Editorial: Un gobierno que no acaba de caer y una alternativa que no acaba de nacer

Daniel Raventós

Gustavo Buster

29/04/2018

Todo apunta a que el gobierno Rajoy puede, una vez más, contener y reconducir la acumulación de frentes abiertos por la crisis del régimen del 78 en los albores de este 1 de Mayo. Todos ellos -la crisis constitucional gangrenada en Cataluña; la corrupción desbordada por el “caso Cifuentes” en Madrid; el malestar social creciente, puesto de manifiesto por las movilizaciones del 8 de Marzo feminista, la marea pensionista, la huelga de Amazon y otros conflictos sindicales: la insoportable levedad reaccionaria de las sentencias judiciales contra independentistas catalanes y vasco-navarros (Altsasua), raperos y twitteros y, en otro plano, de acosadores sexuales y violadores (“la manada”)- tenían su catalizador en la aprobación parlamentaria o no de los presupuestos de 2018 del PP. Porque sin presupuestos, el gobierno Rajoy no tenía más remedio que convocar elecciones generales en 2019, en un interminable ciclo electoral de movilización democrática, que incluye municipales, autonómicas, europeas y sindicales, y que condiciona, por el momento, otras movilizaciones sociales.

Esta es la situación esperpéntica del Reino de España. Pero el gobierno Rajoy ha conseguido el pasado 26 de abril rechazar todas las propuestas presupuestarias alternativas, con una mayoría de 6 votos, e iniciar el debate presupuestario con su borrador, apoyado por el PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro por Asturias, Unión del Pueblo Navarro y el “error técnico” del autonomista de “izquierda” de Nueva Canarias.

El ciclo iniciado en 2011, con el ascenso y el miedo inicial a Podemos, amenaza con cerrarse en 2020 bajo el temor de una avalancha de Ciudadanos y su oxímoron de una “regeneración” que se quiere reaccionaria, neoliberal, ultracentralista e impulsada por una ola de nacionalismo españolista. Y ese temor se condensa en una narrativa que justifica la “estrategia del mal menor” en sus diferentes formulaciones ideológicas de manera transversal, de izquierda a derecha. Desde el casticismo del marianismo (“más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”), al jesuitismo jetzale (“en tiempos aciagos, pocas mudanzas”), y el seny de la derecha independentista catalana (“peix al cove”), hasta la resignación permanente de nuestras izquierdas, tras haber estado cerca de tocar gobierno (“virgencita, que me quede como estoy”). Los síntomas tóxicos del régimen del 78 se extienden, minando gravemente la salud del paciente, sin que este recupere las fuerzas suficientes para oponerse de una vez por todas a las sangrías que le practican unos curanderos con pretensiones de tecnócratas. Hay quienes desesperan ya, como Suso de Toro, y dan un halo clásico a esta decadencia, o se indignan, como Carlos Elordi, cuando ese renacer del españolismo se concentra ante la puerta de la Basílica del Valle de los Caídos para impedir, una vez más y a pesar de las sentencias judiciales, que los familiares de los cadáveres secuestrados puedan recuperarlos.

Lo más grave es que el ciclo está acabando con ataques cada vez más importantes a las libertades democráticas. Estos ataques tienen la aquiescencia abierta o tácita de muchos poderes: la monarquía, el poder judicial, unos poderes legislativos secuestrados por las derechas y la más infame de las colaboraciones de gran parte de los medios de comunicación.

Las condiciones del PNV y el “gobierno efectivo” catalán

Mas allá de los propios deméritos de una propuesta abierta a las pujas de votos, las tres condiciones del PNV para apoyar la Ley del Presupuesto 2018 definen claramente una coyuntura hegemonizada por las tácticas, que no estrategias, del “mal menor” -cuyo principal objetivo parece ser ganar tiempo, manteniendo un gobierno minoritario paralizado- a ver si surge de aquí a 2020 un “proyecto de país”, es decir una coalición de gobierno que no este dominada por Ciudadanos, como apuntan todas las encuestas de los últimos meses, a la espera de la del CIS del 8 de mayo. En este caso, además, el PNV actuaría contra una moción mayoritaria del parlamento vasco.

Las tres condiciones del PNV son: 1) un “cambio de actitud” con respecto a la aplicación del artículo 155 en Catalunya por parte del gobierno Rajoy; 2) un acuerdo sobre la recuperación de poder adquisitivo de las pensiones; y 3) avances en la “agenda vasca de competitividad y mejora de la economía”.

La primera de ellas se sitúa en una razonada, que no razonable, equidad simétrica entre el gobierno Rajoy y la mal avenida mayoría parlamentaria independentista catalana. En el tiempo de descuento para la formación de gobierno antes del 22 de mayo o nuevas elecciones autonómicas  en Catalunya el 15 de julio, el PNV se ha convertido no solo en mediador, sino en predicador del “mal menor”. ¿Hasta donde llegaría y que consecuencias tendría la aplicación del art. 155 por un gobierno hegemonizado por Ciudadanos en Madrid? Mejor seguir con los tiras y aflojas de Rajoy -que, a través del delegado del gobierno Enric Millo, ya ha señalado que la prisión provisional de los independentistas catalanes “complicaba” las cosas-, constituir un gobierno autonómico “efectivo” que permita levantar el art. 155 y resistir “creativamente”, utilizando las reglas del juego ahora que el Tribunal Constitucional ha desbloqueado la tramitación de los proyectos de la oposición en el Congreso (¿o no han votado PP y Ciudadanos a favor de la Ley de Desahucio Express con el PDeCAT?).

El propio Tardá, portavoz de ERC en Madrid, ha señalado la buena fe de la propuesta del PNV, que no votaría a favor de los presupuestos sin un gobierno post-155 en Catalunya. Mientras tanto, el gobierno Rajoy ha decidido no recurrir la delegación de voto solicitada por Puigdemont y Comín desde Bruselas, a diferencia de la reforma legislativa express que permitiría la candidatura ausente para president del primero. El “govern efectivo”, bloqueado por el juez Llarena de la Audiencia Nacional, podría así ser elegido por una minoría independentista sin el apoyo de la CUP, convertida en albacea de la consulta del 1 de Octubre. Mientras se incrementa la represión hacia los Comités de Defensa de la República (CDR).

El acuerdo sobre las pensiones ha demostrado hasta que punto el gobierno Rajoy tiene secuestrada la hacienda del Reino para sus propios fines electorales. Donde no había dinero, de pronto ha aparecido, permitiendo además al PNV rentabilizar en provecho propio las movilizaciones de la marea pensionista, especialmente masivas en las manifestaciones de Bilbao. Las acusaciones del “cuponazo” de 2017 dan paso ahora a una mejora rawlsiana -o tomista, o asimétrica, si se prefiere- para todos. No se puede sino compartir la indignación del comunicado de la Coordinadora de Pensionistas, que denuncia lo limitado del acuerdo alcanzado que, tras los acuerdos PP-C’s de un 2% para las pensiones mínimas, supone pasar para las pensiones contributivas del 0,25% al 1,75% con un IPC del 1,6%, sin cuestionar la contrarreforma de las pensiones del PP de diciembre de 2013, mientras las pensiones no contributivas y otras son financiadas no por el presupuesto sino la Seguridad Social y sus déficits crecientes, agotado el Fondo de Reserva, a base de deuda pública.

La “Agenda vasca de competitividad y mejora de la economía” parece concretarse en el apoyo cruzado de los presupuestos de ambos gobiernos en la legislatura, un aumento de la inversión territorial en Euskadi del 32% en relación con 2017 (frente a un aumento medio del 15,2% para el conjunto de las autonomías) y otras medidas menos visibles como la liberalización del peaje eléctrico, en el que -a pesar de la oposición de la UE- el gobierno vasco actúa de lobista de Iberdrola. El PNV blinda dos años el “bilateralismo foral” vasco (o al menos de la CAV, porque Navarra pierde el 29,89% de su financiación autonómica estatal) y aplaza a tiempos mejores cualquier otra reivindicación de competencias, incluida las penitenciarias o la situación del colectivo de presos vascos.

El cariz de los presupuestos de 2018

Conocidas las “astucias fiscales” de la gestión del Ministro Montoro, el borrador y el debate presupuestario (1 y 2) no tienen más interés que constatar una vez más su incoherencia y la anecdótica confrontación con Rivera como portavoz de Ciudadanos por el espacio electoral de la derecha y por el nacionalismo español.

Para empezar, se acentúa, tras cuatro años de una recuperación económica marcada por la desigualdad, la caída del gasto público hasta el 40,5% del PIB, frente a una media de la UE del 47,6%. Los ingresos y la presión fiscal están también 7 puntos por debajo de la media europea. Esta diferencia creciente es la que explica el cambio de posición en relación con la propuesta de la Unión Fiscal europea y, dependiente de ella, de los eurobonos. Una progresiva comunitarización de las políticas fiscales cuestionaría el  dogma sacrosanto de las élites económicas del Reino sobre la conveniencia de la reducción del gasto publico y su papel redistributivo. Al menos cuando esa redistribución no favorezca como la “mano invisible” del mercado a sus intereses, en ese “keynesianismo para ricos y liberalismo para pobres” que también ejemplariza el memorándum del rescate bancario de 2012.

En el mes de febrero de este año, la deuda pública española alcanzó su pico histórico de 1.158 billones de euros, el 99% del PIB. La inestabilidad política, que se ha convertido en una de las características de la crisis del bipartidismo del régimen del 78, ha convertido el clientelismo fiscal en una negociación permanente de zoco en que lo esencial es el control de la gestión de la deuda pública sostenida por la política de “flexibilización cuantitativa” del Banco Central Europeo.

Morgan Stanley informa a sus inversores que se ha abierto un nuevo ciclo de apalancamiento de la deuda privada en España y Portugal, apoyado por proyectos de infraestructura públicos y un aumento relativo del consumo. Podría añadir, antes de recomendar invertir en empresas de construcción y los grandes bancos, que será un ciclo que aumentará sustancialmente la desigualdad. Con un crecimiento nominal del PIB del 4,3% (y real del 2,7%), “los presupuestos más sociales” de la historia del Reino -según Montoro cuando se cree Robin Hood en un evidente trastorno de personalidad-, las inversiones en infraestructura crecen un 16,5%, en defensa un 10,2%, en industria y energía un 6,2%, en I+D un 8,3%, en seguridad policial un 6,4%, mientras el gasto social lo hace en… un 2,8% (con Seguridad Social y un 3,5% sin ella). Y todo ello después de los diez años posteriores al inicio de la crisis que ha supuesto una tremenda aceleración de la desigualdad. Solamente una muestra: el peso de las rentas del trabajo en la Renta Nacional ha disminuido más de 4 puntos (del 50,1% que suponía en el primer trimestre de 2008, al 46% del 2017).

A pesar de los 2.000 millones de rebajas fiscales, Montoro predice un aumento del ingreso fiscal por IRPF del 6,5% y total del 8,3%, lo que ha sido abiertamente cuestionado por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. La cifra importante, sin embargo es la del acuerdo del déficit fiscal anual con la UE, fijada en el acuerdo cuatrienal de 2016 por el gobierno en funciones, que solo se ha cumplido en 2017 (3,1%, con una media europea del 0,9%). Con una tendencia del crecimiento a la baja, una nueva burbuja especulativa inmobiliaria alimentada por la inversión extranjera de fondos buitres y el horizonte de una reducción paulatina de la “flexibilidad cuantitativa” del BCE, el año electoral del 2020 puede ser también el de un cambio en el ciclo económico. Mientras tanto, como declaró Rajoy tras el debate presupuestario del jueves 26, con 176 contra 170 votos: “entre todos nos hemos puesto de acuerdo en a qué vamos a dedicar el gasto”.

La crisis de credibilidad del aparato judicial

Mientras tanto, si la táctica del mal menor consigue alargar la legislatura, los efectos mórbidos de la crisis del régimen seguirán manifestándose, sin dar un respiro.

El desbloqueo de la capacidad de iniciativa parlamentaria tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el veto gubernamental de las propuestas de la oposición alegando la estabilidad presupuestaria crean un escenario legislativo complicado para un gobierno minoritario. Su respuesta es priorizar la polarización de las derechas frente a las izquierdas en unos casos y de los defensores del régimen del 78 frente a sus críticos en otros. Más fácil de decir que de hacer, sobre todo cuando el PP compite con Ciudadanos por el mismo electorado y necesita a nacionalistas vascos y catalanes (con estos el apoyo está más que difícil, dada la situación política catalana con presos con cargos electos que llevan más de 6 meses en la cárcel y exilados políticos, entre los que se encuentra el destituido por el artículo 155 President de la Generalitat) frente al ocasional bloque PSOE-Unidos Podemos y el más frecuente PSOE-Ciudadanos. La geometría parlamentaria se irá complicando y tensando, después de dos años de parálisis legislativa, en la medida en que primen las tácticas electorales de los partidos. Descartado un acuerdo presupuestario en 2019, el de 2018 tendrá que ser una vez más extendido.

El poder legislativo se ha convertido en si mismo en un factor que alimenta la crisis del régimen del 78. El auto del juez Llarena de la Audiencia Nacional en la causa general contra la supuesta dirección independentista del procés, después de haber sido alimentada por la fiscalía dependiente del gobierno, los recursos ante el Tribunal Constitucional de la abogacía del estado y  los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional bajo la dirección y las ordenes del Ministerio del Interior, ha acabado produciendo una argumentación jurídica que ha sido insostenible ante la justicia alemana, belga, británica y suiza en las peticiones de extradición. Y en general para cualquier demócrata. No solo no se sostiene la acusación de la violencia planeada para justificar la acusación de rebeldía; es que resulta casi imposible mantener la de malversación tras dos años de intervención económica y las declaraciones parlamentarias de Montoro asegurando que ni un euro público había ido a la consulta del 1 de octubre. ¿Aceptarán los jueces europeos las explicaciones de Dastis sobre los 1,5 millones del presupuesto de Diplocat o esperarán a la auditoría de dos años de facturas aceptadas por la interventora del estado en la Generalitat de Catalunya, cuyos informes son pruebas judiciales frente a las contradictorias opiniones de los informes de la Guardia Civil? ¿Y mientras tanto prisión preventiva alegando posible intencionalidad subjetiva de poner en peligro el orden público protegido por la aplicación del artículo 155? Millo lo ha dicho mejor que nadie: “es una complicación”. Mientras, sigue gobernando Catalunya un partido que en las últimas elecciones del 21 de diciembre obtuvo menos del 4% de los diputados del Parlament. De aquí que el veterano constitucionalista de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, haya escrito recientemente: “La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se están comportando no como los órganos de Administración de Justicia de un Estado social y democrático de Derecho, sino como lo que eran en el Régimen de las Leyes Fundamentales”.

Si las opiniones políticas de fiscales y jueces parecen contaminar la causa general contra el procés independentista, las opiniones psicosociales sobre la sexualidad femenina de los jueces de la causa contra la violación en grupo de una joven en los Sanfermines, muy en especial la opinión particular del que ha pedido la absolución de los acusados, ha producido la indignación generalizada, muy en especial de las mujeres y de un movimiento feminista que ha encontrado un nuevo aliento en las movilizaciones masivas del pasado 8 de Marzo.

Súmese a ello la cadena de sentencias con prisión a raperos y twitteros alegando delitos de odio, cuando no aplicando la Ley Mordaza, en una restricción penal progresiva de la libertad de expresión dentro de una guerra cultural en defensa de las instituciones mas rancias del Reino, como la Iglesia Católica o la propia Monarquía.

En definitiva, más allá del mito de la independencia del poder judicial, lo que asoma descarnado es el carácter de clase de una institución cuyos funcionarios son seleccionados, formados y dirigidos con criterios corporativos, sin ningún procedimiento democrático electivo, dependientes del reparto por cuotas de los órganos superiores entre las asociaciones profesionales afines al PP, PSOE y hasta hace poco CiU. La ruptura del consenso sobre la legitimidad democrática y social del régimen del 78 se extiende inevitablemente a todas sus instituciones cuando se las utiliza de parte para la defensa de intereses sociales y políticos específicos.

Movilizaciones y alternativa política de las izquierdas

La crisis del régimen del 78 se ha traducido en un importante clima de descontento social, que ha alentado una nueva oleada de movilizaciones sociales, pero con características específicas, como la marea pensionista, la gran movilización feminista del 8 de marzo y contra la sentencia sobre la violación en grupo de “La Manada”, o la manifestación contra la aplicación del art. 155 y la libertad de los presos independentistas catalanes del pasado 15 de abril en Barcelona.

Pero también hay que señalar una cierta capacidad de movilización que intenta reconducir hacia la derecha el clima de malestar social, explotando institucionalmente o directamente desde el PP y Ciudadanos el miedo a que se abra un horizonte de cambio político. Su expresión han sido las concentraciones a favor de la "prisión revisable permanente” y las manifestaciones convocadas por la autodenominada “Sociedad Civil Catalana” en apoyo de la aplicación del art.155 en Catalunya.

Lo que expresa el creciente descontento social es el carácter transversal de gran parte de estas movilizaciones, más allá de la reconducción de su “espontaneidad” hacía el pulso político que se avecina en el ciclo electoral de 2019-2020. Esa “espontaneidad” refleja un grado de organización y conciencia social heredado de un largo proceso de contención de la movilización social como consecuencia de los efectos de la crisis económica, con su secuela de temporalidad, paro y desprotección social a todos los niveles, agravada por los recortes del gasto social público. El repliegue organizativo de las izquierdas ha sido doble. Por un lado, los sindicatos de clase han respondido a las dificultades de movilización de los trabajadores concentrados en la defensa de la negociación colectiva y  de su representatividad en ella, cuestionada por el gobierno y la patronal. Por otra, gran parte del aliento y la capacidad organizativa del 15-M han acabado cooptados en la presencia institucional de Podemos, Izquierda Unida y las diversas organizaciones de las izquierdas independentistas. La siempre difícil relación entre organizaciones y movimientos se ha vuelto a tensar, creando dinámicas paralelas y en algunos casos antagónicas, especialmente en una fase defensiva en la que la densidad de las movilizaciones solo se ha recuperado recientemente, después de años de relativo reflujo de los movimientos sociales y de haberse desdibujado la posibilidad de una alternativa de izquierdas a la crisis del régimen del 78 y, en concreto, al gobierno minoritario del PP.

Pero todo apunta a que las movilizaciones sociales, precisamente por esa distancia entre movimientos y organizaciones, tienen una autonomía propia y una capacidad de mantenerse y dar expresión al descontento social independientemente de la movilización política que implicará el largo ciclo electoral de 2019-2020. A la espera de datos más precisos, hay indicios de un repunte de los días de huelga en 2017 y el primer trimestre de 2018, después de que tocase suelo en 2016. Un elemento no despreciable ha sido la huelga general del 3 de octubre en Catalunya, en contra de la represión contra el referéndum y la movilización democrática del 1 de octubre. Otro esencial es la reducción del paro, sustituido por empleo precario y temporal, que ha alentado un margen de confianza en la posible recuperación de los derechos laborales y el salario perdidos durante la crisis. Las huelgas y conflictos laborales en Amazon o el sector del metal en Sevilla son los primeros indicios de un cambio de actitud en una clase obrera muy dividida por los diferentes tipos de contrato y empleo. El debate abierto y la situación sindical, y que analizan en este mismo número de Sin Permiso Litus Alonso y Miguel Salas, es de capital importancia: o los sindicatos movilizan o serán poco más que completamente irrelevantes.

Lo que caracteriza la situación política, sin embargo, es la generalizada aplicación de las “tácticas del mal menor”, que son el reflejo de la crisis de la hegemonía del proyecto neoliberal, reaccionario y centralista del PP, convertido tras la crisis del PSOE en el gestor esencial del régimen del 78, a su vez en crisis. Ciudadanos, a pesar de su subida en las encuestas de opinión, está lejos de ser una alternativa y su mejor escenario es el de ofrecer una fórmula de recambio que pasaría por un gobierno de coalición con el PP. Ello solo acentúa la doble crisis del PP -que tendrá que designar un sustituto a Rajoy en medio del ciclo electoral y abierto en canal por los procesos de corrupción o escándalos como el protagonizado por Cifuentes en Madrid- y del régimen del 78 en todos sus frentes.

Es iluso esperar que, en un largo ciclo electoral en el que se compite por el espacio de la derecha, por un lado, entre PP y Ciudadanos y entre el otro gran baluarte del régimen del 78, el PSOE, y UP y sus confluencias, con escenarios políticos específicos en Catalunya, Euskal Herria y Galicia, sea posible una clarificación entorno al eje derecha-izquierdas sin plantear las causas estructurales de la crisis del régimen. Al menos con la misma claridad que defienden su “conservación” o “regeneración” el PP y Ciudadanos, pero siempre mediante una involución democrática.

La evolución interna en el PSOE, después de las esperanzas en algunos sectores sociales surgidas tras la movilización interna que llevó de nuevo a la secretaria general a Pedro Sánchez, es de continua frustración, no ya por su posición de apoyo “matizado” de la aplicación del art. 155 en Catalunya, sino por su miedo a una moción de censura cuyo probable efecto sería cerrar el paso a Ciudadanos y entrar en el nuevo ciclo electoral con otro horizonte. Unidos Podemos, por su parte, parece acosado por las mismas debilidades y miserias que en su día tuvo Izquierda Unida, ensimismado en la gestión defensiva de su espacio electoral y cada vez mas distanciado de los movimientos sociales de los que surgió.

Más allá de la evidencia de que Catalunya tiene una dinámica propia, volver a situar en el centro de la práctica política la construcción real de una alternativa de izquierdas de abajo a arriba, como voz de unos movimientos sociales autónomos pero a los que se apoye, ayude y aliente, será decisivo para recuperar la autoconfianza, la capacidad de iniciativa y de propuesta que caracterizaron al 15 M y a las izquierdas emergentes cuando defendía una confluencia de procesos constituyentes frente a la crisis del régimen del 78. Incluso en una fase defensiva, la peor de las tácticas es la de ceder resignadamente el discurso, el programa y la iniciativa a los representantes de las clases dominantes. Más cuando empiezan a entrar en acción unos movimientos sociales que, además de la propia lucha, lo que piden es recuperar un proyecto que pueda transformarse en una expresión política.

es editor de Sin Permiso
es editor de Sin Permiso
Fuente:
www.sinpermiso.info, 29 de abril 2018