La rectificación del ministro, la “nación política” y la Constitución patriótica

Daniel Escribano

30/09/2018

I

 

No habían pasado 48 horas desde la emisión de la entrevista concedida por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a la BBC (11 de septiembre), en que calificaba a Cataluña como “una nación”, cuando el propio ministro sintió la necesidad de enmendar sus palabras ante un medio español (Onda Cero). Así, según el ministro, “Cataluña es la nación sociológica, la nación cultural, la nación que tiene un sentimiento de identidad colectiva, pero no es la nación política, que es la base de un estado”. El ministro no definía en qué consiste ese concepto de “nación política”, más allá de identificarla con “la base de un estado” y mucho nos tememos que lo empleaba como una mera designación correferente de 'estado', con lo que nos encontraríamos con un diálogo absurdo, en que el entrevistador pregunta si A es nación o región y el entrevistado contesta que A no es estado. En cualquier caso, es inducible que, en la afirmación del ministro, subyace un dualismo por el que si la “nación política” es el sujeto soberano, la “nación cultural” se definiría por una serie de singularidades (lingüísticas, literarias, deportivas, gastronómicas, paisajísticas, etc.), que serían siempre hechos prepolíticos y, sobre todo, no habilitarían la constitución de un sujeto de soberanía. Este dualismo se halla recogido en la dogmática del artículo segundo de la Constitución española de 1978, si bien no con estos términos, sino con la dicotomía nación (= “nación política”) - nacionalidades (= “naciones culturales”)(1), y está en la base de la supresión por las Cortes españolas del artículo primero del Proyecto de Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, cuyo texto afirmaba que “Catalunya és una nació”. En este último proceso, como resume el filósofo del derecho Xacobe Bastida, “[e]l PP se oponía a la consideración nacional de Cataluña porque nación, lo que se dice nación —ya lo señala el artículo 2 [de la Constitución]—, sólo hay una y es España”. “Ello no significa, se adujo, que Cataluña no tenga una marcada especificidad: la tiene, pero queda recogida y agotada en su consideración autonómica como nacionalidad. España es una nación de nacionalidades. Hablar de Cataluña como nación es confundir las cosas. La réplica del PSOE, sobrada de talante y ausente de talento, consistió en la contemporización: Cataluña —adujeron— es una nación... ¡cultural!, que se integra en la nación política que es España”.(2)

Como apunta el propio Bastida, se trata de un dualismo informativamente vacío, por cuanto “es absurdo catalogar hoy una nación como nación cultural si carece de Estado y aspira a conseguirlo, o como nación política si parte de un Estado ya constituido”. “Esto no categoriza ni describe ningún proceso; a lo sumo reitera, con un sinónimo, la realidad. […] Con esto[,] no se diferencian dos tipos de nación: simplemente se dice que existen Estados con territorio y territorios que carecen de un Estado (de un Estado deseado).”(3) Y es que, si tiene algún sentido establecer una distinción entre “naciones culturales” y “naciones políticas” es, como afirma este autor, para designar “momentos de un proceso de formación nacional, [...] toda vez que la nación cultural —la nación sin Estado— es, siempre, un embrión de nación política.”(4) Y es que toda nación es al tiempo cultural y política, ya porque basa el proyecto político en una identidad cultural previa, ya porque la construye ex post desde el propio poder político. Por el contrario, lo que subyace bajo la pseudoargumentación tautológica del ministro es una falacia naturalista (“A no puede ser estado ('nación política') porque no lo es”), que supone el vaciamiento del derecho, agotándolo en la mera facticidad.

 

II

 

Existe una segunda dimensión en el dualismo entre “nación política” y “nación cultural”, que no tendría que ver con lo que la nación es, sino con el tipo de discurso que la fundamenta. En la exégesis de Bastida, “[l]a nación política parte siempre un Estado ya constituido y su actuación ex post sobre ese Estado tiene una condición legitimadora del mismo, sirviendo de expediente colectivo de referencia y homogeneización a una institución que carece de los antiguos vínculos de solidaridad personal”. El fundamento de este tipo de nación sería “la voluntad individual ciudadana sintetizada en la figura del contrato social” y Bastida denomina paradigma subjetivo a la construcción nacional basada en este criterio. En el otro polo serían los propios “datos culturales que contribuyen a crear los vínculos comunitarios del pueblo” el fundamento de la nación y prevalecerían sobre el “criterio de adscripción voluntaria”, de modo que “el concepto de ciudadano pasa a ser sustituido por el de comunidad popular o cultural”. El discurso nacionalista así articulado constituiría, en la denominación de Bastida, el “paradigma objetivo de la construcción nacional”.(5) En realidad, se trata de una dicotomía igualmente huera, ya que, como apunta el filósofo Ulises Moulines, “todo nacionalismo es a la vez político y étnico”. “Es político por cuanto consiste en un programa de acción política; y es étnico porque se basa justamente en una nación, que es una forma especial de etnia.”(6) Sin embargo, más allá de la falsedad de esta nueva dicotomía, cabe interpretar que el ministro pretendía con ella presentar al Estado español (la “nación política”) como una entidad política basada en la voluntad ciudadana —y a la ideología que lo legitima, como un nacionalismo democrático— y a Cataluña, como una comunidad meramente cultural cuyo proyecto de nación política se basa en la anulación de los individuos por parte de los hechos objetivos definitorios de la colectividad. Estirando del hilo de la “nación política” podríamos llegar incluso al concepto habermasiano de patriotismo constitucional, consistente en la adhesión a un sistema político caracterizado por una constitución democrática, exento de apelaciones a la cultura nacional y que daría lugar a una identidad “posnacional”.(7)

En España, como en Alemania, la experiencia de un pasado fascista que apelaba a la cultura y la historia nacionales como fuentes legitimatorias podría hacer verosímil la idea de fundar la nacionalidad no en las fuentes tradicionales de identidad nacional, sino en los valores democráticos proclamados por la Constitución de cualquier estado democrático. No obstante, en España existen unos conflictos internos que apenas se dan en la República Federal de Alemania: los conflictos nacionales y la definición del sujeto de soberanía.(8) En este contexto, el recurso a cualquier forma de “patriotismo constitucional” que no sirva para resolverlos es una estrategia tan absurda como pretender realizar una demostración dando por supuesto aquello que se debe demostrar. Por ello, vale la pena examinar la Constitución española vigente desde el punto de vista del tipo de nación que sanciona.

 

III

 

Si España fuera una nación fundamentada desde criterios estrictamente políticos, su estatuto ontológico se definiría por la voluntad de los individuos y/o comunidades que la forman, y no desde criterios pretendidamente objetivables ajenos a ésta. No obstante, si releemos el artículo segundo de la Constitución, nos encontramos con que “[l]a Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. La cursiva es nuestra. En primer lugar, según ha informado uno de los ponentes del dictamen, Jordi Solé Tura (PCE-PSUC), el texto de este artículo no fue elaborado por la ponencia designada por las Cortes, sino por un poder fáctico especialmente interesado en la cuestión, que lo remitió a la ponencia a través del gobierno.(9) El diputado del grupo Socialistes de Catalunya Joan Reventós denunció en la Comisión de Asuntos Constitucionales el tipo de nación que implicaba este redactado: “¿Cómo iba la Constitución a fundamentarse en algo si es ella misma el fundamento jurídico del Estado? Lo que ocurre es que tal afirmación se refiere a una realidad social y política previa, algo que Cánovas no hubiera vacilado en considerar como Constitución interna de España, algo que es la base del nacionalismo metafísico.” Por el contrario, Reventós proponía eliminar el pronombre reflexivo se, estableciendo “que la Constitución fundamenta, ella, la unidad de España y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”, lo que “quiere decir que efectivamente es la Constitución la que decide democráticamente cómo va a ser la futura, la nueva unidad de España”. De modo que “[l]a soberanía popular proclamada no puede permitir que la Constitución se fundamente en la actual unidad de España, pues ésta es fruto de un unitarismo centralista de la Administración y no un pacto patriótico entre españoles partidarios de crear una nueva unidad a partir de las diversas nacionalidades y regiones”. Así, “es justamente la Constitución ese pacto entre todas ellas; sólo la Constitución puede ser la garantía de la solidaridad entre unas y otras y es ella la que fundamenta la futura unidad, porque ella es la base jurídica del Estado, el fruto de la soberanía popular”.(10) A ello, el ponente ucedista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en defensa del texto extraparlamentario, repuso que “la nación está por encima y antes de la Constitución”.(11) Por su parte, el diputado de Alianza Popular y ministro de Presidencia del último gobierno de Franco, Antonio Carro, expuso la misma línea argumental, que considera a la historia como fuente de legitimidad: “¿Cómo vamos, señores Diputados, a pensar que estos cinco siglos de vida en común en la gloria y en las derrotas, en los aciertos y en los errores, en los sentimientos y en los intereses, cómo vamos a pensar que estos cinco siglos puedan ser olvidados de la noche a la mañana? ¿Qué legitimidad tenemos nosotros en este momento histórico para derrochar este legado de tantas generaciones de españoles?”(12)

La fundamentación de la unidad de España en clave historicista, lo mismo que a partir de cualquier otro criterio independiente de la mera voluntad ciudadana, es propia del paradigma “objetivo” de la construcción nacional propia de las “naciones culturales” y, si nos hemos de tomar en serio el dualismo entre naciones “políticas” y “culturales” en cuanto a su fundamentación doctrinal, implica la reducción de la propia nación española a una nación cultural, si bien elevada a la categoría de sujeto de soberanía. Tal y como apunta Bastida, el fundamento normativo de este nacionalismo historicista se compadece con el V principio del Movimiento Nacional, a cuyo tenor la nación española se compone de “las generaciones pasadas, presentes y futuras”, de las que los españoles vivos son tan sólo una “fracción infinitesimal”.(13) 

Además de la proscripción del derecho de autodeterminación contenida en el artículo segundo, si analizamos otros preceptos de la Constitución relacionados con la cuestión nacional, encontramos una clara relación de subordinación de las comunidades autónomas a la Administración general del Estado, patente en el propio hecho de que los estatutos de autonomía tengan que ser aprobados por las Cortes españolas (art. 144), en la potestad irrestricta del poder central para dictar legislación básica sobre todas las materias, incluyendo las que, supuestamente, son competencia de las administraciones autonómicas (art. 150.3), en la suspensión automática de las normas aprobadas por ellas, en caso de interposición de recurso de inconstitucionalidad por el gobierno español (art. 161.2), o en la facultad de éste, previa aprobación del Senado, para dictar medidas impositivas sobre las autoridades de las comunidades autónomas (art. 155). En este aspecto, aunque el texto del artículo 155 de la Constitución española es casi idéntico al 37 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, su contexto de aplicación es enormemente mayor, por cuanto en ésta se limita a las materias competencia de la Administración federal (art. 73) o concurrentes entre ésta y los estados federados (art. 74), mientras que en la Constitución española no existe límite material a la competencia de la Administración central. Sobre el nivel real de descentralización política del régimen de la monarquía reinstaurada, es elocuente el que el artículo más extenso de la Constitución actual sea el que establece las materias de “competencia exclusiva” de la Administración central (art. 149.1, que consta de un total de treinta subapartados), o que el propio texto constitucional se refiera a ella como “el Estado”, soslayando que éste se compone tanto de la Administración central como de las autonómicas y locales.

En el ámbito lingüístico, la Constitución mantiene la imposición de la oficialidad del castellano en todo el territorio español y restringe la del resto de idiomas peninsulares a su dominio territorial (art. 3.1), sin reconocer el derecho de cada comunidad lingüística a fijar libremente su régimen de oficialidad lingüística (por no hablar del boicot del gobierno español, recursos de inconstitucionalidad mediante, a las leyes lingüísticas aprobadas por los parlamentos de Galicia, Cataluña, Comunidad Autónoma Vasca e illes Balears). Significativamente, el precepto que declara la supuesta igualdad de los españoles ante la ley (art. 14), omite la lengua como motivo inválido para justificar una desigualdad de trato, en contradicción flagrante con la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 14) (omisión que repite el artículo 510 del Código Penal español al definir los denominados delitos de odio).

El historicismo del nacionalismo recogido en la Constitución española actual también se aprecia de manera palmaria en la reinstauración de la monarquía, cuya fuente de legitimidad es únicamente de carácter histórico y, en el caso español, reviste el agravante de tener su origen en la imposición del régimen franquista (Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, y Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee en lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado), tras el golpe de estado monárquico-fascista contra la República. En coherencia con la fuente legitimatoria de la institución, su reinstauración fue sustraída a la deliberación pública que, en el marco del patriotismo constitucional habermasiano (autodefinido filosóficamente como republicano), debe presidir la toma de decisiones políticas. La reinstauración de la monarquía en España fue una conditio sine qua non para la implantación de la democracia parlamentaria, para lo que se introdujo en la Ley para la Reforma Política (art. 1.2), se prohibió toda propaganda política que la cuestionara durante las primeras elecciones a Cortes (Real Decreto Ley 24/1977, de 1 de abril, “sobre libertad de expresión”, art. 3) y se excluyó del debate constituyente. Otro elemento heredado del régimen franquista y, en realidad, una constante del Estado español sólo interrumpida durante la Segunda República, son los privilegios concedidos por la Administración a la Iglesia católica. Así, la Constitución de 1978, aun declarando que “[n]inguna confesión tendrá carácter estatal”, a continuación dispone que los poderes públicos “tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación” con ésta (art. 16.3), en contraste con la inequívoca declaración de la Constitución de 1931 conforme a la cual “[e]l Estado español no tiene religión oficial” (art. 3), sin matices de ningún tipo.

De modo que, lejos de sentar las bases para una identidad “posnacional” democrática, que superara las rémoras autoritarias, filocatólicas e incluso fascistas que ha arrastrado históricamente el Estado español, la Constitución de 1978 asume los principios básicos del nacionalismo “cultural” español: unidad territorial como elemento previo a la Constitución e independiente de la voluntad ciudadana, supremacía de la lengua castellana y de los órganos centrales del poder público sobre los autonómicos y una concepción meramente delegada de la autonomía, al tiempo que ni siquiera recoge elementos fundamentales para el principio de igualdad ciudadana y la racionalidad epistémica inherentes al patriotismo constitucional habermasiano como república y laicismo. Por ello, en lugar de “patriotismo constitucional”, lo que encontramos en la Constitución española de 1978 es, simplemente, una Constitución patriótica.

 

Notas

(1) “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” La cursiva es nuestra. La despolitización de la nación cultural (las “nacionalidades”) es perceptible en su ubicación en el otro polo de la dicotomía y, a fortiori, en su equiparación práctica con las “regiones”. Muestra de la envergadura de la rectificación del ministro la encontramos en que, en la entrevista concedida a la BBC, la dicotomía planteada por el periodista era “región o nación”.

(2) Xacobe Bastida, “La senda constitucional. La nación española y la Constitución”, en Carlos Taibo (dir.), Nacionalismo español. Esencias, memoria e instituciones, Madrid: Los Libros de la Catarata, 2007, p. 130.

(3) Ibidem, p. 128.

(4) Ibidem, p. 127.

(5) Xacobe Bastida, “La búsqueda del Grial. La teoría de la Nación en Ortega”, Revista de Estudios Políticos, 96, abril-junio de 1997, p. 44.

(6) C. Ulises Moulines, “Crispaciones hispánicas (reflexiones en torno a la terapia antinacionalista de Aurelio Arteta)”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, 28, 2003, p. 181.

(7) Jürgen Habermas, Identidades nacionales y postnacionales, Madrid: Tecnos, 1998, pp. 94-95.

(8) Por otra parte, resulta altamente significativo que un país donde apenas existen conflictos nacionales tenga un nivel de descentralización política incomparablemente mayor que un estado fuertemente plurinacional como España. Lo acaba de descubrir la pléyade de políticos y periodistas que, tras años de vociferar que “España es el país más descentralizado de Europa”, ahora se escandaliza de que el Tribunal Superior de justicia de un estado federado (“un tribunal regional”) tenga competencia en materia de extradiciones.

(9) Probablemente, la cúpula del Ejército. Véase X. Bastida, “La senda constitucional”, pp. 121-22.

(10) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas (DSCD, CAC), 66, 12-05-1978, p. 2299.

(11) DSCD, CAC, 66, 12-05-1978, p. 2307. (12) DSCD, CAC, 66, 12-05-1978, p. 2279. (13) Xacobe Bastida, La nación española y el nacionalismo constitucional, Barcelona: Ariel, 1998, p. 182.

 

es traductor y autor del libro "El conflicte lingüístic a les illes Balears durant la Segona República (1931-1936)" (Lleonard Muntaner Editor, 2017). Ha editado y traducido la obra "Pomes perdudes. Antologia de la narrativa basca moderna" (Tigre de Paper, 2014) y, junto con Àngel Ferrero, la antología de James Connolly "La causa obrera es la causa de Irlanda. La causa de Irlanda es la causa obrera. Textos sobre socialismo y liberación nacional" (Txalaparta, 2014).
Fuente:
www.sinpermiso.info, 30-9-18