El “Estado de excepción en Brasil” y las tesis de Carl Schmitt

Tarso Genro

29/07/2012

 

Carl Schmitt, filósofo alemán de formación católica, que dio apoyo a las tesis del nazismo, fue el gran inspirador de la teoría del “Estado de excepción permanente". Decir que en Brasil vivimos en un estado de «excepción permanente», es un arrebato izquierdista y no una formulación teórica seria. Validada la idea de que estamos en un "estado de excepción permanente” nos quedaría como estrategia central buscar la quiebra del actual Estado Democrático de Derecho, pues este  Estado sería en sí mismo un “estado de excepción”.

Leo en un texto de Bia Barbosa publicado en Carta Maior, cuyo título es: Brasil forjado en la dictadura representa estado de excepción permanente.  Él da cuenta de un Seminario realizado en San Pablo con la participación de importantes personalidades de la izquierda intelectual del país y activistas de los derechos humanos. La nota informa que allí fue señalado que Brasil vive un “estado de excepción permanente”, condición motivada por la propia Constitución de 1988; que la “elite brasileña blanca” se permitió mojar las manos en sangre y financiar y frecuentar cámaras de tortura; que la dictadura se retiró no porque fuera derrotada sino porque cumplió con sus objetivos; y que sobre los muertos y desaparecidos, planea en Brasil un gran acuerdo de “no esclarecimiento”.

Lo que parece (al menos por lo que fue publicado en Carta Maior), es que el radicalismo de las visiones expuestas allí, juegan para el otro lado de la valla - por complicidad con la transición conciliada -  todos los que no sostienen que existe un permanente "estado de excepción" en Brasil, por lo tanto, quienes no están de acuerdo con la estrategia política que parta de esta constatación  original (oposición extrema a los gobiernos de Lula y Dilma) son cómplices de la legitimación de tal  "estado de excepción permanente" en nuestra democracia.

La supuesta radicalidad de este análisis llevó, por lo menos algunos de sus prominentes representantes, a llevar agua  al molino de la derecha autoritaria y neoliberal durante la llamada "crisis de de las mensualidades (mensalâo)", cuyo objetivo, como se muestra por la suerte de uno de sus más destacados jacobinos de la moral (el senador Demóstenes), no era combatir la corrupción, sino hacer inviable al  gobierno democrático  reformista del presidente Lula. Ciertamente, quienes participaron en ese movimiento lo hicieron por la concepción ahora aclarada  de que vivimos en una “excepción permanente” y, por tanto, Lula encarnaría (como Líder en el sentido schmittiano), la plena soberanía del Estado.  Por eso podía dictar las reformas y cambios profundos, inclusive expresamente aquellas de naturaleza anticapitalista, utilizando las prerrogativas de la "excepción" para realizarlas.

Afortunadamente, la cobertura que los medios de comunicación les dieron en ese momento, no sumó al punto de permitir la derrota del Presidente. El resultado es que casi 40 millones de brasileños salieron de la pobreza, comenzaron a comer y a estudiar,  lo que aparentemente no sensibiliza a nuestros teóricos de la excepción.

Pretendo controvertir algunas de las premisas o conclusiones que aparecen en el texto para,  después, detenerme un poco más en la tesis de que estamos viviendo en un "estado de excepción permanente". Atento más a este punto, porque de  esta concepción medular pueden partir conclusiones graves para la no aceptación de una estrategia democrática, en el difícil proceso de construcción de la democracia en el país, teniendo como referencias la Constitución de 1988.  Validada la idea de que estamos en un "estado de excepción permanente”, nos quedaría como estrategia central, buscar la quiebra del actual Estado Democrático de Derecho, pues  -según los referidos críticos - este Estado es en sí  mismo un" estado de excepción”.

Creo que si eso sucediera,  estaríamos frente a un tremendo retroceso de la democracia política en Brasil, que así transitaría de más libertades  a menos libertades políticas, menos elitismo a más elitismo,  de más cohesión social y lucha contra las desigualdades en el capitalismo a más desigualdad y fragmentación social dentro del mismo sistema del capital.

Parto, en mi análisis de las siguientes convicciones: es preciso defender y ampliar el Estado de Derecho en Brasil, aunque él sólo garantiza avances lentos y moderados para reducir las desigualdades; no vivimos ningún "estado de excepción" en Brasil, sino en un Estado Democrático de Derecho, con democracia política limitada, como en todas las democracias, por la fuerza  que el poder del capital ejerce sobre las instituciones del Estado y  sobre la propia política en cualquiera de los sistemas democráticos del mundo; la democracia actual permite la inclusión de millones de personas en la vida productiva, en la sociedad formal, en educación y en la política, creando nuevos sujetos sociales y nuevas demandas, que tienden a ampliar la democracia social y económica y bloquear las reformas neoliberales todavía en curso en el mundo; finalmente, además de haber sido derrotados en la lucha por el derrumbe de la dictadura (lo que ocurrió fue una transición negociada), nuestro proceso de cambios institucionales y económicos fue más difícil, porque nos enfrentamos a un entorno internacional de derrota de las ideas libertarias de la izquierda socialista , "quemadas" por nuestra escasa capacidad de renovación y también por el fracaso de las dictaduras burocráticas de los partidos comunistas tradicionales.

Esta transición, que tuvo como consecuencia altamente negativa las "garantías" para los delincuentes civiles y militares de los aparatos ilegales o  institucionalizados de la represión, por otro lado, tuvo el mérito de evitar una guerra civil de consecuencias ciertamente brutales para nuestro país y que enfrentaría, en su base, a brasileños contra brasileños, ya que la gente del pueblo - de ambos lados – son siempre la “carne de cañón” de cualquier guerra o revolución.

Voy a dar otra versión de los supuestos que sustentan la conclusión de la “excepción permanente” en nuestro país. No es cierta la tesis de que la "élite brasileña blanca" haya metido las manos en la sangre y frecuentado y financiado las cámaras de tortura. La “élite brasileña blanca” (categoría política y sociológica típicamente populista, engendrada para cotejar emociones insanas), en tanto la dictadura le servía fue en gran medida indiferente ante las cámaras de tortura, como lo fueron la clase obrera y las capas medias de la sociedad. Una parte minoritaria de la elite blanca, empresarial o no, inclusive no apoyaba a la dictadura ni a la tortura, sino  que prefería una oposición acordada dentro del régimen o la oposición a través del partido consentido, el MDB. Una pequeña parte de la burguesía brasileña (élite blanca) financió o frecuentó cámaras de torturas.

No es cierto, también, que la dictadura se retiró porque fue victoriosa.  La dictadura, en realidad, fue acorralada y desarrolló una retirada ordenada y bien estructurada, sin ser victoriosa, apoyada por amplios sectores de la burguesía (la tal "élite blanca"), porque su proyecto no tenía más condiciones sociales y políticas para mantenerse. La dictadura recibía una fuerte oposición internacional y las arcas comenzaron a vaciarse como consecuencia de la primera y segunda  crisis del petróleo. Un cierto “estatismo” de Geisel – estimulado por una ideología nacionalista de extrema derecha- sólo podía ser fulminado por el empresariado liberal, dentro de la democracia, no en medio de una dictadura.

La dictadura también sufrió golpes severos, con fuertes reflejos internacionales, tanto de la izquierda armada como de la izquierda que militaba en el MDB, con gran repercusión internacional  y en el plano interno. El consenso que ella conquistó, con el desarrollo industrial y el empleo, se disolvió confrontando con una dura lucha política y la resistencia armada.

No hay en Brasil, finalmente, ningún acuerdo de “no esclarecimiento”. Por el contrario, dentro de la transición conciliada  este tema había sido tratado con audacia y seriedad, sin hacer provocaciones a  las corporaciones de las Fuerzas Armadas.  No sólo por las organizaciones que defienden los derechos de los familiares de muertos y desaparecidos y militan en la defensa de los derechos humanos, sino también por el Estado. Éste, con las caravanas de  la Amnistía, que instituimos en el Ministerio de Justicia (interpretando la Ley de Amnistía), amnistió a los guerrilleros del PC do B, Lamarca y Mariguela, además de cientos de otros resistentes o revolucionarios.

Puedo atestiguar, como orientador de estas políticas de gobierno durante aquel período, que esto fue hecho con el estímulo y el apoyo del presidente Lula y con el apoyo de parte de la base del gobierno en el Congreso. El Supremo Tribunal Federal, en una decisión lamentable, interpretó la ley de Amnistía como aplicable a los torturadores, adoptando el sentido que el régimen militar en retirada, dio a la Ley en el momento de su aprobación.

Esta interpretación trajo, pues sí, desde la transición democrática hasta ahora  la inmunidad penal de los asesinos y torturadores,  hecho que no caracteriza a un régimen de “excepción permanente”,  sino una limitación de las democracias que suceden a las  y no resultan de revoluciones. A través de la Comisión de la Verdad y de los cientos de comisiones que se abrirán en el país, se reabrirá  el tema de la impunidad de los asesinatos y de las torturas, que la dictadura promovió incluso fuera de su propia legalidad arbitraria. La continuidad de esta lucha sería imposible en un régimen de "excepción permanente".

Paso a analizar la tesis de la “excepción permanente”

Carl Schmitt, filósofo alemán y de formación católica que dio apoyo a las tesis del nazismo, fue el gran inspirador de la teoría del “Estado de excepción permanente “. Schmitt, aunque no lo hayan admitido expresamente, dio un estatuto histórico al “estado de naturaleza”, de Hobbes.  Para Schmitt, la soberanía del Estado no consiste  en el monopolio de la coacción o de la dominación –fundamentado y organizado  artificialmente por el constituyente-  sino en la capacidad de decidir por arriba del artificio de las instituciones creadas por la política. En su época,  la política liberal-democrática, según él, degradada durante la República de Wheimar.

La soberanía es identificada por Schmitt directamente con la fuerza indiscriminada, es decir, la soberanía reside en la fuerza actuar para  suspender la propia validez de las leyes, lo que hace del ordenamiento una pendencia de la propia  voluntad del soberano que, para Schmitt, está presente en el Poder Ejecutivo: a través del Presidente, del dictador,  del líder, el sistema de derecho  instaurado (el ordenamiento), está  siempre “a disposición”  de quien  decide. La excepción, por lo tanto, la capacidad de declarar la excepción, es la regla que define la propia soberanía: el uso de la excepción es su verdadero contenido y la garantía o la suspensión del Derecho, tanto en la normalidad política y en la estabilidad social, como  en la crisis y la inestabilidad.

En  famoso y brillante texto “El Führer protege el derecho”- sobre el discurso de Adolf Hitler en el Reichstag del 13 de julio de 1934-Carl Schmitt, citando  al propio Hitler, formula una aclaración lapidaria de su teoría de la normalidad y de la excepción y, al mismo tiempo, muestra cómo promueve la excepción a condición de regla y fundamento del Estado: “El Führer protege el derecho del peor abuso, cuando  él en el instante de peligro crea el derecho sin mediaciones, por la fuerza de su liderazgo (Fhurertum) y en cuanto Juez Supremo: (y aquí Schmitt cita a Hitler)-“En esta hora soy responsable  por el destino de la nación alemana y con eso  juez supremo del pueblo alemán. El verdadero líder (Führer) siempre es también juez. Del liderazgo (Fuhrertum) emana la judicatura (Richtertum). Quien quiera separar ambas o incluso oponerlas o transforma al juez en el contra-líder (Gegenfuhrer) o en un del contra-líder  y procura paralizar (aus den Angeln mathen) el Estado con la ayuda del Poder Judicial. He aquí un método muchas veces experimentado, que ha destruido no sólo del Estado sino también el Derecho”.

Más adelante, Schmitt afirma dos fundamentos importantes de la definición de la excepción, como base de la soberanía del Estado, al criticar a los juristas democráticos de Wheimar.

 Primer argumento: “Del mismo modo, el Derecho Constitucional se ha convertido, en esa corriente de pensamiento, la Carta Magna de los que cometen alta traición y traición  a la patria. Con esto el poder judicial se transforma en un engranaje de imputaciones (Zurechnungsbetrib),  sobre cuyo funcionamiento  previsible y por él  calculable y criminoso tiene un derecho subjetivo adquirido”. (En este argumento, Schmitt fundamenta que la excepción debe estar disponible a la voluntad del líder, porque las garantías constitucionales del Estado de Derecho Liberal Democrático, permite que los que delinquen contra el Estado - los revolucionarios o los socialdemócratas, que apoyaban las conquistas de Wheimar- tendrían la protección del Poder Judicial, como  guardián de la Constitución, porque sólo él podría definir la “excepción”,  según aquel ordenamiento “artificial” del Estado de Derecho).

Segundo argumento: "Todo el derecho tiene su origen en el derecho del pueblo  a la vida. Toda la ley del Estado, toda sentencia judicial contiene no solo tanto derecho como le fluye de esa fuente (el líder o el Führer). El resto no es derecho, sino ´un tejido de normas coercitivas, desde la cual un criminal hábil se burla´”.  (En este argumento, él identifica sin mediaciones el Líder con el Pueblo,  después de mostrar que esta vigilancia de los intereses del pueblo – que es una “comunidad concreta” como teorizaba Schmitt – está en la soberanía del Estado, que a su turno es realizada por el Líder  (“fuente superior” del Derecho).

Schmitt deja claro, en esta parte de su discurso teórico – sin ninguna sofisticación, dígase de pasada - por qué el “Führer protege el derecho” y, principalmente,  de quien él protege: de aquél pueblo  concreto en movimiento contra el Estado y contra su Líder. 

Así, el “estado de excepción permanente” es la regla del dictador unipersonal,  como un ejecutivo que comanda el Estado y como el Juez que decidirá sobre la suspensión de las leyes y  del Derecho – del ordenamiento.

Decir que en Brasil vivimos en un estado de «excepción permanente», es un arrebato izquierdista y no una formulación teórica seria. Tanto puede ser una idealización de un régimen democrático, que está en un horizonte improbable, como  una abstracción de sus ideales de origen, plebeyos y revolucionarios. También puede ser una provocación al margen de la historia, para estimular que no se haga política en democracia, porque es un régimen de excepción lo que se debe perseguir, conscientemente, es su derrocamiento. Sí, su derrocamiento, porque la “excepción permanente”  extingue la política y el crimen, absorbiendo ambos, internalizándolos en el Estado, monopolizando, tanto la fabricación de leyes como su violación impune.

La  “excepción permanente” es, por consiguiente, la supresión radical de las condiciones de un Estado mínimamente público, pues éste se convierte en un gran ente privado, propiedad de un Líder, cuya fuerza está en la transformación del poder de policía y del poder del sistema represivo en fuerza política, capaz de promover su aparente legitimación por el terror y el silencio.

El sucedáneo de la Constitución de 1988 es la democracia política, la inclusión social y la educación de la Constitución. Es el comienzo de la revolución democrática en Brasil, que tanto puede retroceder como avanzar, ahí restaurando  la idea del socialismo, combinado con la democracia, el pluralismo político y la inserción soberana del país en un mundo hostil y globalizado.

 La “excepción permanente” haría  que todos los demócratas, socialistas o no, comunistas o no, izquierdistas o no, se encontraran en  el fondo de las cárceles, para volver a repasar los conceptos que les llevaron a la división o a la impotencia.

Tarso Genro, veterano dirigente de la izquierda del PT, es actualmente gobernador de Río Grande do Sul.

Fuente:
Carta Maior, 24 de julio de 2012