Las prioridades de una política económica progresista o lo que falta en la propuesta de Podemos

Lluís Torrens

28/08/2018

La propuesta de Podemos ante los presupuestos del 2019

El documento que ha publicado este verano el Grupo Parlamentario de Podemos y sus confluencias Dejar atrás la austeridad para fijar una posición ante la negociación presupuestaria de los PGE 2019 y también 2020 es un alegato contra las políticas de austeridad vigentes desde hace 8 años y propone una serie de exigencias al gobierno del PSOE para que le dé su apoyo.

Las exigencias van en primer lugar por el lado de suavizar los objetivos de déficit (o sea reducirlos menos de lo que pide la UE), cambiar la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que le da al Senado (esa cámara supuestamente representativa de la voluntad popular y de los territorios en donde el PP con el 30 % de los votos y la presidencia de 5 de las 17 CCAA, tiene el 60 % de los senadores) una de sus pocas capacidades reales de poder -otra es votar la aplicación del artículo 155 de la CE-. En esta línea también se solicita mejorar la capacidad inversora de los ayuntamientos, cambiando la regla de gasto de la LRSAL para que los que están menos endeudados y sin déficit puedan crecer su gasto por encima del PIB incluido reponer sus plantillas, y además compensar los perjuicios financieros de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías municipales.

En segundo lugar, propone una batería de derogaciones de los recortes aprobados por decreto por el PP durante la crisis y que afectaban a cuatro pilares del estado del bienestar: salud, educación, dependencia y desempleo. Y no se ha propuesto una quinta derogación porque ya fue solucionada en el trámite parlamentario de los PGE 2018 aprobados bajo el gobierno del PP, el de la no actualización de las pensiones.

En tercer lugar, propone un cambio de paradigma: que los ajustes de las cuentas públicas no se hagan mediante ajustes en el gasto sino en los ingresos (el documento no discute que haya que hacer los ajustes, e implícitamente admite que vamos a estar siempre bajo los mandatos de la UE y el BCE, negociando los déficits año tras año mientras estemos en el pecado de deuda excesiva). Dicho de otra manera, el docu£mento exige que si hay que ajustar las cuentas no se debe hacer recortando prestaciones sociales (a los más vulnerables normalmente) sino mediante más impuestos a los ricos. Curiosamente es algo con lo que se estrenó el PP cuando entró en el gobierno a finales del 2011: la subida del IRPF más alta de la democracia desde la primera tarifa en 1978 de Francisco Fernández Ordoñez (que puso el tipo marginal máximo al 65,51%). También el ministerio de Montoro en 2012 realizó la mayor subida del IVA de la historia.

Los vaivenes fiscales en el Reino de España, siempre por debajo de la línea de flotación

La reforma del IRPF fue casi abolida antes de las elecciones del 2015 mientras que la subida del IVA ahí sigue, combinada con otras mejoras en las imposiciones a las empresas (rebaja del IS o la tributación ventajosa de las SOCIMI), y el reimpuesto Impuesto de Patrimonio, que no se aplica en todas las comunidades autónomas, puesto que algunas lo usan como factor de competencia fiscal. Lo mismo se puede decir del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La consecuencia de todos estos vaivenes ha sido un sistema fiscal actual muy poco progresivo, en donde sistemáticamente se recauda menos que en los países de la Unión Europea. Incluso en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria que empezó hace dos décadas los ingresos públicos respecto al PIB eran inferiores a los europeos y ahora, superada la crisis, el diferencial es superior al que teníamos hace 20 años. Y hay que añadir que desde la crisis las previsiones de ingresos fiscales siempre han sido enormemente optimistas y siempre la recaudación real se ha quedado en miles de millones por debajo, para pasmo de Europa.

Recordemos que el récord de recaudación fiscal previo a la crisis no vino por un sistema fiscal más potente sino por una burbuja inmobiliaria que vino acompañada de enormes déficits exteriores, sobre todo a partir de la entrada en el euro y de la inyección brutal de 750.000 millones de euros de financiación privada externa, que ahora se ha convertido en deuda pública, en su gran mayoría en manos del BCE, el Banco de España y el sistema financiero español, que la compra con la ayuda e imperativo del BCE.

 

Fuente: Eurostat

 

750.000 millones es una cifra enorme, pero inferior a lo que hubiera recaudado adicionalmente el erario público si nuestra presión fiscal en el periodo 2008-2017 hubiera estado en el promedio de la europea.

La propuesta de subida de impuestos, insuficiente para converger con Europa

En esta línea cambio, pues, el documento prosigue con una batería de propuestas de nuevos impuestos o reforma de los existentes para incrementar la recaudación fiscal y homologarnos con Europa. Eso sí, con algunas peculiaridades a mi parecer discutibles.

Por ejemplo, se propone una fiscalidad verde que no afecte a las clases trabajadoras. Resulta que el Reino de España es o era hasta hace poco el país de la UE con menor peso de la fiscalidad ambiental. ¿Es que las clases trabajadoras no contaminan? Los impuestos ambientales tienen una doble función, recaudatoria para el interés general y penalizadora de conductas negativas para el medio ambiente (y en el caso del Reino de España también para nuestras cuentas exteriores). Que los trabajadores no sean conscientes ni participen de los grandes retos ambientales a que nos enfrentamos y no reciban señales claras de los costes de sus conductas insostenibles no parece muy racional. Si hay que compensar a las clases trabajadoras por una reducción de su capacidad adquisitiva porque pagan más impuestos ambientales (u otros indirectos), hagámoslo por otras vías, pero hagamos que substituyan sus consumos o hábitos más perjudiciales por otros más sostenibles. Los efectos renta y substitución son conceptos muy analizados como para olvidarse de ellos.

En segundo lugar, se propone subir el IRPF solo a las rentas por encima de 60.000 euros, o sea únicamente según sus estimaciones al 4% de las rentas más altas y así no afectar a las clases trabajadoras, de nuevo. No es creíble que afectando solo al 4 % de las rentas más altas se va a producir un vuelco en las cuentas públicas. Cualquier análisis serio de la imposición de rentas personales en Europa nos dice que en promedio en el Reino de España todas las rentas, bajas y medias también, pagan menos impuestos personales que en los países a los que nos queremos parecer. Nunca nos convertiremos en un país homologable a los países avanzados que tenemos más arriba en el mapa si seguimos creyendo que solo los ricos pagan pocos impuestos y que las clases medias no deben corresponsabilizarse más del estado del bienestar (que ellas también disfrutan).

He escrito incluso un capítulo de un libro sobre esto. Usando el simulador de impuestos de la OCDE que usa Eurostat comparo datos europeos de imposición sobre salarios en donde se ve claramente esta infraimposición a todos los niveles salariales. Estas tablas que actualizan las del libro provienen de Eurostat:

 

Fuente: Eurostat

Además, Eurostat publica un análisis detallado de las fuentes fiscales de los países de la UE. Las últimas cifras publicadas corresponden al año 2016:

Fuente: Eurostat

En el Reino de España en el año 2016 tenía un PIB per cápita equivalente al 82,4% de la media de la UE, pero solo recaudaba en impuestos el 70,3%, fruto de una presión fiscal 5,9 puntos inferior. La mayor diferencia (un 43,7% menos, casi 5 puntos menos del PIB) se encuentra en los impuestos sobre ingresos personales que incluyen los impuestos equivalentes al IRPF de cada país y los impuestos sobre nóminas y cotizaciones pagadas por los trabajadores. Solo en cotizaciones empresariales nos acercamos a la media europea de presión sobre el PIB.

En el caso de las renta bajas y medias la menor recaudación la causan unos tipos impositivos más bajos de partida, y sin contar deducciones adicionales; en el caso de las rentas altas el desequilibrio se genera en buena parte por la limitación de cotización a la Seguridad Social: la existencia en el Reino de España de bases de cotización topadas en donde se cotiza y paga lo mismo en términos absolutos tanto quien gana 45.000 euros como quien gana 100.000 o 450.000. Este mantra de que existe un 1 % causante de todas las desgracias al 99 % restante se mantiene en el espíritu de la medida, aunque se estira el concepto de rico al 4 %. El resto por debajo son clases medias que hay que proteger y no deben pagar un euro más.

Esta desfiscalización por arriba y por abajo ya tiene consecuencias. Globalmente, la diferencia en recaudación por no estar en la media fiscal de la UE son casi 66.000 millones de euros anuales. Algunos dirán que la presión fiscal en el Reino de España está de acuerdo a nuestra renta per cápita (el 82,4 % del promedio europeo sería 33 %), otros pensamos que precisamente porque no tenemos una presión fiscal más elevada y no podemos invertir lo suficiente en gasto social y productivo no nos acercamos a la renta per cápita media europea. En los últimos 20 años solo han reducido diferencias en los años de la burbuja y del endeudamiento, gracias a unos impuestos de sociedades y de transmisiones patrimoniales y plusvalías topados por el sector inmobiliario.

Pensiones, repensar el modelo

El documento prosigue con propuestas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones por la vía de incrementar de manera racional la recaudación y, sobre todo, para que se abandone la separación de la financiación de las pensiones del resto de prestaciones y servicios financiados por los presupuestos generales. O sea, que dejemos de hacernos trampas al solitario como lo hicimos con el ya cuasi enterrado fondo de reserva de la Seguridad Social.

Quizás esto será una oportunidad para pensar en una verdadera transformación del modelo de pensiones, en donde nos podamos acercar a las mejores prácticas europeas, como el danés o el holandés[1], en los que las pensiones de jubilación se dividen en tres tramos, un primer tramo universal para cualquier residente, en función de los años de residencia en el país (no de cotización) con un importe mínimo que garantiza estar por encima del umbral de pobreza, un segundo tramo en función de las cotizaciones obligatorias (en tiempo y en cantidad) y un tercer tramo voluntario de aportaciones a planes de pensiones públicos, privados o mutualizados.
 

Las propuestas de gasto: recuperar recortes y afrontar nuevos retos

La tercera parte del documento contiene propuestas sobre medidas de gasto donde aplicar los nuevos ingresos generados con el no-recorte y las medidas fiscales anteriores.

Incluye una batería de propuestas sobre revalorización de pensiones, subida de las pensiones mínimas contributivas y no contributivas hasta los umbrales del salario mínimo recomendado y del umbral de riesgo de pobreza respectivamente. No hay un cálculo del coste, aunque sería relativamente sencillo estimarlo.

Continúa con propuestas de equiparación de permisos de paternidad y maternidad para combatir la brecha salarial y de responsabilidad laboral, y favorecer el reparto de tareas reproductivas. Tampoco se cuantifica el coste, pero podría estar cercano a entre 2.500 y 3.000 millones de euros anuales (11 semanas adicionales para los padres a un coste laboral medio por 400.000 nacimientos).

Relacionado también con medidas de impacto de género también se pide la concreción de la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia en un solo año, no en cinco; asimismo se solicita un 100 % de cobertura de escuelas 0-3 públicas y gratuitas (no hay tampoco coste cuantificado) y financiación adicional de la Ley de la Dependencia para acabar con las listas de espera (citan 300.000 personas: el coste podría ser de unos 1.400 millones de euros anuales).

Adicionalmente, se solicita revertir los recortes en sanidad (0,8% del PIB, 5.400 millones de recortes en términos absolutos sin actualizar del 2009 al 2016) , educación (0,7 % del PIB, 4.800 millones en el mismo período) y 2.800 millones en recortes de dependencia. Sin contar los costes no cuantificados, sin actualizaciones y sumando la estimación de la equiparación de permisos, unos 17.000 millones de euros anuales.

Además, se propone incrementar de manera genérica el presupuesto del plan Estatal de Vivienda y realizar actuaciones para ampliar el parque público de alquiler de vivienda. La política de vivienda se complementa con ayudas sin cuantificar a la rehabilitación energética.

Finalmente se propone un plan nacional de movilidad eléctrica y de apoyo al transporte público, también sin cuantificar.

Nos encontramos con una carta de peticiones con un coste que fácilmente superará los 20.000 millones de euros anuales en gasto recurrente (sin contar las inversiones en infraestructuras como las escuelas 0-2) ni el alcance de la revalorización de las pensiones mínimas. 20.000 millones es menos de un tercio de la brecha en ingresos fiscales del Reino de España con el promedio de la UE.

Una pregunta que podemos hacernos es si gastarse 20.000 millones en estas prioridades es lo que necesita el país con mayor urgencia, caso que se obtuvieran y se pudieran destinar discrecionalmente allá donde se decidiera.

El gasto público en el Reino de España comparado con la UE

Volvamos a las comparativas con Europa, esta vez por el lado del gasto. Eurostat también publica la estadística del gasto no financiero de las administraciones públicas de los países miembros siguiendo una clasificación internacional de Naciones Unidas, la COFOG, que también es la que publica el IGAE para el gasto del sector público español.

De nuevo podemos comparar el gasto de la UE28 en porcentaje del PIB y en euros per cápita y compararlo con el Reino de España, todo para el año 2016:

 

Fuente: Eurostat e IGAE

 

La diferencia en gasto en términos de PIB (4,1 puntos del PIB) con la UE es ligeramente inferior a la de los ingresos debido a que el déficit público español es superior. En euros serían 45.843 millones anuales. Ahora bien, si nos comparáramos en términos de gasto público per cápita en euros absolutos, los 3.361 euros de diferencia multiplicados por la población serían 156.339 millones de euros, ahí es nada: es el incremento de gasto potencial si consiguiéramos converger con Europa en productividad y presión fiscal.

La tabla anterior muestra el desglose por las 10 grandes categorías de gasto COFOG (las que su código es GFXX, siendo XX dos dígitos de 01 a 10) y además he detallado algunas subpartidas relevantes, las que tienen 4 dígitos.

Para cada partida tenemos el gasto sobre el PIB a un decimal para la UE y a dos decimales con datos del IGAE para el Reino de España (luego explico por qué), el gasto per cápita de UE y España y el porcentaje que representa el gasto per cápita del Reino de España sobre la UE.

Si nos fijamos en esta última columna a la derecha vemos que el Reino de España, con un PIB per cápita del 82,4 % del promedio de la UE solo gasta el 75,1 % de la UE, debido a sus menores ingresos fiscales que solo compensa parcialmente con más déficit. Partida por partida nos encontramos algunas categorías en donde el gasto en el Reino de España es superior al de la UE: gastos financieros (obvio por su endeudamiento público más alto), pensiones de supervivencia y desempleo (tenemos 8 puntos más de tasa de paro –el doble- que el promedio); a continuación una gran mayoría entre el 60% y el 90 % del gasto de la UE, desde defensa por abajo hasta protección del medio ambiente por arriba; y luego algunas partidas claramente por debajo del gasto de la UE: ayuda a la cooperación exterior, salud pública, familia y niños, exclusión social y por encima de todo (más bien por debajo) ayudas a la vivienda. De hecho las ayudas a la vivienda en el Reino de España según Eurostat eran 0% del PIB, por eso tuve que buscar los datos del IGAE para estimar el 0,03% , 7 euros por habitante, veinte veces menos que el promedio europeo.

Las otras grandes partidas de gasto del estado del bienestar, salud, educación y vejez (que engloba pensiones de jubilación la mayor parte de las de viudedad y dependencia) tienen un nivel de gasto similar, entre el 70 % y el 80 % del gasto europeo, en línea con el gasto general.

Las dos líneas inferiores se refieren al agregado de partidas anteriores para facilitar la comparabilidad: las que hacen referencia a vejez y supervivencia y las de promoción y ayuda a la vivienda.

El impacto del menor gasto público sobre el bienestar

¿Cómo repercute este menor gasto general y los menores gastos específicos por partidas en el bienestar social del Reino de España comparado con la UE? Utilicemos algunos indicadores de impacto internacionales:

Sanidad: gastamos el 70,2 % del promedio europeo. En el año 2000, según la OMS el sistema sanitario español era el séptimo del mundo. La esperanza de vida al nacer era la segunda del mundo después de Japón y la novena en años de vida saludable (tercera de la UE). Pero el año 2016 la revista Lancet, colaboradora de la OMS, realizó un nuevo ranking más completo siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en donde el Reino de España pasó a ocupar el puesto 23 del mundo, 13 de la UE, y puntuando un 101,8 % del promedio de la UE. Los indicadores donde puntuaba peor se relacionaban precisamente con problemas de salud pública: sobrepeso infantil, abuso del alcohol y tabaquismo.

Educación: gastamos el 70,4 % del promedio europeo, el 16º país de 28, un poco mejor en educación primaria y menos en secundaria y universidades. El indicador más conocido son las pruebas de PISA de la OCDE y según nuestros resultados más recientes del 2015 estamos entre el 100,6 % de la media simple (Matemáticas), el 101,1% (Ciencias) y el 100,2 % en habilidad lectora del promedio de los países de la UE. En habilidad lectora puntuamos el 100,2%. No tiene muchos alumnos entre los mejores puntuados (posición 19), pero tampoco entre los que puntúan mal en las tres áreas (posición 20).

Vejez: en pensiones de vejez y supervivencia (viudedad y orfandad) y dependencia (incluye residencias para mayores) gastamos el 82,1 % del promedio europeo, por encima del promedio de gasto público general y en línea a nuestra renta per cápita relativa. Analizando los datos de Eurostat de horas trabajadas en el sector de servicios sociales residenciales y no residenciales faltarían crear 446.000 puestos de trabajo equivalentes en el Reino de España para converger con Europa en términos de horas ocupadas en el sector por habitante mayor de 75 años. Pero a su vez, el Reino de España dispone de un exceso de 419.000 trabajadores domésticos comparados con Europa que, en parte, suplen el trabajo profesional del cuidado. Respecto al nivel de las pensiones, decir que según la Encuesta de Condiciones de Vida del 2016 (el último año comparable con la UE) solo el 9,7 de los hogares unipersonales de mayores de 65 años estaban por debajo del umbral de riesgo de pobreza (60% del ingreso mediano), frente al 22,7 % de promedio en la UE, siendo el Reino de España el cuarto país con mejor resultado relativo de la UE. Debemos notar que algunos países de Europa como el Reino Unido o Irlanda tienen sistemas de pensiones con importantes aportaciones a planes de pensiones privados y en menor medida mediante cotizaciones a sistemas públicos. Esta particularidad afecta también a los ingresos fiscales de la UE, que son menores que si se cotizara íntegramente a un sistema público.

Familias y niños: solo gastamos el 34,3 % del promedio de la UE, siendo el 6º país por la cola. En guarderías y cuidados de los niños 0-3 estamos por encima de la media (137 % en cuidados de 1 a 29 horas semanales y el 104 % en más de 30 horas). Por el contrario la tasa de riesgo de pobreza de los hogares monoparentales según la ECV es del 42,2 %, un 124 % de la media de la UE (el 4º país con mayor riesgo) y en familias de pareja con hijos dependientes la tasa es del 27,7%, un 145 % de la media de la UE, el segundo país con mayor tasa después de Rumania y por delante de Bulgaria.

Exclusión social: gastamos el 27,3 % del promedio de la UE. La tasa de pobreza general de la población del Reino de España el año 2016 fue del 22,3 %, el 129% del promedio de la UE y el tercer país con mayor tasa después de Rumania y Bulgaria. Por número de privaciones materiales los resultados fueron relativamente mejores: el 49,5% de la población no tenía ninguna privación, el 94,5% del promedio de la UE, y el 22,4 % tenía 4 o más privaciones, el 77,5 del promedio europeo (o sea un mejor resultado que la UE). Por el contrario, el índice de Gini del Reino de España era de 34,5, el 112 % del promedio europeo, siendo el Reino de España el cuarto país más desigual, detrás de Bulgaria, Lituania y Rumania. En este índice no solo influye el gasto social sino también otros factores como los salarios y la progresividad del sistema fiscal. Sin contar con las pensiones, el sistema de transferencias fiscales de la UE redujo en promedio 5,4 puntos el índice de Gini, mientras que redujo en 4,6 puntos el índice español.

Vivienda: sumando las partidas de promoción de vivienda (construcción, rehabilitación, compra, alquiler, etc.) y las partidas de ayudas y subvenciones al alquiler nos gastamos el 26,3% del promedio de la UE, equivalente a casi 150 euros menos por habitante. El indicador de impacto que usaremos es el de sobrecarga de gasto de vivienda de los hogares de Eurostat (cuando el gasto de vivienda neto de ayudas representa más del 40 % de los ingresos disponibles del hogar). Para los propietarios hipotecados, los hogares sobrecargados representan el 6,7%, un 124% del promedio de la UE; para los inquilinos alquilando a precio de mercado, el 43 % de los hogares estaban sobrecargados, un 153,6 % del promedio de la UE, el quinto país con mayor porcentaje, después de Grecia, Bulgaria, Lituania y Croacia.

Resumiendo, existe cierta correlación entre un nivel de gasto sectorial alejado por debajo del promedio y unos peores resultados en términos de resultados o impactos medibles, siendo los peores resultados en exclusión social (sobretodo familias con niños) y en acceso a la vivienda.

En sanidad y vejez (pensiones) nuestro gasto está en la media del gasto general y los resultados son relativamente buenos. Sanidad pública universal y gran mayoría de población mayor propietaria de su vivienda pueden explicar parte de estos resultados. En educación los resultados son medios, lo cual no es poco dado nuestro nivel de inversión. Desde luego que los profesionales tienen algo que ver (como en el resto de servicios) en mantener el tipo pese a las carencias de gasto.

Curiosamente, el documento no trata en especial el problema de la exclusión social y generaliza sin concretar cifras sobre el problema de vivienda, las dos áreas con peor tratamiento relativo a nivel de gasto comparado con la UE y las dos con peores resultados. Y no tiene en suficientemente en cuenta que la pobreza monetaria y su consecuencia extrema de la exclusión residencial acaban inevitablemente generando otros problemas, como los de salud o el fracaso escolar.

 

Una alternativa de gasto (más) convergente con Europa

Para plantear una alternativa he realizado una simple simulación de cómo deberían gastarse los 20.000 millones o los que se obtendrían en un proceso de convergencia de ingresos si quisiéramos acercarnos a Europa y converger en gasto medio por partidas.

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat e IGAE

La primera columna de cifras es el reparto teórico de los 156.339 millones de euros que se gastarían más si convergiéramos con Europa en renta per cápita y presión fiscal. En negativo las partidas que se reducirían. Prácticamente el 50 % del gasto debería ir a las partidas de protección social. Solo hay tres cifras negativas: intereses (por el mayor endeudamiento), supervivencia (por el tratamiento más favorable que compensa otras pensiones más bajas) y desempleo (por la tasa de paro más alta).

La segunda columna implicaría gastar el equivalente a nuestra actual renta per cápita en relación a la de la UE (el 82%) y sí convergiendo en presión fiscal. Y la tercera columna implicaría que se redistribuyeran las partidas de gastos para que todas y cada una igualaran el actual gasto relativo al promedio de la UE (el 75%).

Sin tener en cuenta las partidas en negativo (a reducir teóricamente), usaremos esta tercera columna para ver qué partidas deben crecer y qué cuota del total del crecimiento de los ingresos deberían llevarse (cuarta columna, con porcentajes). La suma de las cifras positivas es de 36.462 millones de euros.

Así, la última columna refleja el ejercicio de repartir 20.000 millones de nuevos ingresos (obtenidos en uno o varios años) respetando la cuota calculada antes. La nueva estimación nos da que las partidas de familias y exclusión social (8.765 millones) y vivienda (3.019 millones) se deberían llevar casi el 60% del nuevo gasto. Una distribución muy diferente de la que se infiere del documento. Se me hace extraño que haya desaparecido de las propuestas recuperar como mínimo el ingreso mínimo vital o una renta garantizada que proponían tanto PSOE como Podemos con diferentes intensidades, acciones básicas para reducir la pobreza en nuestro país y reducir las enormes desigualdades territoriales en el tratamiento de la exclusión.

La importancia de la vivienda

Acabaremos este ejercicio con una reflexión sobre el problema de la vivienda en el Reino de España. Con datos de la ECV 2016 (no he tenido tiempo de analizar la publicada a finales de junio del 2017) y utilizando la metodología del proyecto europeo Improve que hemos usado en Barcelona como referencia para el proyecto europeo B-Mincome que estamos ejecutando, en el Reino de España había 2,6 millones de hogares (el 14,1% del total de hogares del Reino de España) cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas excluidos los gastos de vivienda. Cubrir estas necesidades tendría un coste de unos 13.300 millones de euros anuales. Si añadimos los costes declarados por los hogares de su vivienda, el número de hogares que no cubrían el total de sus necesidades básicas se incrementaba a 4,5 millones (el 24,6% de los hogares y ligeramente superior al total de hogares bajo el umbral de riesgo de pobreza calculados según el criterio estándar de la OCDE modificado) y el coste total para cubrir estas necesidades era de 30.000 millones de euros.

La metodología Improve estima, pues, que el 56 % del problema de la pobreza en términos monetarios proviene del acceso a la vivienda y sus gastos relacionados. Para Barcelona, la submuestra de la ECV nos dice que casi el 80 % del problema de la pobreza es el coste de la vivienda.

Es por tanto absolutamente prioritario atacar el problema de la vivienda si queremos reducir el riesgo de exclusión social. Volvamos a ver algunas cifras del gasto diferencial con Europa (en este caso con los 15 países miembros anteriores a la ampliación del 2001 y para los que disponemos de la serie de datos 2001-2016):

Fuente: Elaboración propia con datos Eurostat, IGAE, GHS y Ajuntament de Barcelona

Si en el Reino de España el año 2016 se hubiera invertido en construir vivienda social (con solares cedidos por las propias administraciones públicas) la diferencia entre el gasto en vivienda per cápita con la UE15 los 8.500 millones de euros diferenciales podrían haber financiado 85.000 viviendas de 80 m2 de superficie o 106.500 de 65m2 (un promedio del 50% de 50m2 y 50% de 80m2, usando datos de costes de construcción de la asociación de gestores de vivienda social de Catalunya, GHS). Claro que con 361 millones anuales que prevé el plan estatal 2018-2021 aprobado por el PP, poco se hará, seguiremos en la media de gastar 20 veces menos.

Por ejemplo, si se hubieran repartido estas viviendas estrictamente por criterios de población, a la ciudad de Barcelona, con su grave problema de riesgo de exclusión residencial, le hubieran tocado 3.700 viviendas, lo que representa multiplicar por cuatro la generación anual de viviendas para alquiler o cesión social prevista en el plan de vivienda 2016-2025 de Barcelona, el más ambicioso de la historia. Y al conjunto de su Área Metropolitana le tocarían el doble, 7.400.

Hay que notar que el diferencial de gasto con Europa es una infraestimación del gasto total en vivienda social, ya que en diversos países con gran parque de vivienda social, como el Reino Unido, la titularidad de buena parte del parque no es del sector público sino de entidades privadas, no lucrativas en gran parte, que son las que reinvierten sus beneficios o se endeudan para seguir construyendo parque, por lo que quedan fuera de la estadística de gasto público de Eurostat (solo recoge la inversión pública directa o las ayudas que se dan a entidades terceras).

En la columna de la derecha hemos acumulado las diferencias de gasto en vivienda entre la UE15 y el Reino de España en los 15 años anteriores, y vemos que las diferencias son similares y estables en el tiempo. La acumulación de diferencias en el total de los 16 años es de 2.736 euros per cápita, lo que hubiera permitido (los costes de construcción llevan 10 años estancados) construir como mínimo un millón y medio de viviendas de 65m2, de las que 54.000 hubieran sido como mínimo para Barcelona. Esta cifra representa cinco veces todo el stock actual de vivienda de alquiler social de la ciudad y más de la mitad del objetivo del 15 % de vivienda de alquiler social que fija la ley del derecho a la vivienda de la Generalitat.

En el caso del Reino de España, en donde Housing Europe calcula que hay unas 625.000 viviendas de alquiler social, la cifra implicaría por tanto que en 16 años se hubieran construido 2,5 veces más.

Y esto lo calculo porque aunque el problema de la vivienda se ha convertido en el primer problema para la cohesión social en las grandes ciudades del país, no es un problema irresoluble: solo hace falta una clara priorización de las políticas públicas y una constancia en mantenerlas durante un período razonable de tiempo.

Si queremos incrementar y reorientar el gasto social, las primeras prioridades deberían ser eliminar la pobreza (solucionable de la manera más eficaz y eficiente mediante una renta básica universal y subvenciones específicas a la vivienda a los que están hipotecados o son inquilinos, o en second best mediante una combinación de rentas mínimas generalizadas y también ayudas a la vivienda) y crear un verdadero parque de vivienda social (primera causa de exclusión si no se puede acceder a ella).

El documento, que hace hincapié en las necesidades de las administraciones locales, donde radica la mayor parte del poder político real de Podemos y sus confluencias, haría bien en escuchar también de ellas estas prioridades.



[1] Una excelente explicación de estos modelos se encuentra en este libro de Camós et al. (2017) https://laborum.es/catalogo/la-reforma-de-los-sistemas-de-pensiones-en-e...

 

es economista. Director de servicios de planificación e innovación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universitat Pompeu Fabra. Es miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación REVO prosperidad sostenible. Su último libro es, en colaboración con Jordi Arcarons y Daniel Raventós, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).
Fuente:
www.sinpermiso.info, 2-9-18