Las limitaciones del acuerdo entre patronal y sindicatos

Miguel Salas

01/07/2018

Después de largas negociaciones, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT han firmado el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que establece una serie de propuestas para la negociación de los convenios colectivos y otras dirigidas al gobierno para modificar algunos aspectos de la legislación laboral.


El acuerdo para los años 2018-2020 propone aumentos salariales “en torno” al 2% y un 1% más ligado a mejoras en la productividad, absentismo y beneficios empresariales. Las partes firmantes declaran que “instamos a establecer un salario mínimo de 14.000 euros anuales”. Entre las propuestas al gobierno está el mantenimiento de la ultraactividad de los convenios mientras se esté negociando (la reforma laboral del PP establece que solo puede ser de un año) modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales en las empresas que externalizan la producción y otras medidas que tienen que ver con las Mutuas, la formación y la búsqueda de alternativas a los despidos cuando una empresa está en crisis.


Durante estos años, el plan de guerra de los capitalistas y los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, fue enfrentar la crisis mediante una reducción generalizada de los costes salariales para recuperar los beneficios empresariales. La reforma laboral, las reducciones salariales, la precarización del empleo, etc. fueron medidas destinadas a lograr ese objetivo. La resistencia expresada en muchísimas luchas y especialmente en las huelgas generales de 2011 y 2012 no fueron suficientes y ese plan de guerra acabó imponiéndose. La desigualdad se fue imponiendo y es una de las características de la situación actual. Diferentes estudios calculan que entre 2008 y 2017 el conjunto de los salarios se redujeron alrededor de un 10%, que llegaría al 14% si se relaciona con la evolución de la jornada (jornadas más largas por el mismo salario y contratos más precarios) y que superaría el 23% de reducción en los salarios más bajos que, normalmente, son los más desprotegidos y desorganizados, y aún con mayor incidencia en lo que respecta al salario de las mujeres. El peso de los salarios en el Producto Interior Bruto (PIB) era del 48,3%, en el 2017 aún había bajado más, hasta el 47,3%.


Las cifras pueden parecer frías, pero tienen nombre y apellido de las personas trabajadoras y familias que se ven afectadas por la sobreexplotación y la precariedad de los que, incluso teniendo un empleo, no pueden salir de la pobreza, o de los jóvenes sin futuro. Atrás quedaron las falsas frases de que cuando mejorara la situación económica repercutiría favorablemente para todos. La avaricia capitalista no tiene límites. La economía crece, los dividendos a los accionistas se incrementan en 17.000 millones y los beneficios en 36.000 millones, el 80% de las pymes están en beneficios… pero hay que seguir controlando los salarios y las pensiones y precarizando el empleo.


España es el país europeo en el que existe una mayor diferencia entre salarios y productividad. Según datos de la OCDE en España el empresario tiene un margen de 19 euros entre lo que paga y se produce. La media de la zona euro es de 14,7 euros, en Alemania es de 16,7 euros, en Francia, de 14,3, en Italia de 11,9 y de 14,9 en el Reino Unido. Esa diferencia de 4,3 euros con la media europea es un indicativo para explicar el aumento de la productividad de la economía española, basado en la sobreexplotación y los bajos salarios, no en la mejora técnica ni organizativa, y, sobre todo, de los beneficios empresariales.

El acuerdo entre la patronal y los sindicatos CCOO y UGT se presenta como un esfuerzo para paliar esa situación, pero parece que se ha quedado corto. Como ocurrió en anteriores acuerdos, una cosa es la propuesta sindical y otra lo que se firma. Del 3% que proponían los sindicatos nos hemos quedado con un aumento “en torno” al 2%. Incluso está por ver si ese 2% significará realmente una recuperación salarial. Las previsiones del gobierno del PP eran de una inflación de 1,4% para 2018 y de 1,6% para 2019, pero a mayo de este año el aumento del coste de la vida interanual llega ya al 2,1%. La tendencia inflacionista puede echar abajo los mejores deseos.


Aceptar que un aumento salarial del 1% esté ligado a mejoras de productividad, absentismo o beneficios empresariales, es entrar en un terreno más que peligroso. Muy a menudo, los empresarios entienden la productividad como una mayor carga de trabajo o un aumento de los ritmos de trabajo, o suelen relacionar la lucha contra el absentismo con trabajar, aunque se esté enfermo y olvidarse de la salud laboral.


Sin duda que es muy positivo el objetivo de llegar en el 2020 a que todos los convenios colectivos alcancen, como mínimo, un salario de 14.000 euros anuales, en lo inmediato podría afectar a más de 2.000.000 de trabajadoras y trabajadores, y más aún si este aumento se incorporara al salario mínimo interprofesional ya que superaría el aumento previsto de 850 euros mensuales para 2020.


Para el objetivo de recuperar realmente el poder adquisitivo perdido, el acuerdo parece quedarse corto, no solo porque la inflación pueda comerse los aumentos salariales sino también porque dichos aumentos están por debajo del crecimiento de los beneficios empresariales y de la economía española. No parece que, en la actual coyuntura económica, las patronales hayan hecho muchos esfuerzos. Además, hay que tener muy en cuenta que el acuerdo no significa su incorporación automática a los convenios colectivos, sino que son solo orientaciones que deben incorporarse en las negociaciones y que las experiencias de anteriores acuerdos no han sido muy positivas. Ver un análisis sobre el balance del acuerdo de 2013-2015.

A la ofensiva


En los últimos meses, los sindicatos mayoritarios estaban insistiendo en la necesidad de pasar a la ofensiva en la movilización para recuperar salarios y derechos. En Sin Permiso nos hemos ocupado de analizarlo y animarlo y ahora este acuerdo no puede echar para atrás la necesaria movilización para aplicar el acuerdo e ir más allá.


Porque las negociaciones y los acuerdos son necesarios, pero es evidente que, sin presión, sin acciones en la calle y en las empresas poco se podrá avanzar. Sólo si hay conflicto social habrá reparto y se podrá revertir la desigualdad y cambiar las leyes tan lesivas contra la democracia en el ámbito del derecho laboral. Si el acuerdo se interpreta con una actitud pasiva en los convenios colectivos es más que probable que de poco de sí; si, por el contrario, a pesar de las limitaciones que señalamos, se utiliza como una palanca para organizar y movilizar en sectores y empresas se podrán arrancar reivindicaciones a las patronales. Poner en práctica los anuncios de ofensiva de los dirigentes sindicales sería la mejor táctica.


El cambio de gobierno es también una oportunidad para exigir la modificación de las leyes antiobreras y antisindicales que impuso el PP. El movimiento sindical tiene que tener en cuenta las mayorías o minorías parlamentarias, pero no debe supeditarse a ellas. El movimiento sindical tiene sus propios objetivos y debe movilizarse por ellos también frente al nuevo gobierno. La derogación de la reforma laboral que impuso el PP, las modificaciones legales necesarias para combatir la precariedad y el abuso en la contratación, los cambios legislativos necesarios para la igualdad real de la mujer, etc. necesitan de la movilización y de la búsqueda de las alianzas necesarias con los movimientos sociales y políticos que empiecen a dar un giro a las políticas antisociales que impuso el PP durante los últimos años.

Sindicalista, es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 1-7-18