajado en los hechos por subas de precios de las empresas.

El cambio de la política salarial creó una tensión con los sindicatos y tuvo como correlato un aumento extraordinario de los conflictos. La conflictividad laboral alcanzó el mayor nivel de los últimos veinte años con un total de 1.663.895 jornadas de trabajo perdidas en el año 2015.

La negociación actual

El gobierno del Frente Amplio repitió los mismos criterios para las negociaciones del año 2018. El Poder Ejecutivo indicó convenios de 24 a 30 meses de duración, con ajustes de salarios nominales según la situación del sector productivo: entre 6,5 y 8,5% para el año 2018 y de 6 a 8% en el 2019. Una corrección a mitad del convenio restablece la eventual pérdida de salario real.

Con una inflación que los analistas ubican en 7%, las pautas del gobierno implican una virtual congelación de salarios, mientras que un crecimiento económico en torno de 3% asegura la disminución de los costos laborales de las empresas por los próximos dos años. Los ajustes diferenciados permiten conceder mayores aumentos a los sindicatos más fuertes y una mayor explotación cuando son más débiles, con el resultado general de dividir a los trabajadores y empujar a los sindicatos a arreglos particulares con los empresarios de cada sector.

Las circunstancias, sin embargo, difieren de la negociación anterior. Por un lado, la reanudación del crecimiento económico y la perspectiva electoral inducen a una mayor flexibilidad de las negociaciones y una recomposición de la relación entre el gobierno y los sindicatos. Por otro lado, tampoco la subjetividad de los trabajadores es la misma. Ya no son las personas desesperadas por la pobreza y dispersas por el desempleo, que produjo la crisis de principios de siglo, sino los protagonistas de las luchas que desbordaron la política económica de los gobiernos progresistas. Esa es la puerta estrecha que debe atravesar pasar la negociación salarial del año 2018.

El Frente Amplio califica su papel político como partido de gobierno por la gestión de los trabajadores dentro del capital. Por medio de los Consejos de Salarios, trata de encerrar los conflictos de clase en los límites de la ganancia y el control de la inflación. No tiene, sin embargo, la última palabra. Se expresa materialmente en los salarios un movimiento de los trabajadores que lleva más allá del actual estado de cosas.

Documentos referidos

Banco Central del Uruguay (2011). Informe de política monetaria, Montevideo, BCU.

Instituto de Relaciones Laborales (1995-2017). Informes de conflictividad, Montevideo, Universidad Católica del Uruguay.

es politólogo y magíster en gobierno y políticas públicas. Trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 22-4-18