Cifuentes, el “Tamayazo” y la izquierda

Carlos Girbau

29/04/2018

“Cuando la tiranía se derrumba, 
procuremos no darle tiempo para que se levante”
Maximilian Robespierre

 

A las 16.10h del miércoles 25 de abril, Cristina Cifuentes registraba su dimisión como Presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea regional. El viernes 27, hacía pública por carta su renuncia a la presidencia regional de su partido, el Popular. Se iniciaba así el calendario formal de un  mes para que la Comunidad cuente con una nueva persona en su presidencia. Se profundizaba así también una nueva crisis política que sumar a la más general en la que está sumido el régimen de la segunda restauración borbónica. Una crisis que no se cerrará con la formación del nuevo gobierno en la Puerta del Sol madrileña, sea éste el que sea.

Cifuentes se vio forzada a dimitir a causa de su corrupción política puesta en evidencia por el tráfico de influencias que le permitió conseguir un título de máster universitario sin cursarlo. También por las mentiras que posteriormente construyó, con el aval de una parte importante de su formación política, para  tapar tal abuso de poder. El toque esperpéntico que resume qué es la dirigencia del PP madrileño y estatal vino de la mano del hecho que anticipó su salida: un video que mostraba como había sido cazada robando dos cremas faciales en el supermercado Eroski siete años atrás.

El “Tamayazo”

Hace 15 años, en 2003, Madrid vivió la legislatura más corta de su historia.  Bastaron 81 días y sus posteriores elecciones para hacer evidente el triunfo y dominio del poder del dinero por encima de la voluntad de la gente y su voto. 

En las elecciones autonómicas de aquel año, el PP, con 55 escaños, había sido el partido más votado, pero se hallaba a un escaño de la mayoría absoluta. Una mayoría que sí sumaba el pacto pos electoral de PSOE (47 escaños) junto a IU (9 escaños). A pesar de ello, el gobierno que se acariciaba con la punta de los dedos, tras el lapso de los primeros 4 años de gobierno del PP con Alberto Ruiz Gallardón, nunca llegó a ver la luz. 

Dos diputados, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se negaron a acatar la disciplina de su partido, el socialista, y con ello, la exigua mayoría de la izquierda se esfumó. Ante esta situación, Gallardón, que acababa de ser votado para ocupar la Alcaldía de Madrid, reunió en sí mismo ambos poderes. Su partido, el principal beneficiario político de los hechos, lograba así retener el control de un gobierno que acababa de perder en las urnas y preparar, en las mejores condiciones, una cita electoral que, celebrada dos meses y medio después, le otorgó la mayoría absoluta al PP. Así se abrió la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad.

En ese mismo tiempo se supo que constructores como Francisco Vázquez o Francisco Bravo que mantenían estrechas relaciones con el secretario de PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, se hallaban detrás de la operación. Tras los resultados de esas elecciones, millones de euros en proyectos del ladrillo estaban en el aire, evitar el gobierno de la izquierda representaba el medio fundamental para garantizar su concreción. El golpe de mano del conglomerado constructor y financiero tenía en ello su razón de ser. El Tamayazo ganó, consiguió doblegar el voto de la gente inaugurando una etapa que, en pocos años, ha levantado la región más desigual, en la que, a base de privatizaciones a espuertas y recortes en derechos se ha ido encogiendo la democracia y ayudando a que la misma se jibarizara en el resto del Reino. Madrid es una comunidad sin medios de control real del poder, incluida la propia Asamblea. Una Comunidad en la que se cerraron todos los espacios de participación social y en la que el dogal sobre la autonomía y capacidad municipal aparece de forma nítida. 

A partir del Tamayazo nada en Madrid ha frenado el poder del sector más rico de la sociedad. Su voluntad se ha impuesto inmisericordemente allí donde se lo ha propuesto. La representación política y sindical de los trabajadores y sectores populares no ha sido ajena a ello. Tras la compra de Tamayo y Saez (PSOE), llegarón las tarjetas Black de Moral Santín (IU) o de reconocidos líderes sindicales de CCOO y UGT en Caja Madrid. Imponer el triunfo del dinero exigió siempre de la compra de voluntades que engrasarán y justificarán la derrota de la izquierda.  Todo ha estado sometido a la larga mano del reducidísimo grupo que verdaderamente gobierna Madrid y al que el poder institucional debe servir por lo legal o por lo criminal.   

En ese marco no es de extrañar el saldo de corrupta ciénaga y maltrato social que ello ha traído consigo y que, a grandes pinceladas, podemos resumir en: vaciado de las arcas públicas, deuda de 30 mil millones, exenciones fiscales escandalosas a los más ricos, un millón trescientas mil personas se hallan en riesgo de pobreza (20,5% de la población), el 62% de los desempleados no perciben prestación alguna y el 40% de los jóvenes (hasta 25 años) que busca empleo no lo encuentran. Un Madrid en el que los desahucios no se reducen y en el que los desequilibrios territoriales entre el sur pobre y el norte y noroeste rico no paran de crecer.

A día de hoy, 72 políticos del PP madrileño, entre ellos los cuatro últimos presidentes de la Comunidad de Madrid (Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes) están implicados en tramas de corrupción. Ignacio González incluso ha pasado ya por la cárcel acusado de jefe de organización criminal por la trama Lezo; los otros tres, Cifuentes incluida, se encuentran ya procesados o muy cerca de estarlo al calor de las distintas redes de enriquecimiento privado y financiación ilegal del PP que, en paralelo,  cruzadas y a veces incluso enfrentadas, han funcionado en la Comunidad  de Madrid. Dichas redes (Gürtel, Lezo o Púnica) y las múltiples subtramas que han colgado de ellas,  han tenido en el presupuesto anual de más de 19 mil millones de la propia Comunidad, así como en el conjunto de empresas públicas que dependen de ella y en las sinergias construidas con la inmensa mayoría de los 179 municipios de la región,  el medio para el florecimiento de un capitalismo de amiguetes, parásito y dependiente del Estado. Una suma de tramas corruptas que han ahogado a la democracia y provocado una crisis institucional sin precedentes.

Los límites de la limpieza de C’s

Desde que estalló la crisis del caso Cifuentes, Ignacio Aguado, el jefe de Ciudadanos, ha mostrado especial empeño en evitar que la marcha de la ya dimitida presidenta fuera rápida y que, sobre todo, no estuviera acompañada de un cambio de partido en el gobierno.  Su línea se ha centrado y sigue centrada en que el PP proponga de entre sus filas un “candidato limpio”. Rivera y los suyos presentan su propuesta como “una prueba de responsabilidad institucional”.

Al defender esa posición parece claro que Ciudadanos renuncia, una vez más y en Madrid van varias, a la limpieza que tanto pregona. Recordemos que ha votado junto al PP durante los últimos tres años  el presupuesto de la Comunidad.  Un presupuesto que, a todas luces, se erige en la condición necesaria para la corrupción, para las mordidas y para la financiación ilegal del PP. Incluso ha aceptado que dichas cuentas se aprueben con el voto de diputados sometidos a intensa sospecha, como ocurre con Isabel González (hermana del expresidente González), Bartolomé González o Juan Soler. 

La prueba del cinismo de Aguado y los suyos se ahonda en la distancia corta. Hace solo unos días, la bancada popular en pleno era estrecha cómplice de Cifuentes al jalearla y aplaudirla cuando daba sus injustificables explicaciones tanto del caso Lezo, como sobre el contrato de la cafetería de la Asamblea o sobre su falso máster. 

Ciudadanos persigue la imposible cuadratura del círculo que significa un Madrid limpio dejando mandar en él a los que lo ensucian. La limpieza democrática posee para ellos un prerrequisito que la hace imposible: mantener la estructura de los ganadores del Tamayazo. De ahí que pongan más empeño en impedir un cambio de color político en Madrid que en limpiarlo, de ahí su falta de prisa. Su criterio lampedusiano  del que esperan  rédito electoral. 

La candidatura de Gabilondo

La izquierda social y política, al igual que la mayoría de la población de la Comunidad, necesita cambios de verdad. Cambios profundos sin los que será quimérico recuperar y regenerar la democracia. Cambios que deberán mejorar claramente el marco legal de los derechos y así garantizarlos. Cambios que necesitarán de la acción de gobierno, pero cambios que para ser reales deberán venir de la calle, de la movilización y la alianza de las diversas fuerzas sociales y políticas.

La crisis actual de gobierno en Madrid pilló a la izquierda en la misma situación que hace 15 años, es decir, sin propuesta. A pesar de ello, en este tiempo y sin hacer prácticamente nada, se ha producido algún movimiento. El más destacable es que el Grupo socialista en la Asamblea ha aceptado, tras la dimisión de Cifuentes, mantener su propuesta y presentar a su portavoz, Ángel Gabilondo, como candidato a la presidencia de la Comunidad. Podemos ya ha adelantado que le dará su apoyo, como ya aseguró que los haría cuando el PSOE registro su moción de censura contra Cifuentes. Ahora bien,  para lograr que la candidatura se transforme en realidad,  hace falta que, de una u otra forma, C’s la deje pasar, ya sea votándola o absteniéndose. Y a fecha de hoy, nada indica que vaya a ser así. Cambie o no de opinión Ignacio Aguado y su grupo en este mes que queda de deshoje de la margarita, la tarea de la izquierda, su propuesta para Madrid se encuentra lejos de estar resuelta.

La necesidad de contar con C’s, está forzando las declaraciones de diversos portavoces de Podemos o del PSOE en el sentido de resaltar que las tareas de ese gobierno, si es que llegase a ver la luz, serían pocas. Se hace mención a que el presupuesto ya se halla aprobado y se apela a un gobierno de  perfil principalmente “técnico” que trabajaría a partir de las medidas que  Cs, PSOE y Podemos votaron de manera conjunta en la Asamblea. Se insiste, asimismo, en que ese posible ejecutivo regional duraría un año escaso, el tiempo que nos separa de las elecciones autonómicas. 

Apartar a una de las cabezas de la derecha bicéfala, la que controla el gobierno, no es poca cosa y prueba palmaria de ello es lo que está costando. Pero los límites actuales de esa acción en los términos en que hoy ésta es posible, y que enfatizan los propios protagonistas de la propuesta y quienes les apoyan (Podemos),  indican la distancia que, en caso de producirse, habría entre ese hecho y el cambio que se realmente el tejido asociativo y buena parte de la ciudadanía necesita.

Al margen de si al final el debate parlamentario sobre Gabilondo y su candidatura llega a producirse o si los paños calientes de la derecha bicéfala logran aún salvar, por ahora, su debilitado sistema de poder, la clave no se halla esencialmente en el resultado de esos debates, sino en ver la relación de los mismos con el objetivo que nos puede permitir recuperar democracia: desplazar del poder al sector que representa el Tamayazo y debilitar la trama de intereses y dinero que lo sustentan.

Lo que nos jugamos una vez más es lo que resumió el juez del Tribunal Supremo de los EEUU Louis D. Brandeis al señalar: “Podemos tener democracia, o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unas pocas personas, pero no podemos tener ambas cosas a la vez”. Madrid, es un ejemplo de ello.

amigo y colaborador de Sin Permiso, es activista social en Madrid.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 28 de abril 2018