Àngel Ferrero
24/01/2020
De manera completamente inesperada, el gobierno ruso anunció el pasado 15 de enero su dimisión durante el discurso sobre el estado de la nación del presidente, en el que Vladímir Putin planteó cambios constitucionales de envergadura. Y, como era de esperar, la mayoría de los medios de comunicación presentó el anuncio como una medida destinada a extender o consolidar, cuando no ambas cosas, el poder político de Putin. Ahora bien, si, como estos mismos medios no se han cansado de repetir, el poder político del presidente ruso, desplegado a través de canales formales e informales, era ya tan extraordinario, ¿cuál era, pues, la necesidad de estos cambios?
La sociedad pide cambios
Ante 1.300 personas –incluyendo miembros de la Duma del Estado (cámara baja), Consejo de la Federación (cámara alta), gobernadores y representantes sociales y religiosos–, el presidente ruso comenzó su discurso reconociendo que la sociedad rusa “pide claramente cambios” y planteando que el ritmo de éstos “ha de acelerarse cada año y producir resultados tangibles a la hora de conseguir una mejora de los estándares de calidad de vida que sea percibida de manera clara por el pueblo”.
La demográfica fue la primera cuestión que trató el mandatario ruso en su discurso. La cifra de nacimientos ha vuelto a retroceder, por lo que Putin propuso medidas “de apoyo a las familias”. También planteó la necesidad de mejoras en el sistema educativo y sanitario, así como en la investigación, antes de destacar positivamente la estabilidad macroeconómica –con una inflación oficial en torno al 3%–, añadiendo que ésta tendría que reflejarse en un aumento de los salarios y las inversiones, un crecimiento de las pymes y una disminución de los desequilibrios territoriales, todos ellos viejos problemas que aún arrastra el país. En el plano internacional, mencionó una vez más la necesidad de un “orden mundial estable” y, aunque reiteró la disposición de Rusia “a la cooperación”, advirtió que el país se ha puesto al día en materia de defensa. “Por primera vez en la historia de las armas nucleares, incluyendo el período soviético y la época contemporánea, ya no estamos intentando ponernos al nivel de otro, sino que, al contrario, son los otros estados quienes han de crear armas que Rusia ya posee”, manifestó Putin al advertir que “la capacidad de defensa del país está asegurada durante décadas, pero no podemos dormirnos en los laureles”.
Pero como se ha señalado, las propuestas de modificaciones a la Constitución de 1993 han sido lo que más ha llamado la atención de la prensa. Putin propuso lo siguiente: que los tratados internacionales y las decisiones delos organismos internacionales sean válidas en territorio ruso siempre y cuando no contradigan el cuerpo legal del país; que el presidente, primer ministro, ministros, directores de agencias federales, diputados y senadores tengan solamente la nacionalidad rusa para poder ejercer el cargo; que para ejercer la presidencia el candidato tenga como mínimo 25 añois de residencia en el país –críticos del Kremlin como el liberal-conservador Alekséi Navalni o el oligarca Mijaíl Jodorkovski no podrían, por lo tanto, presentarse–; y que el primer ministro sea elegido por la Duma y el presidente no tenga la capacidad de vetar sus ministros. A pesar de todo, Putin remarcó su convicción de que “Rusia tiene que seguir siendo una república presidencial fuerte” y que la política exterior y de defensa sigan siendo competencia del jefe de Estado.
Estos cambios –propuestos el día 15, convertidos en propuesta legislativa cinco días después y debatidos en la Duma en primera sesión el 23– han llevado a los comentaristas a especular si esta descentralización y reforzamiento institucional no son sino una manera de evitar que el próximo presidente –Putin no puede serlo por limitación constitucional a dos mandatos consecutivos– mantenga la influencia de la que él mismo ha gozado hasta ahora, o un camino hacia la posibilidad de volver a repetir la alternancia de 2008, cuando Dmitri Medvédev ocupó el cargo de presidente y Putin el de primer ministro, cargo que saldría reforzado con estos cambios constitucionales.
Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en 2024 –Putin tendrá entonces 75 años–, mientras que las próximas elecciones a la Duma lo harán el próximo año. La intención del presidente ruso de reforzar el Consejo de Estado –un órgano que se encarga de debatir cuestiones clave de la política rusa– e incluirlo en la Constitución ha llevado igualmente a especular si no se trataría de una nueva estructura de poder desde la que poder seguir gobernando –como lo hace el expresidente Nursultán Nazarbáyev desde el Consejo de Seguridad kazajo tras su dimisión en marzo de 2019; hay medios que incluso lo han comparado con una suerte de Politburó– o, si tenemos en cuenta el análisis del periódico Novaya Gazeta, si este órgano podría llegar a encargarse de la coordinación de la integración de Rusia y Bielorrusia en un nuevo Estado. De surgir este nuevo Estado, Putin no estaría limitado por la Constitución actual y podría optar a la presidencia de esta unión, la presidencia del parlamento unificado de la cual –ésta es la opinión del politólogo Valeri Soloviov en una reciente entrevista con Moskovsky Komsolets– ocuparía el actual presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, con Medvédev como probable candidato a la presidencia de la república rusa. Según Soloviov, pronto podrían realizarse elecciones presidenciales paralelas en Rusia y Bielorrusia con esta finalidad. Asimismo, la integración de los dos estados, como todos los analistas coinciden en señalar, complicada por las desigualdades entre ambos países, que se traduce en un proceso en el que se tendrían que superar muchas resistencias políticas, sociales y culturales por parte, sobre todo, de muchos bielorrusos.
Mishustin y el debate sobre la sucesión de Putin
El hasta ahora desconocido Mijaíl Mishustin (53 años) será el próximo ministro del gobierno ruso. En el nuevo gobierno, que Mishustin anunció el martes, repiten los ministros de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, Defensa, Serguéi Shoigú, e Interior, Vladímir Kolokoltsev. Una de las ausencias más llamativas es la del que fuese ministro de Cultura Vladímir Medinski, criticado por sus declaraciones y decisiones a la hora de priorizar para determinadas películas las subvenciones a la industria cinematográfica. Medinski será sustituido precisamente por la responsable de ese departamento en el Ministerio de Cultura, Olga Liubimova. Putin describió el nuevo gabinete como “muy equilibrado” y elogió a Mishustin por su composición, en la que algunos ministros del gabinete de Medvédev se mantienen y otros no, según informan agencias.
En su etapa al frente del Servicio de Impuestos Federal (2010-2020), Mishustin fue el encargado de intentar modernizar y racionalizar el sistema impositivo ruso, y de su trayectoria los medios de comunicación destacan los buenos resultados en el proceso de digitalización y la reducción de la burocracia. Sin sorpresas, Mishustin recibió la aprobación de la Duma, com la oposición del Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR).
Medvédev, que había liderado un gobierno impopular por sus políticas económicas –muy particularmente por sus medidas de austeridad y aumento de impuestos indirectos–, pasa a ser vicepresidente del Consejo de Seguridad, un órgano liderado por el presidente ruso. La dimisión en pleno del gobierno parece, pues, apuntar también a crear un cortafuegos entre el gobierno de Medvédev y el Kremlin para evitar que la impopularidad del primero acabe contaminando a la presidencia, y frente a las elecciones a la Duma de 2021. Aunque el nuevo cargo de Medvédev no significa una degradación ni mucho menos, sí que parece alejarlo de la posibilidad de optar a la presidencia en el recurrente debate sucesorio. El perfil técnico de Mishustin, por su parte, no parece encajar del todo par este cargo, para el que siguen sonando los nombres de Shoigú o el gobernador de Tula, Alekséi Diumin. Este último ha sido viceministro de Defensa (2015-2016) y responsable de la GRU –agencia de inteligencia militar– en el año 2014, que tuvo un papel destacado durante la crisis de Crimea y su posterior adhesión a la Federación Rusa.
¿Hacia un reagrupamiento de las fuerzas de izquierda?
El periodista alemán Ulrich Heyden informaba a finales de diciembre en el digital Telepolis de los recientes intentos de la izquierda rusa por reagruparse. En una conferencia organizada por el PCFR con el título ‘Rusia 2024: ¿giro de izquierdas o catástrofe nacional?’, los comunistas intentaron reunir los días 21 y 22 de diciembre en la Casa de los Sindicatos de Moscú –no muy lejos del Kremlin– al grueso de la izquierda post-soviética.
En su intervención al inicio de la jornadas, el presidente del PCFR, Guennadi Ziugánov, habló de una “crisis de sistema en Rusia”, un diagnóstico que después detalló el sociólogo y editor de Rabkor.ru, Borís Kagarlitsky. Según el análisis de éste, “las condiciones objetivas de la llamada estabilidad durante el mandato de Putin se han agotado”. Estas condiciones objetivas, al parecer del sociólogo ruso, son tres: la estabilización de la economía rusa después de la crisis ininterrumpida que significaron los años de Borís Yeltsin, la amortización definitiva de las infraestructuras y del tejido industrial soviético, y los elevados precios internacionales de los hidrocarburos a inicios del siglo XXI que permitieron una entrada de divisa fuerte y, con ella, la posibilidad de financiar los programas estatales que han sido la columna vertebral del Kremlin en los últimos años.
Para Ziugánov, la crisis que vendrá exige “una consolidación de las fuerzas estatales y patrióticas”, una tarea para la que no hay tiempo que perder: el presidente del PCFR propuso celebrar un congreso el próximo mes de febrero con el objetivo de elaborar un programa común e incluso elegir un “gobierno a la sombra”, siguiendo el modelo británico, que habría de sustituir al actual llegado el momento. En línea con las particularidades de la política rusa, el PCFR invitó a esta conferencia –y, por extensión, se entiende que también al “gobierno a la sombra” mismo– a un grupo muy amplio, que iba desde el nacionalista Serguéi Yestiféyev, líder del Congreso Permanente de las Fuerzas Nacional-Patrióticas de Rusia, hasta la figura más visible del Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov, o el ya citado Kagarlitsky, que defendió la necesidad de que la izquierda participen en las protestas para evitar que sean los liberales como Nalvani quienes las encabecen. No existe tal cosa como una “protesta ideal”, sostuvo Kagarlitsky. La pregunta que todo el mundo se hace es si este 2020 será, como se espera, un año de turbulencias políticas en la esfera internacional, y si éstas afectarán también a Rusia, y cómo.
(Una primera versión de este artículo apareció publicada en la revista Catarsi).