Honduras: continua la resistencia al fraude electoral

La ingeniería del estado de sitio. Entrevista

Darío Euraque

Darío Euraque es uno de los historiadores hondureños más reconocidos internacionalmente por su trayectoria y producción académica. Entre otros méritos, ha matizado exitosamente la noción de “república bananera”, idea peyorativa con la que históricamente se asocia a los países centroamericanos y que precisamente se inició y ambientó en Honduras a partir de la novela de Williams S Porter (1862-1910). Además de sus obras históricas, Euraque es autor de un libro testimonial sobre el golpe de Estado de 2009, episodio que vivió en carne propia mientras colaboraba con el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Desde entonces, despojado de su cargo al frente de la gestión del patrimonio cultural del país, regresó al Trinity College, en Estados Unidos, donde estudió y es profesor titular desde hace más de dos décadas. Roberto García conversó con él para Brecha acerca de la débil institucionalidad en Honduras y la influencia de Estados Unidos en su país, pero también sobre los desafíos novedosos que enfrenta una nueva generación de jóvenes que ha comenzado a participar y defender con fuerza sus derechos.

—¿Qué hay de novedoso, y también de continuidad, en lo que acontece actualmente en Honduras?

—Hay ciertos fenómenos que sí son novedosos, otros que no, y que si no se comprenden ambos, uno puede menospreciar, reduciendo lo que está sucediendo a la caricaturización de lo que es un país pobre, o “república bananera”. Lo más novedoso es lo siguiente: por primera vez en la historia del sistema político hondureño, desde la independencia hasta ahora, un gobierno que se quiere reelegir –algo nada nuevo para el país– se enfrenta en una elección general a una coalición de partidos integrados en una alianza electoral. Aunque parezca normal en otros sitios, es totalmente nuevo para Honduras, nunca se había hecho eso. La Alianza de Oposición Contra la Dictadura –así se llama– la conforman tres partidos, todos nuevos, generados a raíz de la resistencia contra el golpe de Estado de 2009. Esto también aporta otra novedad, porque no sólo es que están en “alianza” sino que los partidos más antiguos, el Partido Libertad y Refundación (Libre), del ex presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales, y el Partido Innovación y Unidad (Pinu), socialdemócrata, fundado a comienzos de los setenta, le ceden la candidatura presidencial a Salvador Nasralla, un personaje que en 2011 había fundado el Partido Anticorrupción (Pac). Hasta su título es interesantísimo en un contexto como el de Honduras. Nasralla es un hombre que no tiene vínculos políticos con los partidos antes de 2011 y que es de ascendencia árabe-libanesa. Esto es relevante, dado que en Honduras, aun después del golpe de Estado –no es menor señalarlo–, existió, incluso desde la izquierda, una etnofobia contra la presencia de la “hondureñidad palestina”, en parte porque el gran capital hondureño ha estado en manos de muchas familias de ascendencia árabe-palestina, y en parte porque muchos de ellos, no sólo de familias importantes sino los dueños del gran capital –sobre todo financiero, comercial– y de los principales periódicos de Honduras, radioemisoras y canales de televisión, apoyaron el golpe de Estado de 2009. En ese marco tener a Nasralla como el candidato de esta coyuntura, con ese perfil, es totalmente nuevo en la historia política del país. A ello debe agregarse que, aun si presumimos que no existió fraude –aunque yo creo que existió–, el hecho de que una alianza de estas características, con este candidato, pierda –aunque eso está por verse todavía– con una diferencia de uno o dos puntos es inédito, no sólo en la historia de Honduras, sino de toda Centroamérica.

—Más aún si tenemos en cuenta la débil institucionalidad histórica de los países centroamericanos, y más incluso en el caso de Honduras. 

—Hay un hecho que no se conoce fuera pero es importante: Honduras ha tenido 15 constituciones desde la independencia, con todo, ésta bajo la cual se organizaron las elecciones y que fue violentada con el golpe de Estado de 2009 es una de las que han durado más tiempo. Se remite al año 1981, cuando Honduras y otros países de Centroamérica intentaron transitar a la democracia como forma de dejar atrás las guerras civiles. Hasta entonces Honduras, al igual que los países de la región, salvo Costa Rica, había estado bajo regímenes militares que gobernaban dictatorialmente, más allá de que existía otro texto constitucional de 1965 pero al que nadie le prestaba atención. Por lo afirmado, debe tenerse presente que el país ha tenido en promedio una Constitución cada diez o quince años, lo cual tiene una indudable repercusión en todo el sistema político.

Ahora bien, soslayando los períodos dictatoriales, en los pocos momentos en que ha habido gobiernos civiles, esos mismos gobernantes, para mantenerse en el poder y continuar y neutralizar resistencias, han recurrido al fenómeno que está viviendo Honduras actualmente, y que es un estado de sitio. A este respecto es importante mencionar el trabajo de un colega estadounidense, Kevin Coleman, quien fue el primero en generar un registro sistemático del número de veces y la cantidad de tiempo en que, desde fines del siglo XIX hasta los sesenta del siglo XX, Honduras vivió en estados de excepción durante los cuales la población perdía sus libertades de asociación, reunión o expresión. Obviamente que cuando hay una dictadura se pierde eso, pero lo que no se sabe es que los mismos gobiernos civiles y democráticos han recurrido a este recurso: el hecho de que el presidente Juan Orlando Hernández recurra en Consejo de Ministros al estado de sitio ha sido como sacarse una pluma del bolsillo. Es parte de la ingeniería antidemocrática que usan todos los partidos.

Incluso iría más lejos, eso permea muchos impulsos antidemocráticos y autoritarios de la población hondureña en general, y lleva a que la forma de resolver los problemas sea –a sabiendas de la historia de golpes y estados de excepción– recurriendo a la violencia.

—Por lo que explicas, parece que entonces la Alianza es temporal.

—No. A pesar de esta tradición antidemocrática que de alguna manera acabo de caracterizar, hay una serie de factores que incidieron no sólo en que surgiera un Libre, una figura como Nasralla, sino un Frente de Resistencia Nacional Popular, que si bien ha sido golpeado con asesinatos y más, es posible que todo esto sea quizás una transición a una cultura política mucho más madura. Y allí hay factores clave que pueden explicar esto. Uno es que la población hondureña en general –y la población electoral– es bien joven, y en torno a ella surge el carácter no alienado de su comportamiento electoral con los partidos históricos, sea con los liberales como con el Partido Libre. Entonces tenemos un fenómeno extraordinariamente novedoso y a mi juicio bienvenido: la destrucción del Partido Liberal, un partido que definitivamente perdió la visión social que tuvo en los cincuenta y los sesenta, y que más recientemente apoyó el golpe de Estado, ahora cosecha una adhesión de 15 por ciento. Eso quiere decir que las nuevas generaciones de votantes no cayeron en el tradicionalismo.

—¿Cuánto incidió entonces una figura como la de Nasralla, en su rol de comunicador, relator y presentador de televisión, para cosechar el apoyo de esa nueva generación juvenil de votantes?

—A mi juicio debe añadirse otro elemento que es más estructural que Nasralla y que pasa por el acceso a los medios de comunicación y a una cultura de las redes sociales que no existía tan masivamente en 2009. Desde esa fecha hasta ahora se ha desarrollado toda una cultura de redes sociales que los partidos ya no controlan y que sí la maneja esa juventud, que se articula incluso a nivel internacional. He aquí entonces el vínculo entre ese fenómeno y Salvador Nasralla. Él es ingeniero, estudió en Chile también, pero políticamente no construyó nada en Honduras hasta muy recientemente, y de hecho es conocido en el país por dos papeles muy populares que desempeñó. Uno tiene que ver con ser narrador de fútbol, por radio y televisión. Además cultivó su imagen: es un hombre alto, blanco, lo que en Honduras es una excepción al fenotipo y llama la atención. Es un gran amante del deporte, sobre todo del fútbol, gran defensor de la camiseta hondureña, y tiene una forma particular de narrar o relatar –como dicen en Uruguay– los goles. Entonces miras en sus discursos y parece que nunca se le olvida que ya no está narrando partidos sino que está brindando discursos políticos.

Para finalizar, en torno a su papel mediático, él fundó y conduce un programa de televisión de sorteos que se llama X0 da dinero, muy popular, que se emite en vivo y se ve no sólo en la capital, y que tiene como quince años.

—Resulta inevitable consultarte acerca de Estados Unidos, que ha permanecido extremadamente silencioso en una región donde históricamente su poder se ha impuesto decisivamente.

—Cuando digo Estados Unidos me refiero fundamentalmente a la embajada. No dudo de que tras las sombras está buscando formas de proteger sus intereses. Pero se da una coyuntura muy especial y creo que es importante no reducirla a superficialidades. Lo primero es la Alianza, algo a lo que nunca se ha enfrentado un gobierno estadounidense en Honduras. Están acostumbrados a los viejos políticos tradicionales, y Salvador Nasralla no lo es. Por otro lado está también el grave problema del narcotráfico. En los últimos cuatro años se han extraditado 16 capos a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que desaparecieron las estructuras. Entonces eso es parte de la preocupación, porque en esta coyuntura no desean otro vacío de poder como el acontecido en los meses siguientes al golpe de 2009, cuando los cárteles de México y Colombia prácticamente contribuyeron a la elección de Juan Orlando Hernández en 2013. Y es importante recordar que el hijo del ex presidente Porfirio Lobo –del Partido Nacional, que asumió tras el golpe de Estado–, Fabio Lobo, está preso en Estados Unidos por narcotráfico, condenado a 24 años. No sólo eso: el hermano de Juan Orlando Hernández que es diputado del Partido Nacional ha sido sindicado por uno de los cárteles, el de Los Cachiros, como uno de los puentes del financiamiento que otorgó el narcotráfico a la campaña de Hernández en 2013. Entonces a los estadounidenses les preocupa también que si apoyan a Juan Orlando Hernández –por no querer a la Alianza donde está Zelaya, y que no pueden controlar– apoyan al narcotráfico.

En suma, lo anterior debe contextualizarse y analizarse a la luz de lo que es la política interna de Estados Unidos. Recuérdese la investigación en marcha en torno a las relaciones entre el círculo más inmediato del presidente Trump –y quizás él mismo– con los rusos en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Por otra parte, debe recordarse que el Departamento de Estado no es bien visto por este presidente, todo lo cual parece explicar también ese silencio. En otros tiempos hubiera habido pronunciamientos mucho más fuertes. Trump ni siquiera ha nombrado un embajador en Honduras. Ese es un contexto de sospecha que no debe menospreciarse.

Crisis poselectoral, democracia rematada 

Carlos Fazio

Las irregularidades en las elecciones hondureñas del 27 de noviembre desataron masivas movilizaciones que se saldaron con muertos, heridos y cientos de detenidos. Sectores de la policía se negaron a seguir reprimiendo a un pueblo que hace tan sólo ocho años soportó un golpe de Estado y que ahora, cacerolas en mano, acusa al gobierno de fraude electoral, un gobierno asociado al crimen organizado.

En medio de un clima de gran inestabilidad político-social, avivado por multitudinarias marchas de desobediencia civil poselectoral que han desafiado el estado de excepción impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández, la situación en Honduras permanece incierta luego de que el martes 5 el Tribunal Supremo Electoral (Tse) ratificara la ventaja del actual gobernante sobre el candidato opositor centrista, Salvador Nasralla Salum.

Al finalizar el escrutinio, el Tse que preside David Matamoros, militante del progubernamental Partido Nacional (ultraderecha), informó que Hernández tenía una ventaja sobre Nasralla –un conocido conductor de televisión y ex gerente de la Pepsi Cola de origen libanés que incursionó en la política en 2013 y fue postulado a la presidencia en los comicios del 26 de noviembre por un frente electoral bautizado Alianza de Oposición contra la Dictadura– de casi 52.500 votos (1,6 por ciento), en unos comicios donde supuestamente sufragaron poco más de 3 millones de personas, alrededor de la mitad del padrón electoral.

Doce días después de las elecciones el Tse aún no había declarado un ganador, mientras Nasralla y el coordinador de la alianza opositora, Manuel Zelaya, el ex presidente de la república depuesto por un golpe de Estado en 2009, seguían exigiendo que se contara la totalidad de las actas electorales, incluyendo el cotejo de firmas de cuadernillos y recuento de votos, o que se convoque a una segunda vuelta, tras detectar la “contaminación” de los servidores, las bases de datos, las trasmisiones y los registros del sistema de cómputo.

El miércoles 6 el jefe del Ejecutivo, a quien se acusa de fraguar un “golpe electoral” en complicidad con el Tse, manifestó estar dispuesto a que se haga una revisión total del proceso comicial.

La sospecha

En un principio, la principal demanda de Nasralla y sus seguidores –apoyada por Luis Zelaya Medrano, del conservador Partido Liberal, tercero en los comicios con 13 por ciento de los sufragios– era que se volvieran a contar alrededor de 5.200 actas que no entraron al sistema del centro de cómputos del Tse desde las mesas de escrutinio, sino –según las denuncias de la coalición opositora– desde las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde están almacenadas las urnas.

La sospecha de que se ha consumado un fraude electoral se basa en que luego de que el Tse había procesado el 57 por ciento de los votos a nivel nacional y Nasralla aventajaba al reeleccionista Hernández por cinco puntos porcentuales se produjo un apagón que ocasionó la “caída del sistema” de cómputo. En ese momento las tendencias favorecían claramente a Nasralla, cuya victoria fue reconocida incluso por el contrincante conservador Luis Zelaya.

Entre los sucesivos desperfectos y apagones, el sistema estuvo prácticamente inactivo por un espacio de 72 horas. Tras reanudarse el conteo, la tendencia cambió de manera radical y Hernández tomó la delantera, mientras inexplicablemente los candidatos a alcaldes y diputados del oficialismo se mantenían en sus registros anteriores. Para entonces, según el politólogo argentino Atilio Borón, el Ministerio Público había allanado una oficina del Partido Nacional, sorprendiendo a sus ocupantes en la preparación de actas comiciales falsas.

Represión y deserción 

Las irregularidades desataron la furia popular. La gente salió a las calles a protestar en 14 de los 18 departamentos, con tomas de puentes, plazas, bulevares y carreteras. Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas por la policía nacional, y a las 11 de la noche del viernes 1 de diciembre se puso en marcha el estado de excepción decretado por el presidente Hernández, con un toque de queda que restringió las garantías a la libre circulación entre las 18 horas y las 6 de la mañana, por un plazo de diez días.

No obstante, y cuando ya se habían registrado al menos seis muertes y la policía había reportado más de 300 detenidos, el domingo 3 se produjeron grandes manifestaciones contra el fraude electoral en Tegucigalpa y otras ciudades, como San Pedro Sula y Tocoa.

Un día después, elementos de las fuerzas especiales Cobra, Tigres y Antimotines de la policía de Honduras comenzaron una huelga de brazos caídos y advirtieron al gobierno que no iban a reprimir a la población. “No somos máquinas ni robots y no vamos a exponernos a que nos maten en las calles y tampoco a reprimir al pueblo”, dijo un mando de los insubordinados. A la sublevación se unieron efectivos policiales de San Pedro Sula, quienes se negaron a reprimir a los manifestantes y poner orden durante el toque de queda, y también agentes de ocho poblados como Colón, Saba, Santa Bárbara y Choluteca.

Zonas francas 

Acerca de los porqués de lo que Atilio Borón denominó como un “golpe blando preventivo”, se destacan tres elementos. Primero, Honduras sigue siendo una pieza clave en la geopolítica regional de Washington. Segundo, heredero de los golpistas de 2009, el régimen de Hernández busca evitar que miembros de su entorno de poder político sean deportados a Estados Unidos, donde enfrentan acusaciones en un tribunal de Nueva York vinculadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Y en tercer lugar, las presiones del consultor político estadounidense Mark Klugmann, representante del gran capital, asesor del presidente Hernández y con autoridad legal para concesionar y autorizar zonas francas con extraterritorialidad fiscal, autonomía aduanera y jurisdiccional, las llamadas “zonas de empleo y desarrollo económico” (Zede).

Según Carlos Dada, del portal digital salvadoreño El Faro, Nasralla prometió en su campaña abrogar las Zede (donde los empresarios que invierten en un proyecto crean su propia policía y donde no rige la ley hondureña). El proyecto de estas zonas en Honduras está basado en la idea de las “ciudades modelo”, del gurú de la macroeconomía Paul Romer, y su principal y gran negocio es el megapuerto en el golfo de Fonseca.

La propuesta de la coalición opositora de eliminar las Zede sería una de las razones principales que animan el golpe electoral. Como antecedente cabe recordar que cuando la Suprema Corte de Justicia hondureña declaró inconstitucional la ley de regiones especiales de desarrollo, en 2012, el Legislativo ordenó la destitución de cuatro de los seis magistrados de la sala de lo constitucional que habían echado por tierra el modelo de las ciudades modelo, y el ejército rodeó el Congreso Nacional (que entonces era el feudo del actual mandatario Hernández) para proteger a los congresistas de las protestas que estallaron.

Crimen organizado

En relación con la red de intereses criminales articulada alrededor del actual presidente y candidato reeleccionista Juan Orlando Hernández, distintos analistas y medios, como la Bbc, han dado cuenta de que Honduras se convirtió en el principal centro de operaciones de los cárteles del tráfico de drogas en Centroamérica. La costa norte hondureña pasó a ser controlada por el crimen organizado, que se apropió además del aparato político, de los sistemas de seguridad y del Poder Judicial.

Como parte de esa trama “narcopolítica” –en la que políticos se han convertido en “lavadores” de las mafias de la droga− existen varios prontuariados en la Corte Sur de Nueva York, donde han sido condenados uno de los hijos del ex presidente golpista Porfirio Lobo y otros funcionarios más afiliados al Partido Nacional.

En 2012 Honduras alcanzó una cifra de más de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en las principales urbes superó el promedio de asesinatos dolosos que se registran en países con guerras declaradas.

Según reportes de analistas internacionales, las mafias organizadas necesitan que Juan Orlando Hernández continúe en la presidencia para garantizarles su impunidad y la continuidad de los negocios de la economía criminal.

Sobre el valor geopolítico y estratégico de Honduras para el Pentágono y la administración de Donald Trump, cabe recordar que el país centroamericano cuenta con la base aérea de Soto Cano, en Palmerola, que alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por unos 500 militares estadounidenses. Fue la verdadera razón del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, cuando éste propuso desplazarla hacia otra zona del territorio nacional. El aeropuerto militar es una escala obligada de la llamada “red de bases en ruta” para el desplazamiento de aviones de guerra desde el territorio de Estados Unidos hacia América del Sur.

Luego de que durante días circularan duras críticas hacia el secretario general de la Organización de Estados Americanos (Oea) por su silencio sobre la situación electoral y la violencia en Honduras, el miércoles pasado, 11 días después de los comicios, Luis Almagro emitió un comunicado reconociendo “la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral”. En el texto solicitó el “inmediato levantamiento” de la “suspensión de los derechos constitucionales (…) frente a las manifestaciones que tuvieron lugar tras las ya denunciadas irregularidades del acto electoral”, por considerarla “desproporcionada”, y recomendó una serie de medidas para cotejar y verificar los resultados electorales.