Nick Fouriezos
14/07/2018
Los libros de Historia lo llaman Lunes Negro. El 27 de mayo de 1935, un Tribunal Supremo conservador anuló una disposición clave del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Furioso, el presidente progresista organizó una ardorosa rueda de prensa en el Despacho Oval, lamentándose de modo memorable durante más de una hora de que el Tribunal estuviera volviendo a una definición “pasada de moda” del comercio interestatal.
Era, sin embargo, una batalla perdida. Roosevelt pasó el resto del periodo de sesiones del Congreso de 1935–36 viendo cómo se desmantelaban sus logros legislativos distintivos — todo, desde la Seguridad Social a las regulaciones agrícolas o los derechos laborales — basándose en una lectura restrictiva de la cláusula constitucional del debido proceso. En lo esencial, el alto tribunal dictaminó que el gobierno no tenía ningún papel en la regulación de la economía. Un reportero comparó la situación de Washington a “la conclusión de una tragedia shakesperiana, en la que el escenario queda cubierto de cadáveres”, recuerda el historiador Jeff Shesol, autor de Supreme Power, que relata la lucha.
“Los cadáveres…eran programas del New Deal”, clarifica Shesol. La situación rebullió cerca de un año después cuando el tribunal, por un voto de 5-a-4, revocó una ley del estado de Nueva York que proporcionaba un salario mínimo a mujeres y niños trabajadores. Roosevelt invitó una vez más a los periodistas al Despacho Oval, declarando que la más alta corte del país no iba sólo contra los federales sino contra todo el acervo jurídico, creando una “‘tierra de nadie’ en la que ningún gobierno — de los estados o federal — puede funcionar”.
Entonces, igual que ahora, la frustración con el Tribunal Supremo era enorme, conforme la sensación de sesgo partidista y arbitrariedad judicial alcanzaba un punto de inflexión. A buen seguro, los demócratas estaban tratando de realizar una reforma de envergadura en medio de una grave depresión económica, mientras que las modernas inquietudes liberales están más preocupadas por proteger las pasadas victorias progresistas, tales como Roe vs. Wade [el dictamen judicial que autorizó el aborto en 1973] y el Affordable Care Act [Ley de Atención Sanitaria Asequible u Obamacare, de 2010].
Pero la sensación de crisis creciente fue semejante. Y Roosevelt, después de triunfar en su reelección de modo aplastante en 1936, decidió organizar una inverosímil campaña para ampliar el tribunal a su favor, una estrategia que ha reaparecido en las noticias ahora que la jubilación de Anthony Kennedy [juez del Tribunal Supremo] ha estimulado las apelaciones desde algunos círculos a seguir los pasos de FDR.
Por supuesto, los progresistas “están asumiendo una cosa bastante heroica: que pueden hacerse con las dos cámaras del Congreso y la presidencia en un periodo relativamente breve de tiempo”, afirma Tom Ginsburg, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chicago. En estos momentos, los republicanos controlan la mayoría de los puestos de gobernador y los capitolios de los estados. Sin embargo, esta es la idea: si los demócratas pueden recuperar el Congreso y la presidencia, podrían proponer la ampliación del Tribunal Supremo, de nueve jueces a once o más. Luego, un presidente demócrata podría llenar esos huecos, neutralizando de forma efectiva la actual inclinación conservadora del tribunal.
Si eso parece drástico, recordemos unas cuantas cosas. En primer lugar, ningún requisito constitucional afirma que hayan de ser nueve los jueces (en el siglo XIX, su número cambió al menos hasta siete veces). Segundo, los demócratas (con ayuda de republicanos moderados) le dieron la patada al candidato archiconservador de Ronald Reagan, Robert Bork en 1987, y revocaron la norma sobre tácticas dilatorias para los candidatos en la cámara baja en 2013.
Los republicanos se negaron a escuchar a Merrick Garland, candidato de Barack Obama para el alto tribunal en 2016, y eliminaron luego las tácticas dilatorias para los candidatos al Supremo en 2017, de modo que pudieran forzar a que se aceptara a Neil Gorsuch. “Ha sido un ajuste de cuentas en el que ambos lados van a más”, afirma Ginsburg. “Dónde acabará esto no lo sabe nadie”.
Para Roosevelt, comenzó con un plan bastante más ambicioso que los propuestos por los progresistas de hoy. “Por lo general, Roosevelt le dijo a su gabinete que la ampliación del tribunal constituía una opción ‘desagradable’”, afirma Shesol. Pero enfrentado a un tribunal que anulaba toda su significativa labor, su Departamento de Justicia tomó en consideración cientos de propuestas, entre ellas las limitaciones de los mandatos de los jueces del Tribunal Supremo. La mayoría de esos métodos, sin embargo, entrañaban aprobar una enmienda constitucional. “Llegaron al parecer de que la solución más rápida y pulcra consistiría en ampliar el tribunal”, afirma Shesol.
Así que el 5 de febrero de 1937, Roosevelt organizó otra cita masiva con la prensa en el Despacho Oval. Esta vez iba con intención de conmocionar e intimidar, anunciando un plan para ampliar el Tribunal Supremo a quince jueces e instalar a seis nuevos leales. Su argumento resultaba curioso: en lugar de centrarse en la crisis a la que el país se enfrentaba, se mostró “poco honrado sobre sus motivaciones”, declara Shesol, afirmando que los jueces en ejercicio eran viejos y lentos e iban atrasados en su labor, y de esta última acusación era fácil demostrar su falsedad.
El elemento sorpresa no cayó bien en el Senado. El anteproyecto del presidente se leyó en la cámara… y el vicepresidente John Nance Garner mostró su desaprobación. Fue “incitación a la rebelión”, tal como dice Shesol. “Lo que durante años había sido una batalla entre Roosevelt y el tribunal, se convirtió rápidamente en una batalla por la supremacía entre Roosevelt y el Congreso”.
La debacle arruinó los objetivos del segundo mandato de Roosevelt, aunque ejerció suficiente presión sobre el juez Owen Roberts para que cambiara su apoyo de conservador a liberal ese verano. El tribunal se inclinó entonces 5 a 4 del lado de Roosevelt, y su administración aprobó una legislación que marcó profundamente la vida norteamericana.
Pese al fracaso político de Roosevelt, se pueden sacar lecciones de su maniobra. “Por mucha oposición que generase en el país y en el Congreso, la opinión pública se mostró dividida de modo bastante equitativo en el curso de esos seis meses”, advierte Shesol. Para los que anden considerando actualmente incrementar los tribunales, la pregunta probable no es si se trata de lo correcto: es si pueden reunir apoyo público suficiente para salirse con la suya.