Argentina: Volver al fondo. Entrevista

Héctor Palomino

17/05/2018

Maria Julia Bertomeu, profesora de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y miembro del comité de redacción de Sin Permiso, entrevista a Héctor Palomino, destacado sociólogo de la economía, sobre la crisis económica argentina y las políticas de rescate negociadas por Macri con el FMI.

¿Cuál es su visión sobre el anuncio de volver a recurrir al FMI?

El anuncio del Presidente de volver a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional, luego de 12 años en que el gobierno de Néstor Kirchner saldara la deuda con esa entidad, produjo una fuerte conmoción en la sociedad. Al temor que suscita la posibilidad de una crisis económica se agregan inquietudes de otro orden vinculadas con la experiencia histórica de la población sobre los significados de un acuerdo con el FMI.

En primer lugar se trata de los impactos sociales de un importante ajuste del gasto público para reducir drásticamente el déficit fiscal, que afectará el ingreso de los jubilados y de los empleados estatales tanto de la administración como de los servicios de salud, de la educación pública en todos sus niveles y de otros servicios sociales. A estos ajustes cabe agregar el incremento del desempleo y la pobreza que pueden derivar de la recesión económica, un fenómeno  sistemáticamente asociado con la aplicación de los programas y reformas exigidos por el Fondo y que condicionan la entrega de los tramos sucesivos del crédito a otorgar. La enumeración puede realizarse fácilmente observando los ajustes precedentes provocados por los acuerdos firmados entre 1956 y enero de 2003 -fecha del último acuerdo-. También se puede constatar a través del impacto de los acuerdos recientes del FMI con otros países, entre ellos la experiencia traumática de Grecia. El aire déjà vu de esta situación para los argentinos fue lo que seguramente indujo al Jefe de Gabinete a enunciar un mensaje tranquilizador -deslucido por la falta de precisiones- acerca de que esta vez el acuerdo con el Fondo “será distinto”.

En segundo lugar, tal vez lo más importante en la coyuntura, se trata del impacto político de este retorno al FMI, ya que a todas luces esta decisión constituye un recurso “de última instancia”, que expone la carencia del gobierno de instrumentos alternativos para frenar la valorización del dólar. Esta cesión de soberanía del Estado argentino para definir de manera autónoma sus políticas se asocia invariablemente en la historia argentina con situaciones de inestabilidad y crisis.  De allí que a partir del anuncio surgieron también evocaciones sobre la última gran crisis que desembocara en el colapso institucional de diciembre de 2001. En verdad, habría que remontarse casi nueve décadas atrás, hasta 1930, para rastrear el origen de la inestabilidad política de nuestro país.

¿Cuáles son los antecedentes de esta situación?

Jorge Schvarzer y Jorge Sábato, en un notable ensayo[1], identifican como un factor decisivo entre las causas de la crónica inestabilidad política argentina las características de su clase dominante, dada su pretensión de aplicar un modelo inviable de desarrollo económico que desemboca, de manera sistemática, en este tipo de crisis. Es decir que, más allá del contexto local e internacional y de las coyunturas particulares, estas crisis tienden a ser autogeneradas por la propia clase dominante local. Las características de esta clase son hoy particularmente reconocibles: su tendencia a privilegiar la obtención de rentas de corto plazo en lugar de vincular sus beneficios con inversiones productivas de largo plazo; la diversificación de sus inversiones en diferentes sectores (“poner los huevos en diferentes canastas”) de modo de minimizar los riesgos, aún cuando en ocasiones esto desemboque en comportamientos contradictorios; la búsqueda de control o colonización de áreas del Estado de modo de realizar sus intereses a través de las políticas públicas, entre otras.

Estas características aparecen hoy agudizadas por las particularidades del gobierno de Cambiemos, que incorporó al manejo de varias áreas del aparato estatal directamente a empresarios o directivos de grandes empresas (CEOs). Es cierto que esta tendencia ha sido característica del “corporativismo” asociado con la gestión estatal en Argentina ya que, históricamente, es común encontrar en los gabinetes de gobierno a empresarios o profesionales vinculados con empresas  en las áreas de Economía, a militares o funcionarios afines al poder militar en Defensa, a dirigentes sindicales en el Ministerio de Trabajo, a funcionarios afines con la Iglesia Católica en el Ministerio de Educación, o afines a la política internacional de EE UU en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Estos comportamientos se verifican en el gobierno actual?

Tal vez lo nuevo del gobierno actual en relación con este aspecto tradicional, es que en la mayoría de las instancias de gestión, y sobre todo en el área económica, se ha incorporado a empresarios, directivos o funcionarios que acreditan trayectoria en grandes empresas privadas. Esto es observable en Energía, Transporte, Finanzas, Hacienda, Producción, Agroindustria, así como en otros ministerios, como  Cultura -gestionada por un funcionario con trayectoria en editoriales privadas-; Desarrollo Social y Medio Ambiente, donde varios programas son gestionados por ONGs tradicionales de perfil “asistencialista” y con proempresariales respectivamente. Incluso ciertos problemas generados en algunas de estas áreas muestran que con la incorporación de empresarios implica que también se incorporen al seno del Estado las disputas oligopólicas típicas de los mercados respectivos. Algunos de los problemas suscitados en estas áreas proveen algunos ejemplos que parecen casi de caricatura, como la renuncia de un funcionario del Ministerio de Energía que provenía de la empresa Exxon, en desacuerdo con la estrategia aplicada por el Ministro del área, con trayectoria en la empresa Shell. O que el Ministro de Agroindustria actual haya asumido el cargo renunciando a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina, la entidad más tradicional del sector agropecuario local. Un efecto importante de este tipo de gestión estatal es el surgimiento frecuente de “conflictos de intereses” vinculados con los funcionarios públicos que, hasta ahora, se manifestó a través de varias denuncias judiciales y, en algunos pocos casos, en renuncias de los funcionarios involucrados en estos “conflictos”.

El problema suscitado por esta incorporación directa de empresarios o directivos de empresa es transformar la gestión estatal en una arena de competencia oligopólica entre empresas, un fenómeno bastante alejado de lo que supone una administración racional del Estado. Por otra parte, el predominio actual de las finanzas determina, en la crisis actual, que estos sean los sectores que captan buena parte de las rentas de corto plazo vinculadas con el otorgamiento de créditos externos. A esta captación de rentas vía especulación de corto plazo son atraídos todos los capitales, lo cual otorga cierta uniformidad al comportamiento empresario. Nada indica que los créditos que provengan del FMI no alimenten la fuga de capitales. Al mismo tiempo, la transformación del Estado en un espacio de disputa de intereses empresarios suscita interrogantes acerca de quiénes ganan y quiénes pierden con esta crisis. Dado que están todos insertos en el aparato estatal, las hipótesis conspirativas están a la orden del día dentro del propio grupo en el poder.

¿La crisis actual muestra diferencias con las anteriores, cuáles?

En síntesis, las consecuencias de un acuerdo con el FMI son más o menos conocidas, así como la crisis subsecuente y sus causas, vinculadas con las características de la clase dominante argentina y, además, la asociación de crisis con inestabilidad política, que es el emergente de una coyuntura que sigue su curso actualmente, ya que casi diariamente se producen novedades. Por eso cabe interrogarse sobre qué sería lo nuevo de esta crisis, cuáles serían los aspectos diferenciales que eventualmente mostraría la crisis actual en comparación con el pasado.

En nuestra opinión, habría que referir esta diferencia a la estructura social consolidada en años recientes que, lejos de constituir un marco estable y permanente de largo plazo, estuvo sujeta a fuertes transformaciones producidas en períodos relativamente breves.

Los cambios sociales registrados en la década del ’90 en Argentina profundizaron algunas de las tendencias originadas en las políticas económicas aplicadas por la dictadura militar de 1976-1983. Sobre varios de esos cambios existe una amplia literatura que ha enfatizado sobre todo la desindustrialización, producto de la apertura importadora favorecida por el régimen de convertibilidad (la fijación de la paridad del tipo de cambio de la moneda local con el dólar en una relación de 1$=1U$A), la reducción del peso relativo de la clase obrera en la estructura social, y el surgimiento de vastos contingentes de pobres, producto del desempleo y la creciente informalidad laboral, características de ese modelo socioeconómico. También se ha señalado -aunque se la ha enfatizado menos- otra dimensión de esta polarización: la ruptura del centro de la estratificación social.

El quiebre de las clases medias durante los ’90 fue nítido. Por un lado, un sector de las clases medias se asoció con los “ganadores” del modelo de la convertibilidad, como los profesionales que se incorporaban a la gestión de grandes empresas de origen local o multinacional, o generaban productos y servicios vinculados con sus cadenas productivas y de comercialización, sobre todo como prestadores de servicios independientes. Por otro lado se multiplicaron los sectores de clase media “perdedores” del modelo: quienes perdían su puesto estable por la reducción o reestructuración de las empresas, los que veían reducir sus ingresos, como los empleados de la administración, docentes, profesionales y técnicos del sistema de salud pública, entre otros.

El fuerte contraste entre ganadores, en la cúspide de la estratificación social, y perdedores “abajo”, visibles en el crecimiento de la cantidad de pobres que fueron a poblar la periferia de las grandes ciudades, acentuó la polarización social. Este incremento de la desigualdad opacó en parte el fenómeno de ruptura de las clases medias en los ‘90, del que sólo fue visible el surgimiento de los denominados “nuevos pobres”: sectores medios afectados por la desocupación, la pérdida de ingresos estables y regulares y de la protección social de las instituciones laborales (jubilaciones, obra social, salario familiar, etc.).

Luego del colapso de 2001, la instalación de un nuevo modelo productivo produjo cambios importantes en el conjunto de la estructura ocupacional y social.  Entre los cambios registrados entre 2003 y 2015, se destaca la recomposición del centro de la estratificación social. Más allá de la persistencia, aunque atenuada, de la desigualdad entre la cúspide y la base de la pirámide, ya no se observa un quiebre en las clases medias sino una mayor homogeneización y una convergencia de ingresos entre diversos estratos sociales.

Por eso, la diferencia de la crisis actual es que enfrenta a una sociedad fortalecida luego de una mejora continua de los ingresos y la atenuación de las desigualdades. Esto es el resultado tanto del crecimiento económico como de la redistribución progresiva de los ingresos en los últimos tres lustros. Según la estimación de los responsables de las estadísticas de las cuentas nacionales del INDEC, la participación de los salarios en el producto se acrecentó de 34% en 2002 hasta 52% en 2017. Este incremento de 50% en la participación de los salarios se registró en un período de crecimiento del PBI, por lo que la tasa de mejora de los salarios debió ser considerablemente superior a la tasa respectiva de evolución del producto. A esto debe agregarse el crecimiento del empleo y, sobre todo, del empleo registrado en la seguridad social, es decir, del empleo con protección social.

La convergencia de los ingresos de la clase obrera y las clases medias tendió a recomponer el centro de la estratificación social, lo que se tradujo en una mayor homogeneidad en la acción social, marcada por una dinámica de acción colectiva, cuya forma predominante fue la organización sindical. Por eso la recomposición del centro de la estratificación social entre 2003 y 2015, es lo que explica la intensa movilización actual en torno a demandas salariales y protección del empleo observables en el mundo laboral. Son notables algunos indicadores de esta homogeneidad de comportamiento social, como la mayor conflictividad laboral actual entre asalariados de clase media, como docentes primarios, secundarios y universitarios; profesionales y técnicos de salud; empleados de la administración en sus diferentes niveles –nacional, provincial, municipal- y en organismos y empresas públicas de las áreas productivas, científicas, y servicios diversos. A estas demandas de asalariados se agregan las de las clases medias independientes en torno a la exigencia del restablecimiento de cadenas productivas, de crédito y de comercialización por parte de pequeños productores agrarios, comerciantes y pymes productivas urbanas.

Volviendo a las comparaciones entre crisis, lo que queremos  contrastar sobre todo son las respuestas de la sociedad. En 2001, el colapso institucional fue precedido por una intensa movilización social, promovida por los movimientos sociales surgidos algunos bajo la dictadura, como los de derechos humanos, y varios como respuesta al régimen neoliberal de los ’90, como los de los desocupados, trabajadores de empresas recuperadas, participantes de asambleas barriales, miembros de clubes de trueque y una infinidad de grupos que encontraban en la protesta en la calle una forma de manifestación de sus demandas. Visto este fenómeno en perspectiva, era el de una sociedad devastada por una década de neoliberalismo al que respondió a través de estos canales de movilización social.

La sociedad actual encuentra otro punto de partida. La sociedad argentina contemporánea ha recompuesto en el pasado reciente el centro de su estratificación. El predominio de clases medias asalariadas y de clase obrera en los conflictos laborales ofrece una homogeneidad de acción notable, orientada sobre todo por la dinámica organizativa de los sindicatos. A esta dinámica se agrega la de numerosos movimientos sociales, entre los que se destacan los vinculados con la economía popular, que buscan la confluencia incluso organizativa con los sindicatos. La elevada participación de los salarios en el ingreso es un índice clave del carácter de clase de las luchas actuales, que se realizan en torno a la puja distributiva.

¿Las respuestas de la sociedad han variado respecto de situaciones críticas del pasado?

En términos comparativos, la sociedad argentina actual muestra poderosos diques de contención y defensa frente a las políticas de profundización del ajuste implementadas por el gobierno, a las que intenta agregar el respaldo del Fondo Monetario Internacional, pero que están ampliamente desacreditadas por la experiencia histórica y por varias corrientes sociopolíticas presentes en el contexto internacional, que objetan o rechazan abiertamente las estrategias del capital financiero. Si la sociedad argentina pudo recomponerse luego de una larga década de neoliberalismo, y esa experiencia ha sido tan reciente que cabe suponer un incremento de capacidad en términos de organización y aprendizaje colectivo, ¿cómo podría el gobierno seguir profundizando el ajuste económico para aplicar un modelo socialmente inviable?

Notas:

[1] Sábato Jorge y Schvarzer Jorge.  Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina. Iberoamericana; Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies/Revista Nórdica de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. 1983

 

Sociólogo; Profesor de Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA; Profesor de la Maestría de Estudios en Relaciones del Trabajo de FLACSO-UMET; Profesor de la Maestría de Estudios Organizacionales de la Universidad de General Sarmiento.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 15 de mayo 2018