Derrotar a las derechas y las insuficiencias de las izquierdas ante la alquimia electoral

A una semana de las elecciones generales del 28 de abril, el peligro del triunfo de una coalición de la derecha reaccionaria, carpetovetónica y ultramontana -el “trifachito” de PP, Ciudadanos y Vox- ha menguado, pero no es descartable, según las encuestas, menos fiables de lo habitual en estas circunstancias. La movilización del miedo, tras la desbandada de la convocatoria electoral, apunta a que se ha consolidado una mayoría de bloqueo suficiente para cerrar el paso a las derechas con más diputados que los que acabaron en la moción de censura con el Gobierno Rajoy.

En el mejor de los escenarios posibles para el PSOE, este partido obtendría unos 135 escaños, que podían situarse alrededor de 125 en las estimaciones bajas. Supone un aumento considerable en relación con los 85 actuales, que vuelve a situar su apoyo electoral en la cota del 30%. Unidas Podemos, por el contrario, sufriría una importante caída desde los 71 escaños anteriores y el 21% del voto, para situarse entre 38 y 30 escaños y el 14%. Es decir, junto a los dos diputados que se prevén para Compromís, una coalición parlamentaria de izquierdas contaría en el mejor de los escenarios con 174 escaños o en uno peor con 158.

El PP sufriría un importante descalabro, con una caída hasta el 21% del voto, entre 78 y 72 escaños, desde los 137 actuales, pero sus pérdidas serían compensadas en votos por Ciudadanos, que pasaría de 32 a 54-52 escaños, y la irrupción de Vox, que con un 10% obtendría entre 34 y 27 escaños. La coalición de las derechas contaría con 166-151 escaños.

(PSOE, PP, C's, UP, Vox)

La diferencia entre un escenario y otro supone una dependencia en mayor o menor medida de los escaños de los partidos autonomistas, soberanistas o independentistas vascos y catalanes: PNV (5), Bildu (4), JxC (5), ERC (11). Y al mismo tiempo una mayor presión para articular la fórmula preferida por las clases dominantes, una coalición de “extremo centro” PSOE-Ciudadanos, que podría contar con una mayoría absoluta en cualquiera de los casos.

Pero Albert Rivera de Ciudadanos parece haber quemado sus naves, centrando su campaña electoral contra Pedro Sánchez y apoyando la movilización del miedo de las derechas a supuestas concesiones del PSOE a los independentistas catalanes o al “populismo” de Podemos. En este terreno, los matices con Vox o el PP de Casado son ante todo semánticos, buscando abarcar todo el espectro de la derecha social, porque todos coinciden en que Pedro Sánchez sería un traidor vende-patrias (de la suya), que pactaría con los “golpistas” catalanes. La situación catalana ha sido el tema principal de campaña. 

Aunque Pedro Sánchez y su equipo no han querido descartar acuerdos post-electorales con Ciudadanos, parece ante todo una táctica de campaña para acoger a posibles votantes del centro liberal escandalizados por las “malas compañías” de Rivera y para aplacar a la “quinta columna felipista”, que espera agazapada, pero con importantes resortes territoriales, a los resultados electorales. La primera opción de los “sanchistas” es un gobierno minoritario, pero reforzado del PSOE, surgido si es necesario en segunda votación de la moción de confianza, apoyado parlamentariamente por Unidas Podemos y en su caso por el PNV. Y solo en ultima instancia contando también como imprescindibles con los votos de ERC. Su programa de gobierno, una versión socio-liberal de la agenda 2030 de Naciones Unidas, sería inaplicable con el “liberalismo" de Ciudadanos (un liberalismo que está mostrando su componente antidemocrático que es la esencia, mitos y mantras aparte, por el que debe ser entendido esta variante política[1]). Esta formula bloquearía además cualquier diálogo con el Gobierno vasco o la Generalitat y ampliaría el conflicto territorial a Valencia y otras autonomías.

No hay duda a estas alturas que los partidos autonomistas, soberanistas e independentistas vascos y catalanes están dispuestos a impedir tácticamente la constitución de un gobierno de coalición de las derechas reaccionarias, que intervendría inmediatamente (más de lo que está ahora judicialmente) la Generalitat de Catalunya, aplicando “todo el tiempo que sea necesario” de nuevo el artículo 155 de la Constitución de 1978. Es su principal promesa electoral, cemento de su coalición y caballo de Troya de una refundación destituyente del régimen del 78.

La movilización del miedo ha actuado, por lo tanto, en ambos campos del eje derecha-izquierdas, unos campos que han sustituido al bipartidismo dinástico. Incluso las movilizaciones sociales habidas en este período pre-electoral han tenido ese carácter defensivo: el masivo 8-M feminista -que tras lo oído, por si faltase algún motivo adicional, en el primer debate electoral a la candidata del PP, tiene serios motivos para preocuparse-; las movilizaciones de los pensionistas y las mucho más tímidas de los delegados sindicales —seguras víctimas de un nuevo ajuste neoliberal de las derechas “y con el dilema de convertirse en sujeto de conflicto, capaz de expresar, organizar y dotar de propuestas al descontento, o mantenerse en la irrelevancia política y social” —; y la concentración en Madrid en apoyo del derecho a la autodeterminación. Y, claro está, las movilizaciones en Cataluña con un carácter de “defensa de la democracia”, ante el juicio a algunos de los principales dirigentes de la lucha por la autodeterminación de la nación catalana. Es decir, movilizaciones también defensivas.  Pero lo mismo ha ocurrido en las derechas: la concentración españolista de la plaza de Colón y la manifestación en contra de la actual legislación sobre el aborto.

A la espera de lo que ocurra en la última semana de campaña, en especial en los dos debates televisivos impuestos a un reticente PSOE, nada nuevo merece reseñarse. Es la campaña de un régimen agotado, con programas de “mal menor” en el que los límites de su gestión son evidentes, pero en la que no se cuestiona sus fundamentos, a pesar de la corrupción, las “cloacas del estado” y otros elementos tóxicos insoportables. El traslado de votos parece operar dentro de cada uno de los campos de polarización, pero no entre ellos, según las encuestas. Ni la “parte fuerte” de los partidos de izquierda, el programa social, muestra ninguna novedad substancial, ninguna propuesta con voluntad de atacar algunas de las aristas más escandalosas del actual capitalismo del Reino de España —no ya una renta máxima[2] que debe parecerles “irrealista”, “radical” o vaya usted a saber qué, sino ni tan siquiera una renta básica—, ni por asomo. Sirva un ejemplo, un mero pero significativo ejemplo: Las propuestas del PSOE, de Unidas Podemos y de En Comú Podem, representan una apuesta clara, decidida y militante a favor de los subsidios condicionados para pobres. Con todos los problemas conocidos de insuficiencia, trampa de la pobreza, estigmatización, arbitrariedad e ineficiencia. Es solamente un ejemplo, pero muy representativo de los límites de estas izquierdas.

El claro reforzamiento del PSOE desde la convocatoria de las elecciones se debe sin duda a que de los dos modelos de país que alientan ambos campos polarizados, solo uno puede ser presentado como razonablemente posible en términos de estabilidad política, suponiendo muchos suponibles como la sumisión social táctica del movimiento soberanista en Cataluña. El otro, la vuelta al futuro a una España franquista, capaz de alcanzar el mismo resultado mediante la represión en Cataluña y el País Vasco, no es creíble ni compatible con el actual entorno europeo. Como bien sabe la “derechita cobarde” (Vox dixit), que alienta, como el sector felipista del PSOE, una coalición de “extremo centro” PSOE-Ciudadanos, soñando con la utopía política de superar mediante una maniobra política las causas estructurales de la crisis del régimen del 78, del que dependen tantos de sus intereses. Si tiene alguna credibilidad este escenario es por el carácter defensivo de las movilizaciones sociales y que, a pesar de una cierta masividad, se encuentran compartimentadas y sin alternativa política más allá del propio régimen del 78.

No parece probable -a menos de un inesperado triunfo de las tres derechas- que se alcance una fórmula de gobierno sin conocer los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. La fórmula concreta de cualquier alianza o coalición depende en buena medida del mapa del reparto de estos poderes, especialmente en el caso de un gobierno reforzado pero minoritario del PSOE. Así que en la práctica se convertirán en una segunda vuelta en un terreno de gestión más palpable para los ciudadanos, pero tras la lectura que hagan de la primera, favoreciendo o desalentando la movilización electoral.

En medio de tanta incertidumbre, lo único seguro es que las causas estructurales de la crisis del régimen del 78 siguen ahí, agravándose. Un gobierno minoritario del PSOE de Sánchez tendrá que hacer frente a las reivindicaciones sociales contenidas durante tanto tiempo en un ciclo de desaceleración económica que apunta a una nueva recesión, aunque de menor intensidad, con una deuda del 100% del PIB. Y la crisis constitucional y democrática en Cataluña, con la gestión de las sentencias de los juicios contra los dirigentes independentistas catalanes, reelegidos y legitimados electoralmente, en el escenario de un nuevo ciclo de movilizaciones soberanistas.

La definición de una crisis política de régimen es cuando las clases dominantes ya no pueden seguir gobernando de la forma que lo hacían, pero no existe aún una alternativa de recambio, propia o de las clases subalternas. La crisis de la primera restauración borbónica fue una larga agonía de decenas de años, con el fracaso sucesivo de todas las formulas ensayadas por las oligarquías de entonces. La de la segunda restauración apunta, más ahora que en sus inicios en 2011, con repetir este escenario.  Acortarlo presupone una estrategia de cambio democrático y de movilización de las izquierdas que vaya más allá de él. No es el caso, por el momento, por obvio que parezca que la primera tarea sea derrotar a las derechas.